Mañana, en el banderazo al que convocan activamente ruralistas de toda la pampa húmeda y el ala dura del macrismo, estafadores y estafados del concurso de acreedores más caliente del país van a cantar al unísono contra la “cubanización” y el “avance expropiador” de un gobierno que, a dos semanas del anuncio de la intervención de Vicentin, todavía no presentó siquiera el proyecto de Ley para declarar de utilidad pública a la acopiadora de granos. Hoy, los más de 1.700 empleados de LATAM harán lo propio frente al Ministerio de Trabajo para que la aerolínea de capitales chilenos pague los sueldos atrasados y les ofrezca alguna certeza tras haber anunciado el cese de sus vuelos de cabotaje. Será el cierre de una semana amarga para Alberto Fernández, signada también por los récords de infectados y muertos por COVID-19, por el anuncio del pago de aguinaldo a estatales en cuotas y por el tropezón de Martín Guzmán en la renegociación de la deuda con los acreedores privados, que amenazaron por primera vez por escrito con romper las conversaciones y acudir a los tribunales neoyorquinos.
La argamasa de todas las desventuras oficiales es la falta de coordinación política, un arte que hasta ahora le había permitido al Presidente surfear con elegancia la grieta y afirmarse en índices de aprobación impensables para la crisis económica que heredó y que la pandemia agigantó. Sus titubeos frente a conflictos de semejante alcance y complejidad chocaron contra un establishment y una oposición que vieron en ellos la oportunidad para reconstituirse y encontraron el eje para hacerlo: la defensa de “la propiedad privada”. Así, en abstracto, como si no fueran también privadas las propiedades de los 2.638 acreedores a los que defraudó Vicentin.
El interventor Gabriel Delgado lo intuyó el mismo lunes del anuncio, en el que participó recién salido de una intervención quirúrgica que todavía no le permitió viajar a Santa Fe. Veterano del Instituto Nacional del Tecnología Agropecuaria (INTA), donde se pasó 22 años asistiendo a productores agropecuarios de todo el país, Delgado avisó que la palabra “expropiación” podía generar reacciones viscerales en localidades donde se apilan tres generaciones de antiperonismo y donde florecieron primero la resistencia a la resolución 125 y después las victorias más contundentes de Mauricio Macri fuera de la CABA. Cuando a las 24 horas Matías Kulfas consiguió que el oficialismo empezara a hablar de “rescate”, en su lugar, ya era tarde. El frente opositor ya había decidido polarizar con el mismo comunismo fantasmagórico que agitó sin éxito Miguel Pichetto en la campaña electoral 2019.
¿Hay “alternativas superadoras” a la expropiación, como las que dijo estar dispuesto a analizar Fernández esta semana? ¿Hay una decisión de retroceder con el proyecto de ley? Por ahora, y pese a las versiones encontradas que alimentaron los silencios oficiales, nunca hubo ni lo uno ni lo otro. Desde que los interventores Delgado y Luciano Zarich tomaron el control efectivo de la compañía, el jueves pasado a las 15, el plan inicial siguió su curso. El martes de esta semana se sumaron escribanos de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para hacer el corte de gestión y rubricar los inventarios. Contar “plata ajena”, como dijo el inefable Guillermo Moreno.
El informe de la SIGEN recién le llegará hoy al Presidente, pero el descalabro contable que encontraron los escribanos es de dimensiones bíblicas. Al contrario de lo que se rumoreó la semana pasada, los popes de la administración que metió a Vicentin en esta crisis no vaciaron las cuentas en los bancos ni las cajas de seguridad de la sede central. La decisión los tomó tan por sorpresa que incluso había cheques a cobrar por importantes sumas. En uno de los cofres se sorprendieron al encontrar seis medallones de oro que no figuraban en registro alguno. Uno de los 132 accionistas, de 86 años, apareció al rato a reclamarlas. Las había heredado de su madre.
Laundry
Las alternativas “privadas”, como las que alientan a la vez el gobierno santafesino y su oposición socialista, se basan todas en que los acreedores capitalicen sus acreencias. Es decir, que en vez de cobrar las deudas que dejó impagas Vicentin las conviertan en participaciones accionarias. El obstáculo es que los bancos públicos tienen prohibido por estatuto hacer eso (para evitar su vaciamiento) y acumulan juntos casi un 25% del pasivo concursado, con el Nación a la cabeza. Si se hicieran accionistas, a través de alguna estructura financiera que les permita saltar la prohibición, los bancos públicos serían el socio con más capital en juego pero sin decisión, porque aparecería un gestor privado que solo aportaría el capital de trabajo. Es lo que Claudio Lozano, director del Nación, denomina “falsa argentinización”. Algo parecido a lo que empujan Sergio Massa y Roberto Lavagna y a propuestas en danza como la de una joint venture entre Aceitera General Deheza (AGD) y Molinos Agro, otros dos jugadores importantes del sector.
Son todas alquimias que, además, ya se intentaron sin éxito en estos seis meses desde la cesación de pagos. Por eso Delgado y Zarich siguen con la misión de gestionar la compañía hasta que se vote la ley, durante 60 días, y ven imposible una resolución del concurso de acreedores en ese plazo. La verificación de créditos, de hecho, recién termina el 24 de agosto. Y es solo el primer paso formal.
El juez de Reconquista que lleva adelante el concurso, Fabián Lorenzini, está asustado. Le dijo a uno de los síndicos que tiene miedo de convertirse “en un nuevo Nisman”. No teme por su vida sino por su reputación: cree que puede ser objeto de una campaña de desprestigio. Un antecedente lo inquieta especialmente; antes de ser nombrado juez era asesor legal del Banco Nación de Reconquista, allí donde se aprobaron los créditos multimillonarios que luego cayeron en el pagadiós mientras se incrementaba el patrimonio en dólares de las filiales de Vicentin en Paraguay y Uruguay.
El concurso, para peor, tiene los mismos vicios que los libros contables. Como si le hiciera honor a la última inversión de los Nardelli en Rosario, la marca de ropa “Laundry” (lavadero, en inglés). Según un informe que publicó Lozano anteayer, 98 de sus 132 accionistas le reclaman 351 millones de pesos a la empresa de la que son dueños. Hay apellidos como Alal, Bacca, Bandeo, Banegas, Bonora, Boschi, Buseghin, Buyatti, Cardozzo, Colombo, Franzoi, Gazze, Hacen, Hahn, Hamud, Nardelli, Lorenzo, Padoan, Rodríguez, Roeschlin y Vicentin, en diferentes combinaciones. Las empresas vinculadas reclaman otros $5.428 millones.
En el Nación también se respira tensión. El gerente general que sobrevivió del macrismo, Juan José Fragati, aguarda el resultado del sumario que pidió Eduardo Hecker, el presidente que designó Fernández y que lo mantuvo en su cargo pese a que estuvo entre quienes autorizaron sus préstamos hasta llevarlo al 21,06% de la responsabilidad contable patrimonial (RPC). El “contrainforme” de 10 páginas que hizo circular Javier González Fraga entre dirigentes de Cambiemos (cuyo resumen ejecutivo distribuyó a la prensa) aduce que la generosidad del banco no fue tal y que lo que se redujo fue el denominador. Es decir, el patrimonio del banco. Sería inexplicable como excusa política -nadie a quien le confíen el manejo de un banco destacaría que bajo su gestión su patrimonio cayó a menos de la mitad- pero se entiende como estrategia judicial. Lo que omite es que, más allá del denominador, Vicentin fue por varios cuerpos el principal destinatario de créditos del BNA bajo su gestión. Justo lo que investigan Julián Ercolini y Gerardo Pollicita en el fuero federal.
Make Aerolíneas Great Again
El banderazo de mañana, curiosamente, puede terminar por perjudicar a muchos de sus convocantes. Una de las medidas que evalúa la intervención es un “endulzante” para los productores de granos como el que no le alcanzó a Guzmán para convencer al fondo BlackRock. Un pago adelantado, por ejemplo, de hasta 10 mil dólares para las víctimas del pagadiós de los Nardelli. Claro que para poner dinero fresco, el Estado quiere asegurarse antes que no lo perderá. Y para esto esperará a que el juez se expida claramente -y no con un simple “acuérdesele” como el del martes- sobre los amparos que presentaron los accionistas contra la intervención.
Ese pago es una de las acciones políticas que le permitirían al Gobierno reencauzar el debate y mostrar que es un rescate y no una expropiación caprichosa. Lo mismo que le piden los gremios aeronáuticos en el conflicto con Latam. Que exponga las maniobras polémicas del holding de los Cueto, sus dueños chilenos, como la que acaba de publicar la filial trasandina de la CNN: que mientras gestiona un salvataje del gobierno chileno, le pagó anticipadamente deudas a una sociedad de los hijos del presidente Sebastián Piñera justo antes de pedir la quiebra en Estados Unidos.