“Hay que fortalecer la institucionalización de la participación indígena en el Estado”
Por Nina Suluj - Tuesday, May. 29, 2007 at 4:35 AM

La abogada Graciela Jolidon, integrante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), participó del 14 al 16 de mayo un seminario-taller realizado Buenos Aires que reunió a miembros de pueblos originarios y funcionarios de Estado. Las jornadas contaron con la presencia del Consejo de Participación Indígena (CPI) y sirvieron para debatir sobre la aplicación en el país del Convenio 169. Según apuntó Jolidon, el organismo multilateral con sede en Ginebra se propone fortalecer el CPI a través de programas para que pueda ganar representatividad hacia dentro de las más de mil comunidades que hay en la Argentina, a la vez que convertirse en efectiva “contraparte” del Estado en las batallas por los derechos y en las que el acceso a los territorios y recursos naturales constituyen la lucha de fondo. La abogada definió también los marcos de la famosa norma, considerada la máxima herramienta jurídica sobre derechos indígenas y ratificados por 18 países.

“No es la primera vez que venimos a la Argentina, en todo caso es la segunda porque estuvimos en setiembre del año pasado en reuniones con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que es nuestra contraparte. Ellos generaron reuniones con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y otros organismos relacionados con el cumplimiento del Convenio 169”, relató la funcionaria de la OIT.

“Este primer encuentro es para ver los problemas que hay y los desafíos que surgen de los informes que la OIT recibió del gobierno, aunque también nos llegan de los sindicatos, empleadores u otros organismos. La Comisión de Expertos analizó y se vio que había problemas y se discutió con el MTSS para centrar el proceso. En ese marco se vio que había procesos acá dentro, que había que fortalecer la institucionalización de los mecanismos de la participación indígena en los órganos del Estado. Eso había que fortalecerlo para hacer un tratamiento transversal de la cuestión indígena”, explicó Jolidon. “La comisión de expertos se reunió en noviembre de 2006 y constató progresos, sobre todo a partir de la instancia participativa del CPI. Luego se nos propuso dar acompañamiento a través de un seminario taller. La OIT daría el marco general del Convenio para que los diferentes interlocutores que son los actores del proceso lo puedan utilizar. No nosotros”, expresó la abogada.

Sobre las jornadas, explicó que por las mañanas se vio la parte teórica de cómo se aplica el Convenio 169 y por la tarde hubo talleres de trabajo. “En base a eso se discutió qué pasa en Argentina en lo concreto, qué podemos hacer, qué podían hacer ellos fundamentalmente [los indígenas], qué propuestas para llegar a una mejor aplicación. Lo que se intentó en estos tres días y que nosotros vemos muy positivamente es [establecer] lineamientos para una agenda de trabajo, para que este seminario no quede perdido como un hito. Pero tiene que quedar claro que nosotros no vinimos a iniciar nada sino a fortalecer y acompañar un proceso”, declaró.

- ¿Cómo observan la región?

GJ: En América Latina se están dando procesos simultáneos, similares. Hubo una etapa de ignorancia de los indígenas (por parte de los Estados), una segunda etapa de protección en el sentido paternalista, cuando la intención era asimilar integrar, eso estuvo reflejado en el Convenio 107 de la OIT. La última es la que estamos viviendo que es el Convenio 169, es decir la participación efectiva en todos los planes, programas y políticas que los afectan como ciudadanos, como pueblos indígenas, que es lo fundamental.

El Convenio 169 trata de Salud, Educación, Empleo, pero todo desde el punto de vista de fortalecer la participación, no es un convenio paternalista, todo lo contrario. Lo que el Convenio 169 establece no son medidas de protección, quiere que los pueblos indígenas participen en el diseño de las políticas que los afecten, eso supone un marco general donde tengan la posibilidad de ser interlocutores para generar política. Luego puntos muy concretos como son las herramientas de la consulta y la participación que según el Convenio hay que aplicar en todas las decisiones legislativas y planes que los afecten. Luego hay consultas muy particulares como el caso de los Recursos Naturales, es decir el Convenio 169 prevé en el artículo 15 que en la gestión de los Recursos Naturales si son propiedad del Estado, como es el caso en América Latina, que los pueblos indígenas sean consultados. No consultados si quieren o no, sino sobre si sus intereses serían perjudicados y si es así en qué medida. Que se realicen estudios con su participación no solo las consecuencias ambientales sino en los planos social, espiritual, económico. También prevé participación en los beneficios, no dice cómo ni cuánto.

- ¿Cómo ven el caso de los U’wa en Colombia y los Sarayaku en Ecuador?

GJ: En América Latina se pasó de la ignorancia a la participación, hay relativa legislación y se hacen esfuerzos como aquí en Argentina en otros países para institucionalizar esos órganos. Se está elaborando como la Constitución del 94 de la Argentina que tiene puntos muy importantes. Ahora tenemos que llegar a la aplicación efectiva, a ese punto se esta llegando en la región.

Respecto de los u’wa efectivamente hay una dificultad en ese caso pero pasa por la necesidad de generar confianza recíproca. Nosotros decimos que estos pueblos han sido muy oprimidos y muy engañados, entonces el pueblo u’wa tiene dificultades en cuanto al proceso de consulta. Nosotros siempre decimos que hay que generar condiciones, la consulta no son cinco días ni dos meses, primero hay que crear confianza para que después puedan atreverse.

- ¿No estamos en presencia de contradicciones muy fuertes como son la cultura pero principalmente lo económico?

GJ: Nosotros también lo vemos como tal, son contradicciones fuertísimas. El Convenio 169 no te da la solución de lo que hay que hacer o no hacer. No decimos lo que hay que hacer. El convenio tiene un instrumento de diálogo. Quiere sentar a las partes, porque si no se sientan las partes que son el Estado y los PPII, esto termina en conflicto social, decimos que antes de llegar a decir que es un conflicto irresoluble hay que intentar resolverlo. El Convenio 169 da mecanismos para resolverlos, pero es necesario institucionalizar los mecanismos.

Por ejemplo el Convenio 169 prevé que antes de cualquier licencia de exploración o explotación de recursos naturales deben tener consulta y participación los pueblos indígenas. Este es un paso que no podemos decir que ha fracasado si todavía no se ha dado. Es necesario considerar dar este paso y luego se podrán evaluar los resultados en el tiempo pero hay que incorporarlo a la práctica.

- ¿Se puede decir que en la Argentina se acabó la época en que se vendían tierras con indios adentro?

GJ: Es una pregunta que no puedo contestar porque no puedo decir desde afuera lo que pasa acá adentro profundamente. Lo que vemos es que existe un proceso de participación, que hay voluntad de que eso no sea más posible. Eso no quiere decir que no haya una distancia entre el objetivo y la práctica, las injusticias. Este instrumento tiene que servir, por ejemplo, muchos jueces han tomado sentencias muy positivas invocando en forma directa el Convenio 169 y ha servido para parar acciones como esa o para mandar a una provincia a inscribir y reconocer derechos. Es un instrumento pero corresponde a los actores sacarle provecho y utilizarlo.

- ¿Planean visitar comunidades?

GJ: En este momento no tenemos ningún plan de visita a comunidades porque no nos lo han solicitado, vamos a esperar qué surge, esta tarde surgen lineamientos, como OIT dijimos que estamos dispuestos a acompañar procesos. No es la organización la que va a impulsar ni va a aplicar el Convenio. Puede acompañar con formación, capacitación, indicando caminos, pero el actor central no está afuera sino adentro. Es un instrumento ratificado por el Estado argentino, en mano del gobierno y de los pueblos indígenas para llevarlo adelante. Nosotros estamos dispuestos a acompañar si así nos lo piden como lo hemos hecho cada vez que nos han solicitado.

- ¿Qué problemas principales dirían que planteó la gente?

GJ: Más que problemas prefiero que hablemos de desafíos. Lo que surgió muy fuerte es la necesidad de fortalecer el CPI, porque dentro de lo que es el CPI le estaban dando una resolución que dice que el Consejo tiene como objeto garantizar la participación en elaboración, decisión, ejecución, control de acciones, diseños de políticas públicas. Es fantástica la resolución. Pero hay una necesidad de fortalecer y eso significa presupuesto, medios, no solamente leyes, hay muchas en cualquier parte del mundo que generan órganos pero sin presupuesto para funcionar... significan capacitación, autoorganización, responsabilidad por parte de los pueblos indígenas para ejercer ese rol de contraparte del Estado, para participar en políticas públicas. Significa también procesos, esto no se consigue mañana con presupuesto solamente, significa procesos de fortalecimiento de la representatividad, de participación de otros pueblos que están en el CPI o que no están y para que vayan viendo en qué medida se sienten representados. Entonces no esperamos resultados mañana, esto es un proceso, lo que surge como desafío es fortalecimiento de los órganos que existen, transversalización.

Surge también una inquietud muy fuerte y es cómo coordinar con las provincias porque hay una gran parte de la aplicación que corresponde a las provincias. Ahora bien, el Convenio 169 tiene jerarquía constitucional, está la Constitución del 94, entendemos que el Convenio no es un techo sino un piso mínimo, es un compromiso mínimo. A partir de eso cómo se va a aplicar y legislar en las provincias el desafío es llegar desde el CPI, el INAI, el Estado Nacional a involucrar a los demás actores, y las provincias son esenciales.

Hay un punto que quiero agregar respecto de los recursos naturales: nosotros decimos que los pueblos indígenas ganan incorporándose al diálogo porque el diálogo (entra dentro de sus culturas el diálogo) es la forma de integrar sus propias prioridades dentro del proceso de desarrollo. Es solamente en mesas de diálogos donde pueden llevar propuestas concretas. El Estado nacional y provincial tienen mucho que ganar porque el objetivo del Convenio 169 es aumentar la cohesión social en el respeto a los intereses divergentes y diferentes pero es dándoles una voz que esto no se va a transformar en contradicciones explosivas. Es una vía de equilibrios delicados, yo no digo que esto sea fácil, o ideal, es muy difícil. La otra solución es tapar el conflicto, pero puede explotar de otra manera. El instrumento es de construcción de equilibrios delicados y de incorporación de intereses de estos pueblos indígenas argentinos, que son parte de este Estado, de esta nación que tienen que poder llevar como sujetos colectivos sus intereses.

Las empresas también tienen que ganar porque al respetar los mecanismos de la consulta las prioridades, los principios del Convenio 169 en la participación de los beneficios -el convenio no dice cómo ni cuánto- lo dice en general y en la medida de lo posible, se gana en seguridad en sus inversiones, respetando no van a encontrar mañana un juez que invocando el Convenio tome una medida cautelar y pare una obra. Es decir el rol social que puede tener la empresa o una manifestación que les corte, usando los mecanismos previstos en el Convenio 169, que no son abstractos, son muy concretitos, genera integración y seguridad para todas las partes.

- ¿Algo más?

GJ: Como OIT podemos decir que nos parecería muy positivo que las provincias pudieran estar y expresar sus dificultades y prioridades, la manera en que ven factible la aplicación del Convenio. Ellos son actores fundamentales para poder intercambiar con ellos y llevar el dialogo adelante. Si se generan otros encuentros con presencia de provincias estamos dispuestos a explicar el marco general del Convenio 169.

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