La nueva ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, empezó a materializar su discurso mediático: el ajuste ya tiene decreto. En las primera horas del día se conoció, a través del boletín oficial, la publicación del decreto 728/2022, por el cual el gobierno nacional ejecutará un importante ajuste en las arcas de la cartera que atiende la emergencia social. Más allá de los planteos edulcorantes, lo central de la disposición se encuentra en uno de sus artículos finales, el número 6, por el cual se confirma que “no podrá ampliarse el número de titulares de los siguientes programas: Programa Nacional de Inclusión Socio-productiva y Desarrollo Local ‘Potenciar Trabajo’, ‘Potenciar Inclusión Joven’, ‘Nexo’ y ‘Plus Esencial’ “. Lo cierto es que este programa que se erige como convertidor de planes en empleo genuino no funcionó en 20 años, más allá de los gobiernos y las modificaciones a la perspectiva. La iniciativa no deja de ser un planteo discursivo tendiente a calmar las ansias de un sector de la clase media que supone que la pobreza es fomentada por los planes sociales y no al revés.
Por Nicolás Salas.
El Presidente Alberto Fernández se reunió este jueves 3 de noviembre con el Ministro de Economía, Sergio Massa; la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos; la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; y el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, y firmó el decreto 728/2022.
“El reconocimiento de la economía popular empieza a tener una definición clara: hay un techo a la incorporación de más personas al Potenciar Trabajo”, afirmó la ministra Victoria Tolosa Paz, al término de la reunión en Casa Rosada. Y agregó que es una decisión que “se dio en un marco de acuerdo con los movimientos sociales”, en referencia al acuerdo con sólo un sector del amplio mundo de las organizaciones sociales.
El ajuste de este articulado es justificado como “ahorro”, el cual iría de la mano de una inversión en las unidades productivas, sin explicitar porcentajes o fondos afectados, no siendo otra cosa que letra muerta. El decreto en cuestión plantea algunas zanahorias discursivas como son (artículo 3) la creación del “Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (CEPSSC), para promover una “Agenda para la institucionalización y el Desarrollo de la Economía Popular”, y un guiño a la contratación de cooperativas de trabajo para las obras públicas que licite el Estado en un porcentaje del 30%. Lo que no explicita es cómo se habilitará dicho mecanismo, ya que el principal problema para que esto se ejecute es la imposibilidad de competencia con grandes empresas que se presentan a dichas licitaciones.
Ahora bien, todo este ajuste de los programas se justifica, desde el gobierno, en la aplicación del “Puente al empleo”, el famoso “Plan empalme”, por el que se pretende que empresas contraten a adjudicatarios de planes sociales ante una serie de beneficios impositivos y patronales que les otorgará el Estado.
Lo cierto es que este programa que se erige como convertidor de planes en empleo genuino no funcionó en 20 años, más allá de los gobiernos y las modificaciones a la perspectiva. La iniciativa no deja de ser un planteo discursivo tendiente a calmar las ansias de un sector de la clase media que supone que la pobreza es fomentada por los planes sociales y no al revés.
Si el consumo cae la producción también, más allá de la cantidad de gente que contraten las empresas. Asimismo, si la industria no encuentra lugar donde ubicar sus mercancías no hay decreto ni ley que resuelva de fondo el problema del trabajo y el desempleo.