| versión para imprimir - envía este articulo por e-mail |
Bolivia: La Matanza de Pando y el informe de UNASUR
Por Pedro Portugal Mollinedo -
Friday, Dec. 05, 2008 at 7:35 AM
Pedro Portugal Mollinedo
http://www.periodicopukara.com
A través de Rodolfo Mattarollo la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, presentó el 3 de diciembre su informe sobre los enfrentamientos sucedidos en Pando, Bolivia, este 11 de septiembre.
Este informe es neto y categórico: Para UNASUR no se trata de un enfrentamiento, sino de "ejecuciones sumarias o extralegales" realizadas por personeros de la prefectura del departamento de Pando.
El informe detalla datos "que generan la convicción de que existieron torturas y tratos crueles efectuados de manera masiva y sistemática por los sectores cívicos y prefecturales en contra de los campesinos". El documento insiste en datos como que un cadáver 'tenían la lengua y las orejas cortadas, les sacaron dientes y a uno le habían vaciado un ojo" y que "mataron a una campesina con un bebé de meses en sus brazos. Les dispararon a los dos y quedaron allí tirados".
Como corolario, este informe señala que el trasfondo profundo de esta masacre fue el racismo: "Se desencadenó una clara persecución a un grupo con colectividad, con identidad propia, fundada en motivos raciales, nacionales, étnicos, culturales y sociales".
Aparentemente, este informe debería satisfacer a quienes están identificados con las luchas y derechos de los pueblos originarios. Desde ya, individuos y agrupaciones llenan los medios informales de comunicación con denuncias que repercuten esta "nueva masacre" de que son víctimas los indígenas en Bolivia. El mismo presidente de Bolivia, Evo Morales, indicó a la prensa que "…No es ningún enfrentamiento, sino es una masacre (...) Una investigación científica sobre la masacre. Y lo que dijimos se verifica con esta investigación…"
Sin embargo, este informe, sus antecedentes y sus consecuencias, no coadyuvan en nada a los intereses históricos y políticos de los pueblos indígenas y son más bien parte de la tramoya colonial que sigue vigente en Bolivia y en los países de este continente.
No voy a soslayar la realidad atroz de muertos y mutilados indígenas y campesinos en Pando. No voy a apuntalar la tesis según la cual no habría racismo en Bolivia, cuando este se manifiesta en nuestras tierras en expresiones cada vez más cruentas. Lo que voy a contradecir es la interpretación que se da a estos hechos.
Tampoco me detendré en las inconsecuencias y quiebres del informe del señor Rodolfo Mattarollo, aún cuando es interesante observar que, según sus propias declaraciones, ese documento tiene alto grado de subjetividad al ser fundamentalmente reflejo de las "convicciones intelectuales y morales" de sus autores.
El informe de UNASUR sobre los enfrentamientos en Pando hace parte de un contexto de subordinación del indígena y refuerza la imagen colonialista que se tiene del indio. Al afirmar que los sucesos de Pando no es enfrentamiento y sí una masacre, se valora la imagen romántica del indígena pacífico, ante un enemigo atroz que una vez más lo masacra arteramente. Así, el indio no combate, pues combatir significa pensar y actuar, tener una idea política y una estrategia militar; el indio sólo cae en emboscadas, cual silvestre animalito en vías de extinción. Y de la misma manera que para sensibilizar a los habitantes del "primer mundo" sobre la necesidad de preservar a las focas, se muestran imágenes sangrantes y atroces de las crías de focas, degolladas y despellejadas por cazadores sedientos de ganancia fácil, se insiste ahora sobre las imágenes de orejas cortadas, ojos vaciados y bebés muertos en los brazos de sus madres.
¿Esta imagen sirve al indio y a su causa? Si el indígena asume los mitos coloniales para liberarse, solamente se encadenará más fuertemente a la postración social y política. El colonialismo ha creado el mito del "buen salvaje". El indígena no es ni "buen" ni "mal" salvaje, es un ser social con derechos conculcados y con un futuro de liberación, que solamente puede ser obra de él mismo.
El mito del "buen salvaje" sirve únicamente para negar al indígena una calidad humana. Al otorgarle dimensiones meta sociales y cosmogónicas, se lo aleja de la función banal y corriente que es la de dirigir él mismo su vida social, económica y política. Es decir, se asegura el gobierno de otros sobre el indígena.
El informe de UNASUR hace parte de esa mitología y tiende a consolidar cierta imagen del indio para confortar el poder de quienes se dicen ser sus representantes o defensores.
Lo que sucedió en Pando fue un enfrentamiento y eso deben valorarlo correctamente los pueblos indígenas y sus organizaciones. Fue un enfrentamiento como hubo bastantes en nuestras historias. Si este enfrentamiento se produjo y terminó desastrosamente para los indígenas, es porque fue arteramente conducido a la masacre por el actual gobierno de Bolivia.
En Santa Cruz primero, luego en Cochabamba y en Sucre y recientemente en Pando, el gobierno del MAS, incapaz de poder afrontar a sus detractores, se esconde bajo su apariencia indígena llamando a los pueblos originarios y a las organizaciones sociales que hagan ellos el trabajo de deshacerse de sus opositores. En San Julián, en Montero, en los mercados de Santa Cruz, en la ciudad de Cochabamba, en Sucre y recientemente en Porvenir, el actual poder empuja al enfrentamiento a los indígenas y luego los abandona al escarnio y a la masacre.
Esta simbiosis perversa del gobierno del MAS y de sus aliados internacionales, entre un discurso ilusorio, cosmovisionista y folklorista y una práctica inclemente, manipuladora y maquiavélica sobre el indígena, empieza por tener los resultados que conocemos y puede culminar – si no se modifican las actuales circunstancias - en un fundamentalismo indígena que arrasará en primer lugar a quienes hasta ahora lo maniobran.
Informe del Defensor: Masacre de Pando se consumó contra campesinos indefensos
Por ABI -
Saturday, Dec. 20, 2008 at 4:58 PM
El informe que presentó este sábado el Defensor del Pueblo confirmó que la masacre de Pando, Bolivia, fue ejecutada contra indefensos campesinos, con el agravante de una persecución casa por casa y la cacería de personas que intentaban cruzar el río Tahuamanu para salvar sus vidas
El Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, dio una amplia explicación sobre los luctuosos sucesos acaecidos en las regiones de Tres Barracas y Porvenir, el 11 de septiembre, y en el aeropuerto de Cobija, un día después, jornadas marcadas por la extrema violencia.
El informe defensorial confirma que 19 personas fallecieron y 53 quedaron heridas y que en los hechos sangrientos participaron directamente funcionarios de la Prefectura de Pando con la utilización de recursos materiales del Estado.
Se confirma que los autores de la matanza usaron armas de fuego de manera desproporcionada "frente al estado de indefensión en que se encontraban los campesinos, con la agravante de la persecución casa por casa, la cacería de personas en su cruce por el Río Tahuamanu y aquellas que escapaban por el monte".
El informe indica que los acontecimientos fueron iniciados el 10 de septiembre con la apertura de zanjas a la altura de Cachuelita y Tres Barracas con maquinaria del Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM) y el uso de vehículos para el traslado de personal de la Prefectura, cívicos y otros con la finalidad de obstaculizar el paso de los campesinos hacia el lugar convocado para llevar a cabo su ampliado.
Califica estas acciones como una vulneración flagrante de los derechos humanos y fundamentales a la vida, integridad física y libertad de locomoción, a su vez ilícitos penados por la normativa vigente; muerte masiva que constituyen delitos de lesa humanidad, como es la masacre en cuanto a sus autores se refiere, los que deben ser individualizados para la sanción pertinente.
También critica que ante la magnitud del conflicto y de los hechos suscitados el 11 de septiembre en Porvenir, la Policía Nacional realizó acciones insuficientes sin extremar esfuerzos, omitiendo el cumplimiento de sus atribuciones y competencias, consagradas en la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica.
Asimismo en el caso de algunos campesinos que buscaron protección y seguridad en sus instalaciones, se negó a brindarla, lo cual provocó que éstos continúen con la fuga, siendo en muchos casos victimados.
De lo señalado se evidencia la vulneración del derecho a la vida y la integridad física por omisión e incumplimiento de deberes formales de los funcionarios policiales, para con los ciudadanos.
En las primeras horas del 11 de septiembre, los campesinos retienen a aproximadamente seis personas del grupo cívico - prefectural en el trayecto de Tres Barracas - Porvenir, quienes fueron liberados en ésta ante la mediación de la Policía Nacional.
A su vez, 15 campesinos y dos campesinas son retenidos en Porvenir y luego trasladados a dependencias del Comité Cívico en Cobija, por funcionarios de la Prefectura de Pando y otros, con la finalidad de incriminarlos en el fallecimiento de personas, para lo cual procedieron a inferir una serie de amenazas de muerte, golpearlos, provocarles dolores, sufrimientos y en última instancia presentarlos a la prensa.
Esas acciones configuraron la vulneración del derecho a la integridad física, a la dignidad, al extremo que aprovechando las circunstancias de indefensión en que se encontraban las víctimas, fueron objeto de vejámenes y tortura debido a la presión psicológica de la que fueron objeto por parte de sus agresores.
Posteriormente, los campesinos son conducidos a la FELCC, donde continúa el hostigamiento de parte de los grupos cívico - prefecturales, omitiendo en estas circunstancias tanto el Ministerio Público como el Juez Cautelar su deber de garantizar la seguridad jurídica y la vigencia de los derechos constitucionales de los detenidos, al extremo que, en lugar de disponer su libertar inmediata, son arbitrariamente recluidos en la cárcel de Villa Busch, para aplacar la ira de los agresores.
El informe pormenoriza que en ese contexto violento de la jornada, los heridos que fueron trasladados a distintos centros hospitalarios tuvieron atención médica y de emergencia limitada, debido a las presiones y hostigamiento ejercido por los grupos de la Prefectura, cívicos y algunos pobladores, impidiendo su ingreso y en otros casos obligándolos a escapar del lugar, por tanto la asistencia médica se restringió a lo estrictamente básico.
En consecuencia, esta situación evidencia la vulneración del derecho a la salud de los heridos, con el agravante de la discriminación hacia el grupo campesino, y consecuentes complicaciones y secuelas, que disminuyeron su capacidad física y de bienestar general, cuya atención aún se encuentra pendiente en algunos casos.
Las niñas y los niños que acompañaban a sus padres al ampliado campesino estuvieron expuestos a la violencia y los consecuentes riesgos al ser testigos presenciales tanto de la pérdida de vidas humanas como de las agresiones físicas de que fueron objeto en algunos casos sus mismos progenitores, o bien huyendo para preservar sus vidas junto a sus pequeños hermanos, madres o padres, sintiendo la amenaza y la persecución, a riesgo de ser victimados por disparos de armas de fuego.
Las circunstancias en las que se encontraban las niñas y niños, en medio del peligro, sin alimentación ni abrigo, con miedo y desamparo, han dado lugar a profundos sentimientos de frustración, inseguridad, ansiedad con consecuencias irreversibles para su salud psicosocial.
Durante los hechos de Pando se vulneraron sus derechos humanos de niñas, niños y adolescentes a la vida, integridad física, psíquica y moral, a la alimentación, protección, dado que no fue considerado el interés superior del niño y omitido por los funcionarios policiales y agentes del Estado.
Por otra parte, durante los operativos militares para la detención de los confinados también existió vulneración a los derechos a la integridad física, psíquica y moral de los hijos de éstos.
El Defensor del Pueblo indica en su informe que como efecto de la dictación del estado de sitio en Pando, se procedió a la detención del entonces prefecto Leopoldo Fernández, por incumplimiento de la medida adoptada.
Una vez trasladado a la ciudad de La Paz, para cumplir con el confinamiento, Fernández fue imputado dentro un proceso judicial que, dada la cronología de las actuaciones procesales, persiste en un estado de indeterminación por parte de las autoridades del Ministerio Público y judiciales, hecho que vulnera el derecho a la seguridad jurídica del imputado.
Asimismo, esta dilación en el tratamiento del caso está dando lugar a la vulneración de del derecho de acceso a la justicia oportuna de parte de las víctimas y sus familiares, que legítimamente siguen reclamando por la sanción a los culpables.
En el marco del Decreto Supremo Nro. 29705 del estado de sitio, el Comando Conjunto acantonado en el departamento de Pando, procedió a la detención de varias personas.
En el primer operativo efectuado se produjo allanamiento de los domicilios en horas de la madrugada, sin exhibición de orden de detención alguna, uso desproporcional y excesivo de la fuerza, amedrentamiento a sus familiares (esposas e hijos), agresiones físicas, trato degradante infligidos por los miembros de las Fuerzas Armadas el momento de su detención y traslado a la ciudad de La Paz.
Asimismo, los confinados no fueron puestos a disposición de Juez competente dentro las 48 horas como señala la Constitución Política del Estado y por el lapso de un mes aproximadamente fue restringida la comunicación en general con sus familiares.
Consecuentemente las autoridades del Poder Ejecutivo que determinaron el confinamiento de estos ciudadanos, así como los efectivos militares que intervinieron en la detención y traslado a la ciudad de La Paz, vulneraron los derechos a la integridad, debido proceso y comunicación.
El informe destaca, no obstante, que durante la permanencia de los confinados en el recinto militar se respetaron sus derechos humanos por parte de los efectivos militares a cargo de la seguridad de éstos.
Emergente de esta situación de conflicto violento en el departamento de Pando, como una reacción natural a la situación de inseguridad sobreviniente, se produce el desplazamiento tanto interno como externo, de grupos de personas junto a sus familiares, en el caso de allegados al movimiento cívico hacia Brasilea, República Federativa del Brasil, y, en el de los campesinos (algunos de ellos heridos), que aducen ser amedrentados por los otros, a la ciudad de La Paz.
Estos desplazamientos han desintegrado el núcleo familiar de unos y otros, vulnerando su derecho a permanecer en su hábitat, lo que afecta su desarrollo integral y pacífica convivencia en comunidad.
En atención a los antecedentes expuestos, el Defensor del Pueblo, en uso de las facultades contenidas en la Ley Nro. 1818, formula las siguientes recomendaciones:
Al Presidente y ministros de la Excma. Corte Suprema de Justicia, Fiscal General de la República, y la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, adopten las medidas correspondientes en el marco de sus competencias para materializar el derecho de acceso a la justicia, en el marco del debido proceso.
Esto para el establecimiento de responsabilidades individuales por los hechos del 11 de septiembre de 2008 acaecidos en el departamento de Pando, bajo los principios de celeridad y economía procesal, sin que los autores materiales e intelectuales de estos ilícitos queden en la impunidad.
Al Ministro de Gobierno y al Comandante General de la Policía Nacional, adoptar las medidas conducentes al establecimiento de responsabilidades individuales por la omisión e incumplimiento de deberes formales de los funcionarios policiales, del Comando Departamental de Policía de Pando.
Al Ministerio Público, realizar la investigación pertinente tendiente a identificar a los responsables de las acciones arbitrarias de los efectivos militares del Comando Conjunto durante los operativos de detención de quienes fueron confinados en aras de la sanción correspondiente, debiendo el Ministerio de Defensa proporcionar la información necesaria.
A los ministros de la Presidencia, Justicia, Salud y Deportes adopten las medidas necesarias para la identificación, registro y efectivización oportuna del Decreto Supremo Nro. 29719, que dispone la otorgación de asistencia social humanitaria a las víctimas de los hechos del 11 de septiembre de 2008, como parte de la responsabilidad objetiva del Estado boliviano, así como la atención en salud de los heridos hasta su completo restablecimiento, incluyendo la asistencia especializada y dotación de medicamentos, en ambos casos bajo el principio de gratuidad.
La quinta recomendación está dirigida al Viceministerio de Asuntos de Género y Generacionales y señala que en coordinación con el Prefecto y alcaldes municipales de los municipios involucrados de Pando, conformen equipos multidisciplinarios.
Estos deberán iniciar un proceso de tratamiento psico-social en las comunidades del departamento donde existan niños, niñas y adolescentes que fueron testigos presenciales de la violencia y sus secuelas en los hechos del 11 de septiembre y adoptar medidas socio protectivas para niños, niñas y adolescentes que quedaron en orfandad y en situación de abandono.
Al Prefecto, alcaldes municipales y Comandante Departamental de la Policía de Pando el deber legal que tienen de observar el interés superior del niño dispuesto por la Convención Sobre los Derechos del Niño y el Código del Niño, Niña y Adolescente, respecto a la atención y protección prioritaria que éstos deben recibir en situaciones de conflicto.
La última séptima recomendación insta a las autoridades nacionales, departamentales, locales y organizaciones de la sociedad civil, y población en general promuevan iniciativas en aras de la reconciliación social que garantice una pacífica convivencia en el marco del respeto a los derechos humanos.
Bolivia: Informe final sobre masacre de Pando fue entregada a Evo Morales
Por Adital -
Saturday, Dec. 20, 2008 at 5:00 PM
Adital - Crimen de lesa humanidad. Así fue calificada la masacre de campesinos ocurrida en el departamento de Pando, Bolivia, el 11 de septiembre de este año. La conclusión fue de la Comisión Especial de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), designada para investigar los acontecimientos en aquel departamento, que dejaron por lo menos 20 campesinos muertos y decenas de heridos, cuando se desencadenó la crisis política en el país entre gobierno y oposición.
El informe final de la Comisión fue entregado al presidente Evo Morales, este miércoles (3), en un evento realizado en el Palacio Quemado, con la participación de los familiares de las víctimas de la masacre de Porvenir. En la ocasión, fue exhibido un video que resume las acciones violentas realizadas por milicias gubernamentales departamentales y cívicas contra campesinos que marchaban demandando cambios democráticos.
Según el informe, las investigaciones revelaron que las víctimas de las ejecuciones sumarias o extrajudiciales pertenecían a la población civil, objeto de un ataque generalizado o sistemático en el cual fueron cometidos múltiples asesinatos. De acuerdo con la Comisión, desde el punto de vista del derecho penal internacional, una violación de esta naturaleza es considerada crimen de lesa humanidad.
A partir de esto, el informe establece que estos crímenes deben ser juzgados en la justicia ordinaria y no en un proceso de responsabilidades. Quedó constatado que, incluso con la participación individual de algunas personas, hubo una acción premeditada por medio de una agresión organizada, que respondía a una cadena de mandantes con la participación de funcionarios y bienes del gobierno departamental.
El presidente de la Comisión, Rodolfo Mattarollo, afirmó que la masacre tiene trazos de una violación extremadamente grave y flagrante de derecho a la vida y a la integridad de la vida. Según Mattarollo, fue evidente la participación de autoridades locales como el ex-gobernador de Pando, Leopoldo Fernández, que se encuentra actualmente detenido a causa de los acontecimientos.
La comisión especial -integrada por forenses, peritos en balística y otros especialistas, y creada por la Declaración de La Moneda, el 15 de septiembre de 2008- visitó el lugar de los hechos, el poblado de Porvenir, entrevistando a víctimas y testigos de los acontecimientos. El informe de la comisión contiene, además de las conclusiones, algunas recomendaciones para el gobierno nacional boliviano de cómo tratar el caso.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com