La “historia torcida” del médico y el civil
Por reenvio - Wednesday, Sep. 28, 2011 at 7:16 AM

Bergés, Smart y Luján fueron los primeros imputados en ser indagados por el Tribunal que preside el juez Rosanzki, mientras que el ex militar Arias Duval y el ex policía Tarela se negaron. El ministro de gobierno de la provincia entre 1976 y 1979 sostuvo que se enteró de la masacre de la calle 30 a través del diario El Día. Las declaraciones de los otros represores continúan el lunes.

Por Secretaría de Prensa y Difusión – APDH La Plata
(27SEPTIEMBRE) - Finalizada la lectura de la requisitoria fiscal de elevación a juicio, dio comienzo esta mañana el proceso de declaración indagatoria a los 26 represores acusados de cometer delitos de lesa humanidad en seis centros clandestinos de lo que se denominó circuito Camps.
-Alejandro-Agustín-Arias-Duval.
La voz del imputado era ronca y cada palabra que pronunciaba estaba separada de la seguía, como en lenguaje telegráfico.
Arias Duval, ex militar y coronel del Ejército, acusado de coautor mediato de los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, sustracción de menor y ocultamiento de identidad, fue el primero en pasar por el banquillo y en negarse a declarar, al igual que Eros Amilcar Tarela.
-Me reservo el derecho de declarar oportunamente –anunció el otro imputado desde su silla de ruedas, alegando “problemas de salud”.
En este sentido, el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1, Dr. Carlos Rosanzki, aclaró que Tarela se refería al recorrido que había hecho la ambulancia del Servicio Penitenciario Federal la noche anterior, tras el cuarto intermedio.
El imputado se desempeñó como oficial de la Policía Bonaerense y durante el proceso de instrucción de la causa se ha acreditado su presencia en el Centro Clandestino de Detención (CCD) Puesto Vasco y en la dependencia conocida como “Coti Martínez” del partido de San Isidro. Entre otros hechos, Tarela fue señalado por Pablo Díaz como uno de los miembros del grupo de tareas que lo secuestró la Noche de los Lápices.
Médico con incapacidad total
Esa fue la presentación de Jorge Antonio Bergés ante el Tribunal y el público presente en la sala de audiencias de la ex Amia.
-¿Domicilio? –preguntó Rosanzki.
-Calle Madres de Plaza de Mayo 1441, Quilmes, ex Magallanes.
El murmullo se hizo eco en la sala y luego el ex médico de la Bonaerense, acusado de privaciones ilegales, tormentos y ocultamiento de la identidad, anunció que estaba dispuesto a prestar declaración. “Nunca estuve en Martínez, nunca estuve en Banfield y nunca fui destinado a San Justo”, sostuvo. Y agregó: “en cuanto a Quilmes, allí trabajé hasta el 24 de marzo del ‘76”, fecha en que el CCD “empezó a depender de las Fuerzas Armadas”. Enseguida fue trasladado a Puesto Vasco, lugar al que el imputado no concibió como un centro clandestino ya que allí habría hecho “revisaciones legales”.
“También quiero hacer referencia a quien hace falsos testimonios hasta el día de hoy: el señor Osvaldo Papaleo”, dijo el imputado, acusando al miembro del grupo Graiver de haberle mostrado una foto que rezaba“Al médico de las estrellas, con cariño, Osvaldo Papaleo”, luego de que le practicara una revisación médica.
En relación a las torturas, Bergés aludió a “Polo” Lugones, hijo del poeta argentino, inventor de la picana eléctrica, y a los efectos que el pasaje de corriente producía en las células, es decir, a las “marcas para toda la vida” que quedaban en la piel. “No he visto que a ninguna de las víctimas se les haya hecho una biopsia para ver si había lesiones residuales”, se permitió dudar el imputado. “Las que dicen ser torturadas nunca hablan de ese tema”, añadió.
Finalmente, Bergés aclaró que durante el proceso judicial solicitaría la ampliación de su declaración indagatoria y cuestionó sentirse muy cansado por “el traqueteo de la ambulancia” que lo llevaba a la audiencia, además de la mala alimentación a la que estaba sometido los días lunes y martes.
Por su parte, el ex oficial e imputado Horacio Elizardo Luján fue convocado en cuarto lugar por el Tribunal a sentarse en el banquillo de los acusados. Su declaración consistió en la lectura de un texto en el que expresaba no haber tenido responsabilidad alguna respecto a los hechos por los que se lo imputaba (privaciones ilegales de la libertad y aplicación de tormentos) y la solicitud de ausencia de la sala hasta tanto fuera necesaria su presencia.
El único civil
Jaime Lamont Smart es abogado y se desempeñó como ministro de gobierno bonaerense entre abril de 1976 y agosto de 1979, cargo que le produjo “temor y preocupación” cuando se lo ofrecieron, según señaló. Está acusado de haber cometido privaciones ilegales de la libertad y aplicación de tormentos en Puesto Vasco.
En principio, el imputado se limitó a describir el contexto bajo el que tuvo que asumir la función pública, en el que “las fuerzas policiales estaban sobrepasadas por las organizaciones guerrilleras que querían tomar el poder”, aseguró. Y para ello se remontó al 25 de mayo de 1973, día de la amnistía de los “dos mil presos guerrilleros, quienes salieron todos convencidos de que no era una amnistía sino una liberación” y a la “anarquía total de gobierno de Isabelita”.
“Yo no lo concia a Saint Jean (Ibérico Manuel, gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1981) para el 24 de marzo”, afirmó Smart, tiempos en que “todo lo que se refería a la policía estaba supeditado al I Cuerpo de Ejército” y al Código de Justicia Militar.
Sobre el CCD en el que imputado habría prestado funciones sostuvo que jamás había oído hablado de él hasta 2008 y que Camps le había dicho, una vez al frente de la cartera, que “íbamos a tener una relación aceptable en tanto yo no tomara injerencia sobre su responsabilidad”. “Lo único que podía hacer era renunciar”, se excusó. Sin embargo, no lo hizo hasta tres años después.
-Nunca salí del país mientras fui ministro, ni siquiera a uno limítrofe.
Para Smart aquella afirmación era digna de jactancia, aunque tuvo que replicarse cuando el presidente del Tribunal lo sometió a algunas preguntas.
-¿Entonces usted estuvo en contacto con su cartera en todo momento? –indagó Rosanzki.
-Sí. Yo integré un gobierno de facto no constitucional, de eso me hago cargo. Pero el jefe de policia (Bonaerense) no dependía de mí.
-¿Y cuándo asumió?
-El 8 de abril de 1976.
El imputado continuó sosteniendo que jamás había tenido participación en lo que se llamó la lucha contra la subversión y que no tenía injerencia sobre los fondos presupuestarios que le correspondían administrar al ministerio, entidad que él presidía. Sin embargo, confesó haber sabido del accionar policial y que la partida presupuestaria estaba destinada para aquellos operativos.
-Yo firmaba expedientes, partidas presupuestarias para el pago de alimentos de los presos, que salían del ministerio.
-¿Y cómo puede ser que usted no sepa nada de lo que pasaba? –inquirió el Dr. Roberto Falcone.
-Todo era secreto, aunque a usted le parezca raro, doctor. Ocupando un cargo, creí que sería más útil que estar en mi casa.
Luego el Tribunal indagó sobre los hechos de la calle 30, la masacre a los militantes montoneros que gestionaban una imprenta clandestina y dejó como saldo la muerte de cuatro personas y la desaparición de Clara Anahí Mariani, una beba de tres meses. “Yo creí hasta hace pocos días que lo de la calle 30 había sido un enfrentamiento entre las fuerzas policiales, apoyadas por los militares, y un grupo subversivo que estaba en el interior de la vivienda. Eso es lo que leí en el diario El Día”, expresó.
El interrogatorio fue tenso y acabó con una afirmación concreta por parte del imputado:
-El Servicio Penitenciario Bonaerense dependía del ministerio de gobierno.
El presente
Smart refirió en varias oportunidades a la “historia torcida que se ha ido inculcando a todos los que tienen menos de cincuenta años”. “La represión fue asumida totalmente por las fuerzas armadas contra la subversión y los que tenemos más de 55 sabemos que todas las noches había tiroteos”, agregó.
-No se que será de mi suerte pero agradezco haber podido decir esto que es mi verdad, que debería ayudar a conocer la historia de la República Argentina, qué bandos tuvieron aciertos y errores.
El imputado aludía, sin más, al terrorismo de Estado y luego al proceso de juzgamiento que se abre tras la derogación y nulidad de la Obediencia Debida, el Punto Final y los indultos:
-¿Quién motoriza y para qué este odio que nos está dividiendo entre los argentinos? -Smart levantaba el dedo índice hacia el techo-. Le han pintado una historia que no es real a esos pibes que ahora preguntan.
Por último, Smart dijo que no tenía más nada para decir y dio por finalizada la primera audiencia de declaraciones indagatorias. “Mi obligación es dar testimonio de lo que paso en el país, no a partir de lo que pasó a partir de 2003, como lo hemos visto en la requisitoria fiscal, no a partir de una historia maniquea”, concluyó.

Para recibir los informes de prensa enviar un correo en blanco y sin asunto aasamblea-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar

TENGO DERECHO, el programa de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata.
Escuchános todos los sábados de 13 a 14 por Radio Universidad FM 107.5 ohttp://www.lr11.com.ar y los domingos de 15 a 16 por Radio Estación Sur FM 91.7
http://www.apdhlaplata.org.ar
http://www.facebook.com/apdhlaplata

agrega un comentario