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NUEVA LEY PROVINCIAL DE EDUCACIÓN. ¿ Pensada entre muchos, para beneficio de todos?
Por reenvío red eco alternativo - Friday, Jun. 22, 2007 at 9:41 AM

Con bombos y platillos la página web de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires anuncia los acuerdos sobre la Nueva ley de Educación Provincial.



(Cecilia Rovito – Red Eco) Buenos Aires - Bajo el slogan “Pensada entre muchos, para beneficio de todos” la DGCyE afirma que de “más de 3,5 millones de bonaerenses” llegaron a un consenso alrededor de los ejes principales de la ley. El número puede más que impresionar pero tras conocer la cantidad de habitantes, 13.760.969 según el censo de 2001 que aporta la página web de la provincia, la participación de “docentes, familias, alumnos, universidades, centros de investigación, partidos políticos, distintos credos, organizaciones sociales y comunitarias, entidades gremiales y empresarias y legisladores, entre otros” fue minoritaria: solo una cuarta parte de la población bonaerense la que ha tenido algún contacto con el proyecto de ley.
El reclamo de los docentes fue, en este sentido, que accedieron al texto del proyecto el día mismo de la jornada pautada por las autoridades educativas para su tratamiento y que el tiempo previsto para la lectura y posterior discusión de los casi 200 artículos era de cuatro horas y media.
Entre los acuerdos alcanzados señala la DGEyC estaría que “el estado provincial tiene la responsabilidad principal e indelegable de proveer, garantizar y supervisar una educación integral, inclusiva permanente y de calidad para todos sus habitantes”.
Tal planteo suscripto en la ley pareciera que la misma pretende que el estado provincial articule un sistema público como eje de la política educativa. Tal presunción resulta falaz tras la lectura del artículo seis que dice que “podrán ejecutar acciones educativas bajo supervisión de la Provincia, de manera complementaria y no supletoria de la educación pública, los municipios, las confesiones religiosas reconocidas oficialmente y las organizaciones de la sociedad civil”. Tal enunciación comprende un amplio abanico de posibilidades que, según investigadores docentes críticos de esta ley, avanza en la fragmentación y privatización del sistema público de enseñanza.
Otro de los acuerdos sería que la ley prevé que “la sala de 4 y 5 años de Nivel inicial es obligatoria”. El vacío legal que contiene este proyecto es que sucederá con las salas de tres años y los jardines maternales en la provincia al no quedar bajo la tutela estatal. La fuerte inserción de la mujer en el trabajo obliga a repensar desde el estado la necesidad socio – educativa de instrumentar una estructura que permita que la mujer pueda reinsertarse al trabajo sin la problemática de donde deja a su hijo.
Asimismo, abre el interrogante a la pelea dada por maestras jardineras durante el 2006, por la derogación o no aplicación de la ley que se conoció como Ley Segarra que permitía la conformación de un sistema de “madres cuidadoras” por fuera del sistema de educación inicial. La misma comprendía la atención de niños desde los 45 días a los cuatro años a cargo de las “madre cuidadoras” sin la formación pedagógica necesaria, en reemplazo de las maestras jardineras.
En tanto otro de los acuerdos estaría en que la ley “garantiza la justicia social y la libertad de enseñar y aprender”. La atribución dada a la educación como garantía de justicia social llega a nuestro país de la mano de la “Teoría del Capital Humano” la cual sostiene el atraso de los países no obedece a políticas económicas implementadas desde dentro y desde fuera sino por la falta de educación de sus habitantes.

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