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Juicio por Automotores Orletti y el Plan Cóndor
Por ((i)) DD.HH. -
Monday, Jun. 07, 2010 at 10:23 AM
Comenzó el juicio a 6 represores que actuaron en el centro clandestino conocido como “Automotores Orletti”.El juicio esta a cargo del Tribunal Oral en lo Federal N° 1 (TOF1). El tribunal está integrado por los jueces Adrián Grunberg, Oscar Almirante y Jorge Gettas.
Todos los imputados están procesados con prisión preventiva por privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado, en perjuicio de 65 víctimas, cargos que prevén condenas máximas de prisión perpetua.
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Comenzó el juicio a 6 represores que actuaron en el centro clandestino conocido como “Automotores Orletti”.El juicio esta a cargo del Tribunal Oral en lo Federal N° 1 (TOF1). El tribunal está integrado por los jueces Adrián Grunberg, Oscar Almirante y Jorge Gettas. Todos los imputados están procesados con prisión preventiva por privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado, en perjuicio de 65 víctimas, cargos que prevén condenas máximas de prisión perpetua. Según lo investigado el juez federal Daniel Rafecas, el centro clandestino Automotores Orletti, estuvo bajo la órbita del fallecido ex jefe de la Triple A, Aníbal Gordon y dependía funcionalmente de la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE), a cargo entonces de Otto Paladino, que también falleció.
Este centro clandestino funcionó desde mayo a noviembre de 1976 en Venancio Flores 3519/21, entre Emilio Lamarca y San Nicolás, emplazado en medio de casas bajas de familia en el barrio de Floresta.
La vieja casa con la fachada de un taller mecánico, hoy conservado como sitio recuperado para la memoria, era también conocido como "El Jardín" y fue alquilada por agentes de la SIDE para ser base operativa del denominado "Plan Cóndor", diseñado por dictaduras latinoamericanas para perseguir a opositores políticos.
La causa por "Automotores Orletti" es un desprendimiento de la megacausa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito del Primer Cuerpo del Ejercito, reabierta tras la derogación y declaración de "nulidad insalvable" de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Situación de los procesados
Rubén Víctor Visuara (coronel -R.- del Ejército Argentino y jefe del Departamento Operaciones Tácticas I de la ex SIDE, de la que habría dependido la base OT 18 donde habría funcionado el centro de detención “Automotores Orletti”): se le imputan los delitos de homicidio calificado por alevosía reiterado en cinco casos, de privación ilegal de la libertad agravada por su comisión mediante violencia o amenazas, reiterado en 18 oportunidades -cuatro de ellas calificadas además por su duración superior a un mes- y de imposición de tormentos, reiterado en 18 ocasiones, previstos y reprimidos por los artículos 80, inciso 2º; 144 bis, inc. 1º y último párrafo -versión según ley 14.616- en función del 142, incs. 1º y 5º y 144 ter, primer párrafo -texto de la citada ley-, todos ellos del Código Penal, en calidad de autor mediato y en concurso real entre sí.
Eduardo Rodolfo Cabanillas (general de División –R.- del Ejército Argentino, capitán al momento de los hechos, presunto subjefe de la base OT 18 donde habría funcionado el centro de detención “Automotores Orletti”): se le imputan los delitos de homicidio calificado por alevosía reiterado en cinco casos, de privación ilegal de la libertad agravada por su comisión mediante violencia o amenazas, reiterado en 29 oportunidades -cuatro de ellas calificadas además por su duración superior a un mes- y de imposición de tormentos, reiterado en 29 ocasiones, previstos y reprimidos por los artículos 80, inciso 2º; 144 bis, inc. 1º y último párrafo -versión según ley 14.616- en función del 142, incs. 1º y 5º y 144 ter, primer párrafo -texto de la citada ley-, todos ellos del Código Penal, en calidad de autor mediato y en concurso real entre sí.
Honorio Carlos Martínez Ruiz (ex agente de la ex SIDE al momento de los hechos, que se habría desempeñado en el centro de detención “Automotores Orletti”): se le imputa el delito de privación ilegal de la libertad agravada por su comisión mediante violencia o amenazas, reiterado en 65 oportunidades -siete de ellas calificadas además por su duración superior a un mes- en concurso real con el de imposición de tormentos, reiterado en 65 ocasiones, previstos y reprimidos por los artículos 144 bis, inciso 1º y último párrafo -versión según ley 14.616- en función del 142, incs. 1º y 5º y 144 ter, primer párrafo -texto de la citada ley-, todos ellos del Código Penal, en calidad de partícipe necesario.
Raúl Antonio Guglielminetti (personal civil de inteligencia del Ejército Argentino al momento de los hechos, que se habría desempeñado en el centro de detención “Automotores Orletti”): se le imputa el delito de privación ilegal de la libertad agravada por su comisión mediante violencia o amenazas, reiterado en 25 oportunidades -dos de ellas calificadas además por su duración superior a un mes- en concurso real con el de imposición de tormentos, reiterado en 25 ocasiones, previstos y reprimidos por los artículos 144 bis, inciso 1º y último párrafo -versión según ley 14.616- en función del 142, incs. 1º y 5º y 144 ter, primer párrafo -texto de la citada ley-, todos ellos del Código Penal, en calidad de autor material.
Eduardo Alfredo Ruffo (agente de la ex SIDE al momento de los hechos, que se habría desempeñado en el centro de detención “Automotores Orletti”): se le imputa el delito de privación ilegal de la libertad agravada por su comisión mediante violencia o amenazas, reiterado en 65 oportunidades -siete de ellas calificadas además por su duración superior a un mes- en concurso real con el de imposición de tormentos, reiterado en 65 ocasiones, previstos y reprimidos por los artículos 144 bis, inciso 1º y último párrafo -versión según ley 14.616- en función del 142, incs. 1º y 5º y 144 ter, primer párrafo -texto de la citada ley-, todos ellos del Código Penal, en calidad de autor material.
Que era el Plan Cóndor
Fue un operativo coordinado, en los años 70, entre la CIA y las dictaduras militares que ejercían el poder en ciertos países del sur de América Latina (Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia) a través de sus servicios de seguridad, para combatir a opositores políticos.
Los datos pudieron ser obtenidos no hace mucho, por documentos desclasificados por parte de la CIA. En Paraguay, donde aparentemente se guardaba la documentación, salieron a la luz hacia 1990, papeles secretos que rebelaron los horrores cometidos por la policía política de ese país, y sobre la acción coordinada con países de la región. Allí se habla de una reunión de tal carácter, celebrada en Santiago de Chile, a fines de 1975. En el informe del agente del FBI Robert Scherrer, de 1976, que se desempeñaba como agregado legal, integrante de la embajada estadounidense en la capital argentina, desde 1972, al Director del FBI en Norteamérica (Washington) se hablaba de la existencia de este Plan Cóndor, como base de datos, con el fin de eliminar a enemigos políticos. Descubrió estas operaciones al investigar las conexiones locales del asesinato de Orlando Letelier del Solar.
En un documento de la CIA fechado el 23 de junio de 1976, se pone de manifiesto que existió una reunión en Buenos Aires a comienzos del año 1974, donde se reunieron oficiales argentinos, uruguayos, chilenos, bolivianos y paraguayos para coordinar acciones “anti-subversivas”.
En Chile, los militares detentaban el poder desde 1973, cuando fue derrocado Salvador Allende, en Uruguay desde 1976, aunque ya tutelaban las funciones gubernamentales, desde tres años antes, y en Brasil, a partir de 1964. En Paraguay la dictadura era más antigua y se remontaba a 1954, personalizada en el general Alfredo Stroessner. Las dictaduras más viejas, y por lo tanto más expertas, brindaban asesoramiento a las más recientes. Brasil, por ejemplo, tuvo mucha influencia en el nacimiento de la dictadura chilena.
En junio de 1974, en Chile, fue creada la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) que fue el brazo ejecutor policial y secreto de la represión instaurada por Pinochet. Su jefe fue Manuel Contreras, que es considerado como el fundador de este Plan Cóndor, gestado tras la visita que realizó a Langley (Virginia) en 1975, donde recibió, durante 15 días, instrucciones en el Cuartel General de la CIA. Las bases de las operaciones estarían instaladas en el espacio comprendido por la región del Canal de Panamá.
En Bolivia, Hugo Bánzer, dictador de la época, negó la participación de su país en la organización. Si bien el aporte boliviano fue de menor importancia, actuó en el suministro de datos, y en la entrega de personas sospechadas.
Carlos Prats, fue un prestigioso militar, al mando del ejército durante el gobierno en Chile, de Salvador Allende. Hombre de derecho, respetuoso de la legalidad, profesionalizó y jerarquizó la institución militar. Fue Ministro de Defensa en 1973, y debió exiliarse en Argentina tras el golpe militar que derrocó a Allende. En ese país encontró la muerte, junto a su esposa, cuando la DINA colocó en su automóvil un aparato explosivo. Para hacerlo, seguramente debieron haber recibido apoyo local de grupos argentinos. La conexión interestatal es notable si observamos que la mayoría de los subversivos uruguayos fueron asesinados fuera de su país.
El chileno Orlando Letelier, que había sido Ministro de Gobierno de la derrocada democracia, corrió suerte parecida, ya que tras padecer la prisión donde fue cruelmente torturado, debió radicarse en Estados Unidos donde también falleció a consecuencia de una bomba que estalló en su vehículo.
Además de actuar en América el operativo se extendió a Europa. Por ejemplo en Roma (Italia) el Demócrata Cristiano chileno Bernardo Leighton sufrió una tentativa de homicidio por parte de la Operación Gladio, organización anticomunista apoyada también por la CIA.
En el año 2007 la justicia italiana ordenó el arresto de 140 militares (originariamente había seis más pero murieron) comprometidos con este siniestro plan. En su consecuencia la primera detención que ocurrió fue la de Néstor Fernández Troccoli, que había sido militar de la represión ilegal, de nacionalidad uruguaya, en su vivienda ubicada al sur de Italia.