Así lo aseguró Alberto Fernández en la conferencia de prensa en la que se extendió la cuarentena. “Todo lo que hacemos es para que las empresas no despidan”, afirmó. A pesar de la vigencia del DNU, desde el inicio de la cuarentena numerosas patronales decidieron avanzar con despidos en todo el país, siendo el puntapié el conocido caso del grupo Techint.
El presidente Alberto Fernández aseguró que los despidos van a seguir suspendidos y las tarifas congeladas, al anunciar una nueva extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus.
Salvo en el AMBA (Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires) que continuará en las mismas condiciones, Fernández anunció que en todo el resto del país se pasó a la fase 4, denominada “Reapertura progresiva”, que habilita una mayor movilidad de la población en virtud de la caída de la tasa de contagio en estos territorios.
Con relación a la eventual continuidad del congelamiento de las tarifas de servicios públicos, Fernández consideró: “la verdad es que no estamos en condiciones de aumentar nada en una economía como la que está la Argentina hoy en día”.
En diciembre pasado el Presidente anunció que las tarifas de servicios públicos quedarían congeladas hasta el 30 de junio para “redeterminar su sentido”.
Respecto de la prohibición de despidos, el Presidente afirmó que se extenderá la vigencia del decreto publicado el 1 de abril, que dispuso la prohibición, por un período de 60 días, de “los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor”, como así también las “suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo”.
“Todo lo que hacemos es para que las empresas no despidan, vamos a seguir pidiéndoles a los empresarios que actúen de la misma manera”, señaló Fernández.
“Seguramente vamos a seguir suspendiendo los despidos, en lo posible, porque todo el esfuerzo que hacemos es precisamente para sostener esta suerte de hibernación que sufre la economía”, aseguró el presidente ante una consulta en la conferencia de prensa que ofreció el viernes a la noche en la Residencia de Olivos.
Recordó que los créditos y el pago de parte de los salarios a los trabajadores privados que realiza el Estado forman parte del paquete de ayuda a las empresas para que cumplan el decreto respectivo.
Fernández resaltó que 3,5 millones de personas ya cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), otras 33.000 ya tienen acreditados en sus tarjetas préstamos solicitados a tasa cero, y 2,1 millones de trabajadores cobraron un salario complementario con asistencia del Estado.
En este sentido, Fernández aseguró: “Todo esto lo estamos haciendo porque conocemos el problema que la economía atraviesa frente al efecto de la cuarentena, no dejamos de prestarle atención pero reafirmamos que lo que más nos preocupa es cuidar la saluda de la gente y preservar la vida”.
Despidos igual
A pesar de encontrarse en vigencia el decreto que los prohíbe, numerosas patronales avanzaron con despidos. El caso emblemático fue el del grupo Techint. Su director ejecutivo, Paolo Rocca, dio una fuerte señal política pocos días después de iniciada la cuarentena anunciando con 48 horas de anticipación que el lunes 30 de marzo despidiría 1450 empleados de sus áreas de construcción e ingeniería.
La movida de Rocca se inscribe en el accionar de un conjunto de empresarios y actores políticos que intentaron desde el principio flexibilizar o voltear la cuarentena para que se detengan al mínimo, o nada en absoluto, la producción, los servicios y la actividad comercial.
En esto el grupo Techint es coherente con su accionar en Italia, donde el lobby empresario que encabezó es considerado hoy el principal responsable del estallido de la pandemia en Lombardía, donde se sufrieron miles de muertes.
En febrero, cuando la pandemia empezaba a avanzar en la región, Techint lanzó junto a otros grupos empresarios y políticos de la derecha regional una campaña con el lema “Bérgamo no se detiene”. Además, presionaron para que un gran número de actividades “no esenciales” sean agregadas a la lista de los rubros exceptuados a la cuarentena italiana cuando ésta se implementó.
Volviendo a nuestro país, la situación abierta por la ofensiva empresaria contra la cuarentena provocó que un amplio arco de organizaciones gremiales lanzara una declaración conjunta en la que reclamaron al gobierno “acciones concretas con quienes despiden, suspenden y rebajan salarios”.
“La crisis adquiere una velocidad que no tolera respuestas a medias tintas”, señalaron en ese mensaje unitario más de 50 organizaciones gremiales entre quienes se contaron aceiteros de la FTCIODyARA, portuarios de FeMPINRA, estatales de ATE, ceramistas de FOCRA, gráficos de la FGB, judiciales de la FJA, químicos de FESTIQyPRA, universitarios de la CONADU Histórica, trabajadores de la energía de la FeTERA , de la prensa del SIPREBA y CISPREN y profesionales de la salud de la FESPROSA, entre muchas otras.
A pesar de lo reclamado en el mensaje gremial, el accionar del Frente gobernante sí parece contener muchos grises. A través de sus carteras laborales de Nación y Provincia de Buenos Aires intervino decisivamente en algunos casos puntuales, como el de los despidos y lockout en Dánica Llavallol, pero avaló el accionar patronal en otros, como el referido de los 1450 despidos de Techint.
Además, en los últimos días de abril avaló también el acuerdo de la CGT con la Unión Industrial Argentina que contempla una reducción del 75% de sus ingresos a todos los suspendidos durante la cuarentena, a contramano del propio DNU presidencial que planteaba que los salarios se debían abonar en su totalidad.
En su más reciente informe, el Observatorio del Derecho Social brinda un amplio relevamiento de numerosos casos de despidos durante la cuarentena, entre los cuales registra los ocurridos en empresas tercerizadas de seguridad (Murata, Arsec, Siseg), en actividades ligadas al transporte de pasajeros (Ersa en la provincia de Corrientes, Grin Scooters, Via Bariloche, Terminal Salta, Ko Ko), en actividades ligadas al comercio (cadena de kioscos Mc Kio, Supermercado el Tunel, Supermax, Farmacity), a la gastronomía (Gate Gourmet, Mostaza, KFC, Restaurant Oviedo, Flykitchen, Tea Connections), a la energía y construcción (YPF, Techint, Obing y Pecan, Neltec, Camiletti, Ice Ingeniería) y al servicio de salud (SAME La Plata, Hospital Bariloche).
En la industria manufacturera y en las actividades ligadas al entretenimiento y la cultura se detectaron la mayor cantidad de denuncias. En el primer caso se destacan los despidos en los frigoríficos Agroservice, Penta, Senillosa, Marplatense y Lobos; en las empresas Danica, Laboratorio Craveri, Panificadora Pan Pan, Fachadas Integrales, Aresil, en la empresa textil Complot, en Brimax (empresa productora de ladrillos) y en la empresa de servicios mineros IPROLEC, en donde ocho operarios fueron condenados a seis meses de prisión condicional después de que reclamaran por los 200 despidos en esa firma. En el segundo caso hubo denuncias por despidos en el complejo Cinemark, el Teatro Colón, la Revista Pronto, Cablevisión (GSA tercerizada de call center), Orquesta de José C Paz, Casinos Santa Fe y Teleperformance.
El informe del ODS cubre hasta finales del mes de abril, pero en la primera semana de mayo se siguieron sumando los despidos. Se conoció en los últimos días el caso del histórico Hotel Castelar, ubicado en Avenida de Mayo a escasos metros de la 9 de Julio en la Ciudad de Buenos Aires, que cerró intempestivamente y despidió a todos sus trabajadores.