En horas de la tarde de este viernes, la policía de la Provincia de Córdoba con su guardia de infantería, Éter y otros cuerpos especiales reprimió violentamente a las familias que se encuentran defendiendo la vida y los bienes comunes en la Ruta 5 km 47 en el Valle de Paravachasca. Se llevaron a dos personas detenidas. Edición: fueron liberados en la madrugada del sábado.
El fiscal de la fiscalía de primer turno de Alta Gracia, Diego Fernández, dió la orden de desalojo y represión, señalaron las y los vecinos.
“Nos concentramos en estos momentos en la comisaría de Alta Gracia, España 112, para pedir por la liberación inmediata de los compañeros: Ramiro Garcia y Luis Suárez”, comunicaron desde la Asamblea de Paravachasca.
“Hacemos responsables de la represión, detenciones, golpes y persecución a la fiscalía de Alta Gracia, al juzgado de control del dr. Lasso que rechazó el habeas corpus, a la policía de Córdoba, a los jefes/jefas comunales e intendentes de Paravachasca, al gobierno de Córdoba, la secretaria de ambiente, Caminos de las Sierras y la empresa Paolini hnos”.
“Convocamos urgente a todas las organizaciones y asambleas de todos los territorios a concentrarnos en España 112 Alta Gracia”.
“Solicitamos llamar a la comisaría para pedir la liberación de los compañeros: 03547428110”
Denuncia contra la Autovía
Las y los vecinos habían presentado el pasado 27 de marzo una denuncia penal ante la Unidad Judicial de Alta Gracia para que se inicie una investigación por el proyecto de la “Autovía Variante Ruta provincial n° 5, Tramo Alta Gracia – Villa Ciudad de América”.
La denuncia que fue acompañada por la firma de 108 vecinos y vecinas solicita a la fiscalía a cargo del Dr. Alejandro Peralta Ottonello que “investigue si se estuviese cometiendo algún delito en todo el proceso de obra de la Autovía en el Valle de Paravachasca en relación a: presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público (de acuerdo al artículo 248 del Código Penal), a la presunta falsificación ideológica de documentos (de acuerdo al artículo 292 del Código Penal) y al presunto uso de documentos públicos falsos (de acuerdo al artículo 296 del Código Penal)”, señala el documento distribuido por la asamblea.
Solicitan, además, “el cese de la ejecución de la obra ya que el daño que provoca la misma será irreparable e irremediable como consecuencia de los presuntos delitos que se están cometiendo”.
Reclaman, también que se acepte la prueba documental que adjuntan a la denuncian y que se ordene, a su vez, la producción de la prueba solicitada para que se puedan establecer la autoría de los hechos denunciados por los integrantes de la asamblea. Mientras se sustancia la causa, solicitan se haga lugar a la medida cautelar.
En una nueva demostración de su doble vara, la velocidad represiva del Poder Judicial no se verifica a la hora de investigar los delitos del poder económico ni garantizar el derecho a la protesta de los habitantes de los territorios.
Edición: los detenidos fueron liberados en la madrugada del sábado 9 de abril. Video: RNMA