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La verdadera inseguridad: genocidas sueltos
Por Indymedia Rosario -
Monday, May. 10, 2010 at 5:14 PM
rosario@indymedia.org
El pasado 30 de abril la Cámara Nacional de Casación Penal excarceló a tres represores que serán juzgados en la mega causa Díaz Bessone (ex Feced). De este modo, todos los imputados estarán en libertad durante el juicio que se inicia el próximo 21 de julio. Testigos, querellantes y organismos de Derechos Humanos se enteraron de la medida por los medios de comunicación y manifestaron un amplio repudio. Más allá de responder a garantías constitucionales, la decisión judicial pone sobre el tapete la igualación de los responsables de delitos de lesa humanidad con aquellas personas acusadas por delitos comunes.
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Privación ilegal de la libertad con violencia, amenazas, tormentos, homicidio calificado y asociación ilícita calificada entre otros, son los delitos por los que se juzgará desde el 21 de julio a Rubén Lofiego ("El Ciego" o "Mengele" por su condición de estudiante de medicina y en referencia al médico del régimen nazi ), Mario Marcote ("El Cura" o "El Sátiro de la Bufanda Blanca" quien, según ex presos políticos, se encargaba de violar a las detenidas) y Ramón Vergara ("Pelado" o "Sargento", responsable de una de las guardias del sótano del Servicio de Informaciones, o "penal chico"). Los tres integraron durante la última dictadura militar la patota del ex Jefe de Policía de Rosario, Agustín Feced y actuaron en el centro clandestino de detención del sótano del edificio de Dorrego y San Lorenzo.
No obstante, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal decidió aplicar a los imputados las mismas garantías que a quienes cometen delitos comunes. Tras el pago de una fianza de $25.000 por parte de Lofiego y $55.000 de Vergara y Marcote, los tres imputados salieron de la Alcaidía Mayor, donde permanecían detenidos. "La cámara entendió que no había peligro de fuga ni entorpecimiento de la investigación", comentó la abogada Jessica Pellegrini, del equipo jurídico de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Cuestiones Políticas.
Los genocidas estaban en prisión preventiva desde 2004. El 5 de diciembre de 2008, la defensa de Lofiego solicitó el cese de prisión, lo que fue rechazado por el Tribunal Oral Federal Nº 2. El petitorio pasó entonces al máximo organismo en materia penal que resuelve el cese de la prisión preventiva bajo fianza y la condición de no salir del país, no mudar de domicilio y presentarse el primer y tercer miércoles de cada mes ante el TOF Nº 2.
¿Qué tiene de débil esta parte?
En una causa común se supone que la parte débil son los acusados, que hasta la sentencia deben ser considerados inocentes. Pero en una causa por delitos de lesa humanidad, que juzgará delitos cometidos hace 35 años, cuya mayor prueba son los testimonios y cuyos imputados pudieron mantener la impunidad durante décadas, la parte débil debería ubicarse en la querella.
"Todos sabemos la responsabilidad que han tenido en la desaparición de miles de compañeros en toda la provincia, por lo tanto saben que lo que les espera es la cadena perpetua. Le están dando la oportunidad que se fuguen y que amedrenten a los testigos. Queremos que el juicio se haga. Acá lo que hay es un avance de la impunidad. Pero el juicio debe seguir adelante", consideró Héctor "Chinche" Medina, testigo y querellante en la causa Díaz Bessone.
"El hecho de que los imputados estén en libertad pude provocar intimidación en los testigos, que es la principal prueba con la que contamos en este tipo de causas. Como en la causa Guerrieri, la herramienta fundamental es el testimonio. Están reunidas las condiciones para que los imputados permanezcan en prisión preventiva", aseguró Daniela Asinari, abogada integrante del equipo jurídico mencionado.
"Se han dado maña, por decirlo de algún modo, por más de treinta años para perpetuar su impunidad. Por ende están dadas las condiciones para que pensemos que tienen las facultades, el poder, para entorpecer el desarrollo del juicio que empieza en tres meses", destacó la letrada.
Causa justa, tiempos lentos
El comienzo de la causa Díaz Bessone tuvo sucesivas suspensiones. La última fue la del 27 de abril. Esa era la fecha de inicio, pero se postergó hasta el 21 de julio dado que los jueces del tribunal son los mismos que condenaron a prisión perpetua a los cinco genocidas de la causa Guerrieri - Amelong.
Los antecedentes nefastos en torno a causas por delitos de lesa humanidad en nuestro país hacen pensar que el ritmo de la justicia, no se adecua a los tiempos de la realidad y el peso de los acusados. La desaparición del testigo clave en la condena de Miguel Etchecolatz, Jorge Julio López, la muerte por envenenamiento en prisión del militar quebrado Héctor Febres, el asesinato de la testigo de la causa Brussa, Silvia Suppo, son hechos peligrosos que interpelan a los funcionarios provinciales y nacionales, cuyos planes de protección a testigos mostraron nuevamente una debilidad importante.
Es inaudito que los testigos hayan tomado conocimiento de la decisión de la Cámara de Casación Penal mediante los medios de comunicación. Esto sin mencionar las declaraciones del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, Héctor Superti, quien afirmó que tampoco sabía de la excarcelación. "Yo he planteado protocolizar para casos futuros que se nos notifique por parte de las fuerzas de seguridad", declaró el funcionario. Una actitud por lo menos vergonzosa de parte del responsable de velar por la seguridad de quienes van a declarar una vez más contra los responsables del terrorismo de estado.
"Nos enteramos tres días después de la medida. Nosotros
les comunicamos al programa de seguridad de la Provincia que estaban en libertad",
narró Laura Ferrer Varela, testigo y querellante de la ex mega causa
Feced. "La verdadera seguridad de los testigos es que los genocidas
estén presos", sentenció la víctima. "Tememos
que ellos se escapen. Saben que son candidatos a la perpetua", adelantó.
Por su parte, el Senador el Partido Socialista Juan
Carlos Zabalza presentó un proyecto para que el Ministerio de Justicia
de la Nación disponga fondos para garantizar el adecuado funcionamiento
del Programa de Protección de Testigos de Santa Fe. Una muestra de debilidad
política del gobierno provincial de su mismo signo, que termina llorando
sobre la leche derramada luego de una falla que podría haber generado
que un testigo o querellante se cruce en la calle con quien le aplicó
tormentos y desapareció un ser querido. "Que la sociedad rodee
a los testigos. Si la impunidad se construye desde el poder, la justicia se
construye desde el pueblo", aseguró otra integrante del equipo
de abogadas de los testigos y querellantes, Leticia Faccendini.
Lo cierto es que hoy El Ciego, El Cura y El Pelado están sueltos y podrán
entrar por la misma puerta que sus víctimas al tribunal que los procesará
por delitos de lesa humanidad. La Corte Suprema de Justicia tiene ahora que
tratar el pedido de revocatoria de la medida de la Cámara Nacional de
Casación Penal. De ella depende que los imputados permanezcan en libertad
o vuelvan a prisión preventiva. La condena a los represores de la cusa
Guerrieri - Amelong ha sido un buen puntapié en el juzgamiento a los
genocidas. Por ahora, la libertad de estos represores parece tener un precio.
Esperemos que las decisiones judiciales en torno a esta causa no sigan la
misma lógica.
¡Cuidado! represor suelto
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Ferrer Varela en conferencia de prensa
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Poema en el ex CCD
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