 Los delitos de lesa humanidad sufridos por los detenidos por razones políticas de la UP1 fueron diseñados e implementados por las Fuerzas Armadas, con particular preponderancia del Ejército que coordinó y subordinó bajo sus órdenes al resto de las fuerzas y aparatos represivos. En lo más alto del escalafón se encuentra Jorge Rafael Videla, Comandante en Jefe del Ejército y Presidente de facto. Debajo de él se encontraban los Jefes de los distintos Cuerpos, distribuidos en cinco zonas. Córdoba era la cabeza de la zona 3, albergando la sede del III Cuerpo de Ejército. Entre septiembre de 1975 y el mismo mes de 1979 Menéndez fue el comandante de la zona, que además de Córdoba incluía otras nueve provincias del noroeste argentino.
El juicio por los crímenes cometidos por los represores militares en el marco de la Causa llegaría a su fin entre el 21 y 22 de diciembre cuando se dicte sentencia. Además de Videla y Menéndez hay otros 29 imputados, muchos de ellos ex policías.
Claudio Orosz, abogado querellante de los familiares de Miguel Mozé, José Svaguza, José Funes y Pablo Balustra, aseguró no tener dudas que respecto de los principales acusados y la patota policial la prueba es contundente y se les dará prisión perpetua, por el asesinato de 32 personas. Además, explicó que ésta ha sido la causa más larga de las tres que se desarrollaron en Córdoba (el año pasado terminó la causa por la muerte de Ricardo Albareda y en 2008 la causa Brandalisis).
Desde que comenzó el juicio declararon más de 110 testigos y hubo casi 60 audiencias. El letrado calificó el proceso de “muy positivo” ya que prestaron testimonio una gran cantidad de ex presos políticos, ex conducciones de sindicatos clasistas de Córdoba y de mesas de los gremios en lucha, que “pusieron blanco sobre negro” que el Golpe no sólo fue militar, sino cívico militar.
Las complicidades
La actitud de la ciudadanía y las instituciones fue sin duda determinante para que la masacre en la cárcel de barrio San Martín haya tenido una extensión tan prolongada (de abril a octubre de 1977). Al respecto, Orosz remarcó que “lo más claro es la participación de la Justicia Federal de esa época, ya que se trataba de presos detenidos legalmente antes del Golpe y estaban a disposición de algún juzgado o el Poder Ejecutivo Nacional, y esto no fue un impedimento para que los represores los mataran”.
“Pudimos ver la complicidad de la Iglesia, claramente del arzobispo (Raúl) Primatesta, notoriamente comprometido con el discurso de Menéndez en Córdoba y Videla a nivel nacional”, señaló Claudio Orosz.
Por otra parte, el letrado indicó que una de las razones por las que hay amenazas en este juicio es que se está juzgando a una parte importante de la Policía de Córdoba que tuvo participación directa en la represión. Se trataba de una patota formada dentro del departamento de información que era la que fusilaba y torturaba a los presos.
Cabe mencionar que las intimidaciones a testigos y abogados recrudecieron desde hace un mes. Orosz afirma no tener dudas que tiene que ver con que se está juzgando a la patota del D2, que luego durante la gobernación de Ramón Mestre y con el ministro Oscar Aguad a cargo de la Policía eran los “niños mimados” de esa administración.
Por esta razón, todos los organismos de Derechos Humanos se reunieron el 6 de diciembre pasado con el gobernador Juan Schiaretti y se informó que la Justicia está realizando tareas de investigación en torno a las amenazas, las que no son sólo telefónicas sino a través de panfletos y cartas.
Los juicios que vendrán
En el 2011 se desarrollará el juicio por los crímenes cometidos en La Perla y el Comando Libertadores de América, este último tiene que ver con los hechos sucedidos antes del 24 de marzo.
A modo de reflexión Claudio Orosz dijo: “La existencia de los juicios marca un hito histórico para la Argentina, porque estamos juzgando nada más y nada menos que a los que destrozaron este país, y a una generación de luchadores y dirigentes sindicales comprometidos. Y el hecho de juzgar con la Constitución y las leyes en las manos nos permite tener una autoridad moral para el futuro, porque el mensaje es que más tarde o más temprano el que las hace las paga. El Estado no se puede volver delincuente y terrorista”. |
