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La política indígena no está en la agenda del gobierno nacional
Por Néstor Jerez / CDCAPO -
Wednesday, Aug. 31, 2016 at 4:58 PM
nesdaje@hotmail.com
A más de ocho meses de gestión nos siguen vendiendo espejitos de colores – el objetivo es entretenernos y hacernos pelear.
Los PUEBLOS INDIGENAS de la Región NOA, a través de sus instancias de representación, Consejo de Coordinación Indígena (CCI), Consejo de Participación Indígena (CPI), Organizaciones territoriales y Comunidadesdenunciamos públicamente ante la vulneración de nuestros derechos como pueblos preexistentesal Presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, al Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural Claudio Avruj y al Presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígena (INAI) Raúl Ruidiaz, por la falta de consulta previa y participación en el Decreto del PEN Nº 672/16 que establece conformar el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina y por sobre todo la violación de los Derechos Humanos fundamentales y de incidencia Colectiva de los Pueblos Indígenas.
Este gobierno, con su accionar arbitrario, ataca la institucionalidad de los Pueblos Indígenas, replicando prácticas colonialistas, feudales, xenófobas y discriminatorias, negando al Sujeto de Derecho Colectivo.
Fundamenta nuestra denuncia el marco legal vigente que contempla el derecho Constitucional Nacional ordinario e Internacional y el Derecho Consuetudinario, tal cual lo refrenda la Constitución Nacional en su Art 75, Inc. 17, al establecer reconocer la Preexistencia étnica y cultural de los Pueblos Indígenas, reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, asegurar su participación en la gestión de sus recursos naturales y los demás intereses que los afecten de manera directa o indirectamente, derecho a una educación intercultural bilingüe, a su vez el Estado Nacional sancionó la Ley 24.071 ratificatoria del Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, la Ley Nacional N°26994 de la reforma del Código Civil y Comercial. Estas normativas vigentes establecen derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, derecho a la tierra, territorio y recursos naturales, derecho al Consentimiento Libre Previo e Informando, derecho a la propiedad intelectual y derecho propioindígena.
Desde nuestras Instituciones representativas y legítimas de los Pueblos y Naciones Originarias, denunciamos la inconstitucionalidad del Decreto del PEN Nº 672/16 que establece conformar el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina, este decreto es totalmente violatorio de los derechos fundamentales de los Pueblos Originarios establecidos en el marco normativo argentino, por lo que exigimos su derogación.
El mencionado Decreto no fue consultado debidamente a los Pueblos Originarios. Es deber del Estado hacerlo a través de nuestras instituciones representativas y legítimas, por lo tanto denunciamos su procedimiento inconsulto y violatorio de los derechos indígenas, establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (ONU).
En este sentido dejamos expresado que, desconocemos y deslegitimamos la convocatoria de la Secretaría de DDHH de Nación, en articulación con el INAI, para un supuesto encuentro nacional con el que pretenden justificar la conformación de un Consejo Consultivo y de Participación. Nuestras Autoridades y Organizaciones territoriales no fueron convocadas ni nuestros pueblos fueron consultados en ningún aspecto. Y los hacemos plenamente responsables de todo acto que violente, vulnere y altere nuestra paz territorial e institucional.
Por ello, como organizaciones territoriales de Pueblos Originarios, EXIGIMOS que el Estado a través de los organismos correspondientes garanticen una convocatoria real, con la plena participación de los más de 40 Pueblos en el país, a través de sus instituciones representativas con sus Autoridades territoriales, para establecer una agenda de política indígena basada en las prioridades reales de nuestros territorios.
Reafirmamos nuestro derecho Territorial y de incidencia colectiva, la cual se refleja en el Derecho Indígena y en la jurisprudencia, y el Estado tiene la obligación de respetarlo, hacerlo cumplir, y no puede omitirla bajo ningún punto de vista.
Por tal motivo, a través de esta Declaración desconocemos dicha instancia de participación y exigimos al Presidente de la República Argentina que respete a las Instituciones representativas de los Pueblos Originarios y que restablezca los canales de diálogo, con la participación y articulación necesaria. Resulta urgente aprobar la Ley de Instrumentación de la Propiedad Comunitaria Indígena, restitución de Territorios, entrega de Títulos Comunitarios, aplicación de ley 26160, servicio Jurídico, Desarrollo indígena, Salud Indígena, Educación Bilingüe e Intercultural, atender los conflictos emergentes en los territorios y superar las falencias de la gestión actual que ha desguazado y mantiene paralizada la política intercultural indígena desde diciembre de 2015.
Nos reservamos el derecho de accionar judicialmente en los órganos nacionales e internacionales ante cualquier acto que vulnere nuestros derechos e institucionalidad.
Es tiempo de ser nosotros mismos, con el corazón y el recuerdo de los mayores que nos dejaron esta tarea, de garantizar el BUEN VIVIR de los pueblos indígenas y sus comunidades.
Néstor Jerez
Secretario de Relaciones Públicas CDCAPO