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Gustavo Marchetti, un fiscal afuera de la ley
Por Ecos Córdoba - Wednesday, May. 01, 2013 at 12:42 PM

Gustavo Marchetti, un fiscal afuera de la ley

posted 1 mayo, 2013 / No Comments

Fiscal Gustavo Marchetti (Voto: La Voz del Interior)

Por Julian Santi Vargas

Las órdenes judiciales del fiscal Gustavo Marchetti vienen siendo cuestionadas por vecinos autoconvocados de Villa Carlos Paz desde el año 2012, y por la Justicia Federal desde el año 2011. Pareciera que los acontecimientos de los últimos días en los que el fiscal Gustavo Marchetti actúa de oficio no son nuevos en su proceder:

Según publica La Voz del Interior del 12 de octubre de 2011.:“Una escucha telefónica develó el supuesto vínculo del fiscal Gustavo Marchetti con un reconocido local donde se ofertaría la prostitución, y en donde se lo menciona como la persona que, junto con otras, ‘se llevó’ mujeres del lugar y se negaba a devolverlas”. El fiscal fue mencionado en una radio de Buenos Aires y oportunamente declaró: “Yo no me llevé a ninguna mujer de ningún local, sólo ordené la realización de allanamientos por una denuncia sobre violaciones a la ley de profilaxis contra enfermedades venéreas”, explicó Marchetti. “Al ordenar los allanamientos, el fiscal justificó que impulsó una investigación por supuesta oferta de sexo pero luego, extrañamente, le negó copias de las actuaciones a su par Senestrari, aduciendo que la misma estaba en secreto de sumario”.

En este caso, el fiscal Gustavo Marchetti reconoce haber actuado de oficio y “detenido” algunas prostitutas. Al final del artículo se menciona lo siguiente.: … “Agregaron que es cierto que en esa causa hay escuchas y que, en una de ellas, habla una persona que menciona que el fiscal Marchetti sacó mujeres de una whiskería para llevarlas a un domicilio particular, hecho que trata de confirmar o desmentir la investigación que lleva adelante el fiscal Senestrari…”. El que desee leer el artículo podrá observar que no se explica en qué momento y de qué forma el fiscal Gustavo Marchetti da el salto de “investigador de oficio” a “sospechoso”. (1)

 

El 15 de junio de 2012 vecinos autoconvocados de Villa Carlos Paz marcharon para reclamar por la percepción de inseguridad jurídica y cuestionar el accionar del fiscal Marchetti. Mil quinientas personas firmaron un petitorio que fue presentado al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y a la Gobernación Provincial. Concretamente, se denuncia que el abogado ha incurrido en graves anormalidades como detener personas y privarlas de su libertad durante meses, manipulación de testigos, en otros casos el fiscal ordena la prisión preventiva de imputados usando su sólo criterio. Más allá del contenido de la denuncia que no es para nada menor donde se dice expresamente de que tiene su proceder con acciones y decisiones que toman delito, lo que realmente debería llamarnos la atención es que este gravísimo petitorio por un ambiente de seguridad jurídica fuera firmado por mil quinientas personas en una ciudad de menos de cien mil habitantes. Y el hecho de que este petitorio mencionara “especial y concretamente” al fiscal Gustavo Marchetti.(2)

 

El 6 de abril del 2013 el fiscal Gustavo Marchetti reconoce en Cadena3 que instruye en la causa por los disturbios registrados en la protesta de trabajadores de la firma Carlos Paz S.A. en la terminal de ómnibus de esa ciudad cordobesa, en diálogo con Cadena 3 justificó el accionar policial y aseguró que los detenidos continúan en esa condición.

“Son las mismas personas que fueron detenidas este mediodía. Están imputados de daño calificado y lesiones leves calificadas. Van a quedar detenidos, veremos los antecedentes y resolveremos la situación de cada uno”, señaló el magistrado. Dice que se respetó el derecho a protestar hasta ese día antes del mediodía en que los manifestantes interrumpieron la libre circulación de colectivos de la empresa por las calles de la ciudad, reconoce ante Cadena3 que la policía actuó bajo sus órdenes. Ese fin de semana diez trabajadores de la empresa Carlos Paz S.A. quedaron detenidas hasta el día lunes 9 de abril al mediodía. En el día de ayer martes 30 de abril de 2013 en Canal 10 el programa ADN mostró las terribles imágenes en las que la policía con una severa golpiza detiene a 15 personas incluidos dos abogados que se apostaban en la puerta de una comisaría de Villa Carlos Paz reclamando por la liberación del presidente de la cooperativa “Solares de icho Cruz” otros detenidos en las acciones llevadas a cabo en el marco de los desalojos de Cuesta Blanca de los últimos días.(3)

Si algún juez no actúa rápidamente para hacer valer la “Constitución de la República Argentina”, la preocupación por este avasallamiento de los derechos civiles y humanos que está viviendo el ciudadano cordobés será realmente más preocupante todavía. El código de faltas que utiliza la policía para detener a ciudadanos civiles que considere sospechosos, es peligroso cuando el policía actúa de oficio, pero si un fiscal también actúa de oficio el peligro es aún potencialmente mayor. Comienza a naturalizarse una justicia a base de supuestos donde la verdadera justicia debería estar presente. La violencia que viene detrás de una decisión “de oficio” dificilmente sea resarcida si se demuestra la inocencia. Si antes de que se demuestre la inocencia no ocurre que esta justicia sostenida sobre supuestos genere mayores complicaciones. En Cuesta Blanca hay un grupo de vecinos que ha iniciado gestiones de la ley provincial 9150 para el uso de tierras sin dueño y se han organizado en una cooperativa llamada “Solares de Icho Cruz”, pero hoy a la mañana no habrá sol para el presidente de esa cooperativa y otras quince personas más porque están detenidos. Todavía no se sabe en que momento va a intervenir un Juez y va a emitir una orden en este caso, estamos presenciando un panorama extraño en el que entra a debilitarse el estado democrático de derecho. Volvamos al principio de los derechos, es inconstitucional que una persona que no sea un juez emita una orden de detención. El señor Juan Cochrane y el resto de las detenciones arbitrarias son inconstitucionales de acuerdo con el artículo 45 de la Constitución Provincial de la Provincia de Córdoba.

 

INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO ALLANAMIENTO

Artículo 45.- El domicilio es inviolable y sólo puede ser allanado con orden motivada, escrita y determinada del juez competente, la que no se suple por ningún otro medio. Cuando se trate demoradas particulares, el registro no puede realizarse de noche, salvo casos sumamente graves y urgentes.

 

CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA

Artículo 18- Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice.

El fiscal Gustavo Marchetti una vez más está cometiendo evidentes abusos de poder. ¿Quién es el particular damnificado que hizo la denuncia al fiscal?

 

(1)  http://www.lavoz.com.ar/noticias/sucesos/justicia-federal-investiga-fiscal-villa-carlos-paz

(2)  http://www.elbamba.com/noticias-dia-a-dia/marcharon-por-la-seguridad-juridica

(3)  http://www.cadena3.com/contenido/2013/04/05/111760.asp

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El fiscal debería ser imputado
Por Juan Yacobs - Friday, May. 03, 2013 at 10:34 AM
juanyacobs@gmail.com 0354815533534

El fiscal Marchetti debería ser imputado penalmente por abuso de poder, por mal desempeño de los deberes de funcionario público, privación ilegítima de la libertad, y le caben otras acusaciones más. Para salvaguardar esta moribunda constitución y esta débil justicia lo correcto sería dar vuelta la causa, dejar de demostrar la inocencia de gente que no cometió un delito y judicializar al fiscal Marchetti.

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