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ULTIMAS NOTICIAS de DDHH
por MOVIMIENTO DDHH •
Thursday, Jun. 25, 2015 at 9:31 AM
JORGELUISALTAMIRANO@GMAIL.COM
ULTIMAS NOTICIAS SOBRE DDHH, en ARGENTINA
ULTIMAS NOTICIAS de DDHH
25 de junio de 2015
La última etapa del juicio por los crímenes del Plan Cóndor
“Asesinatos de alto nivel”
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó su alegato y explicó el funcionamiento de los aparatos de Inteligencia de los países que integraron el Plan Cóndor y describió delitos cometidos en Buenos Aires. Mañana habrá una nueva audiencia.
De los 22 acusados originales hoy viven 18, entre ellos Reynaldo Bignone, Santiago Riveros y otros.
Con el alegato de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, entró en su última etapa el juicio oral por delitos de lesa humanidad en el marco del Plan Cóndor, la coordinación represiva de los países del Cono Sur a mediados de los años ’70. Durante las primeras dos audiencias, el abogado Martín Rico explicó el funcionamiento de los aparatos de inteligencia de los países miembros del Cóndor y comenzó el relato de los hechos que tuvieron por víctimas a los chilenos Carlos Prats en Buenos Aires y Orlando Letelier en Estados Unidos, entre otros. El proceso continuará el viernes y, tras el alegato de la Secretaría, será el turno del CELS y –después de la feria judicial de invierno– del fiscal Pablo Ouviña.
La denuncia para que se investigue el Plan Cóndor se presentó a fines de los ’90, mientras regían las leyes de impunidad. El juicio oral, que incluye los casos de 170 víctimas, comenzó en marzo de 2013, con 22 acusados encabezados por el dictador Jorge Videla. Durante los dos años transcurridos murieron Videla, Jorge Olivera Róvere y José Julio Mazzeo, y fue excluido por razones de salud Mario Gómez Arenas. Entre los 18 sobrevivientes están el dictador Reynaldo Bignone, el ex jefe de Campo de Mayo Santiago Riveros y el uruguayo Manuel Cordero Piacentini, enlace del ejército oriental con sus pares argentinos y único acusado extranjero. Los imputados llegaron a juicio acusados por privaciones ilegales de la libertad y asociación ilícita, excepto Cordero, que fue extraditado desde Brasil con la condición de ser juzgado sólo por los secuestros. El uruguayo gozó del beneficio del arresto domiciliario hasta que fue descubierto en la calle y ahora pasa sus días en el penal de Marcos Paz.
En el comienzo del alegato de la Secretaría, Rico se explayó sobre las distintas estructuras de Inteligencia que confluyeron en el Cóndor: la DINA chilena, que encabezaba el general Manuel Contreras; la Policía de Seguridad paraguaya, del dictador Alfredo Stroessner; el Batallón de Inteligencia 601 argentino; y el OCOA uruguayo (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas), menos desarrollado que sus pares sudamericanos y que actuó con amplia colaboración de militares argentinos, con epicentro en el centro clandestino Automotores Orletti.
En una segunda etapa comenzó con el relato de los hechos, “asesinatos de alto nivel que provocaron los primeros rumores sobre un plan criminal contra los militantes de izquierda del Cono Sur”, recordó. Las primeras víctimas fueron “prominentes exiliados chilenos”. En septiembre de 1974 el ex ministro de Salvador Allende, general Carlos Prats, asesinado junto a su esposa por una bomba colocada debajo de su coche. La ejecución del ex embajador Letelier derivó en uno de los primeros informes, que demostró el conocimiento del gobierno de Estados Unidos sobre el Cóndor, recordó Rico. Fue Robert Scherrer, agente del FBI destinado en la embajada de su país en Buenos Aires, quien informó a sus superiores que “Operativo Cóndor es el nombre en clave para la recolección, intercambio y almacenamiento de información relativa a los denominados ‘izquierdistas’, comunistas y marxistas, que se estableció recientemente entre los servicios de inteligencia en América del Sur con el fin de eliminar las actividades terroristas marxistas en la región”.
Gran parte de las pruebas utilizadas durante el proceso y citadas en el alegato surgen de los 5800 archivos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano y del “Archivo del Terror”, de la policía de Paraguay, que incluyen fichas de seguimientos personales, historias de militancia e información sobre reuniones y contactos de quienes luego se convertirían en víctimas del Cóndor. Un testimonio clave –remarcó el abogado– fue el de Carlos Osorio, analista del National Security Archive, quien presentó una selección de 900 documentos de ambos archivos, de los cuales la querella a su vez seleccionó los más relevantes para probar los casos que integran el juicio.
Rico continuó con el detalle de los hechos el martes último y proseguirá mañana con los secuestros en Brasil de los argentinos Norberto Habbeger, Horacio Campiglia y Mónica Pinus de Binstock. Los acusados pidieron y obtuvieron la autorización del tribunal para no presenciar los alegatos, por lo que en principio volverán a la sala de los tribunales de Comodoro Py para decir sus últimas palabras antes de la sentencia. Al ritmo actual, de dos audiencias por semana, el juicio concluirá en el mejor de los casos en septiembre próximo.
Cambiasso y Pereyra Rossi
En el juicio por los secuestros y homicidios de los militantes peronistas Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi –cometidos en mayo de 1983, hacia el final de la dictadura–, el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario terminó la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía y las querellas. En el proceso oral hay doce acusados entre civiles, policías y militares retirados: están imputados el dictador Reynaldo Benito Bignone y el comisario bonaerense Luis Abelardo Patti, entre otros. En la audiencia de ayer, el secretario del TOF-2 de Rosario concluyó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía, a cargo de Adriana Saccone, que se había iniciado la semana pasada. Por pedido de los defensores de los acusados, luego se leyó una minuta unificada de los requerimientos de las tres querellas, que representan a las hermanas de una de las víctimas y a las secretarías de Derechos Humanos de Nación y provincia de Buenos Aires. Según voceros judiciales, el miércoles de la semana próxima el tribunal oirá las cuestiones preliminares de las partes para luego dar paso a las indagatorias de los acusados.
Opinión
Los crímenes de la CIA no pueden quedar impunes
Por Gastón Chillier, Anthony Romero, Juana Kweitel y Joy Olson *
El 26 de junio es el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura y todos los años el gobierno de los Estados Unidos envía un mensaje para su conmemoración. Para que esa retórica no quede vacía, las autoridades estadounidenses deben explicitar las acciones que tomarán para investigar y sancionar las torturas y desapariciones forzadas cometidas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la llamada “lucha contra el terrorismo”, seis meses después de que esos crímenes fueran revelados en detalle por senadores estadounidenses.
En el día de ayer, cien organizaciones de todo el mundo pedimos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que envíe un mensaje contundente contra la impunidad frente a la tortura y las desapariciones forzadas. El consejo debe exigir que el gobierno de EE.UU. tome medidas para dar cumplimiento a todas sus obligaciones vinculadas al derecho internacional para asegurar justicia, verdad, reparaciones y no repetición. Esto implicaría, entre otras acciones, desclasificar el informe completo del Senado sobre el programa de detención de la CIA, emprender una amplia investigación penal independiente y compensar a las víctimas.
Si no avanzara en este sentido, los EE.UU. seguirían violando sus propias obligaciones bajo la Convención contra la Tortura de la ONU y otros instrumentos internacionales. Además, daría un duro golpe al sistema internacional de derechos humanos, en general, y al esfuerzo global para erradicar la tortura y las desapariciones forzadas, en particular.
Desde que la Comisión Selecta de Inteligencia del Senado de los EE.UU. divulgara el resumen de sus cuatro años de investigación sobre el Programa de Detención e Interrogatorios operado por la CIA, la comunidad internacional de derechos humanos ha insistido con mayor fuerza en la necesidad de que haya plena transparencia y se rinda cuentas por este programa ilegal. Solicitamos la designación de un fiscal especial que conduzca una investigación penal exhaustiva y creíble sobre los graves crímenes descriptos en el informe, un pedido que fue reiterado esta semana con más de cien mil firmas de apoyo.
El mes pasado, como parte del Examen Periódico Universal de los EE.UU. (una evaluación de la situación de derechos humanos de cada uno de los Estados miembro de la ONU), un número significativo de países se unió al llamado de la sociedad civil y planteó el problema de la necesidad de justicia y reparaciones por el uso de la tortura y otras violaciones de derechos humanos en el marco de las políticas y prácticas estadounidenses contra el terrorismo. La autoridad federal con sede en Washington tiene hasta septiembre para responder a las recomendaciones de sus pares.
* Director ejecutivo del CELS, director ejecutivo de la ACLU (EE.UU.), directora ejecutiva de Conectas (Brasil) y directora ejecutiva de WOLA (EE.UU.).
UN SACERDOTE DIABOLICO
Eugenio Zitelli fue indagado por la justicia federal
El ex capellán policial tiene que explicar
Por José Maggi
Zitelli ingresando a los tribunales federales ayer temprano.
El ex capellán policial Eugenio Segundo Zitelli fue indagado ayer por la justicia federal. Era la tercera oportunidad en que se sentaba frente a un juez federal, para responder por su complicidad en el centro de torturas del Servicio de Informaciones, de San Lorenzo y Dorrego.
A las 8.15 Zitelli ingreso al juzgado federal Nº 4 frente al juez Marcelo Bailaque, junto a su defensor particular Eduardo Romera. En ese trámite fue imputado por "haber intervenido en su caracter de capellán del SI y de la Alcaidía de la Jefatura de Policía de Rosario en la privación ilegal de la libertad mediante violencia y amenazas de María del Carmen Sillato y de su esposo Alberto Antonio Gómez". Luego el sacerdote se negó a responder las preguntas del fiscal Gonzalo Stara.
El ex capellán ingresó caminando a tribunal, acompañado de su defensor. En la vereda se encontraban representantes de las organizaciones de DD.HH que esperaban su llegada. Entre ellos Norma Ríos vicepresidenta nacional de APDH, quien le tomó la fotografía que ilustra esta nota. "Este es un gran momento para las organizaciones de DDHH, afortunadamente nuestras banderas han sido tomadas por jóvenes que continúan nuestra lucha, muchos de ellos presentes en el tribunal al momento del ingreso del cura Zitelli a su indagatoria" declaró Ríos.
Por otro lado, la dirigente lamentó "profundamente que el tiempo que se tomó la justicia para realizar las debidas imputaciones, impida que la mamá de una de sus víctimas, Eduardo Bracaccini, esté presente en estos momentos debido a su avanzada edad".
Cabe recordar que María del Carmen Sillato integraba el grupo de detenidas políticas que desde la alcaidía de mujeres misma comenzara a denunciar los delitos cometidos en el SI, junto con María Inés Luchetti de Bettanín, Elba Juana Ferraro de Bettanín, Stella Maris Hernández, Tomasa Verdún, Olga Cabrera Hansen y Mónica Cattoni, entre otras. El grupo obtuvo solo cínicas respuestas por parte del ex capellán, como la justificación de la tortura que Zitelli ensayara con Nené Bettanín y con Sillato: "Que piense en su alma y que trate de salvar su alma". Estas fueron sus palabras.
Por su parte la abogada Gabriela Durruty opinó que "es más que justo que se impute a Zitelli por su responsabilidad en los delitos que sufriera María del Carmen Sillato. En su testimonial quedó muy claro en qué terribles condiciones ella arribó a la Alcaidía de Mujeres, luego de ser atormentada en el SI. María del Carmen provenía de una familia muy religiosa, y le cuenta a Zitelli acerca de las torturas que había sufrido en el SI y las violaciones que allí se perpetraban. El cinismo de su respuesta es solo una cara más de la ferocidad con que Zitelli actuaba. Sin dudas su función dentro de la Patota de Feced era crucial" concluyó la letrada.
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