Otra vez el gobierno K demuestra ser un excelente alumno del imperialismo, como lo fue cuando pagó puntualmente la deuda externa, cuando envió tropas a Haití o cuando le dio la inmunidad a las tropas yanquis que están en la Escuela de Monte en Misiones o cuando adhirió el 30 de marzo de 2005 a la Convención Interamericana Contra el Terrorismo y firmó el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo.

También cuando amplió la capacidad operativa del Departamento Unidad de Investigaciones Antiterroristas perteneciente a la Policía Federal creado por Menem, el cual cuenta con un Centro de Detención Especial (una cárcel al margen de la propia ley penitenciaria) ubicada en la calle Cabia al 3300 de la Ciudad de Buenos Aires.

La sanción de esta Ley tiene como objetivo extender el poder de represión a través de una herramienta legal que aumenta enormemente las atribuciones de las fuerzas policiales, de inteligencia, jueces y fiscales, y que es tremendamente dura para con los que luchan, siendo sumamente ambigua y abierta en cuanto a las acciones que puedan quedar enmarcadas como “terroristas”.

Reproducimos el Art. 2 de la Ley:

Incorpórase como artículo 213 ter, en el Capítulo VI del Título VIII del Libro II del Código Penal el siguiente: Artículo 213 ter: Se impondrá reclusión o prisión de Cinco (5) a Veinte (20) años al que tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, siempre que ella reúna las siguientes características:

a) Tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político.
b) Estar organizada en redes operativas internacionales.
c) Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de personas. Para los fundadores o jefes de la Asociación el mínimo de la pena será de Diez (10) años de reclusión o prisión.

Es decir, que esta herramienta represiva trata como terrorista a todo aquel que “tomare parte” (la simple pertenencia o adhesión a la asociación, aunque individualmente no se haya participado de la acción que se juzga) de: una organización estudiantil, barrial, gremial, social o política; que luche por reivindicaciones del tipo que sean, cuyo propósito sea mediante la comisión de delitos (que puede ser un corte de calle, o de ruta, o la toma de un edificio público, o “desobedecer a la autoridad”, etc.), obligar al gobierno (Nacional, Provincial o Municipal) o a una organización internacional (FMI, BM, BID, etc); a realizar un acto (ej. aumento salarial) o a abstenerse de hacerlo (ej. No aumento de tarifas, no privatización de bienes públicos), siempre que la organización tenga un plan de acción destinado a la propagación del “odio político” (ej. reclamar “que se vayan todos”), esté relacionada o vinculada con otras “organizaciones internacionales” (todas las organizaciones sociales y políticas tenemos relaciones con organizaciones hermanas de otros países, o recibimos subsidios de ONG´s internacionales) y disponga de medios idóneos (palos, gomeras, molotov o piedras) para poner en peligro la integridad de un número indeterminado de personas.

La ambigüedad de esta ley deja al arbitrio de cualquier juez la definición de un acto de protesta social como terrorista. En definitiva, la ley considera terrorista a toda aquella persona que exprese una disidencia política aún cuando esta disidencia consista en oponerse a medidas terroristas que realiza el propio Estado tales como genocidio, tortura, hambre, desocupación, gatillo fácil, etc.

Esta ley fue presentada como proyecto al Legislativo por la Presidencia de la República, impulsada y defendida por el bloque de diputados y senadores oficialistas y del partido radical, y después de su aprobación por ambas Cámaras, promulgada con la firma del Presidente. Su verdadero objetivo es reprimir la insurgencia popular contra la miseria y el hambre en todos nuestros pueblos de América Latina y en cada rincón de nuestra patria.

¿Cuál fue el voto de los diputados y senadores nacionales representantes de Córdoba?

•ALONSO, GUMERSINDO FEDERICO / - Partido Nuevo Córdoba: AFIRMATIVO.
•ARDID, MARIO ROLANDO / -Partido Nuevo Córdoba: AFIRMATIVO.
•CANTERO GUTIÉRREZ, ALBERTO / - Frente para la Victoria: A PJ CÓRDOBA: AFIRMATIVO.
•CITTADINI, ESTELIA - Frente para la Victoria - PJ Córdoba: AFIRMATIVO.
•DELICH, FRANCISCO - Partido Nuevo Córdoba: AFIRMATIVO.
•HEREDIA, ARTURO MIGUEL - Frente parta la Victoria-PJ Córdoba: AFIRMATIVO.
•LEIVA DE MARTÍ, BEATRIZ - Unión Cívica Radical Córdoba: AFIRMATIVO.
•MONAYAR, ANA MARÍA CARMEN - Frente para la Victoria-PJ Córdoba: AFIRMATIVO.
•RICHTER, ANA -Frente para la Victoria - PJ Córdoba: AFIRMATIVO.
•VACA NARVAJA, PATRICIA - Frente para la Victoria-PJ Córdoba: AFIRMATIVO.
•ACCASTELLO, EDUARDO - Frente para la Victoria-PJ Córdoba: AUSENTE.
•AGUAD, OSCAR RAÚL - Unión Cívica Radical Córdoba: AUSENTE.
•CASERIO, CARLOS ALBERTO - Frente para la Victoria-PJ Córdoba: AUSENTE.
•LÓPEZ, AMELIA DE LOS MILAGROS - Frente para la Victoria-PJ Córdoba: AUSENTE.
•MERINO, RAÚL GUILLERMO - Partido Nuevo Córdoba: AUSENTE.
•MORANDINI, NORMA ELENA - Partido Nuevo Córdoba: AUSENTE.
•NEGRI, MARIO RAÚL - Unión Cívica Radical Córdoba: AUSENTE.
•SESMA, LAURA JUDITH - Partido Socialista Córdoba: NEGATIVO.

Los que votaron afirmativamente y los que se ausentaron de esta votación (no concurriendo a las sesiones) son igualmente responsables ante el pueblo por esta ley que nos retrotrae a las leyes de la dictadura y del Terrorismo de Estado. El voto afirmativo resulta repudiable, tanto como la ausencia y la falta de manifestación en su contra, que en los hechos, avala su dictado.

Costó muchas luchas, sacrificios y vidas acabar con el Terrorismo de Estado de la última dictadura. Hoy, el gobierno de Kirchner y estos “pseudos representantes” actualizan ese terrorismo de Estado, criminalizando la protesta social (es decir, todo el que reclame o proteste por sus derechos se convierte en un delincuente terrorista).

Desde esta Coordinadora, nos proponemos:

Poner en conocimiento el texto y significado de esta ley, de su incidencia represiva en la movilización y organización social y popular. Difundir, organizar charlas, debates y encuentros para el conocimiento y discusión de la misma entre las organizaciones sociales, estudiantiles, culturales, políticas y barriales, y el pueblo en general.

Organizar su repudio masivo y exigir su anulación, denunciando al gobierno y a los sectores políticos que fueron cómplices de su dictado.

Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos.
caddhh@yahoo.com.ar
Nos juntamos todos los lunes a las 20 hs. En Tucumán 367