COMUNICADO DE PRENSA

Respecto de los hechos ocurridos en Santa Fe como consecuencia del caso Ana María Acevedo, expresamos que la defensa de las leyes de todos los derechos de las mujeres está por encima de los valores y creencias de quienes ejercen funciones en el Estado, que debe ser el principal garante del cumplimiento de la legislación vigente.

Reconocemos como un gesto importante el reemplazo del director del hospital Iturraspe, Dr. Andrés Ellena, sostenemos que esto no debe terminar con sólo la destitución de un Director -que hoy sigue siendo Jefe del Servicio de Ginecología- sino con la investigación sumaria administrativa y judicial de toda la cadena de responsabilidades que llevaron a la muerte a Ana María. La reglamentación de los abortos legales debe ser la responsabilidad de una ministra comprometida con la ley, como ella lo afirmó.

Por eso seguiremos firmes y convencidas de que las modificaciones deben hacerse en las políticas públicas, no sólo en los hombres y mujeres que ocupan cargos decisivos en distintos ámbitos y que desconocen o se niegan a aplicar las leyes.

Por este motivo, solicitamos de manera urgente la investigación y la transparencia de los hechos que le costaron la vida a una mujer joven y pobre de nuestro país.

Por las expresiones que se desprenden de los medios pareciera que hubieran obrado todos de buena fe, sin tener claro y desconociendo los derechos humanos que están garantizados.

La declaración del subdirector, que ocupó el cargo temporariamente del nosocomio, Dr. Edgardo Monteverde intentó victimizar a todos los trabajadores de la salud. Justamente este es el problema, los médicos y médicas y trabajadores/as de la salud en general, tienen que comprender que el avance en los derechos humanos de las mujeres ocupa hoy un importante lugar gracias a la lucha de tantas mujeres desde hace décadas.

Las universidades que se ocupan de su formación deben incluir en sus planes y programas los derechos humanos y especialmente los derechos que garantizan la atención, el buen trato y por sobre todas las cosas la vida de las mujeres.

Todos los que se preparan para prevenir, salvar vidas o contribuir a la vida deben contar con una formación integral que incluya los avances en derechos sexuales y reproductivos con perspectiva de género; del mismo modo aquellos profesionales que se inspiran en la necesidad de justicia no pueden llegar a ser jueces si desconocen los derechos humanos; más allá de sus valores u opiniones personales.

En el mismo sentido, debemos exigirle a los médicos/as, abogados/as, ministros/as, legisladores/as y a todos aquellos que asumieron la responsabilidad profesional y laboral para construir una sociedad libre, democrática y segura, que respeten las leyes vigentes destinadas a proteger a los más vulnerables de situaciones de autoritarismo y fundamentalismo.

Si aquellos que asumen la responsabilidad en la función pública se niegan a hacerlo dentro de las normas legales y sociales existentes, como los abortos no punibles, la anticoncepción de emergencia, como en el caso de Jujuy, quedarán sujetos a responsabilidades legales y deberán dar explicaciones por su accionar ante la sociedad.

POR TODO ELLO, EXIGIMOS YA UNA REGLAMENTACION DE LOS ABORTOS NO PUNIBLES EN SANTA FE Y CELEBRAMOS la aprobación de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados que regula el aborto no punible y … ¡VAMOS POR MÁS!