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Se abre la ronda de alegatos
Por Colectivo Indymedia Córdoba -
Tuesday, Jul. 15, 2008 at 1:11 PM
Inicia la segunda parte del juicio Se abre la ronda de alegatos Entre el 10 y 11 de Julio se inauguró un nuevo tramo en el juicio a Luciano Benjamín Menéndez y los otros 7 represores. Los abogados querellantes Martín Fresneda, Claudio Orosz y Mauro Ompré comenzaron la ronda de alegatos. Luego le siguieron los fiscales: Maximiliano Hairabedián, Graciela López de Filoñuk y Fabián Asís. Coinciden en pedir perpetua a Menéndez, Lardone, Padován, Díaz y Manzanelli. Para Vega, Acosta y Hermes Rodríguez se solicita entre 18 y 25 años.
Abogados querellantes
Martín Fresneda comenzó otorgando una descripción detallada del plan sistemático de exterminio de personas que fue puesto en práctica en Argentina en la década del 70. También habló de los secuestros, torturas y asesinatos que se realizaron en La Perla por parte de los asesinos imputados, como también de los autores ausentes.
Preferimos hablar de crueldad, de una crueldad planificada hasta el extremo del cinismo, de una crueldad llevada a cabo por quienes portando el uniforme de San Martín y Belgrano lo llenaron de sangre, deshonrándolo. Crueldad, sí, pero no inhumana, sino producida por ciertas personas, los acusados, contra otros seres humanos. Esto es, justamente, lo que nos obliga a no deshumanizar a estos criminales sentados al frente, a no tratarlos como ellos hicieron con sus cientos de víctimas, es decir, a no convertirlos en un objeto” alegó Fresneda hacia el Tribunal.
En uno de sus argumentos, Fresneda recordó las palabras ofrecidas por el testigo Eduardo Luís Duhalde: “demostró cómo, desde la más altas esferas del gobierno y las FFAA, se implementó el terrorismo de estado mediante el cual la vida de los argentinos había quedado a merced de quienes se arrogaban facultades extraordinarias, usurpando la totalidad del poder público y pasando a convertirse en INFAMES TRAIDORES A LA PATRIA”, como lo considera desde 1853 nuestra Constitución, en su artículo 29.
La información como bien más preciado. En su tercer argumento, Fresneda explicó cómo la información era el bien más útil que los represores podían obtener. “Se implementó una metodología que se basaba fundamentalmente en obtener información, en las tareas de inteligencia, para destruir las organizaciones opositoras. Esa información se obtenía mediante un accionar subrepticio, clandestino”. Para fundamentar esta idea, el abogado se sirvió de una documentación que fue encontrada en la Secretaria de Inteligencia del Estado SIDE. Al remarcar uno de los puntos mas importantes de estos documentos, Fresneda analizó: “el punto 3 denominado ´Detención del Militante´, denota la construcción de una herramienta pedagógica e instructora, aplicable a los detenidos de forma sistemática en el cautiverio. Textualmente este documento indica que: “a)- el objetivo primordial de la contrainsurgencia es la caída del militante, más aún si se logra detenerlo vivo. Una vez obtenido esto, todo el accionar referido a la caída del militante debe apuntar al logro de su “colaboración” para obtener otra detención. Un aspecto fundamental referido a la validez de la colaboración, está dado por el tiempo en que se logra esta, esto es de vital importancia ya que después de un plazo de tiempo la información obtenida en gran parte pierde su efectividad, sobre todo en lo que hace a la caída de otros militantes, para lo que está alertada la estructura política a la que éstos pertenecen (abandono de casas, quema de documentación, desagote de embutes, etc.).”
Para lograr estos objetivos, agregó el abogado, se dividía el trato para con el militante detenido en tres tiempos: el primer tiempo (secuestrar para torturar), es el lapso que iba desde la detención al logro de la obtención de información que permita la realización de otro rápido secuestro.
El segundo tiempo (torturar para obtener información) era el fundamental, se exhibía al detenido un organigrama para mostrarle que se sabía todo de él y para que detectara nuevos blancos.
Por último, el tercer tiempo implicaba la colaboración, lo más importante era obtener información y cuando ya no se podían obtener más datos se fusilaba.
“La información era un bien preciado para estos hombres, mucho mas importante que la humanidad misma. Los detenidos eran importantes porque podían dar información. Luego, ya no servían mas” explico Martín Fresneda.
Luego de un extenso alegato, el abogado concluyó citando un fragmento de la Carta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar horas antes de ser asesinado: “lo que ustedes llaman aciertos son errores, lo que ustedes reconocen como errores son crímenes, y lo que omiten son calamidades”.
Pasado un cuarto intermedio Claudio Orosz tomó la palabra. El abogado describió “con derroche de pruebas” las condiciones de detención y la modalidad usada para el fusilamiento de lxs cuatro militantes asesinadxs en un llamado “operativo ventilador”. Orosz detalló que tales operativos eran llamados por los represores como “traslados por izquierda” y que eran necesarios para influir sobre la opinión pública y para mostrar que lo que sucedía era una “guerra” entre dos partes.
Finalmente, Claudio Orosz desplegó lo esperado e hizo una valoración de los delitos de los que son acusados los represores. El letrado exigió con énfasis las condenas a los imputados, y que éstas fueran cumplidas en cárceles comunes.
Acusaciones y pedidos de condena
Ricardo Lardone: Considerado coautor de secuestros, torturas y homicidio. Pidieron prisión e inhabilitación perpetua
Oreste Padován: coautor de privación ilegitima de la libertad, tormentos y homicidios. Solicitan prisión e inhabilitación perpetua.
Carlos Díaz: coautor de los tres delitos. Piden cárcel e inhabilitación perpetua para él también.
Carlos Vega: está imputado por los secuestros y tortura, pero no por los homicidios. Solicitaron 25 años de cárcel.
Luis Manzanelli: acusado por privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio. Piden prisión e inhabilitación perpetua.
Jorge Acosta: al igual que Vega, le pidieron 25 años de prisión, por que no está imputado por los homicidios.
Hermes Rodríguez: No se lo acusó por los homicidios, pero sí por secuestros y torturas. Por autor mediato reclaman que cumpla 25 años en cárcel.
Luciano B. Menéndez: autor mediato de los secuestros, torturas y homicidios. Piden prisión e inhabilitación perpetua.
Al concluir, Orosz y Fresneda mostraron las fotografías que mantuvieron a lo largo del juicio sobre sus escritorios: levantaron las imágenes de alumnos del Colegio Manuel Belgrano (Claudio Román, Gustavo Torres, Pablo Schmucler) y de otros militantes asesinados (los padres de Fresneda) y de Otilia, cofundadora de Abuelas.
Los abogados querellantes culminaron su alegato diciendo: “entre el público están quienes hicieron posible la memoria y la verdad, ahora es la hora de ustedes señores jueces, (…) por los hijos, por las víctimas, para limpiar las instituciones que han enlodado; por la democracia, llegó la hora de un verdadero nunca más. Ha llegado la hora y les imploramos que se haga justicia”.
El alegato de la querella fue seguido por Mauro Ompré, representante de Silvia Lajas, hermana del militante asesinado de esta causa, Carlos Lajas. Ompré encaró su exposición procurando hacer una síntesis, ya que quienes le procedieron nombraron puntos que él tenía pensado presentar. El abogado formuló los mismos pedidos de condena y se extendió en describir la particularidad de este juicio por estar en juego delitos de lesa humanidad. Ompré, cerró su argumento con una expresión propia de los militares: "La frase era ´subordinación y coraje´. Hoy... ¿dónde está ese coraje?"
El turno de los fiscales
El viernes 11 de julio empezó el turno de los alegatos de los fiscales. En primer lugar expuso Maximiliano Hairabedián, quien se refirió al contexto general de los hechos e identificó responsabilidades. Luego le siguió Graciela López de Filoñuk, describiendo los perfiles de los imputados y resaltando el valor supremo de lxs sobrevivientes que atestiguaron para la causa, y posteriormente Fabián Asís, quien pidió perdón en nombre de la justicia por haberse demorado más de tres décadas.
Por su lado, Maximiliano Hairabedián enumeró y ejemplificó diversas estrategias argumentales puestas en práctica por la defensa para tratar de atacar a lxs testigxs. Sobre ello, dijo que fueron utilizadas tácticas como ad hominem, las cuales se caracterizan por ser un argumento ofensivo que descalifica a la persona que sostiene la tesis, no por lo que dice sino por su procedencia política. Otra táctica que puso en tela de juicio es la de desviar el tema, del tipo: “esto podría haber pasado, pero esto también pasó”. Sobre esto, el fiscal especificó que, cuando no se tenía capacidad de discutir con argumentos legítimos, se comenzaba a hablar de otra cosa para desviar la atención, es decir, rebatir lo que dice el testigo trayendo a cuestión otros hechos.
“Tengo pruebas contundentes de que los testigos han dicho la verdad” afirmó Hairabedián, y puntualizó que no cabían dudas de que se había matado y torturado de manera clandestina. “Cuando alguien mata legalmente a otra persona no tiene por que esconder su cuerpo como lo hicieron estos señores. Por que si un ladrón entra a robar a mi casa y lo mato para defenderme, yo no tendría porqué esconder su cuerpo. Hay indicios de clandestinidad” argumentó.
Hairabedian también señaló que se adelantaba "a los ataques de la defensa" contra lxs sobrevivientes de La Perla, muchxs de los cuales fueron obligados a realizar diversas tareas durante su detención (administrativas, de limpieza, etc.). “No podemos hablar de colaboradores, sino de víctimas que actuaron involuntariamente” aclaró.
Maximiliano Hairabedian recalcó que como "en todas las matanzas, hay tres tipos de responsabilidades: los principales, los mandos intermedios, que transmiten las órdenes para que se cumplan, y los ejecutores, quienes se manchaban con sangre. En este caso los tenemos perfectamente delimitados. Menéndez como máxima autoridad del Tercer Cuerpo de Ejército. Al Batallón 141 como mando intermedio. Y al grupo operativo (OP3) que ejecutaba", sobre el grupo de operaciones agregó que ya estaba probado que Acosta era el jefe de ese grupo.
El fiscal general también se refirió a las "posiciones exculpatorias" que asumió Menéndez, al inicio del juicio, cuando leyó la carta en la que reivindicaba la represión. "En el Código de Justicia Militar no hay ni una sola disposición que permita hacer lo que acá se hacía...ni torturar ni fingir enfrentamientos armados u ocultar los cuerpos", aseveró el fiscal refiriéndose al testimonio elevado por Menéndez, quien dijo que actuó teniendo en cuenta la normativa militar.
Por su parte, Graciela López de Filoñuk se encargó de argumentar que los miembros del OP3 (Grupo de Operaciones Especiales) actuaban en conjunto y que todos hacían todo. “Era un equipo feroz que actuaba en conjunto, al mando de Acosta” dijo la fiscal a lo que agregó que eran ellos los autores materiales de los secuestros, torturas y fallecimiento de lxs cuatro militantes del PRT.
Un puente de plata. Filoñuk se antecedió a los posibles alegatos de la defensa y dijo: “había que enlodar a los 17 sobrevivientes, decir que ellos colaboraron mucho más de lo que se les había pedido, que habrían formado parte del grupo de inteligencia”. Sobre este tema, retomó las palabras atestiguadas por Piero Di Monte: “nosotros somos producto del error de ellos”. Coincido con el testigo, alegó la fiscal a lo que agregó: “ellos son la prueba testimonial, yo considero que son un puente de plata que se tiende para que la justicia pueda llegar a la verdad de lo acontecido”.
Uno por uno. La fiscal se tomó el atrevimiento de caracterizar a algunos de los represores. Manzanelli era un cruel torturador, era el encargado de los militantes del PRT. Vega era “el gran ladrón”, “lamento no haberlo calificado por robos, pinta el perfil y todo…” sentenció Filoñuk y añadió: “se robaba todo de la casa de los secuestrados, alimentos de las heladeras, objetos, las sábanas con que vendaban a los detenidos”. Díaz, alias HB (por “hincha bolas”), era especializado en torturas, distinguido por sádico, cuando torturaba se descontrolaba totalmente. Padován era especializado en interrogatorios, aunque no se perdía secuestros, ni torturas, ni traslados. Lardone fue el único imputado presente en la sala cuando la fiscal los describía. Filoñuk lo miraba a los ojos mientras lo detallaba: “le gustaban los niños, se divertía con los chiquitos mientras les hacía submarino”, Lardone se ríe y asiente negativamente con la cabeza inundado de vergüenza y con un gesto torpeza.
Antes de dar por finalizada la jornada, el fiscal Fabián Asís argumentó su postura. Dijo que con los juicios a los delitos de lesa humanidad "se terminó el engaño" en nuestro país. "¿Con qué derecho podemos juzgar en Córdoba delitos de menor cuantía si no somos capaces de juzgar y sancionar este verdadero genocidio perpetrado en la Argentina por la última dictadura militar?", se preguntó Asís.
Previamente al pedido de las penas, Fabián Asís dijo que durante las audiencias había notado en los familiares de desaparecidos y en los sobrevivientes "el cansancio, la fatiga y la desazón de tantos años de lucha...31 años para saber la verdad y encontrar por fin la Justicia". "Porque no pudimos, porque no supimos o no quisimos dar la respuesta en aquellas oportunidades cuando presentaban los recursos de hábeas corpus. Les pido perdón en nombre de la institución que represento", reconoció.
Quien formuló el pedido de penas fue el fiscal Maximiliano Hairabedian. En nombre de la Justicia por haberse tardado más de treinta años en llegar, los fiscales pidieron prisión perpetua para Luciano Benjamín Menéndez, Luís Manzanelli, Carlos Díaz, Oreste Padován y Ricardo Lardone. Mientras que para los tres, restantes solicitaron penas de entre 18 y 22 años.
Cárcel común a la espera de los represores. El ministro de Justicia de Córdoba, Luís Angulo, presente en Tribunales a la hora de los alegatos, apoyó el pedido de los querellantes y de las organizaciones de derechos humanos que solicitan que los represores cumplan las condenas en cárceles comunes. El funcionario provincial, de quien depende el Servicio Penitenciario de Córdoba, afirmó que las cárceles de la provincia están en condiciones de recibir a los condenados.
Lo que viene. El miércoles 16 de este mes continúan los alegatos, será el turno de los abogados defensores. Se prevé que entre el 21 y 26 de julio el Tribunal Oral Federal Nº 1, integrado por Jaime Díaz Gavier, Carlos Otero Álvarez y José Muscará, darán el veredicto final para estos ocho asesinos. Desde los pasillos de Tribunales ya se escucha que la cárcel ya está lista y presta para recibirlos. Los represores disfrutan sus últimos días de impunidad.
argentina
Por coki -
Monday, Jul. 21, 2008 at 12:52 PM
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