Disputar en todos los espacios por el sentido de la educación
Por Dra. Adela Coria. Legisladora Provincial - Wednesday, Nov. 10, 2010 at 11:22 AM

A más de un mes del inicio del conflicto encarnado por los estudiantes secundarios, a quienes se fueron sumando padres, docentes y distintos sectores de la sociedad, se han expresado muy diversas posiciones respecto del modo de encauzar la profundización del debate en torno del anteproyecto de ley de educación provincial.

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Esas posiciones confluyen en expresiones públicas en las que se destaca la defensa de la educación laica, gratuita, obligatoria, y de calidad. Aunque difieren en la estrategia para alcanzar este objetivo común, confluyen también en la idea que necesitamos más tiempo de debate.
Como Legisladora miembro de la Comisión de Educación de la Legislatura Provincial, habiendo participado en el Consejo Provincial de Políticas Educativas en dicha condición, y también como Pedagoga, ratifico mi posición de defensa de la educación como un derecho social, inscripta en la tradición de la educación estatal laica, exenta de dogmatismos, gratuita, garantizada por el estado, basada en principios de justicia e igualdad, con órganos de gobierno y consultivos plenamente participativos, que reconozca firmemente la diversidad cultural, sexual, de género, y se sostenga en los pilares de la formación integral, en perspectiva ciudadana crítica y transformadora, en todos los niveles y modalidades, y en la defensa de los derechos docentes.
Expreso al mismo tiempo mi firme compromiso de seguir aportando a la construcción de un proyecto de ley de educación que exprese los principios que unifican los legítimos reclamos, en las escuelas, en las calles y en el espacio legislativo, espacios todos de profunda disputa por el sentido de la educación.
Algunas reflexiones a propósito de las novedades en la presentación del anteproyecto
Educación laica
El anuncio respecto de uno de los principales temas en discusión (el derecho de los padres a que sus hijos reciban de manera opcional educación religiosa que les permita aprehender los valores de las creencias por las que hubieren optado) ha merecido, según se anuncia, una revisión del texto original del anteproyecto, retomando la idea que debe desarrollarse de modo “extracurricular”, expuesta como una alternativa en el propio Consejo Provincial de Políticas Educativas, frente a la negativa de eliminación del inciso en cuestión por la mayoría, basada en razones constitucionales (Constitución Provincial).
Seguimos sosteniendo la tesis de la no injerencia del estado en el ámbito privado, el respeto irrestricto a la libertad de cultos y a la pluralidad de opciones religiosas, contra toda forma de discriminación, en función de lo cual en la educación pública estatal debe garantizarse la neutralidad del estado en materia religiosa.
Por tanto, insistimos en la necesidad de no incluir dicho inciso, como tampoco, el objetivo en la escolaridad primaria de formar a opción de los padres en la religión por la que hubiesen optado. También volvemos a plantear la necesidad de promover la formación en el respeto del conjunto de derechos humanos, sin establecer jerarquías entre ellos.
Será el único modo de atender a las amplias expresiones públicas a las que hemos asistido en este mes que se han expresado a favor de la laicidad, de saldar la renovación en el presente de un histórico debate, de ajustarnos a la constitución nacional y la ley de educación nacional, y asumir la extensa tradición laica en escuelas públicas estatales, que el pueblo cordobés ha internalizado y respetado todos estos años.
En este tiempo de revitalización de la política -y como no fue posible en la década de los ’90-, será fundamental dar el paso de construir una norma consistente con esa tradición, cambiando en ese sentido la ley 8113 hoy vigente.
Educación, mundo del trabajo, formación ciudadana
El siglo XXI y sus desafíos trascienden las políticas neoliberales de los `90. En sentido general, es legítima la preocupación expresada en relación con las pasantías (incluso sostenida por la Directora del INET) ante la compleja problemática de la precarización laboral y la penetración de la lógica económica en los destinos de la educación, tanto más favorecida por los modos actuales de expresión y expansión de la globalización económica que han ido permeando el campo educativo.
Sin negar la necesidad de avanzar en procesos de articulación entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo –altamente complejo y desigual-, ni eludiendo la necesaria articulación entre saberes teóricos y prácticos, se hace imprescindible una mirada crítica que supere la lógica de los `90 que imaginaba formación acotada a puestos de trabajo.
Es preciso en ese sentido revisar el anteproyecto, preservando en la educación secundaria (particularmente, en la modalidad técnica) exclusivamente el carácter educativo de las experiencias acotadas que puedan realizarse en espacios socio-laborales, al mismo tiempo que poner el acento en el valor de la formación general y ciudadana, en la crítica y en una perspectiva transformadora, pues no hay “destino” social que sea inexorable, y la escuela tiene por función habilitar múltiples mundos posibles. Junto con esa revisión general, deberemos en esa perspectiva incorporar, entre otros, el artículo de la ley de educación nacional que refiere al conocimiento crítico de los derechos laborales, que es una vacancia en el anteproyecto, y que el debate público ha permitido visibilizar.
Presupuesto y Artículos transitorios
El documento en el que refería a la necesaria profundización del debate en materia presupuestaria, queda confirmado con los anuncios al momento de la presentación del ante proyecto.
Es real que Córdoba es una de las provincias que más fondos destina a educación en el concierto nacional, y que supera parámetros internacionales en relación al presupuesto total o en relación a otras áreas igualmente sensibles (basta comparar el aproximadamente 30% actual, respecto del 10% destinado a salud).
Pero este punto debe ser analizado exhaustivamente. La inversión potencial que se ha hecho pública -35% como mínimo en la ley, el 41% para 2011- (y que todos sabemos, en un altísimo porcentaje se destina para el pago de salarios docentes) debe ser considerada a la luz de los desafíos financieros y también pedagógicos que plantean sobre todo, la obligatoriedad de la sala de 4 años, la universalización de las salas de 3 años (más aún la de todo el nivel inicial que propusimos), la universalización de la jornada extendida, las profundas modificaciones que reclama la educación secundaria en sus distintas orientaciones y modalidades, fundamentalmente, la extensión de la obligatoriedad a su finalización, tal como ordena la ley de educación nacional, aspectos estos del anteproyecto que son de relevancia.
Los acuerdos de metas firmados por el COPEC (Consejo de Planificación Estratégica de Córdoba) no han sido puestos en consideración en el debate ni en las escuelas ni en el Consejo Provincial de Políticas Educativas, suponen un compromiso de algunos partidos políticos para dar continuidad a los cambios como política de estado, pero merecen nuestro más detenido análisis.
Dos ejemplos:
- la garantía de obligatoriedad para los 4 años (partiendo de una cobertura actual del 73%) debería resolverse al 2011-2012, y no diferirse por dos años más.
- la universalización de la jornada extendida no solo remite al plan gubernamental de iniciar por los últimos grados de la escolaridad primaria (4to, 5to, 6to) ni a escuelas que atienden a los sectores marginalizados. Debe plantearse respecto de toda la escolaridad primaria, tal como lo enuncia el anteproyecto de ley.
En relación con la garantía del financiamiento educativo, pocos discuten que se contemplen aportes de distintas jurisdicciones legalmente involucradas con la educación, por ley de
financiamiento educativo (tal el caso de la jurisdicción nacional) o aportes que sostienen escuelas desde la jurisdicción municipal, como es el caso de la Municipalidad de Córdoba.
Lo que sí merece ser discutido en profundidad es qué significa el aporte de otros actores (comunitarios o sectoriales) o la generación de recursos por cooperadoras escolares, tomando como criterio socio-pedagógico y político que no deben sostenerse desde una ley general, principios que refuercen la ya histórica segmentación y fragmentación del propio sistema educativo (no es lo mismo recibir en donación un torno, que financiamiento autónomo autorizado por el estado en casos de escuelas agrotécnicas donde se da la producción de lechería o soja, cuestión que enfatizara en el marco del Consejo de Políticas Educativas). Ello nos reclamaría pensar en políticas redistributivas internas al sistema, reconociendo las diferencias sustanciales entre escuelas de diferentes regiones, que aborden integralmente la problemática.
Los enunciados legales que remiten a estos aportes sectoriales, comunitarios, ya estaban incluidos en la ley 8113. El debate público advierte que deberían plantearse clausulas de garantía, como establecer que ninguna donación pudiera tener contraprestaciones de ninguna naturaleza, la no utilización de aportes para gastos corrientes que deben ser cubiertos por el presupuesto estatal, e imaginar también fondos solidarios, regulados por el estado.
Amplio debate público
El ingreso del anteproyecto a la Unicameral no debe significar la clausura de tan importante debate, que deberá desarrollarse en el tiempo que sea necesario. Muchos colectivos sociales tienen aportes por hacer. Las escuelas, sus docentes, estudiantes, padres, institutos superiores, los universitarios, pueden seguir siendo un espacio de discusión y elevar nuevas valoraciones a la Legislatura Provincial. Escuchar ideas y propuestas e incorporarlas en texto legal, es función de los legisladores, pero la norma tendrá legitimidad social solo si se garantiza plena participación ciudadana.

Dra. Adela Coria
Legisladora Provincial
Bloque Frente Progresista
Córdoba, 7 de noviembre de 2010

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