La Plata: serias irregularidades en el conteo de las muertes por el temporal
Por reenvío anred - Monday, Apr. 15, 2013 at 4:24 PM

La gobernación provincial asegura que no existen más de 52 fallecidos, pero el Juez Luis Arias –ahora apartado de la causa– identificó 3 más y denunció a la Policía bonaerense por fraguar actas de defunción. Además, hubo impedimentos para dejar entrar a funcionarios judiciales a la morgue, y se dieron a conocer otros casos de muertes que están fuera del listado oficial. En todos los barrios de la ciudad se descree de las cifras que dio a conocer el gobierno de la provincia. Por ANRed La Plata. Por RedAcción - LP

En la ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada, no sólo se vivieron momentos angustiantes durante el temporal sucedido el pasado 2 de abril y en los días posteriores por la ausencia casi total del Estado en términos de planes de evacuación y luego de asistencia a los vecinos afectados, sino que además la situación permanece de la misma forma en torno a la búsqueda de la verdad sobre cuántas personas fallecieron a causa de la catástrofe.

En todos los barrios afectados los vecinos cuentan más víctimas que las que la Gobernación provincial dice que hubo. Pero además, la investigación oficial ya mostró gruesas irregularidades que permiten dar cuenta de un importante operativo del Estado para disminuir los efectos políticos del desastre, bajando en principio la cantidad de muertes.

En ese sentido, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, conducido por Ricardo Casal, dio a conocer enseguida una lista de 51 personas muertas por el temporal, a la que luego se le agregó el nombre de la única persona desaparecida, Nilda Godoy, que fue encontrada hace tres días en unos pastizales en Los Hornos.

Esta versión es la que sostienen el Juez de Garantías Guillermo Atencio y el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, principales espadas judiciales del sciolismo para encabezar el operativo de minimizar el impacto político de la catástrofe.

Como contraparte, el Defensor Penal Juvenil Julián Axat inició una causa en el juzgado en lo Contencioso Administrativo de Luis Arias (foto), que derivó en la identificación de al menos tres víctimas más: Juan García, un hombre de 51 años que falleció ahogado tras ser arrastrado por la corriente en el cruce de 22 y 34; Edgardo Roberto Reguera, de 79 años, quien vivía en la calle 28, entre 43 y 44, y falleció tras ser arrastrado por el agua cuando iba a buscar a su familia; y Hebe Oleastro Ballve de Casasco, de 76 años, docente jubilada y ama de casa que murió de un paro cardíaco en el barrio La Loma por falta de asistencia médica el día de la tormenta. Estos tres casos no están en la lista oficial.

Juez Luis Arias

Además, hay otros casos de personas que fallecieron durante la tormenta, pero que las autoridades de la Provincia deciden no incluir en el listado. Por ejemplo, el caso de Alberto José Colombo, publicado por Revista La Pulseada, un jubilado que tenía mal de Parkinson y murió “de susto” enfrente de su esposa mientras lo tapaba el agua en Los Hornos. La Policía bonaerense le habría sugerido a la familia de Colombo que no llevaran el cuerpo a la morgue porque “estaba saturada”.

La historia no termina ahí, también está el caso de Guillermo Piombino, quien tenía 51 años y se encontraba internado en la Terapia Intensiva del Hospital Español, debido a un cuadro de EPOC. El último parte médico antes de la tormenta mostraba una importante mejoría. Sin embargo, falleció a las 8 de la mañana del miércoles 3 luego de realizar un paro cardiorrespiratorio, mientras en el sanatorio la electricidad estaba cortada y el equipo electrógeno –ubicado en el subsuelo– no pudo ponerse en funcionamiento porque estaba bajo el agua. Esto provocó que el respirador artificial así como todas las máquinas del Hospital dejaran de funcionar. Scioli había dicho en conferencia de prensa: “no se cortó la luz en los hospitales, aclarémoslo”.

También está el caso de Cristian Mendoza, de 18 años, que falleció junto a sus abuelos con quienes vivía en 6 y 92, y que sí figuran en la lista oficial. Sin embargo, el joven no fue incluido dado que su cuerpo fue enviado a Paraguay, su país natal, para ser velado allá.

El problema es que además de estas irregularidades, el Juez Atencio y la Provincia tienen un listado, que no han dado a conocer, de 37 fallecidos que murieron durante el temporal, pero que consideran que al no morir ahogados no se le puede atribuir las causas al temporal. Es decir, deliberadamente el Gobierno provincial usa un criterio que sólo es funcional a la reducción de la cantidad de víctimas fatales.

De la misma forma, no existió en ningún momento ningún dispositivo por parte del Estado para recabar información sobre las muertes no judicializadas. Es decir, personas fallecidas que fueron veladas por sus familias tras el temporal y de las que la Justicia y el Estado no tienen ninguna noticia.

Por ejemplo, el caso de Dolores Felicidad Fernández, una mujer de 91 años que murió en su casa de 12 entre 527 y 528, Tolosa, ahogada, y que fue encontrada por su hijo al otro día. La policía sólo se limitó a anotar su nombre en un papel, pero tampoco figura en la lista de fallecidos.

Hay además, testigos que dieron testimonio en el Juzgado de Arias, que aseguran haber visto cuerpos encontrados por personal policial después de que se diera a conocer el listado oficial de 52 víctimas.

Corrieron a Arias

Para ponerle un manto de oscuridad mayor a la cuestión, el Juez Atencio inició un pedido de inhibitoria al magistrado Luis Arias, impidiéndole así continuar con la investigación. Hasta tanto la Suprema Corte provincial no resuelva el conflicto de competencias judiciales, Arias no puede seguir investigando, y la única versión judicial en pie sería de la Atencio.

Ayer, Arias dio una conferencia de prensa en la que explicó: “He recibido una inhibitoria del doctor Atencio. El doctor entiende que es competente para esta situación. Se planteó un conflicto de competencia, lo cual me obliga a mí a remitir la causa a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, para que diga qué juez es competente”.

“Yo no tengo dudas de que la Corte va a decir que es de competencia contencioso administrativa, estamos seguros, porque acá no se están investigando delitos si no responsabilidades administrativas en la confección de los listados”, afirmó.

En ese sentido, remarcó: “Esto es una maniobra procesal para que la causa se vaya a la Corte y pueda permanecer allí un año, seis meses, un mes, o el tiempo que sea. Pero cualquier tiempo que sea, va a impedir la realización de las medidas que nosotros tenemos requeridas, y hay medidas muy urgentes y si la causa vuelve dentro de 15 días esas medidas se van a perder para siempre. Creo que esta es la intención”.

“Yo lamento que el juez Atencio se haya prestado a este juego del Poder Ejecutivo”, sentenció.

“Quiero exhortar a la Suprema Corte de la Provincia a que como en otras oportunidades lo ha hecho llame a un acuerdo extraordinario y resuelva esta contienda a la brevedad para que se pueda continuar con las medidas de prueba”, pidió Arias y agregó: “La finalidad de esto es demorar. Si esto se resuelve de acá a un año no se van a poder recolectar muchas pruebas. Esto es una especulación política, tengo la absoluta certeza. Me sorprende que este pedido de inhibitoria del doctor Atencio no tenga ninguna cita legal: ‘Soy competente porque creo que soy competente’. Los jueces nos basamos en la constitución y en las leyes para decidir, tenemos que dar respaldo a nuestras decisiones, fundarlas en derecho, en la constitución y en las leyes”.

El rol de la Bonaerense

“Hay un modus operandi de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que ha heredado de la dictadura militar, y que no hemos podido erradicar: la situación de falsear los certificados de defunción, diciendo que una persona falleció de un paro cardiorespiratorio no traumático cuando en realidad se ahogó por causas de la inundación”, explicó Arias.

Un dato no menor, es que tras haber desplazado a este magistrado de la investigación, el juez Guillermo Atencio, admitió ayer que “pueden haberse falseado actas de defunción”, dándole la razón a Arias y a Axat.

Por otra parte, Arias también habló sobre las desapariciones: “Hay desapariciones. No sabemos el número exacto. El Ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, el fin de semana pasado, dijo que había una sola persona desaparecida, Nilda Godoy, que es la que apareció fallecida recientemente, mientras la policía a mí me entregó en persona una lista con 23 personas desaparecidas, que la he dado a conocer públicamente y la he agregado a la causa. Hay 23 desaparecidos según la Policía de la Provincia que conduce el Ministro Casal, que dijo que había una sola”.

“Y otro universo distinto, son las personas que se dice que aparecieron muertas, después del listado oficial de 51 personas. - explicó Arias - Yo tengo cierto escepticismo, me cuesta mucho creer que se hayan ocultado cadáveres, pero hemos tenido testimonios en la causa, uno lo he dado a conocer públicamente, de una persona que vio retirar 7 cuerpos de un desagüe en la calle 68 entre 31 y 131, corroborado por otros testigos que han colaborado en la causa. Y estos cuerpos son posteriores a los 51 que anunció el Poder Ejecutivo. ¿Esos cuerpos donde están? Por esa razón nosotros hicimos la diligencia en la morgue, y no nos dejaron entrar”.

En ese marco, se refirió al impedimento que tuvo de entrar a la morgue judicial esta semana, cuando al día siguiente el Juez Atencio pudo entrar sin problemas para decir después que no había muertos ocultos. “Es una puesta en escena lo de la morgue. El hecho de que vaya otro juez al día siguiente al que no me dejaron entrar a mí, es una puesta en escena. ¿Por qué no nos dejaron entrar? ¿Ocultan algo? Si había alguna prueba ahí que preservar, es lógico que desapareció, no seamos ingenuos”.

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Inundaciones: no otra cosa que la lógica del capital
Por reenvío anred - Monday, Apr. 15, 2013 at 4:26 PM

Las aguas han bajado, en muchos sentidos más que turbias, dejando expuesto el saldo en pérdidas humanas y materiales. La histórica desidia del Estado encuentra sus orígenes en la voracidad del capital, que contrasta notablemente con la solidaridad y cooperación de la sociedad civil. Empieza ahora la reconstrucción, inversiones estructurales y la prevención. ¿Quién debe pagar los costos? Por Eduardo Lucita.


Por ANRed - L (redaccion@anred.org)

Algunas conclusiones rápidas: la solidaridad y la cooperación social se mostraron ampliamente superiores a la actividad de los estados. El caótico y fatal desarrollo de nuestras urbanizaciones demuestra palpablemente que el mercado no es el mejor asignador de recursos, como asegura el neoliberalismo. La capacidad de previsión estatal frente a los cambios de la naturaleza es casi nula. La vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad ante fenómenos meteorológicos extremos ha quedado dramáticamente expuesta. Como en anteriores tragedias asistimos a una ausencia del Estado frente a catástrofes previsibles. Frente al cansancio social por las disputas y repartos de culpas entre los gobiernos, pende la amenaza de que retorne la crisis de representatividad política.
No solo cambio climático

Desde hace décadas el mundo habla de las modificaciones en el clima y desde hace unos años ha tomado fuerza la categoría de cambio climático, asociado a este el aumento de las precipitaciones pluviales, también de las sequías. En nuestro país tenemos sobradas muestras con las inundaciones en Resistencia en 1983, en Clorinda en 1992, en zonas de Buenos Aires en 2001; en Santa Fe en 2003 y 2007; en Tartagal en 2006 y 2009. La ciudad de La Plata registra cuatro graves inundaciones en ocho años y la Capital Federal otras tantas. Los últimos dos años han mostrado también sequías importantes que han perjudicado los rindes de las cosechas.

Pero no se trata solo del cambio climático. Las inundaciones de Buenos Aires y La Plata tienen orígenes emparentados. El entubamiento subterráneo de arroyos de llanura y la fiebre de la construcción indiscriminada -con pérdida de espacios verdes para escurrimiento y la alteración del curso de las aguas- son algunos de ellos, lo que ha resultado una combinación explosiva.
Es el capitalismo

Se trata de fenómenos socio-ambientales. Esto es la interacción de alteraciones propias de la naturaleza con acciones humanas que las potencian. Pero no puede obviarse que detrás de ambos componentes está la voracidad capitalista y la maximización de la tasa de ganancia a cualquier precio. Es el modelo productivo hegemónico a nivel mundial -promotor de los gases invernadero y del irracional uso de energía- el causante del calentamiento global y fuente de cambios climáticos extremos.

Esa voracidad del capital está también presente en el negocio inmobiliario de las tierras. Cuando se levantan terraplenes para la construcción de barrios cerrados o para hacer autopistas que actúan como diques de contención. Cuando se rellenan terrenos bajos y se lotean zonas inundables, en las que se condena a vivir a los sectores obreros y populares. Si se revisa la planimetría del área metropolitana se comprueba que casi todas las villas de la zona están localizadas o cercanas a zonas inundables. Aunque que ni Tolosa ni Saavedra son barrios pobres, por lo que sectores medios también han sido afectados.
La potencia de la tierra

Argentina es el país mas urbanizado de América latina, el 92 por ciento de nuestra población vive en zonas urbanas. Es también el país de la región que más temprano y rápido se urbanizó. Sin embargo no tiene una legislación de tierra apropiada para el desarrollo de la urbanidad, no tiene un ordenamiento territorial y cuando existe, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires, es tan antiguo que solo define como zonas inundables a la Boca y Belgrano.

No hay una legislación adecuada o si la hay no se cumple. Porque desde su constitución como Nación el acaparamiento y propiedad de la tierra –esa potencia oculta como la llamara Marx- es fuente de poder económico y político.

Es la lógica del capital la que está detrás de todas estas catástrofes. El capital que con su consumismo creciente poluciona y contamina el ambiente, degrada la naturaleza, impulsa el gran negocio inmobiliario de las tierras, no admite otra planificación que la del mercado.
Irresponsables

La catástrofe ha puesto en evidencia que los diagnósticos y propuestas de los expertos han caído en saco roto. La contrapartida es la insuficiencia en todos estos años en los niveles de gasto (mantenimiento) e inversión (obras), sea por recortes presupuestarios, por transferencia de partidas, por sub-ejecución o por lo que fuere. La responsabilidad de los funcionarios de turno en los distintos gobiernos a través de los años es inexcusable.

Enfrentar la catástrofe actual requerirá de fuertes recursos financieros para la asistencia a los damnificados. Para la reparación de unidades habitacionales, locales comerciales e industriales y la infraestructura vial y sanitaria. Para las siempre demoradas obras preventivas y los planes de contingencia.

En las condiciones financieras actuales se agudizará el déficit fiscal de la Provincia de Buenos Aires, se deteriorará el de la Capital Federal y todo impactará en el ya abultado déficit nacional. Hay que pensar en recursos alternativos.
Emergencia y recursos

Una perspectiva posible sería un decreto de necesidad y urgencia presidencial creando un Fondo específico para atender las necesidades de los distritos afectados, con plazos perentorios de cumplimiento y participación en la administración y control de los vecinos de los distritos afectados.

Ese fondo podría nutrirse con las partidas ya asignadas en los presupuestos para el año en curso, más la imposición de una contribución obligatoria a las 500 mayores empresas del país (puede ser un porcentaje de las utilidades declaradas en el ejercicio 2012). Complementada con una invitación al personal directivo y gerencial de esas empresas a donar al fondo un mes de su salario.

Adicionalmente la imposición de contribuciones obligatorias de un mes de sueldo al personal político ejecutivo de los Gobiernos Nacional y de la Provincia y Ciudad de Buenos Aires, así como de la Municipalidad de La Plata. Contribución extensible a senadores, diputados y legisladores que a nivel nacional, provincial o de las ciudades representen a la ciudadanía de los distritos afectados. Si las necesidades excedieran a lo recaudado los estados se harían cargo de la diferencia.

Sería una forma de que el capital y sus personeros asuman el costo de los desastres que promueven con su búsqueda insaciable de la ganancia y que el personal político (ejecutivo y legislativo) se haga cargo de la desidia manifiesta del Estado.

En última instancia sería un poco de justicia.

Eduardo Lucita es integrante del colectivo EDI –Economistas de Izquierda

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Los fabricantes de desastres “naturales”
Por reenvío anred - Monday, Apr. 15, 2013 at 4:29 PM

A raíz de los fallecidos en el marco de las recientes inundaciones y rememorando la Masacre de Cromañón y de Once, Guillermo Almeyra reflexiona sobre las causas de las mismas: "¿Qué hay de ’natural’ en todos estos delitos y crímenes, en esta utilización clasista de los bienes públicos, en esta total despreocupación por la naturaleza y por los trabajadores y los pobres? Los muertos han sido asesinados por un sistema criminal, los destrozos que ascienden a varios miles de millones de dólares (entre 5 y 6 mil millones, se calcula) fueron causados por ineptos, especuladores, corruptos. Lo ’natural’ es político".


Por ANRed - L (redaccion@anred.org)

En Argentina, en diciembre de 2004, un incendio en un local para bailes sin salida de emergencia y con el doble de clientes de lo permitido causó la muerte de 194 personas y heridas a otras 1432. El local funcionaba gracias a la corrupción de los funcionarios y policías que debían controlarlo.

En febrero de 2012, un tren cargado de pasajeros embistió la estación Miserere en Buenos Aires, con un saldo de 51 muertos y 600 heridos: la empresa privada que administra el ferrocarril no invirtió en mantenimiento o seguridad y dos sucesivos Ministros nacionales de Transporte corruptos la cubrieron. Desde entonces no hay cambio alguno en el transporte ferroviario, que es una bomba de tiempo.

La capital de la provincia de Buenos Aires, La Plata, sufrió inundaciones en 2002, 2005, 2008, 2010 y ahora, en 2013 colapsó ante unas fuertes lluvias que mataron 51 personas.

En la capital del país, Buenos Aires, cada vez que llueve copiosamente se inundan barrios enteros y quedan durante días sin agua potable, sin luz, sin nada, de modo que miles de ancianos y niños quedan encerrados en los pisos superiores al tercero, sin baño, sin comida ni agua, sin medicinas ni ascensor y sin luz. Las calles empedradas, que drenaban las lluvias, fueron asfaltadas; nadie limpia las bocas de tormenta, que se tapan con la basura; donde antes había casas bajas, con jardín o terreno alrededor, donde habitaban una familia, se construyen torres de más 15 pisos, con cuatro departamentos por piso, que consumen agua, luz, gas y necesitan transporte o estacionamiento para sus coches. Sin embargo, no hay inversiones en electricidad, gas, desagües y las calles se transforman en depósitos de coches (que la inundación se lleva) o los autos de los ricos se guardan en las cocheras en los subsuelos (donde el agua los tapa durante días). Las plazas, que antes tenían césped y árboles que absorbían las lluvias, son ahora de cemento.

Los arroyos afluentes del Río de la Plata han sido mal entubados y el drenaje hacia el río es imposible. Cerca de La Plata, para construir barrios para los ricos, han levantado el nivel de los terrenos de modo que el agua escurre hacia los barrios más bajos, poblados por pobres. La construcción de la autopista Buenos Aires-La Plata también se hizo elevando el nivel de la misma, pero sin hacer drenajes bajo la obra, de modo que la carretera se convierte en un dique natural.

Aunque el servicio meteorológico decreta un alerta roja con fuertes lluvias, no se limpian las calles ni las cloacas y, por si fuera poco, las máximas autoridades de la ciudad de Buenos Aires o de La Plata, si va a llover en fin de semana, se van de vacaciones (en la reciente inundación el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, estaba en una playa brasileña, a 2 700 kilómetros, y su jefe de gobierno en Turquía, y el alcalde de La Plata, en el norte brasileño). No sólo no existe la menor coordinación entre la Capital Federal y la provincia lindante, aunque el agua no reconoce fronteras políticas, sino que, además, el gobierno nacional, en su pugna política con ambos gobiernos, se despreocupa ante los problemas de los habitantes y apuesta al desprestigio del alcalde de Buenos Aires y del gobernador de la provincia de Buenos Aires si no pueden resolver nada.

El capital necesita que los trabajadores ganen poco y vivan mal en barrios inadecuados porque eso los abarata y aumenta por consiguiente las ganancias. La especulación inmobiliaria los arroja además a los suburbios, en zonas técnicamente inhabitables. Los gobiernos nacional o municipal cierran los ojos ante este problema.

El gobierno nacional, que basa la economía en la exportación de cereales, no hace nada ante la deforestación del territorio nacional y la extensión continua del cultivo y de la exportación sobre todo de soya por unos pocos oligopolios que controlan el ingreso de las divisas extranjeras y el resultado es la concentración de la población rural en las ciudades y la destrucción de suelos y del sistema hídrico, además de la desertificación que cambia el clima y no protege la vegetación nativa, reguladora de las privatizaciones.

A eso se agrega que el recalentamiento global tiene un responsable claro: el tipo de industrialización depredador, sobre todo en los países altamente industrializados. ¿Qué hay de “natural” en todos estos delitos y crímenes, en esta utilización clasista de los bienes públicos, en esta total despreocupación por la naturaleza y por los trabajadores y los pobres? Los muertos han sido asesinados por un sistema criminal, los destrozos que ascienden a varios miles de millones de dólares (entre 5 y 6 mil millones, se calcula) fueron causados por ineptos, especuladores, corruptos. Lo “natural” es político.

Como en el Distrito Federal, en México, cuando el terremoto de 1985, mientras las autoridades brillaban por su ausencia a la hora del rescate y de la ayuda, centenas de miles de voluntarios, sobre todo jóvenes, ayudaron a los inundados, les trajeron ropa, alimentos, abrigos. En los barrios los vecinos salvaron a la viejita de al lado, a los niños, albergaron a los que habían perdido todo. Además, están exigiendo organizadamente, con manifestaciones, la reanudación de la luz, de los servicios esenciales y soluciones de fondo. Algunos barrios de clase media pobre comienzan a crear comisiones territoriales de vecinos.

Aunque el gobierno nacional, en una tardía reacción, organizó una visita de la presidente a los barrios pobres de Buenos Aires y La Plata y movilizó a la juventud oficialista para distribuir ayuda, la mayor parte de ésta ha sido espontánea e inmediata y se organizó sin esperar a nadie. El gobierno nacional recuperó un poco de credibilidad, pero se produjo una ruptura entre los administradores al servicio del capitalismo y las víctimas de éste y reapareció la solidaridad de clase, volviendo a recuperarse en parte la autoorganización. En este año electoral y de crisis eso tendrá repercusiones políticas.

Fuente: La Jornada

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