COLOMBIA: Pueden desalojar a 123 familias originarias
Por reenvio - Tuesday, Jul. 14, 2009 at 9:56 PM

Esta programado el desalojo para el día de hoy en el predio rural Las Pavas, en el Departamento de Bolivar. Se solicita a las autoridades del gobierno colombiano que no lo permitan y se denuncia una nueva violación a los derechos humanos. Comunicado de Corporación Sembrar y FEDEAGROMISBOL. URGENTE

123 FAMILIAS CAMPESINAS DE LA VEREDA LAS PAVAS DEL MUNICIPIO DEL PEÑON SUR DE BOLIVAR SE OPONEN AL DESALOJO PROGRAMADO PARA HOY MARTES 14 DE JULIO.

La Corporación SERVICIOS PROFESIONALES COMUNITARIOS “SEMBRAR” Y LA FEDERACION AGROMINERA DEL SUR DE BOLIVAR “FEDEAGROMISBOL”, ponen en conocimiento de la comunidad Nacional e Internacional la fragante violación a los derechos humanos de la que vienen siendo objeto los campesinos y campesinas de la vereda las Pavas del municipio del Peñón en el sur del departamento de Bolívar - Colombia y solicita su solidaridad urgente.

Para el día de hoy 14 de julio de 2009, la alcaldía del Peñón, por intermedio de la Inspección de Policía ha ordenando el desalojo de 123 familias campesinas que desde el año 1997, de forma paulatina, pero constante, se han asentado en el predio conocido como las Pavas, ejerciendo actos demostrativos de posesión, desarrollando explotación económica del predio, realizando mejoras para optimizar el rendimiento agrícola de las tierras y de esta manera garantizando el derecho a la alimentación de su comunidad y de las comunidades cercanas y constituyéndose formalmente como Asociación, hoy en día ASOCAB. (Asociación de Cacaoteros de Buenos Aires).

El predio rural LAS PAVAS, ubicado en jurisdicción del municipio de El Peñón, corregimiento de Buenos Aires, en el departamento de Bolívar, tiene una extensión mayor a las 3.000 hectáreas , fue abandonado por su propietario señor JESÚS EMILIO ESCOBAR FERNÁNDEZ (Testaferro de Pablo Escobar, narcotraficante colombiano) desde el año de 1997.

Hacia el año 2003 los grupos “paramilitares” hicieron presencia en la región intimidándolos y ejecutando actos violentos, asesinatos y mutilaciones, hechos que consiguieron no sólo sembrar el terror sino también provocar de forma directa el desplazamiento de toda la comunidad que se encontraba ocupando el predio LAS PAVAS. Luego de las amenazas proferidas a partir del año 2003, se produjo el cese parcial y temporal de la explotación productiva.

Entre los años 2003 y 2006, estas familias en su situación latente de desplazamiento, retomaron lentamente la ocupación del predio, dada la necesidad de explotación de la tierra y solicitaron la intervención del INCODER para efectos de la declaratoria de Extinción del Dominio sobre una extensión de tierra de aproximadamente 1.235,5 hectáreas .

Las sociedades APORTES SAN ISIDRO S.A. y C.I. TEQUENDAMA, miembros de FEDEPALMA, Federación Nacional de Cultivadores de palma de aceite, figuran como adquirientes parciales de mejoras y dominio del predio desde el año 2007, para este entonces ya los campesinos ocupantes del predio habían solicitado la extinción del dominio sobre una parte del mismo, la cual no ha sido resulta, por esta razón las empresas ya sabían de los objetivos de los campesinos de poseer el predio, faltando de forma grave a uno de los principios estipulados en la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible el cual reza que los cultivadores de palma deben demostrar su derechos a usar la tierra y que este no este legítimamente impugnado por las comunidades locales con derechos demostrables.

Estas sociedades APORTES SAN ISIDRO S.A. y C.I. TEQUENDAMA, solicitaron a través de una acción policiva el amparo a la posesión por ellos detentada. La Alcaldía del Peñón, por intermedio de su Inspección de Policía resolvió tomar medidas que favorecen a dichas sociedades y que violan claramente los derechos humanos y en particular el derecho al trabajo y a la alimentación de estas, al dictar orden de desalojo de esta comunidad campesina para el día 14 de julio, desconociendo así la normatividad vigente en esta materia, el tramite de la extinción de dominio y especialmente sus derechos como desplazados, victimas del conflicto armado.

De otra parte, el caso de las familias campesinas de la vereda Las Pavas, ha sido puesto en las discusiones presentadas en la Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar, (espacio de interlocución de las comunidades del Sur de Bolívar con el gobierno colombiano), en la cual los representantes del gobierno se habían comprometido por medio de INCODER a prestar especial interés a esta situación, acuerdo que fue incumplido.

Con base en lo anterior solicitamos a la comunidad nacional e internacional su solidaridad con estas 123 familias campesinas expresado en comunicaciones a las autoridades competentes exigiendo que:

*Se adopten las medidas necesarias para detener la diligencia programada para el día martes, permitiendo así que se siga el trámite normal de la extinción de dominio y que el gobierno Nacional brinde soluciones duraderas respecto al derecho fundamental a la Propiedad de la tierra en conexidad con el mínimo vital.

*Se adopten las medidas necesarias para evitar los daños que las actividades de terceros causen en el acceso a los recursos productivos de las comunidades.

agrega un comentario