Causa Díaz Bessone: Resumen audiencia 19/10
Por Daniel Aristizabal - Thursday, Oct. 20, 2011 at 2:24 AM

JUICIO A LOS REPRESORES DE LA ULTIMA DICTADURA MILITAR

CAUSA DIAZ BESSONE

La audiencia

Culminó su alegato la fiscalía. El Dr. Stara formuló el pedido de pena al Tribunal y solicitó que sean impuestas en el marco del genocidio ocurrido del 76 al 83: “El propio Estado debe rendir cuentas, a través de sus ejecutores que han pasado a ser sujetos individuales del derecho internacional.”
Expuso que al graduar la pena se tengan en cuenta las responsabilidades personales, los gravísimos perjuicios aplicados a las víctimas de una magnitud inusitada y los lugares de poder que ocuparon los acusados y que en este sentido, “es difícil poner un límite a la punición porque el mal causado es inconmensurable”. Otra finalidad de la pena es la resignificación de las víctimas: “De otro modo se produciría un escándalo jurídico.” Subrayó además que durante todo el juicio lejos de versar el derecho de vencedores sobre vencidos se devolvió a las víctimas el estado de derecho existente antes de la usurpación del poder.
Solicitó la pena a prisión perpetua de Ramón Genaro Díaz Bessone y José Rubén Lofiego ya que son los únicos imputados por homicidios en este tramo de la mega causa, y la pena de 25 años de prisión para Mario Marcote, José Scortechini y Ramón Vergara. También solicitó la absolución de Ricardo Chomicki atento entender que por su condición de víctima actuó bajo un estado de necesidad exculpante.
Asimismo el fiscal solicitó que la pena se cumpla en cárceles comunes bajo la órbita del servicio penitenciario. “No existe ninguna circunstancia especial que evite esto.” Citó una resolución del ministerio de defensa de la nación que manifiesta la preocupación del ejecutivo nacional de que los jueces no remitan a los condenados a cárceles comunes. En el caso de Díaz Bessone solicitó la revocación de la prisión domiciliaria y la remisión a una cárcel común. El público emocionado no pudo contener el aplauso.
Previamente el Dr. Stara formuló importantes pedidos al Tribunal. Solicitó la remisión al Juzgado Federal Nº 4 de los audios de los testimonios del juicio a los fines de que se llame a prestar nueva declaración indagatoria a estos imputados ampliando las acusaciones por todas las víctimas de este juicio, completando la participación de cada imputado en relación a cada víctima acorde surgió de los testimonios.
Recordemos que la elevación parcial de esta causa impidió acusar a todos los miembros de la patota de Feced enjuiciados en esta primera audiencia por todos los hechos de los que resultaron responsables, al menos en relación a los 93 casos ventilados. El fiscal repitió durante todo su alegato: “se trataba de una división de tareas TODOS HACIAN TODO, quienes se probó prestaron servicios en el SI a la fecha en que cada víctima estuvo cautiva DEBE SER CONSIDERADO RESPONSABLE DE LOS DELITOS COMETIDOS. Este criterio para las imputaciones es el que la fiscalía sostiene debe ser el que rija al momento de la reconstrucción de la verdad histórica. No puede exigirse que cada víctima mencione a todos.”
Asimismo, el fiscal no solicitó que se revoquen las faltas de mérito oportunamente dictadas e incluyó en el listado como víctima a Daniel Gorosito.
También se solicitan las copias pertinentes para que se tome indagatoria a todos los integrantes del COT (Centro de Operaciones Tácticas) del Comando del II Cuerpo, cuya ineludible responsabilidad surge de la descripción de la cadena de mandos que transmitía las órdenes que permitían la implementación del plan genocida.
Amplió el fiscal el pedido de indagatorias también por los testigos del juicio que no fueron caso en la audiencia, de cuyos testimonios surge con claridad la responsabilidad de los imputados, como los casos de Marisa Crosetti, Elias Carranza, Adriana Koatz, Carlos Pérez Rizzo, Víctor Salami, entre otros. Todo ello con el objetivo de dar el valor que cada testimonio contiene.
Hizo un planteo novedoso en el caso de Cristina Bettanín señalando que los hechos que la damnificaron, configuran el delito de homicidio calificado. La víctima ingirió una pastilla de cianuro en el operativo donde mataron a 3 personas más, entre ellas su hermano Leonardo, y secuestraron a su cuñada y madre. “Ella quiso evitar ser secuestrada dado que tenía conocimiento del destino que la esperaba, y de la posibilidad de que le fueran arrrancados datos que perjudicaran a otros compañeros. Fue obligada a suicidarse. La responsabilidad es imputable a quien puso a la víctima en situación de tomar esa decisión.”
También entendió el fiscal que se aplicaron tormentos a los detenidos en las “cárceles legales” de la dictadura. “La falta de higiene, de alimentación, de visitas, el sometimiento a amenazas permanentes, entre otras circunstancias constituyen indudablemente el delito de tormentos.” En razón de ello, solicitó la indagatoria de las autoridades de Alcaidía, de la Unidad III de Rosario, Unidad I de Coronda también solicitó las indagatorias de las autoridades de Villa de Voto y el Penal de Caseros.
Incluyó también el pedido de indagatoria por la comisión del delito de tormentos en relación a los menores: Patricia Legas, Cristina Bettanín, Estela, Claudia y Benigna Espinoza, Silvana Posadas, María Barjacoba, Juan Marcelo Casco, Marana y Josefina González, todos en el Servicio de Informaciones; en Alcaidía Gabriel Gomez; en Devoto el hijo de Liliana Paz. Cerró el pedido con el caso de Alejandra Manzur por las condiciones de su nacimiento y por su paso por la Unidad V.
El juicio continuará el 2 de noviembre con los alegatos de las defensas.

Prensa
Daniel Aristizabal
0341.153200008

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