Fraude a cielo abierto: la maniobra para habilitar la minería en Chubut
Por reenvío La Vaca - Thursday, Nov. 27, 2014 at 10:08 AM

Contra la iniciativa popular que había reunido 13.007 firmas para prohibir la megaminería en Chubut, la Legislatura provincial habilitó esa actividad durante una sesión en la que se detectó que al menos un diputado recibía instrucciones de las mineras por mensajes de texto.

El legislador Gustavo Muñiz, del Frente para la Victoria, recibió un mensaje de quien tiene registrado en su celular como “Minería Gastón Berardi”. Berardi es funcionario local de la firma de origen canadiense Yamana Gold, y Gerente de Relaciones Comunitarias del proyecto minero que esa corporación tiene en Esquel bajo el nombre Suyai. En el mensaje, Berardi le plantea corregir el artículo 4 de la Ley, a lo que el legislador Muñiz responde: “eso después el ejecutivo lo reglamenta”, lo cual indica hasta dónde llegó el lobby empresario.

El hecho ocurrió durante una sesión de cinco horas este martes 25 de noviembre, en la que el resultado de la votación fue 15 a 12, contra la Iniciativa Popular que, de acuerdo a la Constitución provincial, había reunido cantidad más que suficiente de firmas, 13.007, para que se tratara un proyecto de prohibición de la megaminería a nivel provincial.
Lucas Fossati, asambleísta de Rawson, explicó a lavaca: “Lo que presentamos es un proyecto de Ley, que la Cámara puede modificar. Lo que no puede hacer es tergiversar ni sustituir el espíritu de esa ley. Si nosotros presentamos una manzana, no pueden aprobar una zanahoria”.

Prostíbulos y carpas

“Es como si por iniciativa popular hacemos un proyecto contra la trata de personas, pero la ley que termina saliendo habilita los prostíbulos” comparó la asambleísta e integrante de FM Kalewche Fernanda Rojas, aunque tal vez no convenga darle a los legisladores semejante idea.

Lucas Fosatti relata que durante 25 horas se montaron 14 carpas en la puerta de la Legislatura chubutense, convocada por la UACH, Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut, con el apoyo de las asambleas nacionales reunidas en la UAC. Era la primera vez en la historia que se utilizaba la Iniciativa Popular, mecanismo de democracia semidirecta. “En el proyecto ciudadano se prohíbe con precisión la extracción metalífera, puntualizando metales y materiales radiactivos, y se especifica la prohibición de cada sustancia tóxica” explica otra asambleísta chubutense, Corina Milán.

Mensajeame

Los grupos pro mineros, empresarios y políticos, deben estar meditando sobre los insondables alcances de la estupidez humana vía telefónica, que en este caso ha sido tan reveladora.

El señor Gastón Berardi, que por mensajito conversa con el legislador sobre el contenido de la ley, es Gerente de Relaciones Comunitarias del Proyecto Suyai, tal el nombre del emprendimiento que la canadiense Yamana Gold busca instalar en Esquel. Se lo nombraba así para atraer inversores y que no fuese evidente que se trataba de Esquel. El señor Berardi, confirmando las tendencias de la época, fue también Gerente Comercial en el Canal 8 de San Juan.

A la vez, el gerente de comunicaciones de la misma Yamana Gold resultó ser un periodista: Ricardo Bustos, conductor de un ciclo radial mañanero, que tuvo la desventura de querer presionar al cantante Axel para que no hablara del tema minero durante uno de sus shows, cosa que el músico se encargó de divulgar vía Twitter.

El legislador Muñiz, era diputado del justicialista Modelo Chubut, junto al ex gobernador Mario Das Neves. Luego, cayendo Das Neves, este señor flotó hacia el Frente para la Victoria. Su ex jefe de bloque dijo: “En el peronismo siempre están estas cuestiones, hoy alineado acá, y mañana allá”.

Se trataría de la coherencia de la incoherencia.

Siempre interesado en fomentar la minería, ha sido personaje de la publicación Mining Press, aunque uno de sus proyectos más conocidos bucea en otras cavernas: propuso que los funcionarios de los tres poderes se hagan una rinoscopia para blanquear “si están o no en la droga”.

¿Cuál es la trampa?

Los ciudadanos de Chubut apoyaron, a través de la iniciativa popular, un proyecto de Ley. Sin embargo, el dictamen que se terminó aprobando fue bien distinto. Con el voto de 15 diputados, el proyecto sancionado suspende la actividad minera por 120 días y habilita al Ejecutivo provincial a convocar “consultas populares” en las regiones afectadas por cada proyecto de explotación.

Hecha la ley, ¿cuáles son las trampas? Corina explica:

“Hablan de zonificación, pero los ecosistemas no se pueden zonificar. Si se afectan ríos que nacen en la montaña, pasan por la meseta y llegan a la costa este, como ocurre en estos casos, también deberían consultar a Trelew, Puerto Madryn o Comodoro Rivadavia”.
“En el caso de la meseta chubutense, los principales proyectos mineros están cerca de Gan Gan y Gastre por un lado, y de Paso de Indios por el otro. En el primero hay unos 600 habitantes, y en el segundo unos 400. Son comunidades históricamente postergadas, empobrecidas, abandonadas por el Estado, y dependientes del patrón político de turno, como nos pasa en tantos pueblos del interior. En esa situación, llegan con promesas y prebendas, y es relativamente fácil volcar el voto, manipular la situación con los punteros de la zona. Lo hacen para hacerse los democráticos. Pero que en comunidades tan pequeñas haya problemas de trabajo, implica un fracaso del Estado, al que ahora le agregan esta extorsión, como si la única fuente de trabajo fuese la minería. Van a sacrificar a esas comunidades y van a afectar regiones y poblaciones mucho más allá”.

¿Qué dice la Constitución?

Por eso los asambleístas plantean lo siguiente: “No se trató nuestra iniciativa” argumenta Corina Milán, “sino otra cosa, y usaron un artículo de nuestro proyecto, el más general, para enmascarar una ley minera. Eso es lo más perverso” sugiere y recuerda la frase de Fernanda sobre la trata y los prostíbulos.

En la iniciativa popular se recuerda, además, un párrafo de un libro en desuso en estos casos, llamado Constitución Nacional. El artículo 41 plantea que la defensa del ambiente no sólo es un derecho sino un deber: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.

Lucas Fossati agrega que lo legislado “vulnera totalmente el derecho constitucional de iniciativa popular”, ya que la Cámara no puede contradecir el espíritu de un proyecto presentado mediante este mecanismo de democracia semidirecta. “Ellos tienen el deber insoslayable de tratarlo tal cual es. Y si van a hacer reformas al menor labrar un acta”.

El asambleísta Roberto Ochandío, afirma: “Desvirtuaron totalmente el espíritu de la Iniciativa Popular. Lo que hicieron es presentar el primer artículo bajo el mismo título, y eliminaron todos los otros. Los cambiaron por artículos donde incluyen la propuesta de zonificación de la provincia, que es lo que hace tiempo están pidiendo las compañías mineras. Con eso abren la puerta para que se hagan plebiscitos locales, más fáciles de manipular”.

Mamarrachos

¿Qué significa la “zonificación”? Definir proyectos mineros, apuntar allí todos los cañones estatales y privados para ganar la aprobación de esas localidades, y correr de la discusión al resto de la provincia. “Nosotros nunca estaremos en desacuerdo con las consultas populares provinciales. Lo que estamos diciendo es que el agua que naca en la Cordillera no es una cuestión de una localidad: de esa cuenca tomamos agua más de 200 mil habitantes” sostiene Fosatti.

Sobre el comportamiento de los bloques, Corina agrega: “En este caso el kirchnerismo votó en bloque contra la iniciativa popular. Además la televisión pública pasó teleteatros caribeños, una película norteamericana y Paka Paka, mientras se producía un debate histórico. Eso también es ningunear la participación popular”.

“La ley es un mamarracho y es absolutamente nula”, sentencia Fossati. “Podremos no lograr la iniciativa popular, pero jamás la van a cambiar por un plan minero. Es la antítesis. En ese sentido, la batalla será judicial, administrativa, en la calle, en todas las regiones, porque las mineras van a tener que confrontar con cada uno de los vecinos en cada pueblo”.

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Minería vs Derechos Humanos
Por reenvío lavaca - Thursday, Nov. 27, 2014 at 10:12 AM

¿Quién manda los mensajes de texto? El avance minero en Chubut contra la iniciativa popular que busca prohibir la actividad en la provincia, permitió que se detectara el diálogo por mensaje telefónico de uno de los legisladores con Gastón Berardi, gerente local de la empresa canadiense Yamana Gold.


Las mineras canadienses, justamente, incluyendo a Yamana Gold, han sido vinculadas por primera vez a la violación de los derechos humanos en América Latina, tema que provocó una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ocurrida el 28 de octubre último, en Washington.

La audiencia fue fruto de un trabajo de años realizado por el Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, que conforman diversas organizaciones ciudadanas, humanitarias y profesionales de todo el continente. El trabajo se publica aquí en su versión completa.

Esa investigación, y la presentación ante la CIDH fueron acompañadas por Mining Watch de Canadá, organización no gubernamental cuya representante Jenifer Moore habló de “omisión” y “complicidad”, al referirse al gobierno canadiense, al que exigió un cambio radical en su política exterior para no convalidar con su silencio la acción de las empresas mineras. Las organizaciones del Grupo de Trabajo pidieron que Canadá deje de proteger a la industria extractiva a costa de los derechos de los indígenas y vecinos afectados por las actividades de las mineras en el continente.

Descargar el informe El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá, en formato .pdf: http://media.lavaca.org/pdf/informe_canada_resumen_ejecutivo.pdf

“La política del Estado canadiense es vacía y es cómplice en las violaciones que estamos viendo”, dijo Moore. Para la Comisión, se trata de una novedad. Su incumbencia en casos de violaciones a los derechos humanos se refiere a los Estados. En este caso, el planteo de las organizaciones sociales es que el Estado canadiense tiene responsabilidad con respecto a lo que hacen las empresas de ese país en el extranjero.

¿Cómo respondió Canadá? Dana Cryderman, representante alterna de ese país ante la Organización de Estados Americanos (OEA) sugirió que las presuntas violaciones o abusos denunciados “están claramente fuera del ámbito de las obligaciones de Canadá” bajo el derecho internacional y regional. Planteó que los países donde operan las empresas mineras canadienses cuentan con “vías legales y judiciales” propias que son las que se deberían agotar antes de recurrir a otros organismos. El mensaje: vayan a cuestionar a los Estados que permiten esas actividades en sus propios territorios.

Shin Imai, del Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa, replicó que para las ganancias económicas no hay fronteras. “pero cuando aparecen las violaciones a los derechos humanos dicen: ese no es nuestro problema”.

La Relatora para Canadá ante la CIDH, Rose Marie Antoine, comentó: “Pese a las aseveraciones sobre las buenas políticas de Canadá, en la Comisión seguimos viendo recurrentes casos, muy muy graves, de violaciones de derechos humanos como resultado de la actuación de algunas compañías”. La jurista es además relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y de las Personas Afrodescendientes, cosa que se encargó de recordar durante la audiencia para consignar que hace tiempo conoce las acusaciones contra empresas extractivas canadienses.

Antoine enumeró, entre los conflictos provocados por este tipo de compañías, los desplazamientos forzosos, violación de derechos ambientales, a la salud y de acceso al agua de los habitantes, hasta en algunos casos la criminalización de los defensores mismos de los derechos humanos.

El director ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, denominó a este encuentro como parte de las “audiencias de primera generación”, no vinculadas a interpretaciones tradicionales del derecho. Por eso, dijo, los comisionados tuvieron más preguntas que respuestas, aunque la CIDH dejó claro que es un tema que genera una gran preocupación y que no se debe desatender.

El argumento en discusión, no explícito aún, es si considerar a las empresas mineras como una suerte de “agente estatal” del país en el que residen, como una forma de volcar responsabilidad hacia dicho país sobre lo que hacen estas corporaciones en el extranjero.

Conforman el Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales –OLCA– (Chile), Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –CAJAR– (Colombia), Fundación para el Debido Proceso –DPLF– (regional), Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario –CEHPRODEC– (Honduras), Asamblea Nacional de Afectados Ambientales – ANAA– ( México), Asociación Marianista de Acción Social (Perú) y Red Muqui (Perú). Otras organizaciones han colaborado con el Grupo de Trabajo, proporcionado información sobre las principales violaciones a derechos humanos ocasionadas por empresas mineras canadienses en los proyectos examinados. En ese sentido, la realización del informe no hubiera sido posible sin la valiosa contribución de: la Red de Asistencia Jurídica contra la Mega Minería –REDAJ– (Argentina), Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y losDH–FOCO– (Argentina), Bienaventurados los Pobres –BEPE–(Argentina), Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño –CAHUCOPANA– (Colombia), Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán (Colombia), Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Azuay –FOA– (Ecuador), Periódico Intag (Ecuador), Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay –UNAGUA– (Ecuador), Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica (El Salvador), Comisión Pastoral Paz y Ecología de la Diócesis de San Marcos –COPAE– (Guatemala), Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental – LA VIDA -(México), Centro de Derechos Humanos de laMontaña –TLACHINOLLAN– (México),Coordinadorade losPueblosUnidosdelValledeOcotlán (México), Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria –CRAC-PC– (México), Frente de Defensa Wirikuta (México), Organización Campesina Emiliano Zapata (México), Pro San Luis Ecológico (México), Centro de Incidencia Ambiental –CIAM– (Panamá), Comité Pro‐Cierre de Mina Petaquilla (Panamá), Comité Pro-Defensa de Donoso (Panamá), Coordinadora Campesina por la Vida (Panamá), Servicio Paz y Justicia –SERPAI– (Panamá), Asociación de Defensa de la Tierra, El Agua, La vida y el Medio Ambiente de los caseríos afectados por el Proyecto Minero Huaquillas S.AC. Distrito y Provincia San Ignacio, Cajamarca (Perú), Municipalidad Ecológica Provincial de San Ignacio, Cajamarca (Perú), Pastoral Social de Dignidad Humana (PASSDIH) del Arzobispado de Huancayo (Perú), Red Agua, Desarrollo y Democracia –REDAD– (Perú), Vicaría del Medio Ambiente –VIMA– del Vicariato Apostólico de San Francisco Javier de Jaén (Perú).

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