El desregulador que regula para el poder

En la misma semana que el gobierno designa a Federico Sturzenegger como “Ministro de Desregulación y Transformación del Estado”, Milei anuncia desde EEUU, en su conclave con multimillonarios, que el Estado “intervendrá” en el mercado cambiario para frenar las presiones para una devaluación de la moneda.

Se trata de una contradicción en la narrativa libertaria, pero es consecuente con el objetivo central del gobierno por generar condiciones de éxito para los grandes inversores en el capitalismo local.

Es lo que está en la letra del Régimen de Incentivos a Grandes Inversores, el R.I.G.I., contenido en la ley de “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, y que preside el accionar gubernamental para lograr un sitial relevante de la Argentina en el sistema capitalista mundial contemporáneo.

La fuerte “intervención estatal” en el mercado cambiario es la respuesta a la suba de los tipos de cambio financieros de los últimos días, resultado de operaciones especulativos del poder económico concentrado para hacerse de divisas y acumular recursos asociados a la fuga de capitales.

Esas tenencias de divisas en cajas de seguridad, junto a las inversiones en el exterior, inmobiliarias, de depósitos o títulos, como formas de inversión en activos externos, constituyen formas esenciales y difundidas de aplicación de recursos provenientes de la apropiación de plusvalía en el capitalismo local.

Se afirma así el rumbo específico de la acumulación de capitales del sector hegemónico en el capitalismo local.

Milei los felicita por eso, aun cuando condena a las empresas de medicina prepagas por aumentar tarifas o condena a banqueros por hacer uso de venta de los “puts” ofrecidos en títulos públicos.

Más devaluación en la demanda del poder

Los grandes productores y exportadores presionan por un mejor tipo de cambio para sus ventas, mientras acumulan en silos bolsa la producción, esperando más ingresos por esas ventas externas.

Se estima que acumulan unos 16.000 millones de dólares, una cifra equivalente a los que el tándem Milei-Caputo le solicitan al FMI o a prestamistas internacionales para poder terminar con las restricciones a la compra venta de divisas, el llamado CEPO.

Si los exportadores vendieran y liquidaran sus tenencias en silos, el BCRA podría cumplir la meta establecida con el FMI de incrementar las reservas internacionales.

Ahí hay una pulseada, entre grandes productores y exportadores versus el gobierno. Es una pulseada sobre quien manda.

El poder económico coincide ideológicamente con Milei y su prédica libertaria, pero no está dispuesto a ceder un mínimo de sus ganancias potenciales.

Milei tiene un proyecto político para la Argentina, asociado a una mayor transnacionalización sobre la base de insertar al país en la lógica global de acumulación, no solo en lo relativo a la explotación de los bienes comunes, sino de generar un espacio local favorable en la dinámica de la digitalización económica.

Sus expectativas se inscriben en la innovación tecnológica de los grandes actores económicos en la vanguardia, en el camino de la inteligencia artificial.

Milei rechaza la devaluación en esta coyuntura porque su objetivo se mantiene en disminuir la inflación, elemento sustancial de la política para mantener consenso social a su proyecto.

La devaluación de diciembre llevó el índice de precios minoristas al 25,5% y aunque sea discutible, el gobierno se lo adjudicó a la gestión anterior.

Ese momento inicial, otorgó fuerte rentabilidad al poder económico y supuso un punto de partida para la estabilización macroeconómica que se explicó con una tendencia decreciente de la inflación hasta mayo.

La inflación de junio, con el 4,6%, superior al 4,2% de mayo empezó a revertir la tendencia y eso preocupa al gobierno, especialmente con una cotización record en el dólar ilegal, el blue, de 1.500 pesos por dólar y una brecha de 60% con el tipo de cambio oficial, junto a un alza del riesgo país, lo que encarece el crédito para los tomadores de préstamos desde la Argentina.

Recordemos que la política pública está presa hace décadas del crédito internacional, muy costoso por elevadísimas tasas de interés para el país, un gran condicionante de política económica.

Hay que bajar la inflación a cualquier costo para mantener consenso político y por eso el ajuste fiscal para sostener el equilibrio fiscal, con “contabilidad creativa” postergando pagos, despidos masivos en el Estado nacional que pretende extenderse a las provincias y municipios, pero equilibrio al fin con un inmenso costo social para la mayoría empobrecida.

A eso le suma ahora el objetivo de emisión cero, en tanto segunda etapa del plan.

En ese rumbo necesita contener la presión devaluatoria de grandes productores y exportadores y por ende acude a la fuerte intervención estatal, a contramano de su ortodoxo discurso.

No solo no cierra el BCRA como anunciara Milei en campaña electoral e incluso en cada ocasión que baja líneas discursivas libertarias, sino que lo hace intervenir para contrarrestar la presión por la devaluación demandada por el poder.

Pretende el gobierno hacer converger la inflación mensual al 2% de la tablita cambiaria establecida en diciembre pasado, luego de la devaluación que llevó el dólar de 400 a 800 pesos y que hoy cotiza a 950/70 pesos por dólar en el mercado oficial de cambios.

Esa convergencia de actualización cambiaria y de precios es el objetivo buscado para estabilizar la macroeconomía, e insistamos, a un costo social gigantesco. Lo que interesa en política es el consenso y hoy se concentra, aun, en la baja de la inflación.

¿Quién disciplina a quién?

Tras la sorpresa electoral, Milei busca erigirse en líder de un ciclo de acumulación capitalista en el país y desde ahí lograr una proyección global ante la evidente crisis del capitalismo global, puesto de manifiesto en las tendencias a la desaceleración de la economía mundial desde la recesión global del 2009.

Para eso se propuso confirmar el consenso electoral inicial del 30%, asociándose al macrismo. Los réditos están a la vista en el ámbito institucional. Ahora avanza en construir su propio instrumento electoral para no depender de terceros. Lo esperan en ese sentido, las elecciones del 2025 de renovación parlamentaria y del 2027 por la elección presidencial.

En ese camino de transformar consenso electoral en político, un tema estratégico, deviene del mantenimiento de las expectativas sociales, algo que pareciera mantenerse, aún con el deterioro de los ingresos populares y el incremento de los negativos datos económico sociales para la mayoría empobrecida de la sociedad.

Claro que al mismo tiempo y de manera preventiva, el gobierno estableció un “protocolo de seguridad”, contra piquetes y movilizaciones, abonado con recursos fiscales suficientes para ejercer el uso de la violencia estatal para contener la resistencia y el conflicto social.

Represión a la protesta contra la Ley “Bases” el 12 de junio en el Congreso. Foto: Mat ((i))

Entre las cesantías, la represión directa, los encarcelamientos más allá de cualquier justificación, el objetivo gubernamental para disciplinar al movimiento sindical y social se dirime entre iniciativas del movimiento popular y el ejercicio de la contención del poder represivo del Estado.

Al mismo tiempo, Milei disputa quién dirige el rumbo del capitalismo local, que en el ámbito político supone la disputa del liderazgo de la derecha, lo que requiere, además, el ejercicio de la orientación de la dominación para la dirección de una estrategia de acumulación más allá del poder oligárquico imperialista asociado a la explotación de los bienes comunes.

Menem le puso hegemonía al bloque de clases en el poder en la década del 90 del siglo pasado, disciplinando a los de abajo y a los de arriba en un ciclo de acumulación capitalista con inserción subordinada en la lógica mundial de la transnacionalización del capital.

Esa estabilización capitalista saltó por el aire en el ciclo de luchas que desembocó en la crisis del 2001. Lo que hoy vivimos es un nuevo intento de estabilización política del capitalismo local, que al mismo tiempo habilita posibilidades de emergencia de un nuevo proyecto político alternativo que dispute el orden social, incluso, en contra del régimen de la ganancia.

La coyuntura inestable de la política local y global desata la imaginación para la reproducción de la dominación, incluso con nuevo bloque social en el poder, o incluso, nueva alternativa en perspectiva de emancipación social.

Buenos Aires, 15 de julio de 2024

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