Acteal, una masacre revivida
Por Prensa Latina / Cuba - Saturday, Aug. 22, 2009 at 4:36 PM

Escrito por Gabriela Guerra Rey*

México (PL).- La masacre contra indígenas, ocurrida hace casi 12 años en la localidad de Acteal, en el estado mexicano de Chiapas, revive por estos días con el fallo de la Suprema Corte de Justicia que deja en libertad a 20 de los detenidos, considerados originalmente culpables.

La resolución no juzgó la inocencia o culpabilidad de esos hombres, oriundos de la misma zona, pero puso en claro las graves deficiencias del sistema de justicia mexicano, que parece incapaz de investigar, procesar y sancionar por medio de un juicio justo, denunciaron organizaciones no gubernamentales.

La noticia ahora es que los detenidos por la matanza ocurrida en Acteal el 22 de diciembre de 1997, con condenas de entre 20 y 40 años, fueron amparados la semana anterior por cuatro votos contra uno.

Los ministros encargados de los casos advirtieron que las sentencias se basaron en pruebas obtenidas de manera ilegal y testimonios fabricados por la Procuraduría General de la República (PGR).

Ahora se prevé que un segundo bloque de los casi 80 indígenas mal juzgados por estos hechos, hace más de una década, sean también liberados en los próximos días.

La conclusión de la mayoría de los funcionarios de la Suprema Corte fue que se violaron las garantías esenciales al no respetarse ni siquiera el derecho a un debido proceso y a una defensa adecuada.

Se sabe que hubo manipulación de la información, pruebas falsas y un pésimo proceso judicial, advirtieron.

LA HISTORIA OFICIAL

La historia oficial cuenta que, el 22 de diciembre de 1997, un total de 45 indígenas tzotziles fueron asesinados mientras rezaban en una iglesia de esa comunidad chiapaneca.

De los sacrificados, 16 eran niños, niñas y adolescentes; nueve hombres y 20 mujeres, siete de las cuales estaban embarazadas.

Las víctimas pertenecían al grupo comunitario de "Las Abejas" y, según testigos presenciales, fueron todos masacrados sin la menor misericordia por unos 90 paramilitares, presuntamente miembros del grupo Máscara Roja.

La operación se extendió durante siete horas a sólo 200 metros de un retén de la policía.

Luego, unas 100 personas, en su mayoría indígenas, fueron detenidas y recluidas en una cárcel de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas.

A más de una década, y pese a que habitualmente la Corte Suprema no revisa la culpabilidad o inocencia de los sancionados, el asunto atrajo la atención por su trascendencia y puso en situación muy delicada a la justicia en este país, ya de por sí mellada.

Organizaciones de derechos humanos han expuesto que el dictamen que liberó a los indígenas apresados por el caso de Acteal sólo revela las deficiencias en el proceso judicial de hace 11 años.

El Centro Fray Bartolomé de las Casas opina, sin embargo, que muchos de los detenidos sí participaron en la matanza, indicó recientemente La Jornada.

Sólo se están juzgando las deficiencias en las averiguaciones previas y en el procedimiento jurídico, y no el fondo de un crimen de lesa humanidad, que cometieron los detenidos y las autoridades civiles y militares involucradas, denunció.

Diego Cadenas, presidente de un organismo humanitario que acompañó en el proceso a los sobrevivientes de la matanza, explicó cómo algunos de ellos fueron señalados por testigos de la misma población, donde todos se conocen desde siempre.

Sin embargo, en defensa de los 40 sentenciados se presentaron pruebas de desaparición de evidencia relevante para el caso, alteración de la escena del crimen y fabricación de testimonios.

Según consideraciones diversas, algunos de los liberados son culpables, pero responsables de un crimen pagado por fuerzas paramilitares que buscaban culpar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), asentado en la selva de Lacandona.

EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÃ"N NACIONAL

Tras la larga historia de colonización y penurias que ha sufrido México, sobrevivientes de una organización político-militar con un planteamiento insurreccional se fusionaron en la década de 1980 con luchadores agraristas y con el movimiento indígena de la selva.

Surgió así en 1983 el EZLN, que desde entonces no ha dejado de ser acosado y reprimido por los militares.

Se trata de un ejército popular, estrechamente ligado a las comunidades indígenas, surgido para reivindicar sus derechos, defenderse de las guardias blancas al servicio de los finqueros y de las agresiones policíaco-militares.

El primero de enero de 1994, miles de indígenas tzotziles, tzeltales, tojolabales y choles, con el rostro cubierto y mal armados se alzaron y efectuaron la Primera Declaración de la Selva Lacandona en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, como fuerzas insurgentes contra el Gobierno Federal.

Tierra, techo, trabajo, alimentación, salud, educación, cultura, independencia, democracia, libertad, justicia y paz son sus demandas desde entonces, y el caso de Acteal, revivido hoy, demuestra que aún están muy lejos de conseguirlas, aunque las autoridades así quieran acuñarlo.

Desde la creación del EZLN, las denuncias de las masacres contra los indígenas han sido habituales; cientos han pagado con sus vidas por la libertad, en medio de injusticias sufridas por las comunidades originarias del sur de México.

*Corresponsal de Prensa Latina en México.

www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=110726&Itemid=1

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El ejército mexicano entrenó paramilitares
Por Página/12 - Sunday, Aug. 23, 2009 at 11:01 PM

SEGUN DOCUMENTOS RECIEN DESCLASIFICADOS, INFILTRADOS ANTIZAPATISTAS ASESINARON A CUARENTA Y CINCO INDIGENAS EN 1997

Una red clandestina de “equipos humanos” creados a mediados de 1994 con la aprobación de Salinas de Gortari trabajaba dentro de las comunidades indígenas para recabar información de inteligencia de los “simpatizantes” zapatistas.

Por Gerardo Albarrán de Alba

Desde México, D. F.

Mientras el Congreso estadounidense liberó los fondos de la Iniciativa Mérida retenidos porque el Departamento de Estado no había podido demostrar el respeto a los derechos humanos en México, una serie de documentos desclasificados en Washington demuestran que el ejército mexicano armó y entrenó a grupos paramilitares en el estado de Chiapas para enfrentarlos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y que condujo a una masacre de indígenas en 1997.

Una serie de comunicaciones enviadas desde México a la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA según sus siglas en inglés, algo así como la CIA del Pentágono) describe una red clandestina de “equipos humanos de inteligencia” creados a mediados de 1994 con la aprobación del entonces presidente, Carlos Salinas, que trabajaban dentro de las comunidades indígenas para recabar información de inteligencia de los “simpatizantes” zapatistas. A fin de promover a los grupos armados antizapatistas, los equipos daban “entrenamiento y protección contra los arrestos por parte de las agencias del cumplimiento de la ley y unidades militares que patrullan la región”.

El 22 de diciembre de 1997, paramilitares indígenas asesinaron a mansalva a 45 indígenas de la comunidad campesina de Las Abejas que rezaban en una capilla en el poblado de Acteal, en los Altos de Chiapas. Los muertos fueron un bebé, 14 niños, 21 mujeres y 9 hombres desarmados. Otras 25 personas resultaron heridas y se reportó a cinco desaparecidos.

Apenas la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la nación liberó a 20 indígenas, encarcelados hace doce años por la masacre, pero no porque fueran inocentes, sino por deficiencias en el proceso judicial que el gobierno siguió contra ellos.

Los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, desde entonces, han defendido la versión ofrecida por la Procuraduría General de la República (PGR) tras la masacre, y han pretendido mostrarla como “un conflicto entre indios bárbaros”, asegura el historiador Carlos Montemayor.

En 1997, la PGR reconoció la existencia “de grupos civiles armados en el municipio de Chenalhó, no organizados, articulados, entrenados ni financiados por el ejército mexicano ni por otras instancias gubernamentales, sino que su gestación y organización responde a una lógica interna determinada por la confrontación, entre las comunidades y dentro de las comunidades, con las bases de apoyo zapatistas”.

Pero en un telegrama enviado a la sede de la DIA en Washington el 4 de mayo de 1999, la Oficina del Agregado de Defensa de Estados Unidos en México señala el “apoyo directo” del ejército a grupos armados en las áreas montañosas de Chiapas, donde tuvieron lugar las matanzas. El documento describe una red clandestina de “equipos humanos de inteligencia” creados a mediados de 1994 con la aprobación del entonces presidente, Carlos Salinas, que trabajaban dentro de las comunidades indígenas para recabar información de inteligencia de los “simpatizantes” zapatistas.

A fin de promover a los grupos armados antizapatistas, los equipos daban “entrenamiento y protección contra los arrestos por parte de las agencias del cumplimiento de la ley y unidades militares que patrullan la región”, destaca The National Securiy Achive (NSA), una organización estadounidense especializada en desclasificar documentos secretos del gobierno de su país.

NSA responsabiliza a la Secretaría de la Defensa Nacional mexicana de aplicar “una estrategia de contrainsurgencia cuidadosamente planeada que combinó programas de acción cívica (...) con operaciones de inteligencia secreta diseñadas para fortalecer a los paramilitares y provocar el conflicto en contra de los partidarios del EZLN”.

Según Kate Doyle, analista y directora del Proyecto México de NSA, aunque el cable fue escrito en 1999, “el agregado tuvo cuidado en señalar que los oficiales de inteligencia del ejército estaban supervisando a los grupos armados en diciembre de 1997” . El documento ofrece detalles nunca antes mencionados en las numerosas declaraciones del ejército mexicano posteriores al ataque.

Los equipos de inteligencia, explica la Oficina del Agregado de Defensa, “estaban compuestos primordialmente por oficiales jóvenes con rango de capitán segundo y primero, al igual que por algunos sargentos selectos que hablaban los dialectos de la región. Los equipos Humint estaban compuestos por entre tres y cuatro personas, a quienes se les asignaba a cubrir comunidades selectas por un período de tres o cuatro meses. Después de tres meses, los oficiales pertenecientes a los equipos eran rotados a una comunidad diferente en Chiapas. La preocupación por la seguridad de los equipos era la razón más importante para la rotación de éstos cada tres meses”.

El jueves pasado, el representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos exhortó a las autoridades mexicanas a que realicen una investigación “minuciosa, independiente e imparcial” de la masacre y subrayó que, debido a que “no se realizó una investigación a la altura de la gravedad de los hechos, no se ha garantizado justicia para las víctimas”.

Brunori instó también al gobierno de México a que garantice el derecho individual y colectivo a conocer la verdad acerca de las circunstancias en las que se cometió la masacre y se tomen medidas para que los familiares de las víctimas obtengan reparación.

Pero esto parece lejos de poder cumplirse. Kate Doyle acusa al gobierno mexicano de ofrecer una historia oficial con relatos que “han sido o incompletos o falsos” y señala que todas las solicitudes de información presentadas a la administración de Felipe Calderón sobre la masacre de Acteal sólo encontraron silencio como respuesta o, en el mejor de los casos, los remitían a documentos públicos inocuos, clasificados como “improcedentes” en el Archivo General de la Nación.

“Hasta que la administración actual decida honrar su obligación de informar a sus ciudadanos sobre la verdad de la masacre de 1997, el clamor del pueblo por los hechos permanecerá perdido en los archivos improcedentes. Y a nosotros sólo nos queda recurrir a los gringos en busca de información sobre el ejército mexicano y Acteal”, lamentó Doyle.

En contraste, el jueves pasado, el ministro consejero de la embajada de Estados Unidos, John Feeley, informó que la administración de Felipe Calderón entregó al Departamento de Estado un informe sobre las acciones que lleva a cabo para evitar violaciones a los derechos humanos en la lucha contra el narcotráfico.

De paso, Feeley contradijo al presidente Felipe Calderón, que lleva tres años justificando la violencia desatada en el país desde que asumió el cargo y que ha costado la vida a más de 12.000 personas desde entonces: “No es señal de éxito” la violencia que se vive en México, dijo el diplomático, tras anunciar que el Congreso de su país liberó la totalidad de los fondos autorizados para la Iniciativa Mérida. De hecho, en el último año, precisamente desde la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad que involucró a todos los gobiernos estatales y a los tres poderes federales, 7296 personas han muerto en hechos relacionados con el combate de la delincuencia organizada, lo que casi duplicó el saldo rojo del año previo, cuando del 21 de agosto de 2007 al 21 de agosto de 2008 hubo 3742 víctimas.

www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-130392-2009-08-22.html

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Sumario de noticias de la Masacre de Acteal
Por Indymedia Pueblos Originarios ((i)) - Tuesday, Aug. 25, 2009 at 6:41 AM
originarios-arg@indymedia.org

Acteal, una masacre revivida 22-08 Prensa Latina / Cuba Acteal, la impunidad se viste de justicia 16-08 Patricio Feldman Amnistía pide una nueva investigación sobre la masacre indígena de Acteal 14-08 El País / España Acteal: impunidad y crisis del aparato de justicia 10-08 La Jornada / México

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