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El modelo extractivista no tiene Licencia Social en Córdoba
Por republicado de ECOS Córdoba - Monday, Feb. 10, 2014 at 10:01 AM


Lo demuestra una nueva encuesta sobre un 94% de la opinión pública, donde revela que en la provincia de Córdoba los gobiernos deben tomar mayores recaudos con las problemáticas ambientales y actividades como fumigaciones u otras que contaminan.

 

El modelo extractivi...
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El estudio fue realizado en octubre del 2013 por un investigador del CONICET como el Dr. Victor Mazzalay de la UCC (Universidad Católica de Córdoba) y Coordinada por el Dr. Marcelo Nazareno (Universidad Nacional de Córdoba). 

Las estadísticas de opinión pública en cuestiones extractivistas en Córdoba determina: 

Ocho de cada diez ciudadanos cordobeses sostiene que la actividad minera que contamina debería prohibirse aunque genere mucho dinero. 

Casi ocho de cada diez ciudadanos (78,64%) acuerda con la postura que sostiene la necesidad de la aprobación ciudadana a las actividades agropecuarias que afectan la salud, aunque éstas sean legales. 

Cabe destacar que el avance del modelo extractivista minería, agronegocio, petróleo, sistema agrario, forestal, nuclear, pesquero y producción de biocombustibles, entre otros, se encuentran dentro de los planes del progreso económico mundial. Sin embargo se habla de una trampa existente en las economías dependientes que tendrían como “la paradoja de la abundancia”. 

¿Que es el extractivismo? 

El extractivismo es entonces una modalidad de acumulación que comenzó a fraguarse masivamente hace 500 años según Alberto Acosta(*). Cabe destacar por su parte que esta demanda proviene de los centros metropolitanos especializados en la extracción y producción de materias primas los llamados “bienes primarios” exportando la “Naturaleza”. Considerado como un nuevo mecanismo de saqueo para los países de Latinoamérica. 

Y mucho se habla en esto de alentar el consumo para cubrir las demandas tecnológicas, pero poco de las “crisis económicas recurrentes” como muestra el economista. Este modelo “profundiza la débil y escasa institucionalidad democrática, alienta la corrupción, desestructura sociedad y comunidades locales, y deteriora gravemente el medio ambiente”. Con esto podemos decir, si los que luchan contra este “modelo productivo”deben ser nombrados como “ambientalistas”, donde ya no entregan espejitos sino, plasmas de colores. 

Siguiendo el estudio de opinión pública: 

Dos de cada tres ciudadanos residentes en la provincia de Córdoba (65,12%) sostienen que el bloqueo a la empresa Monsanto es una defensa justa de la salud, legitimando el reclamo de los vecinos. Por otro lado, un 24,97 no tiene opinión formada y sólo un 9,9% piensa que el bloqueo no es un reclamo justo. 
¿Conoce el cordobés a Monsanto? 

Aunque el cuidadanx lo sospeche, éstas empresas extractivistas provocan la concentración y centralización del ingreso y de la riqueza en pocas manos, así como el poder político, lo que Acosta denomina “desnacionalización” de la economía y “desterritorialización”del Estado. Y en su legitimación cuentan por supuesto con el apoyo de “la gran prensa” y un “buffet de abogados” para promover relaciones sociales clientelares, según Acosta. 

Y en la responsabilidad que le toca a un gobierno la encuesta revela que: 

La ciudadanía no tiene una opinión mayoritaria clara con respecto a la responsabilidad política en este conflicto ambiental. Un 27,03% de los ciudadanos piensa que el gobierno provincial no es responsable, un 30,24% piensa que tiene alguna responsabilidad, mientras que un 42,73% no tiene una opinión sobre la responsabilidad del gobierno provincial. 

Por otro lado podemos decir que se observa una baja valoración de las gestiones gubernamentales ambientales y un reclamo por mayores acciones concretas sobre actividades que podrían estar reñidas con el ambiente y la salud pública. 

No es menos importante, en todos los territorios donde se aplica este modelo productivo “Provocan la división de las comunidades, violencia familiar, violación de los derechos comunitarios y humanos, un incremento de la delincuencia, el tráfico de tierras” precisa Acosta. Según él las presiones hacia una economía exportadora son cada vez mayor porque “no hay a quién vender domésticamente” según afirman quienes defienden el modelo extractivista, “despreciando las enormes capacidades y potencialidades disponibles en el interior de un país”. 

Acosta habla de un financiamiento masivo con programas sociales para transformar a este sistema de desarrollo económico como indispensable para combatir la pobreza. Por lo tanto un mayor control por parte del Estado no es suficiente sobre los bienes naturales, porque el control de las exportaciones nacionales de “bienes primarios” está en manos de los países centrales. 

Por eso podemos decir que existe una conflictiva relación entre las comunidades afectadas, las empresas y el Estado. Y agrega “cuando las empresas asumen tareas que competen al Estado, éste se consolida como Estado policial que reprime a las víctimas”. Los límites al desarrollo deben estar vinculados a la propia sociedad civil y su participación. 

Para Acosta “el capital económico no puede reemplazar íntegramente al “capital natural”. 

Intriga sobremanera como éstas empresas (capitalismo) les interesa la pobreza. Ecos Córdoba le consultó a Alberto Acosta y nos dio cuatro motivos ( aclara que da para un tratado…) 

1. Porque la pobreza representa oportunidades de negocio perdidas, dirían los capitalistas progresistas. 

2. Porque la pobreza es caldo de cultivo de la violencia social, desatada por la explotación de la mano de obra y la Naturaleza; ergo amenaza…para los privilegiados y para el mismo sistema, dirían los capitalistas pragmáticos 

3. Porque la pobreza es una base importante de potenciales electores, que son necesarios para sostener el sistema de dominación, dirían los capitalistas que entienden la necesidad de controlar el estado para sus negocios. 

4. Porque el reino de Dios es de los pobres… quizás lo dicen preocupados algunos porque todavía creen en el más allá… 

Como conclusión general en la provincia de Córdoba se puede ver que la ciudadanía residente expresa un amplio consenso en torno a la supremacía del ambiente y la salud ciudadana por sobre la rentabilidad económica de las actividades productivas y la legalidad vigente que las regula. 

(*) Alberto Acosta – Economista ecuatoriano. Profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLASCO), sede Ecuador. Ex Ministro de Energía y Minas. Ex presidente de la Asamblea Constituyente y ex asambleísta constituyente. 

 

 

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