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Cba/ Mario Liñan: Un largo camino a casa
Por Colectivo Indymedia Córdoba - Saturday, Apr. 18, 2009 at 3:59 PM

BREVE CRÓNICA DE LA AUDIENCIA Y EL CASO

En el barrio de Bella Vista ya se encuentra de vuelta el albañil Mario Liñán Vásquez, luego de 4 meses padecidos en la cárcel de Bouwer en Córdoba.

Desde el lunes 13 de abril se encuentra de nuevo junto a su esposa y sus tres hijxs que tanto soñaron ese momento. Encuentro anhelado desde su injusta detención en diciembre del año pasado. Bronca, impotencia, indignación, desesperanza vividos día a día en la humilde casa de la barriada cordobesa. Marío Liñan recuperó su libertad, pero aún queda pendiente la resolución definitiva del pedido de extradición y de su pedido de refugio político.

Pocos días atrás comenzaba la audiencia pública en la que se definiría el destino de Mario Liñán. Las expectativas empezaron siendo negativas según los rumores en los pasillos de Tribunales Federales y el desconocimiento de la sociedad de la injusta detención y posible extradición de Mario Liñán Vásquez. Para la gente que se acercó a apoyar al vecino de Bella Vista, el clima que se percibía ante el juez Sánchez Freytes dejaba temblorosa la esperanza.

Las injusticias que sufrió Mario Liñán comenzaron en Perú en el año 1992, a partir de su detención forzada en Perú, por una presunta vinculación con un atentado fallido de Sendero Luminoso. Para obligarlo a que afirme su vinculación con el grupo guerrillero fue torturado durante tres días, en los que intentaron inducirlo a firmar su culpabilidad. A los 14 días de detención culminó su privación de la libertad, gracias a un juicio en el que fue absuelto por falta de pruebas. Obtuvo una sentencia firme, lo que en términos jurídicos significa que no podía ser juzgado nuevamente por ese hecho, derecho amparado en el Pacto de San José de Costa Rica. Violando tal derecho, Mario Liñán fue nuevamente privado de su libertad y juzgado en su país de origen. Por segunda vez, el jurado estuvo compuesto por “jueces sin rostro”(1). En esta ocasión el acusado no presenció el juicio –siendo violado otro de sus derechos- y aun así fue nuevamente absuelto con sentencia firme.

Dos años después, creyendo haber dejado atrás esa pesadilla de detención y torturas, cuyo principal responsable es el estado peruano, emprende un viaje a Argentina con el fin de mejorar su situación económica. Se radica en el barrio Bella Vista de la ciudad de Córdoba y forma su familia junto a su pareja y tres niñxs nacidos en dicha ciudad. En diciembre de 2008, la tranquilidad y estabilidad logradas volvían a perderse en manos de una “justicia” cada vez más injusta.

Las audiencias

En el primer día de audiencia, el martes 7 del corriente, el juez interrogó a Mario Liñán y aclaró ante lxs presentes que el este juicio no tendría como objetivo esclarecer acerca de su participación o culpabilidad en el atentado del año 1992, sino para evaluar su extradición en forma según los requisitos del Estado Argentino. Dado que el acusado mencionó haber gestionado su pasaporte en el año 1998, haber emitido sufragio en el año 2000 y 2005 en primera y segunda vuelta, es que se pidió un cuarto intermedio para poder verificar ante el consulado del Perú en Córdoba los datos expuestos.

El segundo día, miércoles 8, y luego de ratificar los datos que dio Mario Liñán, el juez procedió a interrogarlo nuevamente y le preguntó sobre las torturas recibidas en sus detenciones en Perú. Después de ello, una de las argumentaciones más fuertes de la defensa para evitar la extradición fueron las torturas y que la actual situación carcelaria en Perú no garantiza que no vuelvan a ocurrir, corriendo serio y probado peligro su vida. Hecho que debería interrumpir el proceso de cualquier extradición. Los abogados defensores Carlos Orzacoa y Mario Amato puntualizaron al menos tres hechos fuertes para bregar por la no extradición de Liñan: los dos juicios con sentencia firme –con todos los derechos que eso implica-, las torturas recibidas durante su detención en Perú, el ser residente con hijxs en Córdoba teniendo trabajos y domicilio públicos y haberse presentado a votar; lo que hace pensar más en una persecución del estado peruano. Siguiendo esta argumentación, el gobierno argentino, que esgrime un discurso a favor de la defensa de los derechos humanos debería en este caso, con todas las irregularidades del caso, dar refugio político, no extraditar y darle su libertad inmediata a Mario Liñán Vazquez.

En el tercer y último día, las expectativas negativas se habían transformado. La fiscalía había pedido la suspensión del juicio aludiendo a cuestiones no regulares; solicitando prisión domiciliaria a la espera del dictamen del Poder Ejecutivo sobre el otorgamiento de refugio político. En la última jornada en el Juzgado Federal Nro. 2 vimos salir por las escalinatas de ingreso a Mario junto a Bety y Gloria, su hermana y esposa, quienes lo acompañaron y apoyaron en todo momento. También se encontraban en el lugar representantes de las organizaciones que apoyaron y difundieron la injusta detención y causa de Mario Liñan; que a pesar de los esfuerzos no pudo ser un tema instalado en la opinión pública.

En América Latina y en el mundo estamos empezando a sentir las garras de una nueva política que nos transforma de pequeños seres humanos a grandes bestias inauditas: las leyes antiterroristas. En Argentina vemos los primeros casos en que lxs jueces/zas esconden la balanza para declarar la culpabilidad a perseguidxs y luchadorxs sociales y politicxs bajo esta nueva legalidad, que lxs transforma en agentes de “extremo peligro para la sociedad”, “en una amenaza para la tranquilidad y estabilidad de los sistemas económicos y políticos”, construyéndolxs como monstruos violentos dignos de ser detenidos, juzgados, torturados y desaparecidos.

(1) La justicia de la República del Perú, basada en la ley antiterrorista de ese país emitida por Fujimori en 1992, luego de haber clausurado el Congreso, y en calidad de dictador; juzgaba a lxs acusadxs de terrorismo en una sala donde tanto jueces como fiscales se encontraban detrás de una mampara o vidrio polarizado para no ser vistos por lxs acusadxs. Estos eran los denominados “jueces sin rostros”. En enero del 2003 el Tribunal Constitucional del Perú emitió una sentencia por la cual reforma la Ley antiterrorista. Estas reformas derogan el decreto 25659, que establecía los juicios por terrorismo en fuero militar y los procesos con jueces encapuchados.

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