La otra cara de la moneda: la estrategia cultural-educativa
Por (reenvio) Ximena Martínez - Sunday, Sep. 19, 2010 at 9:25 PM
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8-3-2006/ Se trató de una minuciosa planificación y diseño pormenorizado que censuró todo lo contrario al manual de las buenas costumbres occidentales y cristianas.

La última dictadura cívico-militar argentina desplegó dos grandes frentes: la estrategia en el plano de “las armas” y la estrategia en el plano “psicológico” que se circunscribió a lo cultural-educativo, donde no fue en absoluto improvisada a la hora de producir, difundir y censurar información con el fin de apuntalar los cimientos ideológicos del proceso que se autoproclamaba como “reorganizador” de la Nación.

Lejos de constituirse en una preocupación secundaria, la estrategia en el campo educativo y cultural contó con una planificación y diseño pormenorizado que se acompañó de un aceitado mecanismo de investigación, selección, análisis y censura de todo material contrario al manual de las buenas costumbres occidentales y cristianas. El plan era global, la “reorganización” era en todos los campos y éste ocupaba un lugar central al punto que una de las primeras medidas del Comandante en Jefe del Ejército, Jorge Rafel Videla, en este aspecto fue cambiar el nombre de lo que hasta entonces se denominaba ministerio de Educación y Justicia, por el de ministerio de Cultura y Educación, uniendo en un solo organismo el blanco que se necesitaba embestir.

Militares y civiles adeptos al régimen más largo y sangriento de la historia argentina, focalizaron su atención en estos aspectos porque tal como mencionara el general Antonio Vaquero, por entonces segundo jefe del Estado Mayor del Ejercito, en una carta dirigida al ministro del Interior, general de Brigada Eduardo Albano Harguindeguy, en noviembre de 1977, “mientras no se combata a la subversión en el ámbito cultural, la misma podrá continuar con la captación de mentes juveniles pues el ciclo no habrá quedado interrumpido”.

A partir de la segunda mitad de 1977 se redactaron los documentos de circulación interna más representativos de la planificación e implementación de la estrategia cultural-educativa. Entre ellos figuraba el Informe Especial Nº 10, elaborado por el Estado Mayor del Ejército, con fecha octubre de 1977 y el Plan Nacional de Comunicación Social, que el Secretario de Información Pública, Carlos Carpintero, presentó ese mismo año al Poder Ejecutivo. Desde sus enunciados, el Estado se otorgaba el rol de mantener, acrecentar y desarrollar la “cultura nacional” adoptando las medidas necesarias para su defensa.

Los recursos del Estado se pusieron al servicio de una añorada “legitimación” para un gobierno inconstitucional que buscaba y necesitaba apoyo frente a la irrupción de su llegada al poder. El ministerio de Cultura y Educación y el ministerio del Interior estuvieron a la cabeza de la estructura conformando una suerte de órgano de conducción centralizado que buscaba combatir a la “subversión” en el ámbito cultural-educativo. Bajo su órbita funcionaron, coordinadamente, los ministerios de Planeamiento, Justicia y Relaciones Exteriores, la SIDE, la Aduana y ENCOTEL. El poder militar había “reagrupado sus ejércitos” para la censura.

La educación constituía uno de los pilares fundamentales sobre el que la dictadura trabajó para imponer su ideología y censura, por considerarla un instrumento “apto” para la “infiltración subversiva”.

Circulares y disposiciones emanadas de la cartera educativa, del Consejo Nacional de Educación (hoy Consejo Federal de Educación) y de demás organismos dependientes, llegaban a las autoridades educativas y maestros, indicando todo aquello que según constaba como objetivos básicos del golpe, podía o no hacerse para la “conformación de un sistema educativo acorde con las necesidad del país, que sirva definitivamente a los objetivos de la nación y consolide los valores y aspiraciones culturales del ser argentino”. Un individuo educado sin referencias a su contexto social e inactivo debía ser el resultado.

Pedro Bruera fue el primer ministro de Cultura y Educación nombrado por la Junta, y el responsable de la creación e inicio de la “Operación Claridad”. Su misión: infiltrar agentes de inteligencia en colegios, universidades y ámbitos culturales para detectar “subversivos” y confeccionar las “listas negras” de estudiantes, docentes, artistas, escritores, intelectuales, libros, películas, editoriales, espectáculos, considerados contrarios a la lógica y moral del régimen.

Amparados en este plan se restringió el acceso al sistema educativo cerrando e interviniendo instituciones de educación superior. En cuanto a la bibliografía empleada en los distintos niveles educativos, comenzó por prohibirse los textos primarios utilizados durante el primer y segundo gobierno peronista. Le siguieron las prohibiciones de libros de lectura, diccionarios, Atlas, textos de distintas áreas del conocimiento para el estudio en el nivel escolar, superior y universitario. La Enciclopedia Salvat Diccionario, por ejemplo, fue prohibida porque según se informaba desde el Diario La Prensa del 4 de octubre de 1980, ofrecía al “estudiante de los primeros cursos del nivel secundario un léxico definidamente marxista”.

Pero no todo fue prohibición, también se elaboraron textos para leer en las instituciones educativas con el principal objetivo de “crear conciencia” sobre lo que sucedía en el país y ganar adeptos al régimen. El folleto “Subversión en el ámbito educativo (conozcamos a nuestro enemigo)”, impreso en los propios talleres del ministerio de Cultura y Educación y de lectura obligada por resolución Nº 538 del 27 de octubre de 1977, firmada por el entonces ministro Juan José Catalán, fue uno de los casos. En él se daban definiciones de guerra, marxismo, comunismo, subversión, que debían ser leídas y estudiadas por docentes y alumnos, y se lo acompañó con un video promovido desde la Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada (SNEP).

Dos años después, “El Terrorismo en la Argentina”, documento editado por el propio Poder Ejecutivo Nacional, también se envió a establecimientos educativos de nivel primario, secundario, superior y universitario a fin de legitimar el discurso dictatorial. En este caso, el documento constaba principalmente de anexos, en su mayoría compuestos por notas periodísticas publicadas en medios nacionales, comunicados y material gráfico de las organizaciones armadas anteriores al golpe. Desde ellos se buscaba poner de manifiesto el accionar de las “bandas de delincuentes terroristas”, para reforzar la idea de la “necesidad de intervención” de las fuerzas armadas en la vida política y el camino de la fuerza que le siguió.

La publicación de este documento además coincidió con la llegada de la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que se le entregaron copias y por cancillería se envió a varios países.

En cuanto a otros aspectos, el modelo educativo de la dictadura se caracterizó por la expulsión de los docentes considerados “peligrosos” y la resistencia pasiva o autocensura de otros. Representantes de las fuerzas armadas fueron designados en distintos niveles educativos, como forma de verticalizar la administración bajo control militar. Se realizaron cambios curriculares tanto a nivel de contenidos como a nivel de organización curricular (se valorizó la estructura por asignatura contra una mirada interdisciplinaria). Se dictaron diversas medidas que suprimieron las formas de participación vigentes hasta el momento, se reglamentaron los modos de disciplinamiento; y se priorizó una estrategia contraria a la inserción de aspectos innovadores en las instituciones educativas, mientras se fortalecían los principios propios del funcionamiento burocrático.

Con el despliegue de toda esta estrategia, el discurso militar autoritario buscó incorporarse en las representaciones sociales y conformar una cultura política que ratificara el golpe, como si hubiese sido un hecho necesario de la naturaleza para alcanzar una “normalización” disciplinaria de la Nación donde la violencia pareciera justificada. Las consecuencias del autoritarismo pedagógico calaron tan hondo en la sociedad argentina que aún hoy, resabios de ellas, perviven en nuestros sistemas educativos.

http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=1564

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