El 29 de marzo, en nuestro 8º Reporte de aplicación del DNU 297/2020, alertábamos sobre la irrupción de la práctica, absolutamente ilegal, de la policía de la provincia de Buenos Aires, consistente en retener los documentos de identidad de personas interceptadas y/o detenidas, lo que se traduce en la condena, de hecho, de no poder volver a salir durante la emergencia. Señalábamos allí que habíamos detectado esa modalidad en varias comisarías de Lanús y Lomas de Zamora.
El día de ayer se conoció el caso de Silvano, un jubilado de 83 años que fue citado a la comisaría 2ª de Lanús el 25 de marzo, ya que su hija menor de edad había sido arrestada cuando salía de retirar el escaso dinero de su asignación escolar del cajero del Banco Provincia en la estación Lanús. Además de enterarse que, durante la permanencia en la comisaría, la niña y el varón que la acompañaba sufrieron maltratos, debieron desnudarse, lxs ficharon y notificaron de la formación de causa penal, la policía retuvo tanto el DNI del muchacho como el del jubilado.
El 3 de abril, Silvano concurrió al Banco Provincia a cobrar su jubilación mínima. Presentó fotocopia de su DNI y la constancia policial del secuestro del documento. No le pagaron. Al día siguiente, el jubilado regresó a la comisaría. Su reclamo de devolución del DNI recibió burlas como respuesta. Sigue sin poder cobrar su mísero haber jubilatorio, después de haber sido expuesto una y otra vez a romper el aislamiento, con el riesgo que implica para una persona de su edad.
En la localidad de Güemes, provincia de Salta, se produjo uno de los hechos más graves de los últimos días. La policía local irrumpió en un barrio, disparando armas largas con postas de goma, contra unxs vecinxs que estaban en la vereda. Uno de los proyctiles impactó en la cara de una niña de 6 años, que estaba dentro de su casa. Los médicos todavía no han podido determinar si perderá el ojo.
Represión en Güemes, Provincia de Salta.
Testimonio de vecinos al periodista Ángel Teseira de Canal 7 Salta.
En Santa Rosa de Conlara, provincia de San Luis, la política de detenciones indiscriminadas ocasionó una muerte. Florencia Magalí Morales, de 39 años de edad, fue interceptada la mañana del domingo 5 de abril, cuando circulaba en su bicicleta. Aunque su DNI tiene terminación impar, lo que la habilitaba a salir conforme las disposiciones locales vigentes, no tenía con ella el documento, por lo que le informaron que le formarían causa por el art. 205 del código penal. La mujer entró en crisis e intentó forcejear con los policías, por lo que sumaron la acusación por atentado y resistencia a la autoridad y la encerraron en un calabozo. Horas después, fue encontrada sin vida, ahorcada con un cordón del buzo que vestía.
En Rosario, provincia de Santa Fe, una mujer denunció que su hijo de 19 años salió a comprar comida para la familia. Cuando ya había vuelto y estaba en la casa, policías golpearon a su puerta, ingresaron y lo golpearon. La madre se interpuso para detener la golpiza. Una mujer policía la mordió y escupió, mientras le gritaba “Mirá que tengo el virus”. Otro de sus hijos, que intentó filmar la escena, también fue golpeado. Lxs tres terminaron detenidxs “por incumplir la cuarentena” y sólo recuperaron la libertad, con notificación de formación de causa, 15 horas más tarde.
Finalmente, en San Justo, La Matanza, una joven de 29 años, madre de 2 niños, fue a la comisaría para denunciar a su ex pareja, que había irrumpido en su casa y la había golpeado. La acompañó su cuñado para protegerla en el camino. Mientras ella rogaba que fijaran una medida cautelar contra el violento, una mujer policía tomó los datos del cuñado, a quien abrieron causa penal por violación del aislamiento (art. 205 CP). El acta policial textualmente consignó: “Dando cumplimiento a una orden emanada por el Poder Ejecutivo y su protocolo de actuación, tras haber recepcionado denuncia de la señora (…) con intervención de la UFI 2, se constata que la misma se encuentra acompañada de su cuñado quien refiere que la acompañó a radicar la denuncia, siendo que la denunciante resulta ser independiente, no posee problemas de salud, ni de motricidad o enfermedad que le impida deambular o movilizarse por sí sola”. Total, si el violento la seguía y atacaba en la calle, ella podía seguir caminando para hacer una nueva denuncia.
Este episodio se suma a los muchos vinculados con la particular vulnerabilidad, incrementada en el actual contexto, del colectivo de mujeres y personas LGTBQ+. No es un dato menor que, desde el decreto que estableció el aislamiento obligatorio, se ha producido más de un femicidio por día, e incontables situaciones de violencia machista. Una de los más recientes fue el ataque sufrido por una mujer, el sábado, en Villa Gesell, brutalmente golpeada con un martillo de carpintero por su pareja. Afortunadamente, desde una casa vecina llamaron al 911, y el hombre fue detenido e imputado por homicidio en grado de tentativa, mientras la mujer se encuentra hospitalizada.
No es discutible que millares de mujeres y niñxs están aisladxs en sus domicilios con sus agresores, y que su situación es mucho más grave en los barrios populares, en los que, a la exposición a la violencia machista se suman las dificultades materiales y el hostigamiento y la represión policial. En estos días se han denunciado también intentos de desalojos de personas trans y travestis, privadas de ingresos por la imposibilidad de salir a trabajar, en hoteles y pensiones.
El INADI y el Ministerio de Desarrollo Social establecieron, en la emergencia, algunos programas de asistencia alimentaria e incorporación a programas sociales de personas travestis y trans, y el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad también tuvo algunas iniciativas, en respuesta al Ruidazo del 29 de marzo, para paliar la insuficiencia de la línea 144. Pero estas medidas son aisladas y parciales, e inaccesibles para buena parte del colectivo afectado. Además de no alcanzar, muestran la necesidad imperiosa de que se implemente un plan integral de asistencia y protección. Ya exigíamos, junto a las organizaciones del sector, mucho antes que estallara la pandemia, la declaración de emergencia en violencia de género y un plan nacional para atender la situación económica, social, sanitaria, habitacional y judicial de mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binaries. Hoy es más imperioso todavía.
CORREPI sigue alerta para difundir todas las denuncias. Mandanos tu testimonio, audio, foto o video.
La organización y la solidaridad popular siguen siendo nuestras herramientas para defendernos.
Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión.
La salida es la organización colectiva y popular.
Fuente: http://www.correpi.org/2020/reporte-no-14-de-aplicacion-del-dnu-297-2020/