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Por Walter Bulaciio, contra la represión estatal
Por Nicolàs Fucci ((i)) -
Thursday, Apr. 29, 2010 at 10:37 AM
fuccinicolas@riseup.net
Acto de la Correpi al cumplirse 19 años de la detención y muerte de Walter Bulacio
La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y otras organizaciones sociales realizaron, el pasado 23 de abril, un acto en el Obelisco al cumplirse 19 años de la detención y muerte de Walter Bulacio. La actividad fue no sólo para recordar la muerte del joven de 17 años, absolutamente impune más allá de la sentencia contra el Estado Argentino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sino fundamentalmente para difundir que hoy hay una muerte por día por el gatillo fácil, la desaparición y la tortura en cárceles, comisarias o institutos de menores.
Así, revelaron que mientras en noviembre, en la presentación del archivo de casos hablaban de 2.826 casos registrados, al día del acto ya era 2.920 los pibes muertos por el aparato represivo del estado desde 1983.
Según la sentencia de la (CIDH), hace 19 años más de 80 personas fueron detenidas en una razzia policial, en las inmediaciones del estadio Club Obras Sanitarias antes de entrar a un recital de los Redonditos de Ricota. Entre ellos, Walter David Bulacio, quién fue trasladado a la comisaría 35.
“En este lugar fue golpeado por agentes policiales. Los detenidos fueron liberados progresivamente sin que se abriera causa penal en su contra y sin que conocieran, tampoco, el motivo de su detención. En el caso de los menores, no se notificó al Juez Correccional de Menores de turno, tal como lo requería la ley No. 10.903 y, en el caso particular de Walter David Bulacio, tampoco se notificó a sus familiares. Durante su detención, los menores estuvieron bajo condiciones de detención inadecuadas”, se señala en la causa, marcando la ilegalidad de las detenciones. Una semana después, el joven de Aldo Bonzi falleció.
El primer orador del acto fue Antonio Espasa, viudo de Sonia Colman, asesinada el 23 de diciembre de 2007, fue asesinada por; Oscar Alberto Benítez, un oficial de la comisaría 3ra de Del Viso, quién perseguía a dos menores desarmados que habían robado una billetera con ochenta pesos y abrió fuego con su arma itaka. Lanzó nueve proyectiles, uno de ellos le atravesó el corazón a Sonia, que se encontraba a 36 metros del lugar. Espasa denunció que el oficial sigue libre y ni siquiera fue llamado a declarar.
Se presentó como un representante de un grupo de familiares que articulan con la Correpi, aquellos que no abalan la teoría del loquito suelto, lo de la manzana podrida, sino que tienen la convicción de que es toda la institución.
Espasa reveló que Sonia había participado en la gran mayoría de las marchas que se hicieron por Bulacio y aseguró que de no sea asesinada, estaría participando del acto.
Y resaltó que antes y después del crimen, hubo cientos de muertes. De manera similar, María del Carmen Verdúde la CORREPI, la otra oradora del acto, señaló que hay similitudes entre lo de Walter Bulacio y lo de Rubén Carballo, casos que lograron trascendencia mediática, peor lo que no hay que olvidar es que en el medio hubo más de 2 mil pibes asesinados.
En el acto, Verdú recordó el operativo monstruo - centenares de policías, carros de asalto, hidrantes, perros, bomberos-que desde muy temprano se montó en el estadio: “estaba tan deliberadamente previsto, que los colectivos de línea para trasladar a los presos a la comisaría 35 fueron requisados muchas horas antes quede que llegara el primer chico a Núñez”.
En 2003, la CIDH le ordenó al gobierno argentino juzgar penal y administrativamente a los responsables torturas y asesinato de Walter Bulacio, investigar a los jueces que permitieron tantos años sin justicia y que prohíba las detenciones ilegales de jóvenes, para lo cual debería derogue las leyes y códigos y edictos que las permitan. Además debió dar una reparación económica a la familia y publicar la sentencia en el Boletín Oficial.
“Lo único que cumplió el Estado fue la parte sencilla: publicar la sentencia y reparar materialmente a la familia. No cumplió con las obligaciones que tienen q ver con la estructura represiva del Estado, como la derogación de averiguación de antecedentes, los códigos de faltas o contravenciones y los mecanismos que permitan la detención de personas por fuera de la situación de flagrancia u orden judicial”, recordó María del Carmen Verdú, representan legal de la familia Bulacio.
En diciembre de 2008, la CIDH reiteró la exigencia a la Argentina. En agosto, el entonces ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, había anunciado que el Estado cumpliría con todas las exigencias.
Hoy existe la posibilidad de que antes de fin de año se realice un juicio oral contra el Comisario Miguel Ángel Espósito, quien se encontraba a cargo de la Comisaría 35ª, la cuál sería sólo por su detención y no por su asesinato.
Desde la Correpi explicaron que ya están denunciándolo no sólo como tardío (pasaron 19 años) sino sobre todoincompleto: no es por la totalidad de los hechos que ocurrieron esa noche y sólo le va a llegar la imputación al autor material, ninguno de sus mandantes.
En el acto, Verdú resaltó: “Han pasado 19 años, pero en las canchas de fútbol, en los recitales, en las marchas contra el gatillo fácil o en los escraches a comisarías, más temprano que tarde, se escucha esa consigna, a veces cambiando el nombre de Walter por otro, a veces generalizando ´a los pibes los mató la policía´. Hoy gritan ´Yo sabía..` chicos que no habían nacido o eran bebés cuando mataron a Walter, pero que saben, saben porque no necesitan que nadie les explique cuál es el rol de la policía, porque lo viven en su propio cuero cada día de su vida”.