Con motivo del aniversario del 24 de marzo de este año se profundiza la acción de reconfiguración de la memoria histórica desde el gobierno y la protesta en las calles contra esa política funesta.
Por Daniel Campione.
La escalada represiva que ha desatado el gobierno de Javier Milei refuerza los vínculos entre la administración actual y la última dictadura cívico-militar, eclesiástica y empresarial. El propósito de impedir la movilización popular y el ataque a quienes discrepan de modo activo genera un acercamiento con la perspectiva dictatorial.
“Zurdos van a correr”, “los vamos a ir a buscar hasta el último rincón, zurdos hijos de puta”, son frases reiteradas del presidente y otros miembros del equipo de gobierno o del partido oficialista. Denotan también la vocación de persecución y “castigo”. Se lo hace sin sordina, a voz en cuello, en tono orgulloso y desafiante. Hasta se habla de “hacer desaparecer” a la izquierda, esta última definida en un sentido amplísimo.
Los “libertarios” mantienen en alto la contraofensiva que intenta poner en un brete décadas de construcción de la memoria histórica en torno a los crímenes de la última dictadura. Del juicio a las juntas en adelante todo es colocado entre paréntesis. Relacionan las condenas a los genocidas con un “inmerecido” desprestigio de “nuestras” fuerzas armadas.
El gobierno de Javier Milei necesita poner en concordancia la política económica y social proempresarial, proimperialista y regresiva para la mayoría popular con la agenda reaccionaria definida como “batalla cultural”.
Nos hallamos frente a lo que encaran como una tarea integral de reconfiguración de la sociedad que se articula como una labor consciente y premeditada. Nos referimos a políticas de ataque a los ingresos así como a las condiciones de vida y trabajo de las clases populares, la destrucción de las políticas sociales en búsqueda del “superávit fiscal”, el ataque frontal contra la educación, la salud, la cultura y la ciencia implementadas desde el sector público.
La agresión se extiende hacia todas las líneas de acción regidas por relaciones no mercantiles, aunque se lleven adelante desde ámbitos no estatales. Ante ese cuadro es un error adscribir al gobierno actual a la “teoría de los dos demonios”, como se ha hecho a menudo. Para quienes ocupan hoy posiciones de poder, en Argentina hubo una guerra entre los representantes de la ley y el orden, de los valores tradicionales de nuestra sociedad, y “bandas de terroristas asesinos”.
No hay equiparación entre ambos bandos. Para el oficialismo actual sólo uno tenía la razón. En todo caso su único pecado fue haber cometido algunos “excesos”. Cualquier jerarca de la última dictadura se manifestaría de acuerdo. Los “dos demonios” fue un artilugio discursivo de la llamada “transición a la democracia”. El de Javier Milei es un discurso que coincide casi punto por punto con el del autodenominado “proceso de reorganización nacional”.
Ni siquiera se trata sólo de “negacionismo” sino de identificación con los propósitos de la dictadura, a lo sumo atenuada frente a algunas “demasías”.
En los últimos meses el gobierno no se ha concentrado tanto en la reivindicación del genocidio. Ello no fue una manifestación de moderación o cautela. Lo que ocurrió más bien es que en el oficialismo se verbaliza cada vez más la perspectiva de cometer su propio genocidio.
O al menos una labor de aniquilación, por ahora política y simbólica, pero que podría transmutarse en supresión física si las circunstancias lo habilitaran. No se trata por nuestra parte de hacer “catastrofismo”, existen y van en crecimiento las señales en esa dirección.
Existe el propósito de sepultar el enlace intergeneracional con las luchas de la década de 1970. Interesa a los objetivos de la reacción reinstalar la calificación de los luchadores de esa década como “terroristas subversivos”. El desafío al orden capitalista entrañaría una descalificación total, los mostraría como amenaza a toda la vida social. Las derechas encarnarían un orden. El mismo, en lo sustancial, que defendió la dictadura y habría que volver a ese “orden” amenazado por una gigantesca conjuración de izquierda.
La expectativa actual del gran capital y la dirigencia política, a su servicio más allá del discurso público, es provocar una nueva derrota de alcance histórico. Lo que requiere esta vez el aplastamiento de la tradición post 2001 que, diversa y oscilante, no dejar de ser poderosa.
El giro represivo
Los objetivos de la prédica pro-dictadura no se orientan sólo a la valoración del pasado. Parte de su finalidad tiene alcance sobre el presente y aún sobre el porvenir. Resulta oportuno transcribir una vez más la opinión al respecto de la investigadora Marina Franco:
“… todos los discursos revisionistas sobre la dictadura y el terrorismo de Estado no hablan del pasado, sino del presente y el futuro. Es decir, relativizar el número de desaparecidos, decir que el terrorismo de Estado fue una guerra o pedir algún tipo de reconocimiento para las ‘víctimas de la subversión’ es, en realidad, una manera de reivindicar la represión por diversas vías. Esos discursos están invocando una sociedad en la que la violencia represiva tenga legitimidad. Reivindicar el terrorismo de Estado es demandar formas de violencia, represión y orden autoritario”.
Con lo anterior se articulan finalidades como recuperar el “prestigio” de las Fuerzas Armadas y promover el refuerzo presupuestario; entrenamiento, equipamiento y sustento “doctrinario” del conjunto de los aparatos represivos estatales
Todo un programa de reivindicación del orden represivo. Su descrédito era objetivamente un obstáculo para la acción coercitiva estatal, desprovista de un consenso social, de una presunción de legitimidad en su accionar. Para ellos es urgente reconstruirlo.
El alineamiento completo con EE.UU e Israel constituye una faceta de la política contraria a la memoria, al seguir el paso de Estados que han seguido su propio itinerario genocida. Al norte del río Bravo se gestó la “doctrina de la seguridad nacional”, basamento teórico del ataque a mansalva contra amplios sectores del pueblo argentino.
Con la asunción de Donald Trump los actuales gobernantes se sienten más respaldados por la primera potencia mundial. La toman más que nunca como modelo a seguir. Trump deportando migrantes desde el primer día es una señal discriminadora y racista que puede ser traducida en nuestras latitudes contra un abanico de todos los sectores que no son “gente de bien”. Tal como denominan desde el gobierno a todos los sectores sociales que no son pobres, indígenas, trabajadores precarizados o “indeseables” de cualquier carácter.
La deleznable obra de gobierno
La actual gestión ha encarado en este año y meses de gobierno el arrasamiento de las organizaciones estatales orientadas a la defensa y promoción de los derechos humanos y de la memoria en particular. Menudean los despidos de personal, los cierres de organismos y la supresión de equipos de trabajo.
La “motosierra” realiza uno de sus “cortes” sobre el recuerdo y la valoración de los desaparecidos y desaparecidas. Y clausura mecanismos que viabilizan la condena a los genocidas.
Seis diputados nacionales del partido oficialista, La Libertad Avanza, en julio de 2024 se fotografiaron en la visita a un grupo de represores que se hallan presos en la cárcel de Ezeiza, en las inmediaciones de la ciudad de Buenos Aires.
El hecho tuvo una repercusión muy fuerte por lo que tenía de legitimación como “víctimas” de la supuesta “venganza” de los defensores de los derechos humanos, lo que en la visión “libertaria” equivale a “nostálgicos del “terrorismo”.
Quizás lo más impresionante fue que entre los retratados estuvo Alfredo Astiz, uno de los más famosos represores, protagonista nada menos que del secuestro y asesinato de tres Madres de Plaza de Mayo y dos religiosas francesas, entre otrxs militantes que buscaban desaparecides en el peor momento del genocidio dictatorial
En esas circunstancias el presidente Milei afirmó “Esa no es mi agenda”. Con esa frase buscó la toma de distancia respecto al respaldo explícito a los genocidas sin implicarse en ningún tipo de repudio o juicio histórico negativo. La opción que después tomó fue clara: Prohijar a altos funcionarios que sí tienen en su agenda la destrucción de la política de juicio y castigo a los genocidas y la relectura en sentido reaccionario de las luchas populares de la época.
Como “ejecutor” más directo de una política anti derechos humanos oficia Alberto Baños, secretario de Derechos Humanos de la Nación. Un hombre ingresado al poder judicial en 1977. Siempre lo acompañó el calificativo de “duro” y la fama de “amigo de la policía”. Fue juez en materia penal desde los primeros años de la década de 1990.
Jamás trabajó o estudió temas vinculados a los crímenes de la dictadura. Tampoco le fue asignado su juzgamiento, ya que siempre estuvo en la llamada “justicia ordinaria” y los procesos por crímenes de lesa humanidad transcurren ante los tribunales federales.
Lo que no ha sido obstáculo para que ocupe la secretaría desde los primeros días del gobierno Milei. Y desde allí multiplique hasta hoy despidos, desfinanciamientos de organismos o unidades cuando no cierres lisos y llanos de los mismos. El Centro Cultural Haroldo Conti y el Archivo Nacional de la Memoria son dos ejemplos entre otros posibles.
El conjunto se acumula con un sentido unívoco: El Estado nacional ya no está del lado de la memoria, la verdad y la justicia. Se propone como reemplazo la pedagogía de la “memoria completa”, siempre lindante con la justificación plena del genocidio cometido por la última dictadura.
Baños es sólo el emergente más visible. Su superior formal, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y sus colegas de gabinete en Seguridad (Patricia Bullrich) y Defensa (Luis Petri) acompañan con decisión y tenacidad esas políticas. Se encargan asimismo de proyectarlas hacia el presente y el futuro inmediato al fortalecer los aparatos represivos y de inteligencia en la mayor medida de lo posible.
También para ellos es de superlativo interés generar un nuevo clima de época a propósito de la memoria acerca del genocidio. La generalización de una interpretación “antiterrorista” del pasado es un valioso insumo para generar un sentimiento similar en el presente.
La justificación de la represión pretérita tiene conexión directa con el planeamiento de la represión del futuro. Hace medio siglo militares golpistas tuvieron que poner en juego todo el poder punitorio del Estado para terminar con la “amenaza” que entrañaba la lucha del movimiento obrero clasista y combativo, de los movimientos estudiantiles y territoriales y de las organizaciones revolucionarias que propiciaban distintos medios de lucha.
Ahora existiría una necesidad parecida, se propala desde el poder, para descabezar una supuesta conjura que ataca todos los valores auténticos de nuestra sociedad. Se necesita volver a imponer “la ley y el orden”. Lo que se traduce en violación sistemática de la ley y defensa de un supuesto “orden” que es en realidad el libre imperio del poder económico y comunicacional trasmutado en poder político.
Los funcionarios del gobierno se regodean en la justificación plena de cualquier accionar represivo. Como ha aseverado el presidente hace pocos días, “los de azul” (por el color del uniforme policial) “son los buenos” y quienes cuestionan al gobierno en las calles “hijos de puta”.
Una presunción que no admite prueba en contrario, como demuestran las disparatadas defensas de las acciones de violencia policial que ejerce la ministra de Seguridad. Lo hace en medio de las felicitaciones, al menos en público, de sus colegas de la administración Milei.
Quizás los actuales gobernantes no están dispuestos a todo en cuanto a la escala y modalidad de la represión. Lo seguro es que les interesa sobremanera que se crea que sí lo están. Lo hacen para instalar un clima de miedo y una sensación de desamparo y derrota en las fuerzas populares. Un ideólogo del gobierno, Agustín Laje, incitó a los policías a que “por favor apunten bien” los gases lacrimógenos y las balas de goma lanzadas contra “delincuentes, antidemocráticos y corruptos”.
El objetivo es ordenar el sentido común de parte de la población en torno al eje “gente de bien” frente a “delincuentes”. Una mirada dicotómica que puede ser una vía de entrada para la marginación política o peor, la deshumanización de quienes son presentados como “antisociales”. Siempre sospechosos de “terrorismo”.
La táctica de construcción del “enemigo interno” ya había sido retomada en el período de gobierno de Mauricio Macri, encabezada asimismo por Patricia Bullrich. El sujeto principal de esa construcción fue el pueblo mapuche.
Ahora se apuesta a estigmatizar a “la izquierda” en su conjunto, definida además con un sentido abarcativo que comprende a buena parte del peronismo y a todo lo que huela a “keynesiano” o “socialdemócrata”.
Eso funciona también en sentido cronológico opuesto. Quienes hoy están imbuidos de la necesidad de represión sin miramientos legales a la organización y resistencia popular difícilmente cuestionen la labor asesina de la dictadura. Gobierno represor en el presente y dictadura “antisubversiva” hacia el pasado, unidos a la distancia en una consonancia histórica.
Ocurre que la defensa del “orden” imperante en una sociedad desigual e injusta, dividida en clases, es similar en todas las épocas, si no en sus medios sí en sus propósitos. Y respeta la legalidad y los principios humanitarios sólo hasta que la real o imaginaria puesta en riesgo del “orden” los lleva a salirse de esos parámetros e incurrir en actos criminales, ya sea esporádicos o convertidos en un método permanente.
Corren versiones de que el sistema de comunicación oficial produciría, con motivo del 24 de marzo, un nuevo video “aleccionador”, similar al de 2024. Otra vez dirigido a la descalificación como “terroristas” del conjunto de las luchas de la década de 1970 y a la defensa de la “legitimidad” de la acción de las Fuerzas Armadas. La provocación con motivo de fechas significativas es ya un hábito de la gestión gubernamental, uno de las tantas modalidades de la “batalla cultural”.
Ya ocurrió el año pasado, con el ex director de la SIDE y escritor y periodista al servicio del “combate al terrorismo” Juan Bautista “Tata” Yofre como “experto”. Lo acompañaron dos testimonios: El de la hermana e hija de un oficial del ejército y una niña muertos en una acción del Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT) y el de un guerrillero “arrepentido”.
Es muy probable que esa prédica orientada a desvirtuar el sentido de la fecha esté pensada como prólogo necesario a que el día de la memoria sea abolido o se lo convierta en un recordatorio que pueda incluir el homenaje a los “mártires” de la “guerra antisubversiva”.
La “batalla cultural” es una tarea cotidiana que se asume en el oficialismo, más allá de que en uno u otro momento ocupe o no el primer plano de la información. Debe reconocerse que aún no hay una respuesta desde abajo a estas acciones de suficiente contundencia.
Las protestas de trabajadores despedidos o con puestos de trabajo colocados en peligro deberían estar más rodeadas de solidaridades activas. Los zarpazos “pro impunidad” como el debilitamiento o desmantelamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a a la Identidad (C,O.N.A.D.I) hubieran requerido de respuestas más visibles y masivas.
Desde abajo
Mientras tanto la lucha contra las secuelas de la dictadura y la criminalidad de sus actos continúa. La tendencia a la “estatalización” de varios organismos de derechos humanos durante años asigna a veces mayor potencial a la “motosierra” mileísta que describimos antes.
Eso no quita que los organismos que mantuvieron mayor autonomía sean menos afectados por el ataque. Y que los que tuvieron mayor alineamiento con el sector público puedan recuperarse y sigan el combate en las nuevas condiciones.
Desde los tiempos de la presidencia de Néstor Kirchner los caminos se bifurcaron en el movimiento de derechos humanos. En discrepancia con los sectores que se enrolaron con la política del gobierno de entonces, un conjunto de organismos se sostuvieron en el Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Lo hicieron en defensa de la independencia frente al Estado y en resguardo de la actitud crítica ante la gestión oficial.
Este año marcó un renovado sentido de unidad en el acto conmemorativo de repudio al golpe cívico-militar, eclesiástico y empresarial de 1976. Se ha registrado un firme empeño, tras una tentativa fracasada en 2024, para que haya un solo acto, convocado por un muy amplio arco de organizaciones de derechos humanos o comprometidas con esa causa histórica.
Es lamentable que algunas organizaciones han roto ese compromiso a último momento. Es una actitud que, al menos a primera vista, aparece como sectaria. Harán su propia marcha.
La realización de dos actos casi superpuestos para el Día de la Memoria es vivida por militantes y adherentes como una situación penosa. En muchísimos casos no comparten o directamente no conocen su razón de ser.
La movilización del 24 de marzo se enfrenta a una política de gobierno que choca de frente, a plena voluntad y consciencia, contra décadas de construcción de memoria, verdad y justicia.
En el mismo acto se le planta cara a una verdadera usina propagandística y “doctrinaria” que no sólo defiende a los genocidas. Propicia también con claridad creciente políticas de exterminio para el presente o el futuro cercano.
Sería un acto de cordura política, coherencia ética y comprensión del combate cultural en curso el que justo fuera este el aniversario en que las divisiones inconducentes quedaran de lado.
De cualquier modo el énfasis militante estará puesto para este Día de la Memoria en que la marcha y concentración en la Plaza de Mayo sea la más numerosa y elocuente en muchos años. Y se integre a un ciclo de protestas contra el gobierno de orientación más radicalmente antipopular y de más franca adhesión al genocidio que hemos padecido desde 1983 a la fecha.
Fuente: https://huelladelsur.ar/2025/03/24/represion-a-la-protesta-y-reivindicacion-del-genocidio/