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Perú: Decreto para destruir comunidades
Por PasalaVoz -
Saturday, May. 24, 2008 at 3:24 PM
pasalavoz@movimientos.org
CAOI
D. Leg. 1015 es una herramienta para el despojo de territorios indígenas
Organizaciones campesinas, agrarias e indígenas coordinan Paro Nacional
El Gobierno aprista presidido por Alan García Pérez emprendió un ataque frontal contra las comunidades campesinas, con la emisión del Decreto Legislativo 1015 como una herramienta para despojar de los territorios ancestrales, y arrasar con las formas tradicionales de trabajo, economía y organización. En resumen, destruir a las comunidades indígenas, algo que ni la dictadura de Alberto Fujimori, en la década pasada, se atrevió a hacer.
El Decreto Legislativo 1015 modifica la Ley 26505 (Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas), la cual exigía como requisito para la venta de tierras comunales el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los miembros de la Comunidad. La norma modificatoria reduce este requisito al voto aprobatorio del 50 por ciento más uno de los asistentes a la Asamblea Comunal.
En la práctica, el D. Leg. 1015 desconoce el requisito del quórum reglamentario que exigen todas las normas legales. Por ejemplo, si una comunidad de mil miembros hace una "asamblea" con cien personas, bastará el voto de 51 de ellas para disponer de los territorios comunales.
A ello se añade que quienes no son miembros de la Comunidad, podrán pedir la titulación de tierras con el mismo requisito: el 50% más 1 de los asistentes a la Asamblea.
Esto implica un grave riesgo, porque las empresas extractivas que invaden territorio comunal pueden apropiarse "legalmente" de esas tierras amañando "asambleas".
El D. Leg. 1015 constituye un grave atentado contra las comunidades campesinas por parte de un gobierno cada vez más entregado a los apetitos de las empresas transnacionales que saquean nuestros bienes naturales.
Frente a ello, las organizaciones indígenas, agrarias y campesinas del Perú responde coordinando la convocatoria a un Paro Nacional en defensa de sus legítimos derechos al territorio, el agua y a decidir su propio modelo de desarrollo.
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas convoca a la solidaridad internacional para detener esta amenaza privatizadora y destructiva de las comunidades campesinas e indígenas en el Perú.
Lima, 21 de mayo de 2008.
Miguel Palacín Quispe
Coordinador General CAOI
COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS – CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina
Decreto Legislativo 1015: Sorpresivo y peligroso
Por ALAI -
Saturday, May. 24, 2008 at 3:33 PM
info@alainet.org
Wilfredo Ardito Vega
ALAI AMLATINA, 22/05/2008, Lima.- Hace algunos meses, la representación del Perú en las Naciones Unidas estuvo entre las más entusiastas promotoras de la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, por la cual los gobiernos se comprometen a respetar derechos como el territorio y a consultar a los indígenas sobre las decisiones que les afecten.
Para muchos dirigentes indígenas y campesinos peruanos, sin embargo, era desalentador que, mientras tanto, el gobierno peruano presentaba al Congreso el Proyecto de Ley 1992, que facilitaba la disolución de las comunidades campesinas andinas y las comunidades nativas amazónicas.
Históricamente, las tierras de las comunidades indígenas peruanas han generado el interés de otras personas. En 1824, Simón Bolívar decretó su disolución, permitiendo que muchos hacendados se apropiaran de las tierras. Las comunidades indígenas no fueron reconocidas hasta un siglo después y la Constitución de 1933 prohibió que sus tierras fueran adquiridas por terceros, debido a que existían diversos mecanismos de presión hacia los campesinos para obligarlos a vender.
La Constitución de 1993 señaló, más bien, que las comunidades campesinas y nativas eran autónomas en cuanto a la libre disposición de sus tierras, pero ellas no estaban interesadas en disponer de ellas, por las vinculaciones ancestrales que poseen.
El Proyecto 1992 busca enfrentar ese pequeño problema: a diferencia de lo que ocurre en cualquier otra copropiedad o persona jurídica, para vender las tierras de una comunidad campesina o nativa no hace falta que la mayoría de los integrantes esté de acuerdo. Basta que aprueben la venta o la disolución de la comunidad la mayoría de asistentes a una asamblea cualquiera, así constituyan una pequeña minoría.
De esta forma, por ejemplo, será muy fácil a una empresa minera o petrolera interesada en los recursos naturales existentes dentro de una comunidad presionar o convencer a diez o doce de sus integrantes ofreciéndoles algún beneficio.
Frente a este panorama, la Comisión de Pueblos Amazónicos, Andinos y Afroperuanos y Ecología rechazó el proyecto y todo indicaba que lo mismo ocurriría en la Comisión Agraria. Por ello, cuando los últimos asistentes extranjeros a la cumbre ALC-UE se habían retirado y ya no era necesario mostrar una imagen democrática, el gobierno aprobó el Decreto Legislativo 1015 que contiene exactamente el mismo texto que el Proyecto 1992.
La nueva norma atenta contra la seguridad jurídica en las zonas rurales y generará una fuerte inestabilidad social: al abrir paso a divisiones internas entre los campesinos y a todo tipo de conflictos. Sin embargo, para el gobierno, las comunidades, son los “perros del hortelano”, las responsables de su propia miseria y del atraso del país.
Un gobierno democrático debería consultar con la población afectada una medida tan grave, especialmente si está obligado a hacerlo, tanto por el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, como por la misma Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas que impulsó hace algunos meses.
De manera temeraria, el gobierno abre un nuevo escenario de conflicto precisamente en aquellas zonas del país donde tiene menos respaldo. Paradójicamente, la conmoción social que se puede producirse al interior de las comunidades, constituye el peor escenario para la promoción de inversiones que tanto anhela el presente régimen.
- Wilfredo Ardito Vega es abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, Perú.
Más información: http://alainet.org
Decreto facilita venta de tierras indígenas para explotación comercial
Por Adital -
Saturday, May. 24, 2008 at 3:41 PM
agencia@adital.com.br
Adital - Las tierras indígenas de las sierras y selvas peruanas están amenazadas. Desde el último martes (20), el gobierno del presidente Alan García Pérez, publicó en el Diario Oficial el Decreto Legislativo 1015, que cambia las reglas para la venta de esas tierras. "Fue un ataque frontal contra las comunidades indígenas, y va a destruir las formas tradicionales de trabajo, economía y organización", dijo la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).
Para combatir el Decreto, las organizaciones indígenas, agrarias y campesinas del país están organizando una paralización nacional de 48 horas, en defensa de sus legítimos derechos al territorio, al agua y a decidir su propio modelo de desarrollo. Las movilizaciones por la inconstitucionalidad del Decreto van a comenzar entre los días 20 y 24 de junio, y tendrán su punto álgido los días 8 y 9 julio durante la paralización nacional.
Con el Decreto, empresas de explotación ambiental, como compañías mineras, no necesitarán más de la aprobación de los tres cuartos de los miembros de las comunidades para comprar tierras, solamente con el 50% más uno de los participantes de una Asamblea de la Comunidad será suficiente. Esa modificación de la Ley 26505 es parte del Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos, que busca promover y facilitar la inversión privada en tierras comunitarias.
Además de desconocer el requisito del quorum reglamentario -exigido en todas las normas legales-, el Decreto permite también que quien no sea miembro de la Comunidad podrá pedir la titulación de tierras con el mismo quorum. Para la CAOI, éste es "un grave riesgo, porque las empresas extractivas que invaden el territorio comunitario pueden apropiarse ‘legalmente’ de las tierras manipulando ‘asambleas’ ".
Ahora, basta que una empresa minera o petrolera, interesada en los recursos naturales existentes dentro de una comunidad, presione sobre algunos miembros de las comunidades, ofrecerles beneficios, como dinero o trabajo, con lo que podrá tener el derecho a la tierra.
Para el abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), "la nueva norma atenta contra la seguridad jurídica en las zonas rurales y generará una fuerte inestabilidad social: al posibilitar divisiones internas entre los campesinos y todo tipo de conflictos. Mientras tanto, para el gobierno, las comunidades, son como "perros del hortelano" (no comen, ni dejan comer), y los responsables de su propia miseria y del atraso del país".
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=33158
INDÍGENAS-PERÚ: Campaña jurídica contra decreto sobre inversiones
Por IPS -
Tuesday, May. 27, 2008 at 9:12 PM
Por Milagros Salazar
LIMA, 28 may (IPS) - Más de 5.000 comunidades indígenas y campesinas de Perú comenzaron esta semana a recolectar firmas para presentar una acción de inconstitucionalidad contra el decreto del presidente Alan García para incentivar la inversión privada en tierras comunales.
El decreto legislativo 1.015, aprobado el 20 de este mes por García, establece que las inversiones privadas en terrenos de comunidades indígenas de la sierra y la selva de este país andino y amazónico pueden considerarse autorizadas si obtienen los votos favorables de la mitad más uno de los miembros de las asambleas comunales.
Esta disposición modifica una ley vigente que exigía un mínimo de 66,6 por ciento de votos favorables de los miembros calificados de cada comunidad, inscriptos en el padrón comunal y por tanto con voz y voto.
Ahora se podrá "gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto de disposición sobre tierras comunales" con la aprobación de una mayoría simple de una asamblea, señala el decreto, sin el requisito de que sus miembros sean calificados.
Cinco organizaciones de campesinos y pueblos indígenas se han unido para cuestionar el decreto ante el Tribunal Constitucional y realizar una serie de movilizaciones.
Las jornadas de protestas se iniciarán el 4 de junio en Lima y llegarán al clímax entre el 22 y el 24 de ese mes en la sierra y la Amazonia, según los organizadores. Poco después, se realizará un paro nacional agrario, los días 8 y 9 de julio.
"No podemos permitir más abusos y que se vendan nuestras tierras imponiéndonos normas inconsultas", dijo a IPS el presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), Antolín Huáscar.
Según sus cuentas, de 5.680 comunidades campesinas en la sierra y de más de 1.300 en la Amazonia, son más de 5.000 las que están articuladas en las organizaciones que se sumarán a las movilizaciones.
El reclamo se fundamenta en que el Poder Ejecutivo aprobó el decreto valiéndose de las facultades legislativas que le había extendido el parlamento para otro fin: la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y en vista de que no había conseguido que la norma fuera aprobada semanas antes por el Poder Legislativo. La presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso legislativo, Gloria Ramos, dijo a IPS que ese cuerpo rechazó la iniciativa por considerar que atentaba contra los derechos de las comunidades.
"El Ejecutivo ha burlado el poder del Legislativo para hacer lo que quiere, y por eso pediremos que se derogue la norma", dijo Ramos, de la centroizquierda Unión por el Perú (UPP).
El también opositor Partido Nacionalista Peruano, con la parlamentaria Yaneth Cajahuanca a la cabeza, presentó el jueves un proyecto de ley para derogar el decreto.
En forma paralela, se lleva a cabo la recolección de 30 firmas de legisladores opositores para elaborar otra demanda de inconstitucionalidad contra la polémica norma.
El vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Robert Guimaraes, señaló a IPS que el decreto legislativo fomenta la desarticulación del sistema de propiedad colectiva los pueblos indígenas, sin considerar que "somos un país multicultural".
"Los indígenas tenemos una visión distinta del territorio porque para nosotros es un bien colectivo, no individual, y además está relacionado a costumbres y valores culturales", explicó Guimaraes, quien viajará la primera semana de junio a Washington para solicitar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Aidesep, que prepara el sustento legal de la demanda de inconstitucionalidad, señala que el decreto viola el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que exige a los estados consultar a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos.
La norma también violaría varios artículos de la Constitución, que establecen que las comunidades son autónomas en su organización, y garantizan la propiedad comunal.
"Al extinguirse la propiedad comunal se desaparece a una comunidad o pueblo indígena, puesto que para nuestros pueblos no existe un indígena sin territorio", señala el análisis legal de Aidesep, redactado por el abogado Bady Casafranca.
El presidente García ha dicho que el decreto pretende acabar con una "suerte de racismo selectivo" que impedía a las comunidades de la sierra y la Amazonia las mismas oportunidades que las de la costa. Desde hace unos años, éstas pueden aprobar la inversión privada en sus tierras por simple mayoría.
En un artículo titulado "Receta para acabar con el perro del hortelano" publicado en el diario El Comercio en 2007, el jefe del Estado anunció el decreto, por la necesidad de que los comuneros de la sierra y la selva dejen de ser "ciudadanos de segunda clase y sin iniciativa".
El texto, considerado el ABC del gobierno para fomentar la inversión privada y terminar con la oposición, llama a ésta el "perro del hortelano".
Para Huáscar, incentivar el uso individualista de la tierra ha originado la pérdida de tierras.
El ingreso de la inversión privada ha ido de la mano de la formalización y fragmentación de la propiedad comunal y ha dado lugar a que muchos campesinos costeños se vieran obligados a empeñar sus títulos de propiedad para obtener créditos, ante la falta de apoyo estatal para mejorar la productividad de sus tierras, señaló.
"Si esto sucede también en los andes y la Amazonia, lo único que se va a conseguir es que los indígenas pierdan su territorio, migren a las ciudades, en donde serán discriminados, y peligre la seguridad alimentaria del país. ¿Qué garantías existen para que las comunidades ingresen al mercado o salgan ganando con este incentivo de la inversión privada?", se preguntó.
Algunos advierten que el decreto abre espacio a la manipulación de las asambleas comunales.
"La práctica común de muchas empresas ha sido fomentar la creación de organizaciones comunales paralelas a las formales, y la captación de algunos de sus miembros, lo que les ha permitido, en muchos casos, romper el tejido social e imponer sus decisiones", señaló el abogado Javier Jahncke, de la no gubernamental Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz.
Pero el gerente general del gubernamental Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos, Rodolfo Beltrán, advierte que el decreto es sólo una opción para mejorar la producción agropecuaria de más de 300.000 hectáreas de tierras comunitarias, registradas por esa entidad.
"El decreto es una alternativa, no es un mandato ni para vender ni para alquilar", señaló. (FIN/2008)
www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=88552
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