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Por reenvío red eco alternativo - Friday, Nov. 26, 2010 at 8:45 AM

Es la cantidad de personas muertas por gatillo fácil o torturas en cárceles, comisarías e institutos de menores desde diciembre de 1983 a noviembre de 2010. En lo que va de este año, suman 220 los casos registrados.

(Cecilia Litvin – Red Eco) Argentina – Estos datos se desprenden del Archivo de Casos de Personas Asesinadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado, presentado por Correpi el 19 de noviembre pasado en Plaza de Mayo.
Como todos los años, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional elabora este informe con el objetivo de dar cuenta no sólo del alcance y la extensión de la represión que padece el pueblo, sino que ésta responde a una política de Estado. Es lo que desde Correpi califican como represión preventiva, una política estatal dedicada a disciplinar al pueblo, a los jóvenes, a los pobres. “No es un policía es toda la institución, porque actúan de la misma manera en todos lados, porque es tan asesina la policía de Hurlingham, gobernada por el PJ, como la Metropolitana de Macri, porque el gatillo fácil y la tortura son sistemáticos desde Morón, que gobierna el progre de Sabbatella, a Rosario, donde gobierna el Partido Socialista. En San Martín donde gobierna un partido vecinal, o en la Ciudad de Córdoba con su gobierno del Frente Cívico y Social. Ni qué decir de La Matanza o La Plata que gobierna el Frente para la Victoria. Desde Jujuy a Tierra del Fuego se mata y se tortura”, señalaron desde el escenario montado en Plaza de Mayo.
Desde la Coordinadora explican que la responsabilidad no termina en quién aprieta el gatillo, sino también en quien lo permite y a su vez en quien luego lo apaña. Y aquí entran los tres poderes del Estado.
A la hora de dar sentencia, los jueces y fiscales apelan a absoluciones, cumplimiento de tareas voluntarias o condenas en suspenso para los efectivos, siempre y cuando no hayan suspendido el juicio previamente, o hayan determinado que no se trató de un asesinato sino de un accidente o de un típico enfrentamiento fraguado.
Ismael Jalil, integrante de la Correpi, afirmó que este año hemos sido testigos y víctimas de un fuerte avance en la “represión selectiva”, es decir la que se descarga contra las organizaciones y militantes populares. Desde 1995, fueron asesinados en movilizaciones 56 personas. Este año suman cuatro. En enero, Facundo Vargas de 17 años fue fusilado por la policía que reprimió una marcha contra el gatillo fácil en Pacheco. En junio, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fueron asesinados en el marco de las movilizaciones que se realizaban en Bariloche para denunciar el fusilamiento de Diego Bonefoi en manos de la policía provincial. Y hace apenas poco más de un mes, el 20 de octubre, fue asesinado el militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra. “(Mariano fue asesinado) no por el aparato represivo de uniforme, sino por la represión tercerizada de la patota, una variante represiva que les permite lavarse las manos y mirar para otro lado como si no supiéramos que desde siempre gobierno, empresarios y burocracia sindical son las tres patas de la alianza antiobrera”, denunció Jalil.
También se mencionó la persecución judicial a los manifestantes. “Cada corte, cada manifestación origina una causa penal o contravencional contra algún compañero. Hay más de 6000 compañeros con causas penales”, señalaron.
“Esto es síntoma de que la lucha está vigente y que la respuesta (del Estado) será siempre la represión, - argumentó Jalil – desde donde tampoco se privan de actualizar sus herramientas legales. Veamos por caso las leyes antiterroristas, ahí comulgan sin fisuras oficialistas y opositores. El Kirchnerismo propuso y votó la 26.268, una más de las leyes antiterroristas que suman media docena desde 1983, y es la oposición del peronismo no kirchnerista, los radicales, el PRO, los socialistas y la Coalición Cívica la que está promoviendo una nueva y más dura variante de ese arsenal antipopular”.
Luego de Jalil, familiares de víctimas de gatillo fácil presentaron un documento consensuado. Cada uno leyó un párrafo, uniendo sus diferentes voces en un único grito por Justicia. Los familiares criticaron duramente los intentos por parte del gobierno de cooptarlos: “Nuestra lucha es por la sangre de nuestros hijos y eso no se vende, nuestra lucha nunca ha sido ni será cooptada por este ni por ningún otro gobierno, ni a través de organizaciones ficticias o creadas para la ocasión. Cuando escuchamos sus discursos progresistas en el canal estatal nosotros sabemos que tantas palabras solo sirven para esconder que siguen matando pibes a un ritmo escandaloso”.
La abogada María del Carmen Verdú fue la encargada de cerrar el acto, al afirmar que no importa quién gobierne, la represión continuará mientras siga existiendo una sociedad dividida en clases. Verdú aclaró que no estaban en la Plaza para pedirle al gobierno nacional que se ponga a la cabeza de ningún esclarecimiento, ni que se haga cargo de nada: “Venimos a decirle que sabemos perfectamente que además del que aprieta el gatillo, está quien pone el arma en la mano, y quien después legitima al que disparó. También están los que matan sin uniformes, escondidos en las filas de la burocracia sindical, esa aliada histórica de los empresarios y los gobiernos porque comparten los mismos intereses”. “Por eso hoy también estamos no solamente por los muertos del gatillo fácil y la tortura, sino también por los fusilados por militar. Sabemos que por cada pibe que nos fusilan en el barrio están evitando que haya mil militantes, porque así es como nos meten miedo para que no nos organicemos”, finalizó Verdú.

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