Sobrevivir al otro lado del muro
Por reenvío red eco alternativo - Friday, Sep. 30, 2011 at 5:12 PM

Cada vez son más las denuncias por maltratos físicos y psicológicos a detenidos en distintas cárceles del país. Hacinamiento, falta de medicamentos, obstáculos para estudiar, malas condiciones edilicias, golpes, son algunos de los padecimientos que deben soportar las personas privadas de su libertad en Argentina.

(Red Eco) Argentina – Las malas condiciones en las que sobreviven las personas detenidas en la Argentina no son novedad, sin embargo las denuncias se multiplican y las respuestas lejos de ser soluciones se traducen en nuevas vejaciones.
A principios de esta semana, los internos del Pabellón 8 de Coronda decidieron coserse las bocas e iniciar así una huelga de hambre seca. Lo hicieron en contra de las condiciones inhabitables y maltratos físicos y psíquicos que sufren a manos del personal penitenciario.
Los internos presentaron un petitorio ante los ministerios de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, y el director y subdirector de la Unidad Nº 1 con asiento en Coronda. Allí explicaron que resolvieron iniciar esta protesta debido al “pésimo estado” del pabellón y sus condiciones edilicias, además de los maltratos sufridos psicológica y físicamente por parte del personal penitenciario, situaciones que se repiten a diario en el pabellón y (de las) que nadie da cuenta”.
Desde la Coordinadora de Trabajo Carcelario reclamaron que las autoridades realicen los arreglos edilicios que el pabellón requiere, tomen las medidas necesarias para evitar el abuso y maltrato por parte del personal, y ordenen el traslado de quienes lo solicitan, “pedido que por lo general se fundamenta en la imposibilidad de las familias de trasladarse hasta allí, con lo cual se cercena uno de los derechos fundamentales de los detenidos, que es mantener contacto con sus familias”.
Pero además Coronda está siendo investigada actualmente, tras una denuncia efectuada por integrantes de la Comisión Antirrepresiva y por los Derechos Humanos de Rosario, en la que dieron cuenta de la represión sufrida por varios internos luego de la presentación en la Unidad del libro “Cárceles de Mala Muerte” a fines de agosto.
Cabe recordar que el 29 de agosto pasado, el titular de la cárcel, Pablo Cococcioni, envió al Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarías (GOEP) a apalear a los internos, romper fotos de sus familiares y yerberas, e incluso arrancarles páginas de los volúmenes regalados.
Tras la denuncia, la fiscal Maria del Carmen Bertone, junto al juez de Instrucción de la 6ª Nominación doctor Sergio Carraro, realizaron un allanamiento en Coronda donde se relevaron hechos, materiales y testimonios que deberían convertirse en evidencia de la represión ejercida por los penitenciarios.
Los maltratos no son propios de Coronda, ni de las cárceles santafesinas. El secretario de Ejecución Penal de San Martín, Juan Manuel Casolati, presentó distintas denuncias por violaciones a los derechos humanos en la Unidad Penitenciaria Nº 46 de esa localidad bonaerense.
Casolati señaló que a las personas privadas de libertad se les niega el derecho al agua, ya que el Servicio Penitenciario Bonaerense distribuye un bidón de 8 litros por día y por pabellón. Además, se corta el suministro del agua que se usa para baños y duchas todos los días de 12 a 18 porque funciona solo un equipo de bombeo.
El funcionario también denunció la falta de atención médica. Internos que padecen asma bronquial o son insulinodependientes no reciben los remedios que precisan, como tampoco perciben los alimentos que necesitan personas que deben seguir alguna dieta especial.
Durante su visita a la Unidad Penitenciaria, Casolati también pudo constatar su estado de hacinamiento. Por ejemplo, en el Pabellón 7 viven 49 personas en 9 celdas, y faltan camas y colchones.
“Los atropellos a los derechos fundamentales (dignidad, salud, educación y trabajo) son una práctica habitual e histórica por parte de la administración penitenciaria”. Así comienza un comunicado difundido por el Colectivo Social de Presos en Lucha, y aunque podrían referirse a cualquier unidad carcelaria del país, allí detallan específicamente los manejos arbitrarios e ilegales a los que son sometidos integrantes del Grupo Universitario Devoto (GUD).
En octubre de 2010, dos miembros (Diego Petrissans y Alejandro Gutiérrez) del GUD fueron trasladados, sin ningún tipo de explicación ni justificación, desde Devoto al Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.
En mayo de 2011, ambos detenidos interpusieron ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Morón dos acciones de Hábeas Corpus correctivos por su situación individual, y una acción de incidencia colectiva a favor de un grupo de estudiantes universitarios detenidos en iguales condiciones.
Este juzgado derivó, a través de un procedimiento irregular, las acciones individuales al Juzgado Nacional Criminal de Instrucción Nº 3, a cargo del Dr. Carabajal, no dejando constancia alguna de la acción colectiva. Este magistrado rechazó las acciones individuales, violando el derecho a la defensa, por lo que se interpuso un recurso de Casación. El recurso de Gutiérrez se radicó en la Sala 2 y fue declarado mal concebido. En tanto, el de Petrissans recayó en la Sala 4, que revocó los fallos de la Cámara y del juez de grado, ordenando se realice una Audiencia de Prueba, la que se desarrolló el 19 de setiembre pasado.
Pero el juez volvió a rechazar la acción individual, la que fue apelada a la espera de una resolución ante la Sala 4 de Casación, que debería expedirse el 13 de octubre próximo.
Por otro lado, la audiencia de prueba por la acción colectiva presentada a favor de todos los estudiantes universitarios que ven restringido su derecho a la educación (Claudio Castaño, Alejando Maniero, Santiago López, Gabriel Ramos, Miguel Ledesma, Gerardo Salinas, Juan Rizzo, Alejandro Gutiérrez, Eduardo Vera) se realizó el lunes pasado en el Juzgado Nacional Criminal de Instrucción Nº 3. Ante la “supuesta” falta de informes por parte del Servicio Penitenciario Federal, el juez le dio un nuevo plazo y convocó a una nueva audiencia para el próximo lunes 2 de octubre.
“Antes que nada, deseamos poner de relieve, que no resultan hechos aislados, sino que son prácticas sistemáticas de la institución penitenciaria, que ve en los estudiantes universitarios ´internos altamente conflictivos´, ´líderes negativos´ y/o ´reclusos peligrosos´, a pesar de que ninguno de ellos posee perfil violento, no registran hechos violentos ni sanciones disciplinarias”, aclaran desde el Colectivo.
Y finalizan su documento explicando, justamente, que estas prácticas sistemáticas también son sufridas por internos del Centro Universitario Ezeiza (cárcel de mujeres), el Centro Universitario Azucena Villaflor (U 48 de San Martín), los estudiantes universitarios del CPF 1, el CUD, los presos reprimidos en Coronda, y la organización de estudiantes universitarios de Marcos Paz, en el CPF Nº 2.

Fuentes: Colectivo Social de Presos en Lucha / Agencia Walsh / Redacción Rosario

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