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Las familias se retiraron para evitar el enfrentamiento
Por Elisa ((i)) - Tuesday, Sep. 11, 2012 at 5:07 AM

El jueves 6 del corriente, el juez de Garantías Fernando Mateos dictó una orden de desalojo. Al día siguiente, fue suspendida por otro fallo, del juez Luis Arias: “hasta tanto se resguarden los derechos constitucionales de los niños afectados”. Sin embargo, a las 7 de la mañana del lunes comenzó el operativo. Las familias asentadas optaron por retirarse para evitar el enfrentamiento.

Desde el domingo, las familias comenzaron a desarmar las casillas asentadas sobre los terrenos ubicados entre las calles 34 y 36, y 148 y 149. Con el acompañamiento de los movimientos Justicia y Libertad, y del Frente Popular Darío Santillán trabajaron la reubicación en comedores de las organizaciones y casas de parientes. Lo hicieron para preservar su integridad por la posibilidad de un operativo de desalojo que finalmente se concretó, y que incluyó fuerzas conjuntas, policiales y de infantería. Asimismo, para allanar el camino a la aparente predisposición de la Provincia y del Municipio para resolver la problemática de tierras de esas familias. Esa intención habría sido expresada a raíz del fallo de Arias, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n°1 de La Plata.

En el mismo, los fundamentos de Arias responden a los marcos legales que garantizan el interés superior del niño, considerando la presencia de niños y niñas en el asentamiento. También, hace hincapié en las obligaciones estatales para garantizar el derecho humano a la vivienda, frenando el desalojo “hasta tanto sean relocalizados y/o se dirima su situación”. En tanto, desde las organizaciones agregaron otros motivos: las presiones de la Inmobiliaria Plaza, de la Asamblea de San Carlos y de diarios como El día, para que “se vayan a la mierda de ahí”. En tanto, el ofrecimiento aún no tiene “ninguna resolución concreta”.

El 26 de agosto, 80 familias sin techo del Barrio Malvinas y alrededores tomaron un terreno abandonado por 20 años. Posteriormente, el grupo inmobiliario Plaza reclamó la propiedad sobre las hectáreas donde tiene un proyecto de loteo. El diario El Día y la Asamblea de San Carlos presionaron para que se concrete el desalojo. Desde el Frente Darío Santillán señalaron la responsabilidad de “la estigmatización de los multimedios”. “Para ellos que haya indios y pobres es sinónimo de delincuencia. Pero además de la estigmatización hay una complicidad con el negocio inmobiliario que en estas zonas es patente. Son terrenos que han adquirido valor por su loteo”.

El fantasma de Gorina

En tanto, los antecedentes daban indicios de que dicho fallo de Arias se iba a desconocer. Eduardo Holguín, en conversación con Radionauta, explicó: “Priorizamos que las familias y sus chicos no sean lastimados, porque hacíamos la evaluación de que se iba a cumplir la orden del juez Mateos, y que se iba a hacer caso omiso al fallo del juez Arias, exactamente como pasó en el desalojo en Gorina”.

En 2010, en Gorina ocurrió un desalojo contra 50 familias. Muchas de ellas vivían en las tierras desde hacía más de 20 años, por lo que no había delito alguno pues se consagraba “el derecho a la propiedad vía usurpación”. Además, vivían allí desde mucho antes de que a metros de sus humildes casas se construya el country Grand Bell. Fue antes de que los vecinos y vecinas que los denunciaran por “usurpación”, “por desvalorizar sus propiedades”, por “inseguridad” y "por peleas de perros”, construyeran sus casas residenciales con piscinas. Además, los terrenos no eran propiedad privada de esas personas, si no tierras provinciales del Ministerio de Infraestructura.

La especulación inmobiliaria y una causa a cargo de jueces que vivían o tenían propiedades en el mismo country Gran Bell –primero, del juez de Garantías Federico Atencio, y luego, de Cesar Melazo-, permitió que el 30 de abril se concrete el desalojo. Las familias fueron trasladadas forzadamente y se las reubicó, dos meses después, y sin garantizarse condiciones de vivienda digna, en Romero. Ni las acciones de los abogados y abogadas de CTA, ni del Foro de la Niñez, ni la presencia del juez Arias haciendo valer una medida que suspendía el desalojo hasta septiembre de ese año, pudieron evitarlo. Ésta última, fue desacatada explícitamente y frente a una cámara de video (ver youtube: “justicia feudal”), por el Jefe del Operativo, Alberto Neiver.

Tal como relata Javier Sahade en el artículo “La conquista. Gorina: Crónica de un desalojo” en la Revista La Pulseada, Gorina se perfiló como zona de countries. Cerca del Grand Bell se ubican los countries San Facundo y San Joaquín. En ese marco,no es menor que dos días antes del desalojo, se aprobara el Nuevo Código de Planeamiento Urbano que consagra ese uso de la tierra en la zona.

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