Río Tercero: la causa penal
Por colectivo indymedia córdoba - Sunday, Nov. 09, 2008 at 7:14 PM

La versión oficial de que la explosión de la Fabrica Militar de Río Tercero el 03 de noviembre de 1995, fue accidental no convenció a todxs por lo cual Ana Gritti, viuda de Holder Dalmaso, quien falleció de una crisis cardiaca en las explosiones, se constituyo en querellante e inicio una causa penal. Por otro lado algun@s de l@s victimas de las explosiones iniciaron numerosas causas civiles al Estado.

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En la causa penal están imputados Carlos Franke, ex Director General de la Producción de la Dirección General de Fabricaciones Militares; el coronel Edberto González de la Vega, ex Director de Coordinación de la Dirección General de Fabricaciones Militares, Jorge Cornejo Torino, ex Director de la Fábrica Militar de Río Tercero; Oscar Quiroga, ex subdirector de la planta, y Marcelo Gatto, ex jefe del área Mecánica.
Al frente de la causa penal, estuvo aproximadamente diez años el juez federal Luis Martínez y el . Durante este tiempo el juez mantuvo circunscripta la causa a la hipótesis del accidente e inactiva. Las conjeturas sobre que origino el incendio de los tanques de TNT que manejo el magistrado fueron por acción de un cigarrillo, por una chispa producida por un montacargas o por el efecto lupa del sol. Para realizar la investigación se convoco a un perito de Gendarmería. La pericia termino en un escándalo ya que se descubrió que la muestra de análisis fue adulterada con aluminio, sustancia que aumentaba la capacidad de combustión del explosivo. El fiscal Massuet inicio una causa paralela para investigar lo sucedido, que finalmente fue archivada sin saberse nada de ella.
En 1999, fue convocado otro perito, Marcos Sales, quien determino que la explosión fue producida por la chispa de un montacargas. Tiempo después, Sales sería denunciado como colaborador en la época de la dictadura. Marcos Sales era el encargado de asesorar a la policía de Santa Fe en la utilización de bombas para realizar allanamientos.
Nuevamente fue convocado otro perito, esta vez el norteamericano Denny Kline, experto en explosivos y docente en el FBI. Kline, determino, igual que Sales, que la causa de la explosión fue la chispa producida por un montacargas. Para ese entonces había pasado 4 años, y la hipótesis que vinculaba las explosiones con la venta ilegal de armas permanecía en la oscuridad.
Fue luego de la explosión de la fábrica militar que empezó a crecer la sospecha de la relación entre las explosiones y la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995. A principios de ese año aparece la primera denuncia sobre este contrabando de armas. El fiscal federal Carlos Stornelli y el juez federal Jorge Urso, quienes llevan adelante la causa, estaban por investigar si existía un faltante de armas en el Ejército. Entre 1991 y 1995 Argentina le vendió ilegalmente a Croacia, Bosnia y Ecuador 6.500 toneladas de armas, por un valor de US$ 33.868.764. La operación de venta se realizo desde la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), que fue intervenida por el gobierno menemista y cuyo titular era Luis Sarlenga.

Finalmente, luego del resultado de la pericia el juez federal Luis Martínez, elevó la causa a juicio oral y público, basándose en la hipótesis del accidente. Sin embargo para el Tribunal Oral Nº 2 de la Cámara Federal de Córdoba, no existía certeza de cómo se origino la explosión, por la cual solicito que se continuara con la investigación.
En el 2003 los ingenieros Sicilia, Yorio, Zanoni y Rodríguez, docentes de la Universidad Nacional de Córdoba, contratados como peritos oficiales, concluyeron que las explosiones fueron programadas y coordinadas por expertos en explosivos. A partir de aqui la teoría del accidente fue descartada.
Por otra parte, la querella recuso al juez Martínez y el fiscal Massuet quedó envuelto en una denuncia por vinculación con uno de los imputados. .Ambos se alejaron de la causa, y en reemplazo de Martínez, fue designado el conjuez Diego Estévez y se sumó el fiscal adjunto, Carlos Stornelli.
El conjuez Estévez tomo la hipótesis del atentado pero encamino la investigación hacía un sabotaje producido por los trabajadores de la fábrica, quienes mantenían un conflicto laboral con la fábrica en ese momento.
Estévez no llamó a indagatoria a los oficiales militares imputados, investigó el patrimonio de los trabajadores, allanó la delegación de ATE, acusó de falso testimonio a los testigos principales, citó a declarar a uno de los abogados de la querellante Ana Gritti, y desestimó el testimonio del ex jefe de planta de carga de la fábrica militar quien era uno de los testigos principales en la causa de la venta ilegal de armas. A finales del 2006, dictaminó un fallo a través del cual sobreseía a los militares imputados y cuestionaba la veracidad de la pericia que determinada el origen premeditado de la explosión. El fallo significo un escándalo, y fue mayor aún cuando se determino que el conjuez Diego Estévez utilizo como fuente para objetar la pericia de la explosión una monografía estudiantil de una pagina de internet llamada el rincón del vago. Ante esta denuncia la Cámara Federal de Córdoba aparto a Estévez de la causa por “desconocimiento del derecho” y anulo el sobreseimiento a los imputados. En reemplazo de Estévez, actuó en los primeros meses del 2007, la jueza subrogante Clara Curtino y finalmente fue designado el juez federal subrogante Oscar Valentinuzzi. El nuevo juez, avanzo sobre la conexión con la vente ilegal de armas.

En septiembre el ex Director de la Fábrica Militar Río Tercero, Miguel Coquet, quedó imputado tras presentase a declarar en la causa, con el cargo de ser “presunto coautor de estrago doloso”. El 27 de octubre, Valentinuzzi ordenó el procesamiento de Carlos Alberto Franke, Edberto González de la Vega, Jorge Antonio Cornejo Torino, Oscar Nicolás Quiroga y Marcelo Diego Gatto, como “presuntos autores de estrago doloso agravado en grado de coautoría”, y dispuso embargo sobre sus bienes personales por la suma de 200.000 pesos. Los militares fueron citados a indagatoria la semana pasada en los juzgados de Río Cuarto. Además resolvió citar a prestar declaración indagatoria, al ex presidente Carlos Menem y al ex jefe del Ejército y actual embajador en Colombia, Martín Balza, al ex segundo de Balza en el Ejército, general Raúl Gómez Sabían, al general retirado Máximo Rosendo Groba, al ex jefe de Logística del Ejército, general Antolín Mosquera; el ex director de Arsenales de la fuerza, coronel Jorge Ezcurra y el ex secretario de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa durante el gobierno de Menem, Oscar Baeza. Y se espera que en noviembre sean fijadas las fechas de las indagatorias.
La etapa de investigación de la causa, tiene una duración de 12 años, que llegó a su fin el 03 de noviembre de 2007. Las acciones emprendidas por el juez Valentinuzzi, llegaron justo a tiempo, ya que el procesamiento a los militares determinara la posibilidad de llevar a juicio a los mismos; y la imputación al ex presidente Carlos Menem y los oficiales de primera línea del ejercito y del ministerio de defensa los vincula como autores participantes de las explosiones.
Días atrás el juez subrogante Oscar Valentinuzzi dicto en firme el procesamiento del ex presidente Carlos Menem más un embargo por 200 mil pesos.También al ex director de asuntos militares del ministerio de defensa durante 1995, Jorge Baeza González. Por otra parte dicto la falta de merito para el jefe del ejército Martín Balza y los militares retirados Raúl Julio Gómez Sabaini, Antolín Mosquera, Jorge Ezcurra y Máximo Groba.
En tanto el juez federal de Bell Ville Oscar Valentinuzzi, subrogante en la causa de las explosiones en la fabrica militar de Río Tercero, fue remplazado por el magistrado Carlos Ochoanuevo juez designado de Río Cuarto, quien tomó en sus manos lacausa penal y las causa civiles. La indagatoria al ex presidente Carlos Menen esta a la espera de su imputación en la causa por el contrabano de armas y es por ello que el proceso de la causa explosiones podría iniciarse recien a finales del 2009.

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