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Mirta Baravalle: “El Banco de Datos Genéticos del Hospital Durand es irremplazable”
Por Liliana Giambelluca - Saturday, Jun. 21, 2014 at 3:49 AM

Convocada por el diputado Marcelo Ramal (Frente de Izquierda y los Trabajadores) se realizó una audiencia pública en la Legislatura porteña para tratar el traslado del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) de Ciudad a Nación y dar a conocer un Proyecto de Resolución. Se hicieron presentes, Nora de Cortiñas, Elia Espen, Adolfo Pérez Esquivel, Elsa Pavón, Néstor Carlini, Marcela Gudiño y Pablo Pimentel, entre otros.

Mirta Baravalle: “El...
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El Gobierno nacional resolvió trasladar el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) a una dependencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Desde 1987 el Banco funciona en el Hospital General de Agudos Dr. Carlos G. Durand, el que pertenece al sistema de salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para el traspaso está prevista la firma de un convenio entre Ciudad y el Estado nacional.

El diputado Marcelo Ramal (FIT) convocó este martes a una audiencia pública en la Legislatura porteña para tratar el tema y dar a conocer su Proyecto de Resolución. Dijo que “detrás de la decisión del traslado del Banco Nacional de Datos Genéticos hay una cuestión política para transformarlo en un asunto privado con fines lucrativos, con la grave consecuencia de destruir un elemento fundamental para la defensa y la universalización del derecho a la identidad”.

Entre los oradores hubo coincidencia que si el traspaso del BNDG se concreta será otro pacto entre los gobiernos de Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, como ocurrió con la reciente disolución del Instituto Espacio para la Memoria (IEM) y el traspaso de la exESMA y otros centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la Ciudad de Buenos Aires a la égida del Poder Ejecutivo Nacional.

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DOCUMENTO Y DEMANDA JUDICIAL

María Isabel “Chicha” de Mariani, Elsa Pavón y Mirta Baravalle, fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, junto a víctimas y familiares de niños apropiados bajo la dictadura militar y en etapas de gobiernos democráticos, militantes y organismos defensores de derechos humanos y trabajadores del BNDG se oponen a la medida y elaboraron un documento donde instan al Gobierno de la Ciudad a que preserve la autonomía del Banco y la estabilidad laboral del personal que trabaja en este organismo.

Asimismo, promovieron una demanda contra el Poder Ejecutivo y el mencionado Ministerio solicitando una medida cautelar contra el traslado, la que fue rechazada por la Justicia en primera y segunda instancia, y apelada por los letrados de la causa.

Además de Marcelo Ramal, conformaron la mesa de expositores Mirta Baravalle (Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora), María Belén Rodríguez Cardozo (directora del BNDG), Luis Verdina (presidente de la ONG “¿Quiénes Somos?”), los abogados de la causa Gabriela Figueroa y Diego Aysine (integrante de la Asociación de Profesionales en Lucha-Apel) y Rosaura Barletta (Familiares y Amigos de Luciano Arruga).

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“EVITAR EL TRASPASO Y PRESERVAR LA AUTONOMÍA Y ESTABILIDAD DEL PERSONAL”

El legislador Marcelo Ramal explicó el Proyecto de Resolución donde fundamenta su oposición al traslado del BNDG porque “está asociado a una tentativa de privatización y vaciamiento de los recursos del Banco”, a la vez que “limita sus alcances en una sociedad que está sacudida por hechos tan graves como la trata de personas, el tráfico de bebés y la desaparición forzada de personas”, dijo durante la audiencia pública.

Ramal se refería a las restricciones contempladas en los artículos 2 y 5 de la ley 26.548, “que limitan el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos al esclarecimiento de casos de desaparición forzada de personas acontecidos hasta el 10 de diciembre de 1983, excluyendo de su competencia todo conflicto relativo a la filiación originados con anterioridad o posterioridad a dicha fecha, y que pudieran estar vinculadas a distintas problemáticas”.

En sus Fundamentos, el Proyecto destaca que el BNDG “se ha convertido en un emblema de la lucha por los derechos humanos” y “en una herramienta fundamental en las tareas de esclarecimiento de identidad” para restituir a su familia biológica a hijos de desaparecidos que fueron apropiados durante la última dictadura militar. “Pero también -agrega- coadyuvando en procesos civiles y penales tramitados durante gobiernos constitucionales”.

También se destaca que ley 23.511, que dio origen al BNDG, consagraba la universalidad del derecho a la identidad y ello fue transgredido por la ley 26.548.

En el Proyecto se exhorta al Gobierno de la Ciudad “a evitar dicho traspaso y preservar la autonomía y estabilidad de su personal”.

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“LAS ABUELAS BUSCARON RESPUESTAS EN LA CIENCIA”

La directora del BNDG, María Belén Rodríguez Cardozo, señaló que la situación del Banco es “grave”. Indicó que “el último dictamen de Cámara dice que se van a retirar la totalidad de las muestras, es decir, aquellas que pertenecen a la época de los delitos de lesa humanidad y a otros delitos”. Ello plantea problemas porque la profesional es la responsable de proteger esas muestras.

“Soy la custodia de las muestras y no puedo firmar su retiro porque no están avaladas por la ley ni por su decreto reglamentario”, y además “los propietarios son los familiares”. Entiende que “cada persona deberá prestar su consentimiento para que su muestra no esté más en el Hospital Durand y se traslade a una nueva sede”.

La directora del Banco también manifestó preocupación por la situación laboral de los 35 profesionales que conforman el equipo de trabajo. “Queremos estar juntos para seguir trabajando en identidad, nos formamos académicamente para trabajar para la gente en un hospital público y no en lugares privados para hacer negocios”.

“Somos un equipo único en el mundo, la Argentina es pionera en legislar en estudios de ADN y no pueden quitar la iniciativa que tuvieron las Abuelas que, sin saber cómo, buscaron respuestas en la ciencia”, destacó.

Estuvo presente en la audiencia Alejandro García Bates, trabajador del BNDG, quien habló en representación de sus compañeros. Dijo que apoyaban la gestión de la doctora María Belén Rodríguez Cardozo y manifestó preocupación por la fuente de trabajo. También consideró que si el organismo cambia su razón de ser, “el Estado dejará de dar respuesta al derecho humano de conocer la identidad”.

Destacó que en la institución “no sólo trabajamos para las personas nacidas durante la época de la dictadura militar, sino también para el resto de la sociedad. A diario recibimos entre 15 a 20 personas que desean conocer su identidad y que nacieron fuera de esa época”.

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“EL BANCO DE DATOS GENÉTICOS DEL HOSPITAL DURAND ES IRREMPLAZABLE”

Mirta Baravalle es una de las fundadoras de la organización Abuelas de Plaza de Mayo y en un momento continuó su lucha en Madres Línea Fundadora para iniciar la búsqueda de su hija Ana María, embarazada de cinco meses al momento de su detención, el 27 de agosto de 1976, junto a su esposo Julio César Galizzi.

En la actualidad, Mirta suma una nueva lucha al conformar la “Mesa Todos por el Banco Nacional de Datos Genéticos”, espacio donde también se brega porque el derecho a la identidad sea universal. En el inicio de su exposición sostuvo que “nunca pensé que iba a denunciar lo que pasa con una institución que creíamos que era inviolable, como es el Banco Nacional de Datos Genéticos”.

“Cuando buscábamos a nuestros nietos -continuó- creíamos que si los veíamos, por sus características físicas podíamos reconocerlos, pero a medida que pasaba el tiempo nos dimos cuenta que los niños crecen y que había que hacer un reclamo judicial, ¿pero cómo llegar a eso? Entonces surgió la posibilidad de los análisis genéticos y la iniciativa de las Abuelas recorrió el mundo porque existía la posibilidad de que científicamente se hicieran esas investigaciones”.

Mirta también recordó el día que se enteró del primer resultado positivo: “un sábado estaba en la sede de Abuelas, prácticamente yo vivía ahí, diciendo con voz fuerte, alegre y vivaz que lo conseguimos, había resultados y era posible determinar la familia de un niño”. Fue en 1984 con la nieta de Elsa Pavón. “Parece mentira -reflexionó-, pero en esa época las Abuelas éramos todas una, esperando los resultados”.

“Después siguieron otras investigaciones y nuevos niños se recuperaron gracias al Banco Genético. Sin tener los grandes medios que se tienen en la actualidad, la institución funcionó de manera excelente y con la convicción de que no había posibilidades de error”, destacó.

“Para mí -finalizó-, el Banco de Datos Genéticos del Hospital Durand es irremplazable porque son irremplazables las personas que en él trabajan. Sabemos que todos los profesionales siempre han actuado en la recuperación de una historia, de una vida, de una identidad”.

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“EL HOSPITAL DURAND ES UNA GARANTÍA”

Luis Verdina, de la ONG “¿Quiénes somos?”, explicó que su organización “nuclea un grupo de personas que fue apropiada por fuera del terrorismo de Estado. Pertenecemos a la cifra de más de tres millones y medio de argentinos que no pasamos por el marco legal de la adopción”.

Manifestó que defienden “la universalidad del derecho a la identidad” y que “muchos de nuestros compañeros tienen su muestra en el Hospital Durand. Sabemos que es una garantía porque están en el lugar que corresponde”, a la vez subrayó “el derecho de los trabajadores a seguir trabajando”.

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“LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEBEN GARANTIZAR EL DERECHO A LA IDENTIDAD”

La abogada Gabriela Figueroa (patrocinante de la causa por el BNDG) sostuvo que “estamos acá para pedirle al Gobierno de la Ciudad que no firme con el Estado Nacional el convenio de traspaso del Banco Nacional de Datos Genéticos” porque “es una institución que no sólo construye la memoria sino que hace a la recuperación de la identidad de las personas” y con el traslado “se perderá su naturaleza”. Agregó que “existen indicios de que (en el BNDG) realizarían actividades relacionadas a la medicina genómica. Ello lo anunció en el exterior el doctor (Hernán Javier) Dopazo, quien fue coordinador del traspaso del Banco y luego separado del cargo”.

“La medida cautelar para que el Banco no se traslade fue denegada por la Justicia y vamos a apelar, pero tenemos en claro que este tema no se va a dirimir en sede judicial porque es una cuestión de políticas públicas que deben garantizar el derecho a la identidad y hoy no se están cumpliendo”, señaló.

La abogada manifestó que el Gobierno nacional no responde porqué es necesario cambiar de lugar el BNDG y porqué los profesionales deberán abocarse a la medicina genómica. “El gran problema -destacó- es que la institución se vacíe para hacer negocios con la producción de medicamentos. El Banco no se creó para eso”, finalizó.

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“ESTA ES UNA LUCHA MÁS POLÍTICA QUE JURÍDICA”

Diego Aysine (abogado patrocinante del BNDG e integrante de la Asociación de Profesionales en Lucha -Apel-) consideró que “no debemos cometer el error de concentrar todas las expectativas en el expediente judicial porque esta es una lucha más política que jurídica”, dado que “estamos cuestionando una ley sancionada por el Parlamento”.

Además, “no siempre se encuentre la verdad en un pronunciamiento judicial” porque “la Justicia siempre cuenta con un margen de discrecionalidad y arbitrariedad posible”. Como ejemplo el abogado citó las condenas a los trabajadores petroleros de Las Heras, la causa de Mariano Ferreyra y jueces que están investigados por coimas.

“Tenemos por delante una agenda de iniciativas que tiene que estar orientada a preservar la autonomía y la integridad del Banco, y proteger el derecho a la identidad y a la memoria”, finalizó Aysine.

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“INTENCIONES POLÍTICAS IMPIDEN INVESTIGACIONES”

Rosaura Barletta (Familiares y Amigos de Luciano Arruga) expuso el caso del adolescente desaparecido en enero de 2009, luego de ser detenido por la Policía Bonaerense. Si bien aclaró que no han requerido la intervención del Banco en el caso de Luciano, “sí acompañamos otras causas como la trata y la desaparición de personas en democracia y el tráfico de bebés”.

La joven mencionó las fallas de organismos del Estado trabajando en la causa de Luciano, desde la denominación de la carátula hasta peritajes tardíos. “Este tipo de cosas responden a una intención política para impedir investigaciones en etapa democrática. Las desapariciones forzadas de personas son delitos de lesa humanidad y no se cumple con la legislación nacional”, afirmó.

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“NO BAJEN LOS BRAZOS. LA LUCHA NO TERMINÓ”

Adolfo Pérez Esquivel dijo que “nada de lo que está ocurriendo es casual. Hay una intencionalidad (del Gobierno nacional) de apropiarse de todo, no sólo del Banco Nacional de Datos Genéticos, también de la Comisión Provincial por la Memoria”. El Premio Nobel de la Paz mencionó que recibieron una carta por parte de la jefatura de Gabinete para “apropiarse” del Programa Jóvenes y Memoria con el fin de “controlar toda la política de los derechos humanos”.

Pérez Esquivel resaltó que “estamos en la misma lucha, los vamos a acompañar, así que cuenten con nosotros, tienen todo el apoyo, toda la solidaridad y por favor no bajen los brazos. La lucha no terminó, la lucha continua. Van a venir momentos muy difíciles en el país y tenemos que estar unidos y preparados para enfrentar esas dificultades”.

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“ME DA MUCHA VERGÜENZA LO QUE ESTÁ PASANDO EN LA ARGENTINA”

Por su parte, Pablo Pimentel (APDH La Matanza) dijo: “A mí me da mucha vergüenza lo que está pasando en la Argentina. Ya lo he dicho en el acampe de la dignidad qom: los derechos humanos se violan o se respetan, no hay términos medios, y acá en la Argentina se siguen violando sistemáticamente”. Instó a no naturalizar ni permitir que ello siga ocurriendo “por respeto a los 30 mil compañeros desaparecidos y a Jorge Julio López, desaparecido por segunda vez”.

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APOYOS

Se hicieron presentes en la audiencia para apoyar esta lucha, Nora de Cortiñas y Elia Espen (Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora), el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Néstor Carlini y Osvaldo Barros (Asociación Ex-Detenidos Desaparecidos), Elsa Pavón (Asociación Anahí), Pablo Pimentel (APDH La Matanza), Margarita Pinto y Marcela Gudiño (Colectivo Memoria Militante), las abogadas Liliana Alaniz y Claudia Ferrero (Apel), Fernanda Gil Lozano (diputada nacional m.c. y directora de la Comisión Especial de lucha contra la trata en la Legislatura Porteña) y Mario Ganora (vicepresidente de La Alameda), entre otros.

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Liliana Giambelluca
Fotos: Gentileza de Apel, Marcela Gudiño y LG

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Diputado Marcelo Ramal (FIT)
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Foto: LG

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Mesa de Expositores
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Foto: Marcela Gudiño

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Por Liliana Giambelluca - Saturday, Jun. 21, 2014 at 3:49 AM

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Foto: Marcela Gudiño

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