Silvia Suppo, asesinada dos veces
Por Luis Ortolani - Sunday, Sep. 19, 2010 at 9:45 PM

La causa por el asesinato de Silvia Suppo acaba de dar un paso que puede ser fundamental: la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ha pedido al titular del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Rafaela, Alejandro Mognaschi, que decline su competencia en el caso y lo remita al Juez Federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, quien fuera instructor de la causa Brusa.

La Secretaría señaló que tomaba esa medida por expresas instrucciones de la Presidenta de la Nación, quien había ya prometido su apoyo, incluso en una reunión privada con un hermano de Silvia Suppo, residente en España, que viajó expresamente y uno de los hijos de Silvia, Andrés Destéfani.

Y entre los querellantes se entiende que la medida ha sido precipitada por una reciente presentación que hicieron los abogados de los hijos de Suppo, Marina y Andrés Destéfani, los doctores Lucila Puyol y Guillermo Munné, quienes llevaron ante el doctor Rodrìguez, a un testigo de identidad reservada, que habría aportado datos de gran importancia.

Desgraciadamente, el Juez Rodríguez consideró que, por razones de competencia, debía enviar el testimonio al juez Mognaschi. Y en alguna parte la noticia se filtró al diario Castellanos, que desde el principio estuvo contra Silvia y se burló del testimonio, presentando una versión absurda.

Ante esto, ex detenidos desaparecidos y militantes de derechos humanos han manifestado por escrito su desconfianza, las notorias actitudes de la policía, la escasez de medidas judiciales que abrieran una línea distinta a la del robo, la actitud pasiva de las autoridades provinciales.

Entre las principales que surgen es la falta de elementos objetivos de prueba. No hay huellas identificables ni sangre en la ropa ni en los cuchillos supuestamente usados en el asesinato.

Por otra parte la pericia del Cuerpo de Médicos Forenses de Rosario, realizada cuando por exigencia de la querella se exhumó el cadáver y se hizo una segunda autopsia en esta ciudad, no pudo afirmar con certeza que esos cuchillos fueron los causantes de las heridas.

Los firmantes de la nota piden ayuda a las autoridades nacionales que, señalan “siempre nos brindaron todo su apoyo”.

No cabe duda de la razón que les asiste al desconfiar de la policía, del juez y de las autoridades provinciales.

La policía de Rafaela comenzó una verdadera labor de encubrimiento en la misma mañana del 29 de marzo, cuando Silvia Suppo fue asesinada de 9 puñaladas en su negocio “Siempre cuero”. No se aisló la escena del crimen, donde los curiosos merodeaban, las huellas levantadas eran un masacote, como es lógico que suceda en un negocio frecuentada por mucha gente.

Las que justamente no estaban son la de los dos jóvenes que después se confesaron autores del crimen y están imputados en la investigación judicial: Rodrigo Sosa, 19 años, analfabeto, con antecedentes de robos menores, rafaelino, que lavaba autos a una cuadra del negocio asaltado. Y su primo Rodolfo Cóceres, 22 años, residente en Santa Fe, sin antecedentes policiales.

También se lanzó una versión sobre el robo de objetos de oro y plata. Los hijos de Silvia Suppo, que conocían bien el negocio de su madre dijeron que no había allí tal cosa, sólo los materiales que constituían la venta habitual y algunas chafalonías que más tarde se hallaron en poder de los imputados, así como un poco de dinero.

No se privaron de nada los policías rafaelinos. Hicieron desaparecer un video de las cámaras de seguridad de la estación de ómnibus, en el que aparecían los imputados, que su titular entregó a un comisario, quien más tarde negó haber recibido ningún video. El ministro de Seguridad de la Provincia, Alvaro Gaviola, tampoco se privó de decir que no le constaba que ningún subordinado suyo tuviera tal video.

Afortunadamente el dueño de las cámaras, de apellido Gunzinger, es un hombre honesto y precavido, tenía una copia, que entregó directamente al Juez , Alejandro Mognaschi, dos meses después, cuando fue citado por el mencionado Juez, que, dicho sea de paso, tampoco se ha mostrado muy activo, ni verdaderamente interesado en abrir una línea de investigación que no sea la de muerte en ocasión de robo.

Y podríamos seguir, con el tema del remisero y muchas otras cosas que, de todas maneras, tienen frondoso estado público.

Hay un detalle fundamental, sin embargo, sobre el que se ha hecho poco hincapié. Precisamente en la tarde del día que fue asesinada, Silvia Suppo, tenía planeado hacer una manifestación pública, con integrantes de organismos de derechos humanos, acerca de la investigación que estaba impulsando sobre la desaparición de quien fuera su primera pareja, Reynaldo Hattemer y su propio secuestro, junto a quien después sería su esposo, Jorge Destéfani, todos ellos compañeros de militancia.

Advertidos de esta situación, se sospecha en algunos medios de derechos humanos, los represores que estarían implicados en esos hechos y que caminan tranquilamente por las calles de Rafaela, habrían ordenado el asesinato, cuyos autores no serían los imputados confesos, sino asesinos profesionales que dejaron muy pocos cabos sueltos, de los que no pudieron agarrarse unos policías que poco interés tenían en hacerlo.

Toda otra versión suena absurda. Por más analfabeto y tonto que pudiera ser Sosa, no se le ocurriría ir a robar a un negocio situado en la zona donde lavaba coches y cuya dueña seguramente lo conocía muy bien. Y para hacer un robo de poco monta ¿tenía que llamar a un primo de Santa Fe?

Ahora la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es un paso valiosísimo, pero todavía no está todo dicho. La doctora Lucila Puyol manifestó a Hipótesis, en una comunicación telefónica “el juez Mognaschi puede negarse a declinar su competencia y la fiscal y la defensora pueden apoyar al juez y entonces tendremos que apelar y mientras tanto él seguirá siendo el juez.

Ante todo esto, esta columna se permite un poco de futurología. Supongamos que no se consigue pasar la causa al fuero federal. Supongamos que entonces el Juez Mognaschi eleva a la causa a juicio, como ya señalan algunos medios que está próximo a suceder, a pesar de los dichos del testigo reservado recientemente presentados.

No hay elementos de prueba materiales contra Sosa y Cóceres. Sólo su confesión. En ese momento aparece uno de esos abogados hábiles y caros, que alguien interesado en el tema pagará y dirá “mis defendidos son inocentes. Alguien cuya identidad no conocen, porque hubo una cadena de intermediarios, les pagó para que se declararan culpables y les armó la declaración.

“Ahora retiran esa declaración y se declaran inocentes”.

Entonces Sosa y Cóceres sólo recibirán una pena de entre un mes y cuatro años por falso testimonio y los verdaderos asesinos, materiales e intelectuales, seguirán caminando por las calles de Rafaela.

Es un final posible, que esperemos no se dé, porque en ese caso, Silvia Suppo, sería asesinada dos veces. Esta columna quiere cerrar rindiendo homenaje a esta valiente luchadora, a su esposo Jorge Destéfani, que estuvo varios años preso en Coronda y fue coautor del libro “Del otro lado de la mirilla”, falleciendo el año pasado de una grave enfermedad, a sus hijos, a los abogados y militantes que pelean en la querella.

Queremos un final de Justicia, con los verdaderos asesinos presos. Los de ahora y los de antes.

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