Si la violencia hacia las niñas y mujeres es una realidad que se desforma e invisibiliza, mucho más vulnerable es la situación de las personas con discapacidad (niñas, jóvenes, adultas y ancianas) ya que en su mayoría dependen legal, económica y afectivamente de las personas con las que generalmente conviven. Esta realidad es aun más dura en aquellas que no pueden poner en palabras el hecho de ser sometidas a algún tipo de vejamen (abuso sexual, golpes, maltrato Psicológico, económico etc.).

El modelo médico-hegemónico que se ha arrogado el poder de medir y clasificar a las personas bajo los parámetros de normalidad-anormalidad y refuerza la cadena de exclusión de aquellas personas que quedan por fuera de esta norma.

Las niñas discapacitadas que han sido victimas de abuso sexual y que han solicitado el acceso al aborto no punible, los casos de Paraná, Mendoza y La Plata, han sufrido una violación a sus derechos por parte de grupos religiosos fundamentalistas, con sus aliados/as insertos/as en el poder judicial y en la salud pública. Estos sectores pretendieron obligarlas a llevar a término el embarazo forzado, producto de la violencia, con los trastornos psicológicos que esto conlleva y amedrentándolas con amenazas a ellas, a sus familiares y al personal de salud que intervino a favor de la interrupción del mismo. Este es un ejercicio de ilegalidad y violencia por parte de estos sectores y doblemente traumático para las victimas incapaces.

Por ello exigimos:.