Al cumplirse el tercer año del asesinato de nuestro peñi y lamngen Rafael Nahuel, el Poder Judicial de la Argentina ratifica su condición de colonial, ya que en la actualidad no hay procesado alguno por el crimen que cometieron integrantes de una fuerza de seguridad federal. Tampoco trascendió el resultado de las investigaciones que dispuso el actual gobierno sobre la actuación de los jefes que tuvieron responsabilidades de conducción durante aquellas jornadas nefastas. Es más, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es una de las voceras más desaforadas de la derecha neoliberal, al amparo de la impunidad en que siempre se regodean los poderosos. Pero el Espacio de Articulación Mapuche y Construcción Política no olvida que sobre su conciencia –es un decir- pesa no sólo el crimen del joven Rafa, sino también la desaparición seguida de muerte del wenüy Santiago Maldonado, en otro punto del territorio mapuche.
El mismo accionar colonial quedó ratificado durante la penosa actuación de fiscales y jueces rionegrinos con funcionamiento en Bariloche, al sentar en el banquillo de los acusados a integrantes de la comunidad Buenuleo, en el marco de otro proceso de recuperación territorial. Magistrados federales y provinciales parecen ignorar que el Estado en cuyo nombre suponen administrar justicia, usurpó el territorio mapuche a fines del siglo XIX. En el espacio del Nawel Wapi, nunca ondeó bandera española alguna y el Ejército Argentino arribó por vez primera en abril de 1881. El pueblo mapuche es preexistente al Estado que fundaron los Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca.
Como tal, tiene derechos muy específicos, consagrados por la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT (Ley 24.071), la Constitución Nacional, la Ley 2287 del Indígena Rionegrino, la Carta Orgánica Municipal de San Carlos de Bariloche y la Ordenanza 2641 – CM – 15 por la cual el municipio de esta ciudad se reconoció intercultural. No son las comunidades mapuche las que infringen la ley al hacer efectivos sus derechos, es el Estado en sus diversas jurisdicciones el que viola la normativa que es producto de décadas de lucha de todo un pueblo, en conjunto con otros pueblos originarios del mundo y de la Argentina. Es el caso de la Ley 26.160, que instituyó la “emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras indígenas”. Catorce años después de su aprobación -¡14 años!- cuatro gobiernos más el actual, no fueron capaces de finalizar el Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (RETECI), cuya importancia quedó en evidencia recientemente, durante el juicio que se les sigue a pu peñi y lamngen del lof Buenuleo.
Tres años después del asesinato de Rafael, el pueblo mapuche está otra vez en el centro de la escena mediática hegemónica. La nueva ofensiva alcanzó ingredientes racistas que no se expresaban públicamente y con tanto desparpajo desde los tiempos del Awkan o Campaña al Desierto. En la provincia, el gobierno de Juntos Somos Río Negro coincide tácticamente con las peores expresiones de la derecha neoliberal y a través de su gobernadora, ministros, legisladores, punteros y caterva de operadores mediáticos, apuntala la estigmatización de toda expresión mapuche que se anime a levantar la voz. Bien le viene ubicar las legítimas demandas mapuche en el centro de la escena para ocultar la escandalosa extranjerización de la tierra que se registró durante su gestión anterior, poner en segundo plano su nefasta política sanitaria y propiciar el silencioso pero permanente avance mega-minero sobre territorios de comunidades mapuche. Hace cuatro años que Juntos Somos Río Negro intenta imponer un nuevo régimen de “tierras fiscales” para facilitar la mercantilización de espacios que en realidad, forman parte del territorio de comunidades mapuche y también de familias no organizadas, otra maniobra cuya finalidad es abrirle la tranquera a especuladores inmobiliarios, compañías mega-mineras y emprendimientos turísticos sólo disfrutables para sectores de alto poder adquisitivo. En la ciudad –de la que Rafael Nahuel era vecino- el gobierno municipal es el gran ausente en todos los conflictos que se avivaron en los últimos tiempos, al ignorar olímpicamente que se trata de un municipio intercultural, más allá del laberinto jurisdiccional que sólo sirve para atender los intereses de la clase propietaria barilochense.
No perdemos de vista que la jauría de racistas y xenófobos comenzó a ladrar cuando la actual gestión nacional hizo saber que no reprimiría las demandas territoriales de los pueblos indígenas. Sabemos que la Sociedad Rural de Bariloche, la Cámara de Comercio y hasta burócratas sindicales de penosa trayectoria se indignaron, al trascender que Parques Nacionales estaba dispuesto a restituir hectáreas a la comunidad Lafken Wingkul Mapu en la zona de Villa Mascardi. Pero también vemos que la Casa Rosada continúa con sus políticas extractivistas a través de los hidrocarburos no convencionales, la mega-minería, la profundización de la agroindustria y más recientemente, los planes para la incorporación de las mega-granjas productoras de carne porcina. Con la experiencia de la “década ganada” todavía a la vista, el Espacio de Articulación Mapuche y Construcción Política, recuerda que el pueblo mapuche -al igual que los otros 35 pueblos que están en la jurisdicción argentina- no es un sector social más a incluir, ni una minoría, ni una disidencia, ni una colectividad. Es precisamente, un PUEBLO. Lean presidente, ministros, gobernadores e intendentes la legislación que está vigente y encontrarán fácilmente la “hoja de ruta” que conducirá a resolver el conflicto que el Estado tiene con el pueblo mapuche, desde 1885 hasta hoy.
Fey Kay Muten.
Rafael Nahuel yem, ¡presente!
¡Taiñ futrakecheyem petu mongeleyengün!
¡Zoy epewün rupalu antü, wewayiñ!
Fuente: https://www.facebook.com/1189713943/posts/10222850051378387/