El hecho que más repercusión tuvo en la última jornada, gracias a la inmediata reacción de todas las organizaciones populares y la colaboración de la prensa alternativa e independiente, fue la represión que sufrieron lxs trabajadorxs del frigorífico Penta de Quilmes a manos de un enorme operativo de la policía bonaerense, que les disparó con balas de goma, con muchos heridos, uno de gravedad que fue hospitalizado. El frigorífico, propiedad del empresario Ricardo Bruzzese, ignoró el DNU que prohíbe despidos en el marco de la crisis del corona virus, violó el proceso de conciliación obligatoria decretado por el Ministerio de Trabajo el 18 de marzo y dejó sin trabajo ni salario a 240 familias.
La amplia circulación de las crudas imágenes que se registraron durante el ataque, y la enorme solidaridad que se manifestó masivamente, determinaron a Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, a emitir un comunicado en el que manifestó que “repudiaba la represión a los trabajadores de Penta”, y al gobierno provincial, por boca del gobernador Kiciloff y el ministro de Seguridad Berni, a anunciar la desafectación de los policías que intervinieron, y la formación de un sumario ante la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense. Más allá de estas medidas, claramente insuficientes, lxs trabajadorxs siguen sin cobrar.
#Urgente #Quilmes
La Policía de @Kicillofok Kicillof y #Berni reprimio a los trabajadores de Penta, mientras protestaban en los portones por el pago de salarios y contra el cierre ilegal del empresario Ricardo Bruzzese.@A24COM @JonatanViale @C5N @revistacitrica pic.twitter.com/lNG5i8ax2N— Cesar Garzon (@Cesargarzon80) April 9, 2020
Desde el inicio de la situación de excepción instalada con motivo de la pandemia del COVID-19, venimos reiterando una verdad sin medias luces: la intervención represiva de las fuerzas de seguridad, de todos los colores y jurisdicciones, se implementa de manera exponencial con los colectivos y comunidades más vulnerables frente a la explotación y la opresión. Ratificamos día a día que las prácticas más graves recaen sobre ese universo, siempre más expuesto a la represión y la violencia estatal.
La denuncia que nos llegó ayer, en palabras de Moira Millán, integrante del Pu Lof mapuche Pilan Mahuiza de la localidad de Corcovado, provincia de Chubut, y referenta del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, da cuenta de esa realidad.
Dice Moira en su mensaje: “Quiero denunciar el hostigamiento que estamos sufriendo por parte de las fuerzas de seguridad a las que se les ha delegado el acompañamiento de la seguridad sanitaria, son las mismas fuerzas de seguridad que estos últimos años estuvieron involucrados en represión, torturas, desapariciones y muertes en territorio mapuche”. A continuación, relata que el 7 de abril, por la tarde, tres jóvenes mujeres de su comunidad fueron detenidas por la policía cuando regresaban de comprar alimentos. En todo momento fueron tratadas de manera agresiva, tanto en el traslado como en la comisaría, donde las interrogaron, ficharon, fotografiaron y forzaron a firmar un acta en blanco. Como fueron liberadas muy entrada la noche, debieron caminar los 7 kilómetros hasta la Pu Lof en la oscuridad y con temperaturas ya bajo cero, expuestas a cualquier situación peligrosa. Averiguaciones realizadas posteriormente permitieron establecer que quedaron imputadas en una causa federal por violación del aislamiento.
Una enfermera que trabaja en un hospital de Resistencia, Chaco, contrajo la enfermedad, pero para cuando fue diagnosticada ya había contagiado a otras personas que conviven con ella en el barrio San Marcos, de la vecina provincia de Corrientes. La respuesta del gobierno provincial fue decretar el aislamiento total, con saturación policial, de las 2.000 personas del barrio, que quedaron completamente aisladas. Se instalaron vallados en el perímetro del barrio, que son patrullados, igual que las calles del barrio, por personal de Infantería, el P.A.R. (“Policía de Alto Riesgo”), la Patrulla y uniformados del destacamento San Marcos. El hecho enmarca en el “conflicto limítrofe” que afecta a muchxs trabajadores de salud que viven en Corrientes y trabajan en Chaco, donde los salarios son un poco menos miserables. El gobierno de Corrientes, con el argumento que en Chaco hay circulación comunitaria, viene cercenando la circulación, pese a la realidad de que muchísimxs correntinxs trabajan en Resistencia.
Finalmente, sigue siendo de altísima conflictividad la situación en las cárceles de todo el país. Mientras en la provincia de Buenos Aires el Tribunal de Casación Penal aceptó los criterios planteados por las Defensorías Oficiales para otorgar una pequeña cantidad de prisiones domiciliarias -como relatábamos ayer-, a nivel federal y de otras provincias no hay respuesta alguna, y empeoran la falta de insumos de limpieza y higiene y la provisión de alimentos, ante la suspensión de las visitas. Desde el penal mendocino de Boulogne Sur Mer circularon ayer imágenes de la protesta de los internos, con esos reclamos, que se reproducen a lo largo y ancho del país.
CORREPI sigue alerta para difundir todas las denuncias. Mandanos tu testimonio, audio, foto o video.
La organización y la solidaridad popular siguen siendo nuestras herramientas para defendernos.
Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión.
La salida es la organización colectiva y popular.
Fuente: http://www.correpi.org/2020/reporte-no-17-de-aplicacion-del-dnu-297-2020/