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Violencia y muerte contra los pueblos originarios en Chubut
Por Graciela Moreno - Tomás Eliaschev -
Friday, May. 15, 2009 at 6:27 PM
Un grupo policial copó un pueblo en busca de un prófugo y decretó un virtual Estado de Sitio por una semana. Además, el padre de un funcionario amenaza con echar a pobladores de Lago Puelo. El rol del abogado de Benetton.
Mapuches bajo fuego
Poderosos. Enfrentaron al poderoso italiano Luciano Benetton, luego a Marcelo Tinelli, pero la pelea continúa.
Por Graciela Moreno
Desde hace cientos de años, la comunidad indígena sufre atropellos desde todos los niveles. Incansables luchadores, parecen habitantes invisibles en un país que pocas veces respeta sus derechos. Desalojados, invadidos, avasallados y acallados, no logran casi hacerse oír en los grandes medios. En los últimos meses, la población mapuche de la provincia de Chubut vivió varios episodios donde sus derechos fueron vulnerados. Efectivos del Grupo Especial de Operaciones Policiales, más conocido como GEOP, invadieron el pequeño pueblo de Corcovado, a 100 kilómetros de Esquel, en busca de un prófugo y amedrentaron a sus pobladores durante una semana. El saldo: dos muertes, abusos de toda clase y un chico de 16 años hemipléjico.
Pero no es sólo un episodio aislado. La comunidad Cayun, que vive desde hace años en la zona de Lago Puelo, es acosada judicialmente por un abogado y empresario forestal, padre de Pablo Korn, ministro coordinador de gabinete del gobernador Mario Das Neves. Les pide que se retiren para explotar forestalmente la zona. Mientras que en Esquel, Ricardo Gerosa Lewis, el abogado del empresario italiano Luciano Benetton, habría desalojado en forma violenta a miembros de una cooperativa mapuche que tomaron una casa abandonada. Pero la comunidad indígena chubutense sabe resistir. Ya conoció el avance del clan Benetton desde la década del ’90 y hasta el desembarco de Marcelo Tinelli en el 2007, con sus ambiciosos planes para realizar un megacomplejo turístico, suspendido gracias al reclamo de los habitantes del lugar.
La trágica historia ocurrida en la pequeña comunidad rural de Corcovado, de no más de 2.000 habitantes, comenzó el 8 de marzo con la búsqueda de un prófugo. “‘Indios de mierda, ¿dónde está Cristian Bustos? ¡Los vamos a matar a todos!’, gritaban los hombres del GEOP, mientras apuntaban con sus armas largas en la cabeza de una niña de dos años”, recuerdan algunos testigos, que aún tienen mucho miedo de hablar. Sus relatos cuentan que mientras los obligaban a tirarse al suelo, policías encapuchados y fuertemente pertrechados no dejaban de amenazarlos de muerte y pegarles patadas. Una escena que rememora los años más duros de la dictadura y fue el comienzo de una cacería que aterró a los pobladores durante una semana.
Todo comenzó cuando Cristian Bustos, acusado de homicidio y prófugo de la Justicia, concurrió a las casa de su familia con la intención de entregarse. Mientras esperaba un defensor oficial, llegó la policía, se produjo un tiroteo en el que murieron uno de los hermanos del prófugo y un policía. A esto se suma un oficial herido y el hermano menor de Bustos, de 16 años, golpeado hasta quedar hemipléjico. Otro de los hermanos fue detenido con un disparo en la pierna y es acusado de haber matado al policía a balazos, aunque no le encontraron armas de fuego, pero sí un cuchillo en su mano. El prófugo volvió a escaparse. Desde ese momento un grupo de 30 miembros del GEOP se instaló en el pueblo durante siete días. Si bien allanaron casi 20 viviendas, apenas 12 familias hicieron la denuncia.
El defensor público Omar López tomó cartas en el asunto. “Durante una semana, el GEOP ingresó a varios domicilios con las caras encapuchadas, rompiendo puertas a patadas, apuntando con armas largas a los niños, golpeando a quien se pusiese enfrente, sin importar si eran chicos o ancianos. No mostraron jamás ni una orden de allanamiento”, relata a Veintitrés. No es fácil reconstruir lo ocurrido en este pequeño pueblo precordillerano donde sus habitantes están aterrorizados por temor a represalias.
“El miedo hace que muchos no quieran hablar. Fuimos al pueblo un mes después y sólo doce personas se animaron a declarar. Dicen que los policías del GEOP eran como una horda: llegaban con la camioneta y entraban a romper todo dentro de las casas. Por la radio local informaban que no se podía salir y que había toque de queda. Por las noches, los policías efectuaban disparos al aire”, agrega el defensor, que no duda en calificar los hechos como “terrorismo de Estado en un pueblito casi de frontera” y de subrayar que “la violencia fue inusitada”.
El jefe de la policía y comisario general de Chubut, Juan Luis Ale, a cargo del grupo especial, señaló que “no consta que haya habido hechos de violencia”, aunque en diálogo con esta revista admitió que “se utilizó la fuerza necesaria para detener a un prófugo y para irrumpir en los domicilios. Fueron allanamientos hechos con orden judicial”. Ante la consulta sobre los gravísimos hechos denunciados al defensor, dijo: “No quiero polemizar con López. Prefiero no hablar, por ser parte”. Pero confirmó que actuaron 30 hombres a su mando, entre miembros de la policía y del cuerpo de elite.
Marta Belén Pinchulef, madre de Cristian Bustos, integrante de la comunidad mapuche, está desconsolada. De sus diez hijos, uno murió, el otro sigue prófugo, uno quedó en silla de ruedas y el cuarto está detenido acusado de homicidio. “Soy india, bien paisana gracias a Dios. Soy hija de aborígenes y demasiado nos han castigado. Pero no voy a dejar que me hagan esto, voy a tratar de salir adelante, lo único que pido es justicia. Nosotros no somos delincuentes, toda la vida hemos trabajado”, dice entre lágrimas.
Y cuenta lo que les tocó vivir en esa semana del terror: “Los chicos vivieron un momento muy feo, ahora necesitan psicóloga, muchos se hacen pis en la cama por el miedo. Durante siete días, todas las noches los policías tiraban tiros al aire. Cuando entraron a mi casa, a mi marido le descargaron dos pistolas en la cabeza sin dispararle. A una sobrina mía de 7 años le apuntaron también. Los chicos ven a un policía y se ponen mal, lloran. A una chica de 13 años y a mi concuñada las desnudaron, las agarraron de los pelos y las manosearon. Me mataron un hijo que era sordo de un oído y estaba desarmado. El otro quedó en silla de ruedas por la paliza que le dieron. Al que detuvieron tenía un cuchillo y lo acusan sin pruebas de matar a un policía. Es inocente”, dice mientras sus lágrimas casi ni le permiten expresarse.
Pero el terror también cruzó la frontera de Corcovado. Otro hombre, Luciano González, desapareció en esos días a 15 kilómetros de Corcovado, cuando había ido a visitar a su hermana. Su hermano Arturo teme que los responsables sean los efectivos del GEOP que estaban en la zona.
Varios kilómetros al norte, la comunidad mapuche afincada ancestralmente en la zona de Lago Puelo sufre el acoso judicial de un abogado y empresario forestal, Enrique Alejandro Korn, cuyo hijo Pablo es ministro coordinador de gabinete de Das Neves.
“Este hombre quiere desalojar a la comunidad Cayun, que vive en la margen cordillerana del Río Azul, en su desemboque en el Lago Puelo –explica el periodista Daniel Otal, de la FM Alas de El Bolsón–. Antes quiso hacer lo mismo con las familias Larenas y Quilodrán, antiguos habitantes del Paraje El Pedregoso. Fue abogado de Maderas Noroeste del Chubut S.A. y por argucias administrativas y judiciales se hizo beneficiario de un contrato que era supuestamente intransferible para explotar forestalmente la zona.” Hasta ahora, la movilización de organizaciones y comunidades mapuches, además de vecinos de la zona, impidió que se concreten los desalojos.
Pero el ataque a los mapuches no termina. En plena ciudad de Esquel, Moira Millán, fundadora del Frente de Lucha Mapuche y coordinadora de una cooperativa de trabajo de mujeres bautizada como Malen Weichafe, que significa “doncellas guerreras”, espera ser notificada en una causa por “usurpación” que le entabló Ricardo Gerosa Lewis, un poderoso abogado de la zona, que tiene en su cartera de clientes al empresario Luciano Benetton, entre otros.
Todo comenzó el 2 de marzo, cuando algunas mujeres mapuches ingresaron a una vivienda abandonada con la intención de recuperar el lugar para la cooperativa y convocaron a una conferencia de prensa para explicar sus intenciones. “Ricardo Gerosa Lewis se acercó violentamente con insultos y amenazas y sin mostrar ningún título de propiedad envió a sus matones a amenazarnos y a prender fuego dentro de la casa, con total impunidad”, cuenta Millán.
El abogado de los Benetton intenta dar otra versión: “Jamás mandé a incendiar nada, esos son inventos para amparar una conducta injustificable. Pero además el Código Civil me autoriza a repeler”, asegura Ricardo Gerosa Lewis. Y cuenta que “fui apenas me dijeron que me habían usurpado una de mis propiedades. Las denuncié por usurpación y ellas me denunciaron por amenazas. Fíjense bien lo que van a publicar, ya sé por dónde viene la mano”, advirtió el letrado a Veintitrés.
La resistencia del pueblo mapuche no se detiene.
Tampoco la impunidad.
Informe: Tomás Eliaschev
revista Veintitres
www.elargentino.com/nota-39735-Mapuches-bajo-fuego.html
Protesta denuncia violenta represión en Chubut
Por LND -
Saturday, May. 16, 2009 at 8:24 AM
Un grupo de manifestantes se presentó este viernes en el Ministerio de Justicia en la Capital Federal para denunciar un violenta represión que sufrió la comunidad mapuche durante el mes de marzo en la ciudad de Corcovado, cerca de Esquel.
La ciudad de Corcovado en Chubut fue ocupada ilegalmente durante varios días en el mes de marzo por la policía con allanamientos violentos y todo tipo de violaciones a los Derechos Humanos, generando un Estado de Sitio. El intento de detención de Cristian Omar Bustos, un joven del pueblo mapuche, desató la terrible represión. Marta y Omar los padres de Cristian, están en Buenos Aires para contar lo que ha sucedido en el pueblo sureño junto a Moira Millán, representante de la comunidad mapuche de la zona, indicó la agencia ANRED.
Según indicó Omar Bustos padre del hombre asesinado dijo que "Todo se desencadenó a raíz que mi hijo mayor estaba prófugo de la justicia hacia dos años. El 8 de marzo él llega a mi casa con miras a entregarse a la justicia, pero él quería su abogado defensor. Lo llama al abogado, cuando llegó la policía a mi casa. Les explico que mi hijo se va a entregar, pero que va a esperar a su abogado para hacerlo. Tenía la casa entera rodeada de policías, mientras yo hablaba por el frente de mi casa con ellos diciéndoles que si el abogado tardaba mucho buscáramos al juez de paz, que haga de garante de la entrega de mi hijo. En eso, atrás de mi casa, en el patrio, la policía entra por sorpresa. Ante la situación mis hijos escapan de la casa, corren una cuadra, sin tirar y yo en el medio gritando que por favor no tiren. A la cuadra se desató el tiroteo, la balacera. Ahí cae mi hijo muerto, mis otros dos hijos baleados, un policía muerto y otro herido. De ahí se desató toda la represión de la policía de Corcovado".
Por su parte Morina Millán del Frente de Lucha Mapuche y Campesino de Chubut dijo que la represión ocurrida el 8 y 9 de marzo se inició cuando "Decenas de efectivos del Grupo Especial de Operaciones de la Policía (GEOP) del grupo antimotines de la provincia de Chubut llegan a la localidad Corcovado, toman en principio la radio FM del pueblo y desde ahí anuncian a toda la población que no podían salir sin documentos a la calle, que no podían transitar pasadas las 22 por la calle, luego de dar una serie de órdenes u ordenamiento a partir de su llegada, deciden cerrar la radio, con lo cual el único medio de comunicación para que la gente pueda transmitir lo que les estaba sucediendo quedó cerrado por la policía".
Y agregó "Luego se dispersan por el pueblo, realizan 20 allanamientos y entran con una violencia tremenda. Tiran abajo las puertas de las casas, y generan distintos tipos de hechos delictivos que van desde vejámenes de todo tipo, violaciones, torturas. Con tres ejemplos voy a ilustrar de qué manera es la dimensión de la violencia que se perpetró en Corcovado durante una semana que el pueblo fue sitiado por la policía: entraron a la casa de la hermana de Omar, ella es enfermera, tiene dos hijos uno de 12 y una nena de 8. La policía entra a su casa, tira abajo la puerta, la golpean a ella al igual que a su hijo, van hacia el baño donde la nenita se estaba duchando, la sacan de los pelos, desnuda, y la llevan a la cocina, donde abusan de la nena, delante de la madre y del hermanito, quienes no podían hacer nada porque tenían un arma apuntándoles a la cabeza".
"El caso que nos estremece, el de Luciano González, de 42 años, que se encontraba en la vía pública, con otra persona, Jaramillo, miembro de la comunidad mapuche de Cerro Centinela, una localidad a 15 km de Corcovado. Había este supuesto estado de sitio que ellos lo desoyeron y entonces la policía local los detiene por una contravención, los llevan a la subcomisaría de Cerro Centinela, les quitan los cuchillos (es habitual que los trabajadores rurales tengan cuchillo, porque es una herramienta de trabajo) los liberan y son interceptados inmediatamente por alrededor de 20 efectivos de la GEOP, los golpean bestialmente y lo suben a las unidades y los torturan. A uno de ellos lo dejan a 70 km de donde fue detenido, en la localidad de Trevelin. Pero al otro, Luciano González, después de haber sido detenido y torturado no se sabe su paradero, es decir está desaparecido. Desde el 11 de marzo a las 21 hs hasta la fecha no ha vuelto a su casa, ni a su trabajo, los familiares lo están buscando y la policía silencia cuando se les pregunta qué hicieron con Luciano".
FUENTE: ANRED
www.lndnoticias.com.ar/index.php/200905152044/Represion-/Protesta-denuncia-vi...
Brutalidad policial en Chubut
Por Página/12 -
Saturday, May. 16, 2009 at 10:00 AM
Ocurrió en marzo en la localidad de Corcovado. En un operativo para capturar a un hombre, la policía mató a su hermano. También murió un policía. Luego se desató una serie de “allanamientos ilegales, torturas, violaciones y una desaparición”.
“Torturas, violaciones y robos cometidos por policías en allanamientos violentos y sin órdenes. Detenciones sin razón y desapariciones. ¿Qué es eso sino terrorismo de Estado?”, se preguntó Moira Millán. Junto con un grupo de pobladores de la localidad chubutense de Corcovado, viajó hasta la ciudad de Buenos Aires para denunciar las “vejaciones a los derechos humanos” que la policía y el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de Chubut cometieron a principios de marzo por las calles del pueblo, bajo la excusa de la búsqueda de un joven prófugo que burló durante al menos dos años las garras de sus captores. Millán tuvo que encadenarse a las rejas del Ministerio de Justicia nacional para lograr que la recibieran. Tras la entrevista, el ministro Aníbal Fernández prometió “tomar cartas en el asunto inmediatamente” y enviar a funcionarios de la cartera al pueblo para iniciar la investigación correspondiente.
“Necesitamos que el país se entere. Lo que las familias de Corcovado sufrieron no puede volver a ocurrir”, apuntó Millán a Página/12, antes de relatar lo ocurrido entre el 8 y el 16 de marzo en ese pueblo de frontera chubutense. La policía buscaba a Daniel Bustos, un joven que se había escapado de prisión días después de haber sido condenado por la muerte de su hijo. Bustos había pautado su entrega en la casa paterna, en Corcovado, pero “los policías armados que empezaron a abrir las ventanas sin que haya todavía llegado el abogado lo asustaron y se fue corriendo. Sus hermanos lo siguieron”, relató Marta Penchulef, madre de todos los hermanos. La persecución culminó con uno de los hermanos de Bustos muerto, otro herido y uno más detenido. Del prófugo, sus padres nunca más tuvieron noticias. También murió un efectivo de la policía.
“Con la excusa de que buscaban a Daniel allanaron más de veinte viviendas del pueblo con una brutalidad impresionante, torturaron a sus habitantes, violaron a las mujeres”, explicó Millán. A partir del 9 de marzo, los efectivos policiales dieron un paso al costado y se ubicaron como “apoyo” de los efectivos del GEOP. “Tomaron la radio local y por allí declararon que la ciudad entraba en estado de sitio. Nadie podía permanecer en la calle pasadas las 22. Durante siete noches fue un terror total”, relató.
Y eso no es todo. El 11 de marzo, Luciano González, de 42 años, estaba charlando en la calle con un amigo en Cerro Centinela, un pueblo mapuche ubicado a 15 kilómetros de Corcovado que también estuvo bajo control del GEOP, cuando ambos fueron detenidos. “Los trasladaron hasta Trevellin, a 70 kilómetros de Corcovado, los separaron y los torturaron. De Luciano no se sabe más que lo que dijeron algunos testigos, que lo vieron en la comisaría”, remarcó Millán. Continúa desaparecido.
El hecho, que significó el punto cúlmine de la violencia policial, fue denunciado a la Justicia provincial, así como los allanamientos, torturas y violaciones. Sólo once de las más de veinte familias que fueron atacadas se animaron a dar testimonio. Esas denuncias recayeron sobre las fuerzas de seguridad: “No se puede identificar a las personas que participaron porque siempre iban con la cara cubierta, pero la gente no tiene dudas porque reconocieron sus uniformes. Fue el GEOP”, comentó la militante del Frente Mapuche Campesino. El gobierno municipal hizo oídos sordos a los reclamos. El gobierno provincial los negó rotundamente.
Por esa razón recurrieron al gobierno nacional. Hasta ayer, no bastaron los pedidos formales de entrevistas ni la conferencia de prensa que ofrecieron el jueves en la sede de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Cuando ayer a la mañana los funcionarios del Ministerio de Justicia se negaron a recibirlos, Millán, dirigente del Frente Campesino Mapuche, se encadenó al edificio ministerial. Recién entonces logró la audiencia. En su despacho, Fernández “prometió investigar hasta las últimas consecuencias” lo ocurrido. El miércoles 20 viajará a Chubut Leandro Jarsún, coordinador del Programa Antiimpunidad, dependiente del Ministerio de Justicia.
Como ejemplo de la brutalidad policial, Millán relató a este diario uno de los casos denunciados: “Un grupo de policías encapuchados entró en una vivienda donde estaban una mamá, su hijo de 12 años y su hija, de 8, que se estaba duchando. Tiraron la puerta abajo, golpearon a la mujer y a su hijo, los tiraron al suelo y les apuntaron con un arma. Sacaron a la nena de los pelos de la ducha, desnuda, y abusaron de ella delante de la madre”.
Informe: Ailín Bullentini.
www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-125007-2009-05-16.html
Denuncian la imposición de un discurso “autoritario y represivo” en Chubut
Por Puerta E -
Saturday, May. 16, 2009 at 11:39 AM
correopuertae@yahoo.com.ar
Por CTA Regional Noroeste de Chubut
Ante los recientes acontecimientos de público conocimiento y que involucran la participación de fuerzas policiales y de seguridad, como los de aquellos que merecen las voces mediáticas de las autoridades políticas de la Provincia, queremos y pretendemos, sobre todo, enfrentar y desnaturalizar el discurso oficial que apunta a que el autoritarismo, la pelea personal y la estigmatización de la juventud, tengan consenso y sean moneda corriente entre la sociedad.
Ya no es llamativo ni aislado el encadenamiento de estos hechos y su escalada, también en la línea discursiva de la campaña política electoral, en el plano de los intentos de intervención del gobierno en la justicia y de la pretendida instalación del debate, por ahora sólo mediático, de la modificación de la edad de imputabilidad a los jóvenes.
Desde la represión a trabajadores de la educación para desalojarlos de un espacio público (que se sepa, los votos no le permite a ninguna autoridad ser propietario de los edificios públicos), con la utilización de balas de goma y gases, hasta la militarización abierta y desembozada de la zona de Corcovado, con persecuciones, amenazas permanentes, intimidaciones, desaparición de personas en democracia; pasando por la presencia de elementos de “seguridad privada” en la zona de la Comarca Andina contratados por los “nuevos propietarios” de tierras y campos, vinculados con el gobierno provincial y nacional, las torturas de detenidos, la aplicación del rigor del golpe y la apretada a menores de edad por parte de la policía como en los casos de Marillán y de un pibe de 11 años en Esquel, no son hechos que se den por el azar ni por la “emoción violenta” de algún efectivo de seguridad díscolo, no.
Son parte de una escalada en la imposición de un discurso autoritario y represivo, que criminaliza sobre todo a la juventud, y peor aún, que a un joven no se le vaya a ocurrir ser pobre, y menos de piel sospechosamente oscura: está destinado a ser estigmatizado y excluido.
No se trata de la vulneración de derechos humanos aislados, en cuanto tan solo de la amenaza, la intimidación, la tortura o la desaparición de personas. Los derechos humanos se violan sistemáticamente, todos los días, cuando sigue habiendo mano de obra barata para empresas fantasmas con planes de trabajo miserables, cuando se desaloja violentamente una ocupación de tierras, negando el acceso a la vivienda, cuando esas tierras van a parar a propiedad de algún amigo del gobierno de la manito administrativa del Estado, cuando se desconoce permanentemente los derechos laborales de los trabajadores precarizados, solo por citar los más ejemplos más cotidianos.
No se le hace difícil al gobierno llevar adelante esta política, contando con el servilismo de algunos medios de prensa y el silencio cómplice de gran parte de la dirigencia sindical, sobre todo en un periodo pre electoral donde no conviene hacer olas.
La ausencia de política estatal en este sentido la intentan resolver sobre los efectos: criminalizando a la juventud, buscando el consenso de la sociedad para imponer la mano dura, y de paso, con el miedo en la mano, se amortigua todo intento de protesta social.
Esquel, 15 de mayo de 2009.-
CENTRAL DE LOS TRABAJADORES DE LA ARGENTINA - REGIONAL NOROESTE DEL CHUBUT
FRENTE VECINAL ESQUEL
Notas relacionadas:
* Estado de terror: los abusos de la policía de Chubut son noticia en los medios nacionales
http://puertae.blogspot.com/2009/05/estado-de-terror-los-abusos-de-la.html
* Violencia policial: proyectan hoy, a las 19, el documental “Alto Pibe”, de Martín Mujica
http://puertae.blogspot.com/2009/05/violencia-policial-proyectan-hoy-las-19.html
* “Absurdo injustificable ¿Hasta cuándo?”
http://puertae.blogspot.com/2009/05/absurdo-injustificable-hasta-cuando.html
* De terror: denuncian a dos policías por golpear a un menor en el Hospital Zonal de Esquel
http://puertae.blogspot.com/2009/05/de-terror-denuncian-dos-policias-de.html
* De terror II: policías de Esquel habrían agredido y amenazado a un nene de 11 años
http://puertae.blogspot.com/2009/05/de-terror-ii-policias-de-esquel-tambien.html
puertae.blogspot.com/2009/05/estado-de-terror-denuncian-la.html
Terrorismo de Estado en Corcovado: ¿Quién defiende la democracia en Argentina?
Por Agencia Walsh -
Monday, May. 18, 2009 at 5:38 PM
agenciawalsh@yahoo.com.ar
(AW) Una delegación de compañeros del Frente de Lucha Mapuche y Campesino de Chubut, estuvo esta semana en Buenos Aires. Se entrevistaron con Aníbal Fernández, entre otros funcionarios. Denunciaron y reclamaron medidas concretas contra los responsables de los atropellos cometidos por la policía y el grupo GEOP entre el 8 y el 16 de marzo pasado en Corcovado, provincia de Chubut, cuando tomaron el pueblo y declararon un virtual estado de sitio. Durante su estadía cometieron todo tipo de violaciones a los más elementales derechos humanos. El gobierno nacional prometió investigar y un funcionario del Ministerio de Justicia viajará el miércoles al pueblo.
Por Rodolfo Grinberg
Buenos Aires, 16 de mayo de 2009.- (Agencia Walsh).-Sucedió en Corcovado a 100 Km. de Esquel, provincia de Chubut. Durante una semana la policía, el grupo GEOP (Grupo Especial de Operaciones Policiales) fue dueño y señor del pueblo y de la vida de los pobladores. Durante una semana, se secuestró, se torturó, violó y asesinó impunemente. Durante una semana el miedo fue el dueño de la noche.
No es un relato del “Nunca Más”. No ocurrió durante el “Proceso”. Se trata de terrorismo de estado modelo 2009. Eso sí, como antes, los grandes medios y los dirigentes políticos, callan y otorgan.
Sólo la dignidad de los ninguneados por una “democracia” que no los reconoce, la dignidad y valentía de las víctimas de la brutalidad represiva, les hace frente y los denuncia.
Moira Millán, referente mapuche, debió encadenarse el viernes pasado al Ministerio de Justicia en Buenos Aires para que el Ministro Aníbal Fernández la reciba y le prometa tomar cartas en el asunto. El miércoles próximo Leandro Jarsún, del Programa Antiimpunidad, dependiente del Ministerio de Justicia, viajará a Chubut
Los hechos.
No será ocioso refrescar los hechos denunciados públicamente por el Frente de Lucha Mapuche y Campesino de Chubut. No será ocioso hacerlo, porque mientras en Corcovado los encargados de garantizar la seguridad de la población sembraban terror, los multimedios se ocupaban de otras cosas “más importantes”. Y mientras que, por estos días, una delegación de la organización mapuche pasó por Buenos Aires para denunciar todo lo ocurrido, los medios responsables de mantener informada a la población se ocuparon de sembrar el miedo, repitiendo hasta el cansancio la imagen del crimen del día.
Curiosa coincidencia la de policías y comunicadores.
Refresquemos entonces: el 8 de marzo último, un joven prófugo de la justicia, condenado, sin sentencia firme, por asesinato, decide entregarse. Teme por su seguridad. Teme por su vida. Tal vez, para los pragmáticos candidatos, un condenado no tiene derecho a la seguridad, tampoco a la vida. Sin embargo, esos derechos aun no fueron suprimidos de nuestra legislación.
Cristian Bustos, nombre del joven prófugo, decidió entregarse en su casa, en presencia de su familia y de un defensor oficial.
Enterada la policía, armó un gran operativo. Decenas de policías fuertemente armados, al grito de “indios de mierda” y “los vamos a matar a todos”, resolvieron forzar la entrega cuando la familia esperaba todavía al defensor oficial, que aún no había llegado. Resultado: el joven que se iba a entregar huyó junto a algunos de sus hermanos. Tiroteo. Un policía muere, otro recibe heridas leves. Wilson Ruperto Bustos, de 19 años, fue asesinado por la brutal balacera policial; Marcos Abraham Bustos, de 16 años, recibió un balazo en el pecho; mientras que Daniel Ernesto Bustos de 22 se entregó y luego de ser detenido, la policía lo hirió con un disparo en la pierna. Todos hermanos del prófugo. Todos desarmados e indefensos.
Marcos quedó parapléjico. La familia tiene sospechas fundadas de que su estado no se debe al balazo, sino al castigo que recibiera por parte de la policía durante el traslado al hospital de Esquel
Valiente y eficaz la policía que necesitó de 30 hombres, decenas de disparos y varios muertos y heridos, torturas a inocentes, para luego fallar en la captura de alguien que había decidido y anunciado que se iba a entregar en forma voluntaria (y que nada hacía pensar que no ocurriría).
¿No había otra manera de resolver la situación? Para los uniformados parece que no.
¿No estaba enterado el gobernador de lo sucedido?
Sin preguntar, sin mediar investigación, sin dudar de la versión oficial, el gobernador de la Provincia y aspirante a suceder a Cristina en el sillón presidencial, Mario Das Neves salió a respaldar a su policía. Al día siguiente refiriéndose a los hechos, en declaraciones a los medios locales elogió “el arrojo” y “todo lo que ponen de sí” los efectivos policiales del Chubut”. (*)
¿Desconoce el gobernador la historia de brutalidad de la policía de Chubut?
No lo creemos tan inocente.
Todos sabemos, el gobernador incluido, que no es casual lo sucedido.
Moira Millán, referente del Frente de Lucha Mapuche y Campesino de Chubut en la entrevista que le realizáramos hace unos días en Buenos Aires explicó que “en el caso de Corcovado a los peores policías, a los que cometían abusos en las grandes ciudades los mandaban castigados a la frontera. Corcovado está a sólo 25 Km. de Chile. Entonces la peor lacra de la policía, aquellos que justamente tenían ciertas patologías represivas, en castigo, los mandaban a estas localidades”.
La pregunta para la dirigencia política sedienta de votos, para la población que clama por seguridad es: ¿Cómo es posible que luego de 25 años de democracia la policía siga fabricando monstruos, no sólo en el sur sino en todo el país? Tal vez haya que mirar el sistema de exclusión social instaurado en este lado del mundo para encontrar responsables y respuestas.
Estado de sitio y toque de queda
Tratemos de hacer el ejercicio mental de, por un instante, ponernos en el lugar de estos siniestros criminales. ¿Vengar la muerte de su camarada muerto por su propia brutalidad e impericia, habrá animado el espíritu corporativo y omnipotente de la policía? Tal vez.
Lo cierto es que al día siguiente, más de cien hombres del GEOP invadieron el pueblo y lo ocuparon por más de una semana para buscar al prófugo.
Tomaron y retuvieron la local “Radio Del Pueblo” por dos días. Desde la radio decretaron un estado de sitio y toque de queda de hecho. “Dieron aviso por la misma radio de que no se podía salir a la calle después de las 22.00 sin documentos.” relató Omar Bustos, padre de Cristián, en la entrevista que le hiciéramos en su reciente paso por Buenos Aires. “Se llevaron muchas personas. Garrotearon y tirotearon a otras. Estuvimos siete días escuchando balazos por todo el pueblo. Parecía una guerra” agregó Omar con espanto.
La denuncia del Frente de Lucha Mapuche y Campesino de Chubut habla de más 20 allanamientos realizados por personas encapuchadas, durante la semana que permaneció el GEOP en posesión de Corcovado.
Los abusos van desde entradas violentas a los domicilios, roturas de puertas y mobiliario, robos, golpes de todo tipo sin diferenciación de sexo y edad, hasta manoseos y abusos sexuales, torturas y desaparición forzada de personas.
“A una nena de 5 años y a un nene de dos los sacaron de su casa a punta de pistola” nos cuenta Moira Millán en la entrevista. El relato de los hechos de Moira es preciso y conmovedor “A una chiquita de ocho años que se estaba bañando,” dice, “la sacaron desnuda del baño y abusaron de ella delante de la madre a la que apuntaban con un arma en la cabeza”
El drama de la Familia Bustos
La familia de Marta Belén Pinchulef y su compañero, Omar Bustos, fue sin duda la más castigada por la saña policial. Ellos tuvieron doce hijos. Hoy tienen nueve. Dos fallecieron muy pequeños. Wilson, de 19 años, a punto de ser padre, fue asesinado por la policía el pasado 8 de marzo.
Otro de los hijos, Daniel Bustos, actualmente se encuentra detenido en Gualjaina, un pueblo que se encuentra a 200 Km. de Corcovado. Está acusado de complicidad en la fuga de su hermano. A él le dispararon cuando se había entregado. “Cuando se entregaba”, relata Marta “levanta las manos y arrodillado en el piso le dispararon un tiro en la pierna”.
El ser baleado arrodillado y con las manos en alto fue sólo el comienzo del calvario de Daniel. Durante su traslado y estadía en el hospital de Esquel recibió amenazas de muerte y golpes de puño sobre la pierna herida. Las torturas continuaron en la comisaría 1ª de Esquel donde fue golpeado brutalmente y obligado a beber orina de los policías.
La impunidad con que se manejó el personal policial y la seguridad de no recibir ningún tipo de castigo fue tal, que pretendieron asesinarlo simulando una fuga. El relato de Marta estremece:
“Le dijeron que se suba a un paredón, total ellos iban a dar parte de que se había escapado. Entonces él llorando y gritando: ¡Por favor, no me maten! ¡Yo no hice nada!. Justo pasa una persona por la vereda y él le grita: ¡Ayúdeme la policía me quiere matar!”. Ese hecho hizo desistir a los policías de su propósito y salvó la vida de Daniel.
La intervención del defensor oficial Omar López permitió finalmente el traslado del joven a la comisaría de Gualjaina.
¿Qué hizo Das Naves ante estas denuncias? ¿Ordenó alguna investigación? ¿Removió a algún policía de su cargo?
El gobernador se ocupó de presionar a la justicia para que revoque la decisión de la jueza Anabel Rodríguez de conceder prisión domiciliaria a Daniel Bustos. Recordemos que el muchacho está acusado de complicidad en una fuga, circunstancia aun no probada, no de asesinato. La presión tuvo sus frutos y el joven continúa detenido.
El ensañamiento con la familia Bustos se extendió también al joven de 16 años Marcos Abraham, quién recibió un balazo en el pecho el 8 de marzo último. La familia sospecha que Marcos no quedó parapléjico por la bala, que salió por la espalda aparentemente sin afectar la médula. Marcos logró caminar una cuadra después de recibir el balazo. Allí fue detenido “lo agarraron y lo esposaron lo subieron a la camioneta de la policía, caminando.” narra Omar Bustos, padre del chico “entonces un policía se agarra de los barrotes y le da una patada en la espalda que dejó parapléjico a mi hijo”. Cabe sospechar que quién pateó la espalda a Marcos, sabía lo que hacía. Intencionalmente lo dejó inválido.
La presión, el amedrentamiento a la familia no se detiene ni cuando llevan a Marcos, con su silla de ruedas, al hospital. “Tengo miedo, siempre que llevo a mi hijo inválido al hospital de Esquel. No sé como se enteran, pero siempre tengo dos o tres policías rodeándome. ¡Tengo miedo y mi hijo también!” Palabras que en boca de esta valiente mapuche que es Marta Belén Pinchulef dan cuenta del estado de terror en que aún viven.
Desaparecido
¿Dónde está Luciano González? se preguntan allegados y pobladores. Su ausencia prueba en forma terrible, despiadada la dureza de la represión desatada en Corcovado. Moira Millán lo cuenta de de esta forma:
“El día 11 de marzo en el marco de este “estado de sitio” en la comunidad mapuche de Cerro Centinela, a 15 Km. de Corcovado, la GEOP detuvo a dos hermanos que estaban charlando, tomando un vaso de vino, desobedeciendo el supuesto estado de sitio. Les dan una tremenda paliza. A uno de ellos, Jaramillo, lo liberaron en Trebini a 70 Km. de allí, pero a Luciano González, de 42 años, lo detienen y lo desaparecen. Ellos dicen que lo llevaron a la comisaría y lo liberaron. Pero la verdad es que los vieron detenerlo pero nunca liberarlo.”
De las más de veinte familias víctimas del abuso policial, once se atrevieron a hacer la denuncia a la fiscalía de Esquel. Los testimonios son contundentes. Tanto que el defensor público de Esquel, Omar Osvaldo López, que se presentará como querellante contra el GEOP, definió como “espeluznantes” a los testimonios brindados por los vecinos.
Más de dos meses pasaron. Mientras medios y poder político se hacen los distraídos el jefe de la policía de Chubut, Juan Luis Ale, sin ningún pudor declaró “no consta que haya habido hechos de violencia” en referencia a lo sucedido en Corcovado. Como si los muertos y los heridos, por sólo nombrar lo más público y conocido, no hayan sido hechos violentos generados por la policía. De la misma manera que los represores de la dictadura niegan sus crímenes.
Luego de dos meses no hay castigos. Ale sigue al frente de la policía provincial con total impunidad, todos los represores en sus puestos. “Me gustaría verlo como gobernante de la nación, porque es un hombre muy serio y luchador.” Dijo Ale de Das Naves en una nota publicada por Diario de El Bolsón BW en febrero de2008. Quizás eso explique algo, no todo.
Si no es terrorismo de estado ¿Qué es?
Algo terrible sucede en Argentina. Pensar que Corcovado es un caso único que no se va a repetir puede inducirnos a error. Los Derechos Humanos más elementales se continúan violando aquí y ahora. Los violan fundamentalmente las instituciones del Estado que debieran garantizar la seguridad de todos y todas. Demos si no una mirada a las cárceles, a los barrios humildes, a las villas. La brutalidad, el desprecio por la vida es allí la constante, no la excepción.
Recordemos también que Luciano González no es el primer desaparecido en democracia. Julio López; Luciano Arruga; Miguel Bru; Osvaldo Raúl Saliwonczyk ; Adolfo Argentino Garrido; Raúl Baigorria; Elías Gorosito y tantos otros que no están, como alguna vez macabramente expresó el dictador Videla, “ni vivos, ni muertos”, dan cuenta de ello. Su ausencia es testimonio trágico de la impunidad.
Aunque pueda parecer, no somos pesimistas. Confiamos en la capacidad de lucha del pueblo por la justicia y la dignidad. Como expresara Moira en la entrevista que le hicimos: “Estamos reviviendo el fortalecimiento de un Estado sumamente represor. Tenemos que contar con la movilización de todas las organizaciones para hacer visible esta denuncia. Será un compromiso de todos y de todas para que este `Nunca más` que alguna vez habíamos creído se convierta en hecho contundente” Que así sea.
La Nación ordenó investigar los hechos de Corcovado
Por El diario de Madryn -
Tuesday, May. 19, 2009 at 2:14 AM
ANIBAL FERNANDEZ ENVIARÁ UN REPRESENTANTE DEL MINISTERIO
El ministro de Justicia de la Nación, Aníbal Fernández, se comprometió a investigar los hechos ocurridos en Corcovado en ocasión del intento de detención de un prófugo por parte del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP). El miércoles viajará a esa población Leandro Jarsún, coordinador del programa Antiimpunidad que funciona bajo la órbita del mencionado ministerio. Fernández tomó conocimiento de las denuncias por abuso policial al recibir a la dirigente del Frente de Lucha Mapuche y Campesino, Moira Millán, quien viajó a Buenos Aires junto a otros pobladores de la zona. Nora Cortiñas, integrantes de las Madres de Plaza de Mayo, se solidarizó con el reclamo.
Un funcionario del Ministerio de Justicia viajará el miércoles al pueblo de Corcovado, en Chubut, para investigar personalmente los hechos sucedidos entre el 8 y 15 de marzo.
Así lo ordenó el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, luego de que una protesta en las puertas de su Ministerio lo forzara a reunirse con representantes de la comunidad mapuche de Corcovado, los padres del prófugo, Nora Cortiñas, integrante de las Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora.
El coordinador Legal y Técnico del programa Anti Impunidad del Ministerio de Justicia, Leandro Jarsun, fue designado por Fernández para interiorizarse en el terreno sobre los hechos acontecidos en Corcovado. Su tarea consistirá en reunirse con los más afectados por la represión policial y escuchar sus testimonios.