Conmemoran la muerte del weichafe Matías Catrileo
Por Avkin Pivke Mapu-Komunikación MapuChe - Wednesday, Jan. 05, 2011 at 5:16 PM
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El 3 de enero de 2008 mientras participaba de una acción de movilización por derechos territoriales recibió un letal disparo por la espalda percutido por el Cabo 2do de Fuerzas Especiales de Carabineros, Walter Ramírez. Pese a estar establecida su responsabilidad, el funcionario solo ha recibido una baja condena decretada por la justicia militar chilena de 3 años y un día, y sigue cumpliendo funciones en Aysén. La Corte Suprema debe resolver recurso de casación presentada por la familia.

Por Elías Paillan

La mañana del 03 de enero de 2008 Matías Catrileo Quezada (23), mientras participaba de una movilización simbólica de recuperación de tierras al interior del fundo Santa Margarita, reivindicadas por la comunidad Yeupeko en la comuna de Vilcún, recibió un mortal disparo por la espalda de manos del Cabo 2do de Fuerzas Especiales de Carabineros, Walter Ramírez Inostroza.

La conclusión tras la investigación del Fiscal Militar de Temuco, fue de condenar a Ramírez a 10 años de presidio efectivo.

Sin embargo, en agosto del 2010 la Corte Marcial resolvió, por cuatro votos contra uno, condenar a tres años y un día al cabo Ramírez.

Pese a estar acreditada su responsabilidad y existir sentencia en su contra, Ramírez sigue en servicio activo en Puerto Aysén, donde cumple funciones en la Central de Comunicaciones desde el 16 de agosto de 2008, datos que fueron corroborados por el general Jefe de Zona de Aysén, Jorge Rojas, según informó el Diputado (PPD), René Alinco.

“Este señor Walter Ramírez Inostroza, cabo segundo de carabineros, fue encontrado culpable, condenado alrededor de tres años, por lo tanto, me parece totalmente irracional que un asesino esté prestando servicios en una repartición de Carabineros de Chile”, sostuvo Alinco a un medio radial.

Por otra parte, la Corte Suprema aún no resuelve un recurso de casación presentado por la familia del asesinado estudiante mapuche, luego que los fallos de la justicia castrense fueran indulgentes con el Carabinero que lo mató. La aplicación de la ley de fuga que fue parte de la defensa del oficial de Carabineros, sería lo improcedente de la causa, que es el argumento que en parte fundamenta el recurso de casación.

Mónica Quezada, madre del joven asesinado, sostuvo que “el recurso busca llevar hasta las últimas instancias, la responsabilidad del asesino de mi hijo”. Aunque reconoció escepticismo por una verdadera justicia en Chile, acotó que “hacemos todo lo que es necesario hacer, pero no esperamos nada en particular”.
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Comunicado Familia Catrileo Quezada en Conmemoración del asesinato de Matias Catrileo

Con motivo de cumplirse tres años del vil asesinato de Matías Catrileo Quezada, queremos compartir algunas reflexiones y conjuntamente invitarles a sumarse a las actividades de repudio en contra del asesino Cabo 2do de Carabineros Walter Ramírez y el alto mando de esta institución que lo respalda y protege.

¿Qué nos une por estos días?. El recuerdo de su vida y su entrega a la noble causa del pueblo mapuche, que hizo suya y que una bala asesina quiso acallar. Matías un gran ser humano, educado en la verdad y consecuencia, buscó hasta encontrar su razón de ser, se indignó con las injusticias y eligió luchar para ayudar a la liberación de su querido Wallmapu, y como el mismo lo señala “si hay que morir peleando, aunque sea peleando por ella….”.

El mensaje que dejó Matías a encontrado eco en muchos jóvenes que están dando una nueva mirada a sus raíces, que algunos habíamos olvidado por no tener ejemplos de entrega y lucha que seguir, en su corto tiempo por el Wallmapu conoció la realidad que viven las comunidades que luchan por recuperar sus tierras y con ellas mantener vivas sus costumbres, su lengua, sus tradiciones.

El 3 de enero cuando el día empezaba al igual que su vida, el Carabinero Walter Ramírez decidió que debía ajusticiar a un Mapuche, apoyo su ametralladora sobre la puerta del jeep policial apuntó y disparó, impactando por la espalda a Matías, la bala atravesó su cuerpo y su mano, falleciendo en un potrero del ex fundo Santa Margarita, que en esa fecha aún era propiedad del latifundista usurpador Jorge Lushinger y que fue devuelto a la comunidad de Yeupeco. La investigación realizada por el fiscal militar, concluyó que el carabinero Ramírez era culpable y pidió 10 años de cárcel, el juez militar de Valdivia General de ejército Eleuterio Ramírez le bajó la pena a 24 firmas mensuales, la Corte Marcial de Santiago lo condenó a firmar 48 meses, solo falta que la Corte Suprema decida si habrá justicia, o se suma a la impunidad histórica que los tribunales militares se han encargado de mantener.

Walter Ramírez sigue en las filas de carabineros, el alto mando de Carabineros decidió su traslado a la zona de Coihaique, donde se desempeña en la central de comunicaciones y goza del beneficios de asignación de zona, por tal motivo recibe un sueldo especial.

¿Qué a acontecido en 2010?

La persecución e intentos de silenciar el reclamo por sus tierras y soberanía del pueblo mapuche tuvo su momento más crítico a fines de la era concertacionista, con la aplicación de la ley antiterrorista a los luchadores sociales del Pueblo Mapuche, llegando a encarcelar alrededor de 50 de ellos, que incluye a hombres, mujeres y niños, muchos de ellos conocieron y lucharon junto a Matías. Esta situación derivó en el justo reclamo que se manifestó en una huelga de hambre, que a pesar de la indiferencia de la clase política y los medios de comunicación, remeció a comunidades mapuche, sociedad chilena y a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.

La fuerza que adquirió la huelga de hambre, motivo a que el gobierno buscara una salida negociada con los huelguistas, las peticiones de ellos, aunque justas no tuvieron respuesta en el parlamento, y solo algunas normas legales fueron posibles modificar.

La modificación al código de justicia militar, lograda tras la huelga de hambre de los presos políticos mapuche, no logró que se dejara fuera de su ámbito a los violadores de derechos humanos uniformados, cuando hay víctimas civiles. Que esta situación no haya sido trasladada a tribunales civiles, es una vergüenza para el poder político, principalmente de la concertación. ¿Cómo se explica una contradicción de este tipo?, hoy día las víctimas no son ellos, las víctimas están en el mundo que protesta, que exige justicia social.

Mantener bajo control al pueblo mapuche, es necesario, para proteger las inversiones de las forestales, mineras y centrales hidroeléctricas, la actividad forestal es la segunda fuente de ingreso de las exportaciones de Chile; tanto los políticos de derecha como de la concertación tienen inversiones en estas empresas. Los grandes inversionistas forestales financian costosas campañas políticas de Parlamentarios y Presidentes, por lo tanto, sus intereses están protegidos desde el parlamento y la moneda. Ejercer la represión en wall mapu es una labor encomendada a Carabineros y Policía de Investigaciones, los excesos cometidos por estas instituciones como la tortura y asesinato están resguardadas por los tribunales militares que no condenaran a unos de sus filas. Esto a pasado con Alex Lemun, Matias Catrileo y Jaime Mendoza Collio.

Quien siembra el terror en Wallmapu, son las fuerzas represivas del estado chileno que actúan con violencia en contra de comunidades que han decidido recuperar y defender su espacio territorial, golpeando y disparando contra mujeres, ancianos y niños. El estado chileno acusa de terroristas a los mapuche que luchan por recuperar sus tierras, a quienes han perseguido, discriminado y asesinado.

¡¡ Sentimos cansancio de tolerar tanta crueldad, injusticia e impunidad ¡!!!No nos pidan que creamos en que se hace Justicia en Chile!!

Familia Catrileo Quezada

Lunes 3 de Enero 2011

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DECLARACIÓN PUBLICA A TRES AÑOS DEL HOMICIDIO DE MATIAS CATRILEO QUEZADA

Este 03 de enero se conmemora el tercer aniversario de la muerte del joven mapuche Matías Catrileo Quezada, quien fue asesinado de un disparo letal percutido por el arma de servicio del Cabo 2º del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros, Walter Ramírez Hinostroza, cuando junto a otros comuneros mapuche de la comunidad Llupeco hizo ingreso al Fundo Santa Margarita en la comuna de Vilcún.

Las trágicas circunstancias de aquel suceso y la responsabilidad del cabo Walter Ramírez como autor del homicidio, han sido suficientemente acreditadas en el juicio seguido en su contra y confirmadas, en fallos de primera y segunda instancia, por el tribunal militar de Valdivia y por la Corte Marcial. No obstante ello, la sentencia condenatoria de la Corte Marcial, emitida en agosto de 2010, ha sido indulgente ya que condena al cabo Ramírez a una pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, concediéndole al mismo tiempo el beneficio de la libertad vigilada.

La familia de Matías Catrileo ha recurrido con un recurso de casación a la Corte Suprema de Justicia y en tanto ésta no se pronuncie, Ramírez continúa en servicio activo por decisión del alto mando de Carabineros.

Con este fallo, la justicia militar ha demostrado una vez más que carece de imparcialidad y de idoneidad en el conocimiento de causas en las que civiles son víctimas de delitos cometidos contra ellos por militares y policías, o bien cuando los civiles son acusados de cometer delitos en contra de los uniformados.

Al respecto cabe consignar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso Palamara Iribarne v. Chile (2005), conminó al estado a modificar el Código de Justicia Militar, limitando su jurisdicción exclusivamente al juzgamiento del personal uniformado involucrado en delitos de naturaleza militar.

Sin embargo, las iniciativas gubernamentales para reformarla no han sido necesariamente conducentes al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana, tal cual se deduce de los proyectos legislativos presentados por la administración de Michelle Bachelet en 2007 y 2009, los cuales aún se encuentran en su primer trámite constitucional.

Por otra parte y producto de los acuerdos que pusieron fin a la huelga de hambre de los procesados mapuche por la Ley Antiterrorista, el Congreso aprobó, en octubre de 2010, una ley que transfirió desde los tribunales militares a los tribunales ordinarios la tramitación de los juicios seguidos a civiles. Lamentablemente, se mantiene pendiente el término del fuero militar para juzgar a uniformados a los que se acusa de cometer delitos contra civiles.

Todo ello tiende a mantener en la impunidad los delitos que los agentes policiales del estado cometen en contra de la población civil, obstaculizando la justicia, impidiendo el goce efectivo de los derechos humanos y acrecentado la aflicción de los familiares de las víctimas.

Instamos a la Corte Suprema a acoger la casación presentada por la familia de Matías Catrileo como forma de hacer justicia frente a este crimen.
Instamos además a la pronta reforma del Código de Justicia Militar para que delitos como éste, cometidos por efectivos policiales en contra de civiles, sean de competencia de justicia ordinaria y no de justicia militar.

Finalmente, instamos a las autoridades de carabineros y a las autoridades civiles de las que dependen, a adoptar medidas administrativas para sancionar a funcionarios policiales que hacen uso abusivo de la fuerza pública, única forma de garantizar que este tipo de hechos y los que hemos seguido conociendo en las últimas semanas, no se vuelvan a repetir.

Temuco-Santiago, 3 de enero de 2011

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