Con más de 5 años de dilaciones procesales desde que la causa unificada fuera elevada a juicio, y tras la postergación de la apertura del debate oral prevista para el 5 de mayo pasado, el juzgamiento por los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la órbita de los CCD conocidos como pozos de Banfield y Quilmes vuelve a empantanarse con la sorpresiva renuncia al juicio por parte de Eduardo Farah, uno de los magistrados subrogantes en el TOF 1 de La Plata. En diálogo con ANDAR, la abogada querellante Guadalupe Godoy afirmó: “No entendemos que pasó con Farah, pero ya habíamos visto en los jueces poca voluntad de poner el cuerpo a este juicio. Ahora su reemplazo depende de Casación y no hay plazos para ese trámite”.
Integrante del TOF 2 de San Martín, Eduardo Farah era también, hasta el viernes 26 de junio, uno de los magistrados subrogantes designados en el TOF 1 de La Plata para llevar adelante el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los pozos de Banfield y Quilmes durante la última dictadura cívico-militar.
Durante una audiencia preliminar en diciembre pasado, Farah ya había intentado que el juicio se realizara en San Martín o, en su defecto, en La Plata pero con la presencia física de uno solo de los jueces -los dos restantes participarían de forma virtual-.
Esa reticencia a trasladarse periódicamente a la capital bonaerense no prosperó. El debate, entonces, debía comenzar el 5 de mayo pero se enfrentó a las dificultades técnicas y operativas que impuso la feria judicial y el decreto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en el marco de la pandemia. De allí que, durante las últimas semanas, las víctimas sobrevivientes y sus representantes en las querellas aguardaban el anuncio de nueva fecha.
Pero las expectativas se reconvirtieron con el sorpresivo anuncio: mediante una cédula de notificación remitida al TOF 1 de La Plata que debía integrar, Eduardo Farah solicitó su excusación en virtud de un cuadro de salud de su madre que requiere acompañamiento diario y contención.
“La cercanía de mis domicilios (particular y laboral) con la institución donde ella está internada me permite cumplir tanto mis obligaciones funcionales como mis deberes de hijo”, asegura Farah.
“Ahora bien, la inminente fijación de audiencia de debate en las presentes actuaciones (…), que por la entidad de los hechos, la cantidad de partes y el número de testigos convocados es previsible que su realización demande un prolongado lapso de tiempo, con la inherente concurrencia a esa jurisdicción, me coloca en una situación en la que, para cumplir debidamente esa labor específica, debiera retacear significativamente mi concurrencia al lugar de internación de mi madre, y con ello mi contribución a su tratamiento y a la contención personal que ella misma me reclama”, agrega.
El pedido fue aceptado por sus colegas, también subrogantes del TOF 1 de La Plata, Walter Venditti y Esteban Rodríguez Eggers, con la genérica y extraña consideración de que tal temperamento “contribuirá a una mejor y más pronta administración de justicia”.
Ahora el camino para el inicio del juicio se torna más incierto que nunca: la designación del reemplazo de Farah corresponde al Tribunal Federal de Casación Penal y no existen plazos máximos para la conclusión del trámite.
Además, la integración del tribunal depende de la disponibilidad y aceptación de otro magistrado para trasladarse hasta La Plata durante un tiempo que, tal como se prevé, será prolongado dada la magnitud de las causas por los pozos de Banfield y Quilmes, cantidad de testigos y material documental probatorio.
Para Guadalupe Godoy, abogada querellante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y de la Unión por los Derechos Humanos, explicó a ANDAR que la noticia sobre la renuncia al juicio por parte de Farah encontró a las y los abogados de las querellas a la espera de una respuesta al pedido de audiencia preliminar para resolver la modalidad del juicio en el marco de la pandemia.
“Mientras esperábamos esa audiencia, nos llega esta noticia. Es un gran retroceso porque ahora el proceso de designación de un reemplazo es muy complejo, más aún teniendo en cuenta el contexto sanitario que atravesamos. En general, son muy pocos los jueces que, no siendo del lugar, quieran venir a La Plata para iniciar este juicio”, afirmó.
“Tal vez el TOF tenga conocimiento de algún magistrado con voluntad de venir, pero si no es así estamos ante un grave problema”, agregó la abogada, para quien la incertidumbre por la sorpresiva renuncia de Farah podría extenderse durante meses, como ya ha ocurrido en otros juicios por crímenes de lesa humanidad.
Guadalupe Godoy explica que, antes de esta noticia, las querellas ya reclamaban al TOF 1 de La Plata la urgente designación de nueva fecha de inicio y así como la previsión respecto a la modalidad del debate.
“Veníamos exigiendo cuestiones similares a las que nos ocupan con el también demorado juicio por los crímenes de ‘1 y 60’, como se conoce a la causa que investiga los delitos cometidos bajo la órbita de los cuerpos de Infantería y Caballería de la Policía provincial en la capital bonaerense. Desde las querellas, al igual que las víctimas y testigos, consideramos que los juicios deben continuar por el alto riesgo de la impunidad biológica y el sentido reparatorio para la sociedad, pero eso no puede significar la aceptación de debates con modalidad exclusivamente virtual”, destacó.
En este sentido, describió la propuesta que llevan adelante desde las querellas para la realización de ambos debates orales, siempre garantizando los principios de publicidad y difusión, no sólo a través de redes sociales y la transmisión en vivo por el canal digital del Centro de Información Judicial (CIJ) de la Corte Suprema, sino a través de las coberturas que realicen las organizaciones del campo popular y los organismos de derechos humanos, tal como lo viene haciendo en casi todos los juicios con registros fílmicos la Comisión Provincial por la Memoria.
“Nuestra propuesta consiste en organizar y planificar los juicios por etapas, porque de nada sirve intentar prever cómo llevar adelante la totalidad de un debate cuando la pandemia y sus consecuencias van cambiando con el correr de las semanas. Creemos que, como primera etapa, de forma virtual podría realizarse la lectura completa de la acusación, así como la incorporación por lectura de los testimonios de víctimas que ya hayan declarado en otros juicios y que por diversos motivos no quieran o no puedan presentarse físicamente en sede judicial”, destacó la abogada.
Asimismo, esa etapa completamente virtual incluiría la declaración testimonial por videoconferencia por parte de aquellas personas que ya estaba previsto que no podrían asistir al juicio: quienes viven en el exterior del país, o en provincias alejadas.
En cuanto al resto de las declaraciones, como segunda etapa, las querellas proponen como principio que se priorice siempre la voluntad de los testigos: quienes quieran declarar frente al tribunal en la sala de audiencias deberán contar con el acompañamiento de los organismos específicos de asistencia a los testigos, y estar garantizadas las condiciones para el distanciamiento social preventivo no sólo para quienes declaren, si no para las partes del proceso así como para los trabajadores judiciales.
“Hay que considerar muchas variables como las dimensiones de la sala donde se realicen las audiencias, la cantidad de personas allí presentes en un mismo momento, las medidas de cuidado y seguridad, pero eso se deberá evaluar llegado el momento porque las circunstancias pueden llegar a variar con respecto a las actuales”, explicó Godoy.
Por último, la abogada volvió a enfatizar la imprescindible necesidad de respetar y garantizar el deseo de aquellas y aquellos testigos que no quieran declarar de forma remota: “Hacerlo desde sus domicilios particulares implicaría, incluso, la certeza de que los responsables de sus padecimientos podrían observar, ‘ingresar’, a la privacidad de sus vidas. Por otra parte, el sentido reparatorio de estos juicios, de la presencialidad, no tiene que ver tanto con el testimonio en sí, con su contenido, sino especialmente con la institucionalidad de ese acto de dar testimonio”.
“Están los jueces, la prensa, los amigos, compañeros, familias, la propia sociedad en general… se juega toda una cuestión social que, de forma remota, no estaría. Dar testimonio en presencia física es algo muy fundante y tiene que ser garantizado en ambos juicios: en el de los pozos de Banfield y Quilmes, y en el de 1 y 60”, concluyó.
Datos de las causas Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes
El juicio incluye delitos de lesa humanidad cometidos en los pozos de Banfield y de Quilmes, existiendo en el expediente 21 víctimas que pasaron por ambos centros clandestinos de detención. En el primero de ellos se incluyen 254 víctimas, en tanto que por el segundo se ventilarán 175 casos.
Los imputados son 19, muchos de ellos ya condenados en múltiples ocasiones como el exDirector de Investigaciones de la Policía de la Provincia, Miguel Osvaldo Etchecolatz, y el exministro de Gobierno Jaime Lamont Smart, al igual que Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Carlos María Romero Pavón y Jorge Héctor Di Pasquale.
Cabe recordar que el Pozo de Quilmes ha sido desafectado y transferido a la Comisión Provincial por la Memoria para la preservación del edificio y la creación de un Sitio de Memoria. El 17 de febrero de 2017 fue conformado el Consejo del Sitio de Memoria de acuerdo a lo establecido por la ley 14895, con tres representantes de la CPM, ocho miembros del Colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia, además de un representante de la Secretaría de DDHH de la Provincia y otro de la Subsecretaría de DDHH de Quilmes.