Una multitud acompañó la movilización de las familias de Camila, Gonzalo, Danilo, Aníbal y Rocío al cumplirse el primer mes de la masacre de Monte. La marcha terminó en la plaza principal, frente al palacio municipal. “Las policías no pueden estar para atacar al pueblo. No puede ser así en democracia”, dijo Adolfo Pérez Esquivel, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), durante el acto. El recuerdo de las víctimas, el apoyo a Rocío, la única sobreviviente, en su recuperación, y el pedido para que la justicia condene a los responsables materiales y políticos de la masacre.
Camila, Gonzalo, Danilo, Aníbal, presentes”, ese grito dio comienzo a la movilización que se realizó a un mes de la masacre. Las familias de Camila, Gonzalo, Danilo, Aníbal y Rocío llevaron el reclamo de justicia por las calles de San Miguel del Monte, desde la pista de skate a la vera de la laguna, hasta la plaza principal, frente al palacio municipal.
“Quería traerles mi abrazo solidario a este pueblo que lucha por justicia. La vida de los chicos no la vamos a recuperar, pero sabemos que están presentes, ahora y siempre”, dijo el presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, junto a las madres de las víctimas. Y agregó: “Me impresiona que la Municipalidad esté cerrada y no estén ni la intendenta ni los funcionarios. Si defendemos la vida y el Estado de derecho, tendrían que estar aquí y no lo están”.
Una multitud acompaño la jornada, apoyó el reclamo de justicia y señaló también la responsabilidad del Estado. A un mes de la masacre, doce policías y un funcionario están detenidos; las pruebas y testimonios en la causa dan cuenta de las responsabilidades por la persecución mortal primero, y el intento de encubrimiento después. Fueron los mismos vecinos y vecinas de Monte los que lograron quebrar ese pacto de silencio e impunidad.
“Hace un mes que me arrancaron una parte de la vida. Hace un mes que no tengo a Camila conmigo. Pido justicia y quiero que se condenen a todos los responsable. Y lo digo: el Estado es responsable”, remarcó Yanina, mamá de Camila. “A los jueces que nos miran y que tienen que hacer justicia, hasta cuándo tendremos que ver a madres de pie pidiendo justicia por sus hijos asesinados por la policía”, señaló Gladys, la mamá de Danilo.
“Hoy, como le dije a Ro, vengo acá con toda la fuerza de ella, la fuerza que me dio desde el primer momento para acompañar a todas las madres, para que hagamos justicia”, agregó Loana, mamá de Rocío, la única sobreviviente de la masacre.
Junto a Adolfo Pérez Esquivel, estuvieron los integrantes de la CPM Yamila Zavala Rodríguez y Roberto Cipriano García, y la directora general Sandra Raggio. También acompañaron la movilización más de 60 integrantes de la Red de familiares contra la tortura y otras violencias estatales de la CPM, organismos de derechos humanos y organizaciones políticas, sociales y culturales.
“Las policías deben ser fuerzas de prevención y seguridad social, no pueden estar para atacar al pueblo. No puede ser así en democracia”, cerró Adolfo Pérez Esquivel el acto público en la plaza principal. Como señaló la CPM en una declaración renovando el pedido de justicia a un mes de la masacre, la persecución policial a los tiros contra el vehículo donde paseaban cinco jóvenes es una modalidad atroz de las masacres que la policía bonaerense viene perpetrando en el territorio.
“La masacre de Monte no fue un caso aislado sino el emergente más brutal de una política de Estado en materia de seguridad, que asume como natural el accionar violento y desprofesionalizado de las fuerzas policiales. La masacre también se inscribe en una trayectoria de violencia policial en la localidad que, por miedo a represalias, permaneció en silencio hasta el 20 de mayo pasado. Los testimonios de vecinos y vecinas que fue recogiendo la CPM, como parte de su intervención en el caso, señalan que la relación con la policía de Monte está atravesada por la corrupción y la discrecionalidad. La práctica de pedir sobornos o coimas era frecuente y conocida”, remarcó la CPM.
“Para los y las adolescentes y jóvenes de la localidad, la relación con el personal policial también estaba marcada por la tensión, la arbitrariedad y la violencia que los agentes de seguridad despliegan en el espacio público, lugares de reunión de la juventud como son la plaza, la laguna o la pista de skate”, se agrega en la declaración.
A un mes de la masacre, hay cuatro policías imputados y detenidos por homicidio agravado, y otros ocho policías y el ex secretario de seguridad municipal de San Miguel del Monte por encubrimiento, incumplimiento de los deberes y falsedad ideológica.
Este viernes se espera que el juez de Garantías de La Plata Eduardo Silva Pelozi resuelva si confirma la prisión preventiva para las trece personas imputadas solicitada por el fiscal Lisandro Damonte. El mismo pedido fue acompañado por la CPM, como patrocinante de las familias de Camila y Danilo.
Fuente: http://www.andaragencia.org/hasta-que-se-haga-justicia/