Colombia: ECOPETROL se privatiza y de paso se blinda contra los indígenas
Por Fundación Hemera - Thursday, Oct. 04, 2007 at 7:46 AM
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La hipótesis es sencilla y la comparten muchos especialistas en el tema: Con la venta de acciones el gobierno, de una parte, continúa el proceso de privatización mediante la subasta a menor precio de la empresa más rentable del país, se la entrega dócilmente a inversionistas privados y fondos de pensiones; y de otra, con la figura de la democratización accionaria se blinda con “un inmenso respaldo social” contra todas aquellas voces discordantes, incluida la confrontación que la empresa estatal sostiene con varios pueblos indígenas, entre ellos los U’was.

Por Luis Carlos Osorio R.
Director Periódico Actualidad Etnica

Hasta hace pocos días ECOPETROL era una empresa de propiedad de todos los colombianos. Desde el 25 de septiembre, tan sólo 469.290 colombianos pueden acreditar ese derecho[1], al menos de una parte de las acciones sacadas para la venta por la empresa estatal, pues otra parte del paquete accionario fue adquirido por algunos fondos de pensiones, casi todos, con participación de capital extranjero[2]. Quiere decir esto, que el noventa por ciento de las acciones, aún en poder del Estado, constituyen una suerte de propiedad virtual de los colombianos, pues la propiedad real se irá trasfiriendo a los inversionistas privados, seguramente multinacionales del petróleo.

Buena parte de los beneficios del petróleo se quedaban en el país y con ellos “se financiaron muchos programas… sociales, por lo que podíamos decir que efectivamente era una empresa de todos los colombianos”. Pero el proceso de privatización de ECOPETROL no comenzó con la puesta en venta de un paquete accionario. Este proceso comenzó con medidas tomadas durante el gobierno de Pastrana, quien rebajó la participación de la empresa en los nuevos contratos y de una participación igualitaria con las empresas petroleras (50%-50%), la redujo a un 30%; y luego el gobierno de Uribe bajó dicha participación prácticamente a cero, dándole un golpe grave a la empresa y a todos los colombianos al restarle derechos a ECOPETROL y ponerla en igualdad de condiciones a cualquier empresa privada, según asevera el economista Héctor Mondragón.

Recuerda el analista que en el caso de la refinería de Cartagena el proceso fue similar y hoy la empresa GLENCOR es la dueña de la totalidad de esa refinería. El Congreso aprobó la venta del 20% de las acciones de ECOPETROL, de las cuales ya ha sido vendido el 10.1% a más de cuatrocientos mil colombianos, pero tampoco estos accionistas tendrán una participación paritaria, pues desde ahora se conoce que hay unos cuantos que tuvieron la capacidad de adquirir paquetes de acciones hasta por setenta millones de pesos y otros, como los fondos de pensiones, cantidades superiores, lo que deja a la gran mayoría con una inversión reducida y su incidencia limitada a cobrar periódicamente unos pequeños dividendos.

Así las cosas, la empresa se beneficia por doble vía con esta operación. Obtiene varios billones de pesos por la venta de acciones a estos nuevos “propietarios” y, de paso, crea una cadena de protección a su alrededor con un inmenso ejército de apoyo que asume la empresa como propia, así su participación en ella sea irrisoria.

Es este el nuevo panorama en el que se desarrollará la confrontación de ECOPETROL con los U’was y demás pueblos indígenas, en cuyos territorios se presume la existencia de petróleo. Si antes el proceso de resistencia de los U’was había despertado simpatías en amplios sectores de la población, hoy muchos de estos ciudadanos son “copropietarios de la empresa” y su sentimiento de solidaridad está condicionado por sus propios intereses. Entre más pozos exploratorios se encuentren en el país, mejor para ellos, pues esto ayudará a la valorización de sus acciones.

Si hace pocos días el debate se centraba en la confrontación de un interés general representado en una empresa considerada patrimonio de los colombianos, contra un interés general pero “minoritario” representado por los indígenas, hoy esa situación comienza a desmoronarse. “El interés general mayoritario” representado por 44 millones de colombianos, será ahora enarbolado por el interés particular de cerca de medio millón de colombianos, para los cuales el legítimo derecho de los indígenas pasará a un segundo plano[3]. De una posición cauta manejada por la empresa, que hasta hace muy poco reconocía para sus adentros que violaba normas jurídicas y derechos de los U’was, se puede pasar a la creencia que a mayor número de accionistas particulares, mayor legitimidad tendrá para imponer condiciones; posición propia de la prepotencia que ha caracterizado al actual gobierno colombiano.

Es justamente esa, una de las mayores preocupaciones de los líderes indígenas de Colombia. La ex concejal de Bogotá, Ati Quigua, señala que “el hecho de que muchos colombianos adquieran acciones de ECOPETROL legitima de alguna manera toda la política energética y minera que tiene el actual gobierno”. Para esta joven indígena, el país ha venido explotando petróleo con un costo social demasiado alto y ya es hora de ir buscando otras alternativas, sin dejar de hacer una profunda evaluación sobre quiénes son los que hasta hoy se han beneficiado con la explotación petrolera en el país.

El indígena nasa Ezequiel Vitonás por su parte, no oculta su preocupación por los tipos de capitales que pudieron haber llegado a través de la venta de acciones, en momentos en que paramilitares, narcotraficantes y la misma guerrilla buscan estrategias para legalizar sus dineros. Lo cierto es que esta “es una estrategia para ver como se ganan el respaldo público para incidir en la política petrolera en contra de los pueblos indígenas”.

El ex senador indígena Gerardo Jumí, aunque reconoce que desde el punto de vista capitalista, ECOPETROL ha cumplido una labor interesante y que muchos colombianos se han convertido en accionistas de buena fe, con la ilusión de aumentar sus ingresos, desconocen que con esta decisión se están convirtiendo en cómplices de una política con inmensos costos para otros colombianos (las comunidades indígenas), que serán desplazadas, sus territorios invadidos y se cometerán “muchos crímenes de Estado hacia una dirigencia indígena que se opone a que sean invadidos sus territorios, que se oponen a que se exploten estos recursos”.

Ésta es la situación que le espera a los indígenas U’wa, que están pendientes de que el gobierno realice las exploraciones petroleras, concluye el líder indígena. Posición que comparte Armando Tegría (Berúa), un líder indígena U’wa, quien no vacila en decir que ésta es una puñalada en el corazón para un pueblo que lucha por su territorio. “Ningún indígena de este país y nadie de la clase baja se va a beneficiar con esta política, ni va a acceder a estos beneficios. Lo grave es que ahora la gente no está pensando en lo que va a suceder, pero sería bueno que pensaran los costos que esto va tener, las consecuencias que esto va a generar “. A lo que Luis Evelis Andrade, presidente de la ONIC, parece responderle: “Van a renovar los conflictos y la violación a los derechos de los pueblos indígenas porque ya no va a ser precisamente una empresa del Estado, va a funcionar como todas las otras empresas multinacionales”.

Parece maquiavélico, pero talvez sin proponérselo, el gobierno ha encuadrado un escenario perfecto para colocar en conflicto las comunidades indígenas con la sociedad mayoritaria del país. En la creencia del gran beneficio que representa para los nuevos socios entrar en el selecto grupo de accionistas de ECOPETROL, el rechazo de los indígenas hacia la explotación petrolera en sus territorios bien puede venderse como una posición retrograda frente a los paradigmas del desarrollo, buscando un apoyo nacional incondicional para aplicar una política que pasa por el desconocimiento de sus derechos, muy a pesar de los logros obtenidos desde el año 91.

“Imagínense la sociedad mayoritaria de Colombia contra los indígenas” se pregunta el presidente de AICO. ¿Quiénes tienen la razón, los indios que no se dejan explotar o los supuestos dueños de una empresa? El líder indígena no quiere imaginarse el desenlace de este interrogante, pero sí cree que “ésto le pone el tranque ahí (sic) y la verdad no se sabe para dónde o quién tendrá la razón… Yo lo tomo como si tuviera una estrategia para decir mire: el derecho de los colombianos prima sobre un derecho que de pronto los indígenas tienen en particular. Entonces yo veo que es como la estrategia para que en ese sentido no haya oposición en lo que respecta a la parte de concertación”.

El presidente de Aso Bari, en representación de los indígenas del Norte de Santander que también tienen una conflictiva por el desarrollo de exploraciones petrolíferas en su territorio es más contundente: “Pienso que es una estrategia que utiliza ECOPETROL para poner a la gente en contra nuestra”.

Razones hay de sobra para creer que estos planteamientos hacen parte de la estrategia del gobierno para sustraer el crudo de los territorios indígenas. No gratuitamente Colombia se abstuvo de firmar la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, aún yendo en contravía de un mandato constitucional que no solamente reconoce los derechos de los pueblos indígenas como ningún otro país en el continente, sino que se reclama como la nación de la más profunda raigambre multiétnica y pluricultural.

Al fondo de esta decisión, como un fantasma, están los U’was, que reclaman la propiedad del subsuelo invocando títulos coloniales preexistentes al Estado mismo; están los U’was que han polemizado sobre la legitimidad del Estado para realizar una consulta previa “que les consulta”, pero no les concede ningún derecho a desistir, para no utilizar una palabra tan inconveniente como vetar; están los U’was, que han reclamado el derecho a ejercer su autonomía territorial, en fin, están los U’was, que invocando preceptos culturales propios de su ancestralidad, se han visto obligados a oponerse a cualquier posición gubernamental, entre otras razones, porque con el petróleo que dicen yace bajo sus entrañas, apenas sí se ilumina una noche una ciudad como Nueva York, mientras a ellos se les apaga lentamente su vida. Y están los U’was, que se atrevieron a decirle al gobierno que si el Estado estuviera en la disposición de revisar la actual política petrolera, que entre otras cosas, entrega mansamente las riquezas energéticas del país a las grandes multinacionales, ellos estarían en condiciones de revisar su posición, pero para un gobierno terco, esto es innegociable.

Entonces, cómo no pensar con los indígenas que esto tiene que ser una estrategia para colocar a la sociedad mayoritaria en su contra? Es claro que ECOPETROL se privatiza y de paso, se blinda contra los indígenas.

Según Mondragón, “en la medida que ECOPETROL siga privatizándose, pues esto va a seguir así, veremos cómo los intereses particulares de muy pocas personas, van a presionar para que se rompa la integridad cultural del pueblo U’wa…. La privatización de ECOPETROL en general y la explotación de petróleo en Colombia, determina qué capacidad tienen los Uwas para influir en el respeto a su territorio. Ésto se debilita en la medida que unos pocos propietarios privados van a controlar la empresa y en esa medida se van a respetar mucho menos sus derechos. Tenemos que el gobierno nacional ha manifestado virulentamente su deseo de la explotación del petróleo mediante la militarización del territorio U’wa, contra su voluntad y causándoles perjuicios culturales y ambientales”. Y premonitoriamente podríamos concluir con Mondragón que “en cualquier caso, sea cual sea el pueblo indígena, su voluntad va tener un mayor riesgo de ser desconocida y violada si la propiedad de la empresa cae en las manos de unos pocos accionistas y no como era hasta ahora, del manejo de todos los colombianos”.


[1] El Tiempo, septiembre 26 de 2007
[2] Robledo, Jorge Enrique. http://www.moircolombia.org/?q=node/376
[3] El 8.4% de estas acciones fueron adquiridas en el departamento de Boyacá, entidad territorial donde se encuentra el municipio de Cubará, asiento territorial de AsoU’wa, organización social de los indígenas U’wa. El tiempo, septiembre 26 de 2007. Pág. 1-11

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