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Relevarán la cantidad de tierras que aún no se les arrebató a las comunidades indígenas
Por Primera Fuente / Tucumán - Thursday, Jun. 28, 2007 at 1:40 AM

AÑOS DE SAQUEO

Relevarán la cantida...
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FOTO: Representantes de diferentes comunidades autóctonas y de la UNT analizaron en el Virla cómo se hará el relevamiento.

A partir de agosto, y durante tres años, especialistas de diversas áreas determinarán qué espacios de tierra aún poseen las comunidades indígenas de Tucumán. Con esto, se buscará el reconocimiento jurídico y catastral de las propiedades. El proyecto se encuentra contemplado por la ley nacional 26.160 que, sin embargo, no hace referencia a los territorios que les fueron usurpados a los pueblos originarios. Se suspenderán todas las medidas cautelares que pongan en peligro la posesión actual de las comunidades indígenas.

Durante agosto comenzará a implementarse un relevamiento de carácter técnico, jurídico y catastral que permitirá determinar cuáles son las tierras que hoy ocupan las 16 comunidades indígenas de la provincia (salvo una perteneciente al pueblo Lules, el resto son diaguitas). De esta forma, se podrá comprobar, a ciencia cierta, la cantidad de territorios que fue arrebatada a los habitantes originarios por parte de terratenientes, particulares y empresas tanto públicas como privadas.

Este trabajo se enmarca en el cumplimiento de la ley nacional 26.160 sobre la emergencia territorial de las comunidades indígenas. De esta forma, durante tres años, un grupo de abogados, escribanos, ingenieros, agrimensores, arqueólogos, antropólogos y sicólogos sociales designados por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y por las comunidades autóctonas trabajará en el relevamiento para el que se dispuso dividir la provincia en tres zonas: Lules, Tafí del Valle y Yocavil.

En cada una de estas áreas, habrá un grupo de especialistas que realizarán un trabajo de campo topográfico y antropológico de las comunidades y sus territorios. También se realizará un estudio socio cultural mediante el cual se analizarán aspectos como las técnicas de cultivo de la población, características del paisaje, forma de construcción las viviendas, accesos a los recursos naturales, los sistemas económicos, etc.

El objetivo primordial a partir de toda la información que se obtenga de este proceso será lograr, de una vez por todas, el reconocimiento jurídico y catastral de las propiedades pertenecientes a las comunidades originarias.

Claro que, pese al significativo avance de este proceso, la mencionada ley ni su decreto reglamentario (presto a ponerse en vigencia) hacen referencia alguna a qué sucederá con las tierras usurpadas a los indígenas. “La ley contempla un relevamiento de la posesión actual pública y tradicional de la comunidad indígena. Los territorios perdidos no entran en esta norma. La recuperación de estos deberá hacerse por otra vía, posiblemente a través de acciones judiciales”, explicó a primerafuente Andrea Guraiib, directora de la Unidad de Negocios de la UNT, y a cargo de la coordinación general del trabajo.

Por su parte, el abogado de de la comunidad, Eduardo Nieva, estimó que el decreto reglamentario “podría aportar algún tipo de mejora a la ley”. “Ojalá contenga aspectos más vinculados con la cosmovisión indígena y no con la interpretación de un juez”, sostuvo.

Otro punto clave que sí contempla la ley 26.160, es la suspensión de todas las medidas cautelares que pudieran poner en peligro la posesión actual de la comunidades indígenas que, en Tucumán son integradas por más de 10 mil personas. Durante la jornada de ayer, en el Centro Cultural Virla, profesionales, representantes de la UNT e integrantes de diferentes comunidades indígenas avanzaron en la concreción del proyecto. El siguiente paso será la designación de los especialistas que trabajarán en cada una de las tres zonas propuestas. Una vez iniciado el relevamiento, se mandarán resultados al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas quienes supervisarán los trabajos. Todo el proceso será financiado por el Ministerios de Desarrollo Social de la Nación.


Relato de una triste realidad

“En los últimos años nos usurparon muchísimas hectáreas, pero lamentablemente esta ley (en referencia a las 26.160) ni su decreto reglamentario hacen referencia a las tierras que nos quitaron. En los últimos años el avance de terratenientes fue terrible. Para colmo, hay jueces que se resisten a aplicar la ley por tener intereses comerciales. La situación es tan penosa que la gente tiene vergüenza de nosotros, no nos quiere ni ver. Es como si los habitantes originarios les molestáramos por una cuestión estética; es terrible”, relató el abogado de la comunidad de Amaicha del Valle, Eduardo Nieva.

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