Avances en el enjuiciamiento al poder económico
Por Fuente: Red Eco - publica ((ICba)) - Sunday, Oct. 30, 2011 at 3:12 PM

Avances en el enjuiciamiento al poder económico Viernes, 28 de Octubre de 2011

Pese a la demora de casi un año en proveer el escrito inicial, el titular del Juzgado Federal Penal Nro. 5, Norberto Oyarbide dispuso finalmente reconocer como “crímenes de lesa humanidad”, y por ende de carácter imprescriptible, los crímenes perpetrados en el marco del operativo represivo “Serpiente Roja del Paraná” del 20 de marzo de 1975 que fuera ordenado y monitoreado de ejecutivos y personal jerárquico de la empresa Acindar.  (Olivier Reboursin para Red Eco) Argentina - La denuncia, iniciada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y víctimas directas del operativo, alcanza al entonces presidente del directorio de la siderúrgica y posterior ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz, la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, y la totalidad del directorio de Acindar a la fecha de realización del operativo. La acción que involucró a fuerzas represivas militares y policiales de la Prefectura Naval, integrantes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), de la Gendarmería, personal del Ministerio de Bienestar Social y parapoliciales de la temible Triple A significó con la invasión producida por éstas a la ciudad santafecina de Villa Constitución, más de veinte muertos y desaparecidos; y también la instalación del primer centro clandestino de detención y torturas del país, que precisamente funcionara en el albergue para trabajadores solteros de la empresa.  En aquel día de marzo de 1975, más de cien personas fueron ilegalmente arrancadas de sus hogares o lugares de trabajo por personal de las fuerzas armadas y de seguridad para luego ser trasladadas a dependencias policiales y carcelarias en cumplimiento de las directivas empresarias lanzadas para frenar los crecientes grados de unidad y conciencia clasista de los trabajadores de la región.  El operativo no fue otra cosa que un antecedente ideológico, discursivo y metodológico del accionar criminal desde el Estado que se consolidaría tras el golpe del 24 de marzo de 1976. En su resolución, además de dejar en claro que “los hechos que se investigan…se enmarcan dentro de la participación o tolerancia del poder político gobernante y que ellos fueron considerados de Lesa Humanidad”, Oyarbide otorga en la causa caratulada “Martínez de Hoz, José Alfredo y otros s/ Allanamiento Ilegal” el carácter de parte querellante a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, especificando que se trata de un organismo que “entre sus objetivos y tras una labor reconocida se encuentra realizando actividades relacionadas con la defensa y dignidad de la persona humana, así como la asistencia a las víctimas de violaciones de derechos humanos fundamentales”. En dicho marco, esta semana prestaron declaración testimonial ante los funcionarios del Juzgado Federal dos de los denunciantes que, junto con la Liga, promovieron la acción penal contra Martínez de Hoz y Acindar por su participación en la dirección y promoción del terrorismo de Estado antes y durante la última dictadura: Alberto Piccinini y Juan Actis, históricos dirigentes de la UOM de Villa Constitución y la Lista Marrón que en noviembre de 1974 derrotara con enorme apoyo obrero y popular a la burocracia encarnada en Lorenzo Miguel y sus acólitos. Además de los mencionados, aportó en diciembre pasado su testimonio y firma para la iniciación del proceso, quien en tiempos del operativo represivo fuera Secretario General de la Unión Ferroviaria de Villa Constitución, Carlos Sosa. Recientemente electo como responsable de la CTA local, Sosa falleció el pasado mes de julio sin poder acceder a este avance en su sueño de ver enjuiciados a los responsables ideológicos y materiales de su secuestro acaecido el 20 de marzo de 1975. Su testimonio, sin embargo, resultará invaluable para acreditar la responsabilidad del empresariado en la represión ilegal de los años 70. En su declaración, Piccinini ratificó el contenido completo de la denuncia al señalar: “Fue una represión donde hubo compañeros muertos, perseguidos, mataron veintipico de compañeros. Yo entiendo que esto no era un mundo civilizado; nosotros peleábamos por nuestros trabajos, nuestro salario y queríamos un mundo civilizado…la represión no fue solamente dirigida a los dirigentes sindicales sino a todos los trabajadores. Esto se hizo con el apoyo de la Policía Federal y las autoridades de Acindar”. Piccinini repasó, además, su posterior periplo por las cárceles de la dictadura repletas de presos políticos una vez “blanqueado” y puesto a disposición del PEN en un cautiverio que duró –al igual que el sufrido por su compañero de la UOM-Villa Constitución, Actis- más de cuatro años siendo luego sometido a un régimen de “libertad vigilada”. En ese sentido, contó que durante la dictadura, estando él privado de libertad, los represores secuestraron a su compañera Nadia Doria, también trabajadora de Acindar, quien al día de hoy permanece desaparecida. La decisión de Oyarbide, aunque tardía, expresa el resultado de una incansable lucha popular en lo político y  en lo técnico –que muestra importantes avances desde la decisión histórica de anular las leyes de impunidad en 2003- para que sean incorporados a los juicios por el terrorismo de Estado no solo quienes aplicaron materialmente el plan sistemático genocida, sino también quienes desde el poder económico, mediático y cultural gestaron y desarrollaron la instalación del discurso “anticomunista” y “antisubversivo” para beneficiarse principalmente en términos económicos de la dictadura. Como bien señala la denuncia instaurada por la Liga y los dirigentes sindicales víctimas directas del operativo represivo “Serpiente Roja del Paraná”, esta acción criminal represiva fue esencial a los fines y objetivos de la empresa Acindar que prestó todo tipo de servicios a la realización del mismo, efectuado con el objetivo de “disciplinar” y aterrorizar tanto a los trabajadores de la empresa como a la población del lugar, para llevar a cabo sus planes tendientes a maximizar las ganancias empresarias. Similares acciones guiaron a través de directivos y personal jerárquico las grandes empresas locales y trasnacionales durante los años de la dictadura. Los procesos judiciales y juicios orales en marcha significan entonces la reapertura y profundización de un debate que ya está instalado en la sociedad. Se muestran como un espacio para disputar conceptos, usos de la historia, valores en juego que  permiten no solo “sentar en el banquillo” a los responsables del genocidio que instauraron el régimen del terror en el marco de la “Doctrina de Seguridad Nacional”, sino también discutir los grados y formas de reparación necesarias para revertir los efectos de un genocidio impuesto para reproducir el capital e instaurar un modelo neoliberal que afectaría de los modos más diversos y violentos a las grandes mayorías no solo en el país sino en todo el continente. Este “nuevo campo de batalla” abre la posibilidad de avanzar sobre el poder económico, descartando la vieja idea de que empresarios y representantes del gran capital fueron “cómplices civiles” de la dictadura cuando en rigor de verdad fueron su espacio propiciador e impulsor; y recuperar junto con la condena de todos los responsables materiales e ideológicos las

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