Como en 2015, los obreros aceiteros vuelven a dejar su huella en el campo de la disputa salarial, en un contexto mucho más complejo. Lo hacen además construyendo alianzas impensadas años o incluso días atrás.
Fotos: Prensa FTCIODyARA.
El conflicto inició con la dilación, primero, y la negativa después de las patronales a negociar la cláusula de revisión pautada para agosto del acuerdo salarial firmado en abril de 2020, en el momento más duro de la cuarentena. Esas primeras semanas de la emergencia sanitaria mostraron a las patronales del complejo agroexportador, sector clave de la economía argentina, con una actitud dialoguista ante las demandas que la Federación nacional de aceiteros, la FTCIODyARA, les reclamaba, tanto en términos de protocolos como salariales. Claro: la prioridad era mantener los establecimientos en marcha.
Todo cambió en pocos meses. A la hora de sentarse en agosto, las empresas clavaron el visto hasta que finalmente a principios de octubre se concretó la reunión demandada por la parte sindical. Allí, la CIARA -Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina- transmitió que la oferta salarial era cero. Es más, de acuerdo a los empresarios, el aumento acordado en abril “no había sido superado por la inflación”, por lo cual sugirieron que los trabajadores bien podrían considerarse en deuda.
No es sorpresa que desde la Federación calificaran esta actitud de “provocación”, e inmediatamente convocaran a una huelga.
El lobby feroz
Pasaban otras cosas en la coyuntura nacional, un combo explosivo de la crisis de la deuda que dejó el gobierno de Mauricio Macri, junto a la crisis sanitaria, económica y social del COVID-19 y el impacto de la crisis global que ya se insinuaba en el 2019 y se disparó por la pandemia, que agudizó al máximo la restricción externa y la necesidad de divisas extranjeras de la economía argentina.
El complejo agroexportador, proveedor de dólares, se frotaba las manos. Con la CIARA a la cabeza avanzó en la conformación del Consejo Agroindustrial Argentino, una poderosa herramienta de lobby para beneficio de las empresas del sector.
Octubre encontraba además al país sufriendo una embestida devaluatoria contra el peso argentino, en la cual este grupo de empresas, junto a otras -como las integrantes de la Asociación Empresaria Argentina, AEA- colaboró reteniendo la liquidación de divisas.
En este marco, los aceiteros de la Federación advirtieron en la actitud paritaria de la CIARA la convergencia de múltiples objetivos: quebrar la voluntad gremial en la negociación salarial, esto es, lucha de clases pura y dura, pero también generar un conflicto en el sector que les permitiera desligarse de su responsabilidad en la escasa liquidación de dólares, no sólo una apuesta a la devaluación sino también una forma de presión sobre el gobierno nacional para arrancar concesiones.
Porque las obtuvieron: Martín Guzmán mediante, el Ejecutivo le otorgó a la CIARA una doble rebaja de retenciones, una generalizada y temporal para las exportaciones de soja y una adicional, persistente en el tiempo, que reinstauró el diferencial para el valor agregado de aceites, harinas y subproductos, que había eliminado Macri en su afán recaudatorio cuando se le prendieron fuego todos los papeles en invierno de 2018.
Pocos días después de esa medida, que implicó una inmediata transferencia multimillonaria en dólares de las arcas del Estado a las multinacionales, justificada sólo por la desesperación del funcionariado, el presidente de la CIARA, Gustavo Idígoras, apareció en la señal de noticias TN planteando muy suelto de cuerpo que no se liquidarían divisas hasta que el gobierno le garantizara la aprobación de un paquete legislativo a medida. Y escasas horas después, el presidente Alberto Fernández reconoció en vivo y en directo entrevistado por el periodista Alejandro Bercovich que la baja de retenciones no había cumplido su propósito: que las empresas ingresen dólares frescos a la economía y a las reservas del Banco Central.
En ese momento, la CIARA estaba reclamándole al Estado Argentino incluso el diálogo directo con las embajadas extranjeras: la desaparición total de la soberanía en el sector, un delirio a medida de los sueños húmedos del neoliberalismo más salvaje.
Poner un límite
Los obreros aceiteros, además, percibieron que la actitud de “prepotencia patronal”, como la calificaron, se expresaba con todos los gremios con presencia en el sector.
En este contexto aceleraron las tratativas con URGARA, el gremio de los recibidores de granos. En 2014, habían estado al límite del choque, en un conflicto convenial en el enorme complejo que la multinacional Cargill tiene entre las localidades santafesinas de Villa Gobernador Gálvez y Punta Alvear y que se resolvió pacíficamente con un acuerdo que equiparó para arriba todos los sueldos, incluidos los de un tercer CCT de la planta, los de Comercio. Esa experiencia había sembrado las bases de un diálogo intersindical que en estos meses de pandemia se profundizó.
Por eso, cuando la patronal los asqueroseó a ambos, sellaron un acuerdo de unidad en la acción que difundieron en medio de la huelga del 14 de octubre.
FTCIODyARA – URGARA: Compromiso de Unidad en la Acción https://t.co/bJJs8KGRSV pic.twitter.com/LSGaLyRUAh
— Federación Aceitera (@FTCIODyARA) October 14, 2020
Luego, vino un mes de conciliación obligatoria y varias semanas más de conciliaciones voluntarias formales e informales, por pedidos de la cartera laboral nacional a los que accedieron ambas organizaciones gremiales en sus respectivas negociaciones. En ese tiempo las cámaras -además de la CIARA, que es la más grande, están CARBIO y CIAVEC, la de biodiésel y la aceitera de Córdoba, que es básicamente Aceitera General Deheza, AGD, y en la negociación de los recibidores de granos se suma la de puertos privados CPCC- continuaron bombardeando la negociación, yendo y viniendo entre actitudes más hostiles y otras más dialoguistas de las que se desdecían rápidamente.
El 30 de noviembre inició la primer huelga nacional conjunta de la FTCIODyARA y URGARA. Sin aclarar su duración, la levantaron 24 horas después, lo cual desconcertó a propios y extraños. La táctica respondía a la realidad de un noviembre muy poco activo en términos productivos, entre otras cosas porque las empresas se habían preparado para un conflicto inmediato tras el fin de la conciliación obligatoria. Eso también explica la disposición con la que los gremios habían aceptado postergar medidas.
Dos días más tarde, inició medidas otro peso pesado entre los gremios del sector: el SOEA San Lorenzo, que representa a los trabajadores de los establecimientos que van de San Lorenzo a Timbúes y que comprenden en su conjunto el mayor complejo industrial oleaginoso del planeta. Fuera de la Federación desde los 90 y enemistado particularmente con la conducción del Sindicato Aceitero de Rosario que desde 2013 dirige la Federación, parecía imposible que se pudiera coordinar su accionar con el de los otros dos gremios.
Unidad histórica
A las 6 de la mañana del 9 de diciembre, sorpresivamente FTCIODyARA y URGARA relanzaron la medida. Tras una semana previa con medidas parciales y cuatro días de feriado, esta vez la huelga agarró con el pie cambiado a las patronales, impacto que se profundizó cuando en la tarde del mismo día el SOEA San Lorenzo relanzó a su vez la huelga.
De pronto, todo el complejo agroexportador pasó a estar paralizado como nunca antes en décadas, de Bahía Blanca a Timbúes e incluyendo numerosas plantas en el interior. El impacto fue durísimo.
La medida de unos y otros se retroalimentó. Las conversaciones intersindicales se volvieron más fluidas y día a día se fue renovando la huelga hasta que el lunes 14 de diciembre, el sexto día consecutivo, tras una audiencia maratónica de más de diez horas en el Ministerio de Trabajo de la Nación, los tres gremios unificaron su pedido y formalizaron la alianza con un extenso comunicado lanzado dos días después, titulado “Por un salario digno como manda la Constitución Nacional”.
Declaración de URGARA, SOEA San Lorenzo y la FTCIODyARA: Por un salario digno como manda la Constitución Nacional https://t.co/hRpqo8JZ7r pic.twitter.com/sXBDx72wQB
— Federación Aceitera (@FTCIODyARA) December 16, 2020
En este texto las tres organizaciones gremiales reivindican como propia la política que sostiene la FTCIODyARA del Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición constitucional y legal: “nuestro pedido no se basa en la inflación, ni la pasada ni la futura. Tampoco se basa en las ganancias extraordinarias que tienen las patronales del sector. Nuestro pedido tiene origen en nuestras necesidades, y tiene fundamento en la Constitución Nacional que establece el derecho a un salario justo, que garantice una vida digna”.
“Lo que las entidades sindicales exigimos es simplemente el cumplimiento del 14bis de la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo, que define al salario vital como la ‘menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión'”, detallan en el comunicado.
La postpandemia en disputa
En este conflicto se juegan cuestiones fundamentales. Una victoria de la huelga, con su proceso de unidad entre organizaciones sindicales disímiles e incluso ocasionalmente hostiles entre sí, sería un hecho político mayúsculo. Así como el retroceso de Alberto Fernández en la intervención de Vicentin fue interpretado como una señal de debilidad de parte de las patronales, que avanzaron contra los trabajadores en todo el país, una victoria de la huelga de aceiteros y recibidores de granos daría una señal contundente y positiva en el sentido contrario.
Además de lo concreto: el aumento salarial beneficiará de inmediato no sólo a los miles de afiliados de estas organizaciones y las economías de las regiones en las que viven, sino también a los afiliados de otros gremios del sector que también están luchando. Este miércoles 23, en la víspera de Navidad, una intersindical de gremios portuarios lanza su propia huelga por el salario que le demandan a sus patronales, varias compartidas con aceiteros.
No sólo eso: la Intersindical Marítima Portuaria del Cordón Industrial, en sí misma una experiencia unitaria, se solidariza con la huelga de aceiteros y recibidores de granos, a la que complementa paralizando las escasas actividades que no estuvieran aún paradas.
Esta enseñanza unitaria ya está siendo retomada en otros espacios, como la que conformaron las comisiones internas de Molinos Río de la Plata de Pasteleros, Alimentación y Molineros.
Norita Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, se solidariza con la Huelga Nacional en la industria aceitera y de exportación de granos! Gracias compañera por tu abrazo solidario!!! pic.twitter.com/P7O1e0OTun
— Federación Aceitera (@FTCIODyARA) December 18, 2020
En cambio, una victoria de las cámaras patronales consolidaría la dirección de despojo y explotación capitalista ultraliberal y extractivista que el lobby de la CIARA y el Consejo Agroindustrial Argentino quiere imprimirle no sólo a su sector, sino a toda la economía nacional. Es parte de lo que se encuentra subyacente en su intento de aplastar a los gremios del sector y proponerse como ejemplo al resto de la lumpenburguesía argentina.