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Código Civil y Comercial: debates y duras críticas al proyecto
Por Indymedia Rosario - Wednesday, Sep. 12, 2012 at 9:16 PM
rosario@indymedia.org

El pasado lunes se realizó en Rosario la Audiencia Pública para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación. En la misma, alrededor de 80 oradores realizaron sus valoraciones, aportes y críticas. Los principales reclamos en torno al proyecto elevado por el Poder Ejecutivo Nacional provinieron de organizaciones de Pueblos Originarios, abogados laboralistas, especialmente los representantes de los trabajadores del Estado y organizaciones defensoras de los derechos de géneros.

El Código Civil del siglo XIX, obra del destacado jurista Dalmacio Vélez Sarsfield, tiene sus días contados. Engordado con modificaciones parciales, llega a los 4000 artículos y su reforma y unificación con el Código Comercial está siendo debatida en diversos sitios del país y significarán una importante simplificación de la estructura normativa y una importante reducción de normas vigentes.

El anteproyecto, encabezado por tres reconocidos juristas designados por el Poder Ejecutivo Nacional, entre ellos el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Lorenzzetti, tuvo en cuenta proyectos de reformas anteriores y gran cantidad y variedad de aportes académicos, trabajos críticos de la doctrina y decisiones jurisprudenciales. No obstante, antes de ser lanzado al debate, el ejecutivo introdujo una serie de modificaciones que, junto con algunas otras omisiones y planteos incorporados, fueron criticados por diversos sectores.

La discusión sobre el nuevo Código Civil y Comercial pasó por Rosario en una larga jornada que contó con alrededor de 80 expositores y con una suerte de escrache de baja potencia por parte de sectores vinculados al fundamentalismo religioso que pretendían dar de baja los artículos vinculados a fertilización asistida y concepción por sustitución. La Sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario fue el escenario del encuentro, donde variados actores sociales se manifestaron con el objeto que la Comisión Bicameral que resuelva sobre el proyecto, incorpore sus posturas.

 

Oscar Talero, referente de la comunidad Qadhuoqté

La cuestión originaria

Diversas organizaciones vinculadas al derecho indígena manifestaron preocupación por la forma actual en la que sus derechos se incluyen en el proyecto del nuevo código. Las críticas más importantes que se realizaron a nivel nacional por diversos medios fueron las siguientes:

- Se otorgarán a los colectivos indígenas personerías jurídicas de carácter privado, similares a las de una sociedad anónima o un consorcio de propietarios. Este punto arrastró varias críticas sobre todo por no reconocer derechos adquiridos en tratados internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, se lo consideró una potencial herramienta de manipulación política de dichas organizaciones por parte de los gobernantes.

- Territorio: se oponen a que este punto se incorpore en el código civil, que aborda el ámbito de lo privado. El Pueblo Indígena es, afirman, una persona jurídica de derecho público. Asimismo, la limitación de la propiedad comunitaria al ámbito rural, desconoce las migraciones y realidades que se dan en el ejido urbano.

- Explotación de recursos naturales: el Artículo 2038, plantea que la explotación de recursos naturales "está sujeto a previa información y consulta a las comunidades", expresión que en su forma es para los dirigentes del Consejo Plurinacional Indígena "violatorio de todos los avances" sobre derecho en este área.

Desde el Consejo consideraron que "la vulneración de derechos presentes en el proyecto no es un descuido" y lo entienden como una avanzada contra el derecho indígena, "el único que tiene legitimidad, autoridad moral y peso jurídico para condicionar o detener un modelo de explotación extractivista, que es un proyecto de muerte para nuestros territorios". En consonancia, desde el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), consideraron que incluyendo la posesión indígena de tierras en el Código Civil de la forma al momento establecida, los jueces penales tendrán vía abierta para condenar a los miembros de las comunidades porque estarán 'usurpando' tierras que el Estado tituló a nombre de otro.

Oscar Talero, presidente local de la comunidad Qadhuoqté, participó del debate en la sede de la UNR destacando la necesidad de "discutir el tema del territorio no sólo en el ámbito rural, sino también urbano. Queremos que nos reconozcan los entes jurídicos que nos nuclean y que eso se aplique a nivel nacional".

También presente en la jornada local, Ángela Jaramillo, Directora de Afirmación de Derecho Indígena del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), consideró fundamental pensar en una "personería jurídica pública no estatal para las comunidades indígenas, pensando en marco específico para enmarcar la personería. La idea es que quede bien asentado que no se necesite permiso como en asociaciones civiles clásicas, sí en termino de tomas de decisiones para no caer en un vacío".

 

Esteban Paulón, presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans.

Igualdad de Géneros

Sin lugar a dudas el nuevo código plantea algunos puntos progresivos en conquistas de derechos, como la no discriminación en la unión civil, que abandonó el calificativo "igualitario". El presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, Esteban Paulón, resaltó el avance que genera el código en tal sentido, pero puntualizó la necesidad de incluir la maternidad lésbica dentro del punto de la reproducción humana asistida.

El referente LGTB consideró como necesario que la nueva legislación brinde "mayores garantías para las mujeres gestantes en la gestación por sustitución. Coincidimos que no tiene que ser oneroso el convenio, sino basado en la solidaridad, pero entendemos que hay gastos médicos y situaciones vinculadas al bienestar físico y psicosocial de la mujer gestante que deben ser tenidos en cuenta en el código y deben alcanzar el puerperio e incluso 6 o 12 meses posteriores a la gestación". Asimismo, apuntó contra el "sostenimiento de privilegios a la iglesia católica como entidad de bien público", establecida en el Artículo 146 del proyecto, "equiparándola en la enumeración con el estado nacional y provinciales".

Por su parte, la ex legisladora y miembro del Centro de Estudios Universitarios, Políticos y Sociales Igualdad Argentina, Silvia Ausburger, señaló la necesidad de que se modifique la fórmula del artículo 19 del proyecto que establece que "la persona humana empieza desde la concepción en el seno materno o desde la implantación en los casos que se trate de reproducción asistida, sin perjuicio de lo que prevea la ley especial para la protección del embrión no implantado. En este sentido, entendemos que esta determinación no debiera incidir en la discusión todavía pendiente sobre despenalización y legalización del aborto, sin perjuicio de ello, la redacción propuesta es compleja. Creemos que si el objetivo era hacer expresa mención a los derechos del embrión y feto deseado a los fines hereditarios y de alimentos (objetivo que se expresa para justificar la actual redacción) se podría haber elegido otras fórmulas menos controversiales", expuso la defensora de los derechos de géneros. Ausburguer destacó además la necesidad de que se implemente la obligatoriedad del doble apellido para el registro de hijos e hijas.

Matías Cremonte representante del Equipo Jurídico de ATE Nacional (Archivo).

"Un retroceso respecto al régimen vigente"

Respecto a la modificación de varios institutos que hacen al Derecho del Trabajo, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la abogada María Eugenia Caggiano y su par Matías Cremonte, hicieron fuertes críticas. "Son inexplicables las modificaciones del anteproyecto elaborado por expertos designados por el propio poder ejecutivo nacional", sostuvieron en su presentación, en la que además calificaron los cambios introducidos por el Poder Ejecutivo como un "retroceso respecto al régimen vigente y al propio anteproyecto".

La mayor preocupación radica en que las modificaciones al anteproyecto "excluyen la responsabilidad civil del Estado y sus dependientes, remitiéndola al campo del derecho administrativo en el cual no existe una previsión legal referida a la materia, resultan conculcatorias del principio de progresividad de jerarquía constitucional". Puntualmente, los abogados señalaron que se licuó la responsabilidad del Estado ante damnificados por los daños ejecutados por sus actos, remitiendo todo al mencionado derecho administrativo. Como consecuencia fáctica, ante un daño sólo se aplicaría una sanción administrativa al funcionario responsable, sin contemplar reparación al damnificado.

Un ejemplo figurativo brindado por los representantes legales de ATE fue que "un trabajador estatal que se accidentare o sufriese una enfermedad profesional en ejercicio u ocasión de sus funciones, carecería del derecho a accionar por el resarcimiento pleno del daño sufrido, limitándose exclusivamente a percibir las magras prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo". Esta situación, detallaron Caggiano y Cremonte, descarta ocho años de evolución jurisprudencial y trascendentes fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta materia. Esto sería una discriminación peyorativa del empleado público respecto a los trabajadores privados y es regresiva respecto al código actual.

Alicia Simeoni, del Sindicato de Prensa de Rosario(Fuente: unr.edu.ar)

Real malicia

El Sindicato de Prensa de Rosario (SPR), también en nombre de la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación compuesto por sindicatos de diferentes puntos del país, propuso la incorporación de la doctrina de la real malicia en el nuevo código, lo que significaría que, en caso de que un funcionario sienta ofendido su honor, sea él quien ante la justicia tenga que demostrar que el periodista actuó con desdeño en la construcción de una información veraz.

"Esta doctrina se basa en marcar una íntima relación entre la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad de los periodistas en la tarea que hacen, pero a la vez que no sean sancionados en las tareas e investigaciones que hacen o en las opiniones que dan a conocer porque no caigan bien a uno u otro funcionario público", explicó Alicia Simeoni, del SPR

En este sentido, la referente gremial consideró que no se trata de ir contra el honor ni la intimidad de nadie, pero sí ponderar que los funcionarios públicos tienen "ya de por si una protección mayor con derecho a réplica", o la posibilidad con la que cuentan en acceso a los medios para hacer su descargo. En Rosario, afirmó Simeoni "hay muchos casos de personas demandadas siempre con el pedido de resarcimiento económico lo que es un amedrentamiento importante para cualquier comunicador".

Valorando la libertad de expresión como un derecho humano, el SPR sumó su perspectiva al debate del proyecto del nuevo Código Civil y Comercial. En los encuentros promovidos por el gobierno nacional y mediante diversos medios, se multiplican las voces que pretenden que no sólo sea inclusivo el debate, sino también y fundamentalmente, el texto que finalmente se apruebe.

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