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Otra sentencia de la Corte IDH para que el estado argentino incumpla
Por reenvío correpi -
Monday, Sep. 19, 2011 at 4:32 PM
Avanza ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la denuncia contra el estado argentino por la violación de los derechos de libertad y del niño a raíz del caso de seis chicos condenados a prisión perpetua, todos ellos detenidos desde los 16 y 17 años. El estado no sólo los juzgó y condenó siendo niños, sino que también es responsable de la muerte de Ricardo Videla, quien, cumpliendo dicha condena, apareció muerto en su celda en un supuesto suicidio, típica excusa utilizada por las fuerzas represivas del estado para no decir que las muertes en cárceles son producto de las sistemáticas torturas, maltratos y golpizas que reciben quienes se encuentran en prisión.
Si el gobierno argentino no cumple sus recomendaciones, la CIDH podría demandar ante la Corte Interamericana de DDHH (Corte IDH), buscando una condena. El estado argentino no es principiante en lo que refiere a condenas por parte de la Corte IDH.
En 1997, en el marco del proceso judicial por el asesinato de Walter Bulacio a manos del aparato represivo estatal, CORREPI presentó ante la CIDH una denuncia contra el estado argentino por la violación de los derechos de Walter a la vida, a la integridad física y a la libertad, y al derecho de su familia a un recurso judicial sencillo y rápido. En 2003, la Corte IDH, además de declarar que el crimen policial es un crimen de estado, condenó al estado argentino como responsable del asesinato de Walter y le ordenó derogar todo mecanismo legislativo y policial que facilite las detenciones arbitrarias, es decir, el sistema contravencional y la averiguación de antecedentes.
La condena de la Corte IDH jamás fue cumplida, porque, de ser así, el estado se quedaría sin una de sus principales herramientas represivas utilizada a diario en los barrios para el disciplinamiento de los hijos de la clase trabajadora, que, por pertenecer a la clase explotada, se enfrentan a diario con las detenciones arbitrarias y las torturas en comisarías.
Es que en una sociedad dividida en clases sociales, no existe nada que sea para “todos y todas” y la justicia es uno de los ejemplos más claros, como una herramienta más de la clase dominante para defender sus intereses. Todos los días vemos cómo los policías que matan a los pibes en los barrios son absueltos o, como mucho, reciben condenas irrisorias, pero, cuando se trata de disciplinar a la clase trabajadora y al pueblo, aplican sin dudar las penas máximas, dejando expuesto que detrás de todo el discurso de constitucionalidad y derechos universales están los intereses de los poderosos, ricos y empresarios que no cambian a través de los distintos gobiernos. Cambian los gobiernos, pero la represión es la misma.